Gloria Castro Ramos

Expediente 194/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
194/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
27/01/2023

Partes del expediente

  • Gloria Castro Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Se interpone recurso de revisión. Agréguese a los autos el escrito que remite el autorizado por la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución constitucional de veinte de enero del año en curso; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión, en contra de la referida resolución. Distribúyase entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios respectivo, en el entendido que los concernientes a las autoridades responsables, serán remitidos mediante oficio, en tanto que para las demás partes queda a su disposición en la secretaría de este juzgado, así como en el expediente electrónico de este sumario y en su oportunidad, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del medio de impugnación interpuesto, acompañándole el original y copia del escrito de expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de éste, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a la representación social de esta adscripción y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Juicio de amparo 194/2021 Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con treinta y cuatro minutos del veinte de enero de dos mil veintitrés, en audiencia pública Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, la secretaria da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta a la secretaria encargada del despacho con las constancias de notificación de la totalidad de las partes -autoridad responsable, quejosa y representación social de la adscripción?, la demanda de derechos, así como el informe justificado y su rectificación, rendidos por el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en representación de la Junta directiva de ese Instituto, con sede en esta ciudad. La secretaria encargada del despacho acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. Asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de derechos. Además, conforme se expuso en la certificación que antecede, dada la naturaleza del acto reclamado, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, la secretaria da cuenta con las documentales exhibidas la parte quejosa, así como las páginas de internet y publicaciones en el Diario Oficial de la Federación mencionadas en la demanda de amparo; de igual, forma, se da cuenta con las documentales exhibidas por la autoridad responsable. La secretaria encargada del despacho acuerda: con fundamento en los artículos 119 de la Ley de Amparo y 93, fracción VII, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos la secretaria hace constar que las partes no los formularon. La secretaria encargada del despacho acuerda: Téngase por perdido el derecho a las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 194/2021, promovido por Gloria Castro Ramos, contra el acto atribuido a la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede esta ciudad; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por escrito recibido el dos de diciembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido ese día, por razón de turno, al Juzgado Tercero de Distrito en la Entidad, Gloria Castro Ramos y otros, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por los actos reclamados que más adelante se precisarán. Separación de autos. Mediante proveído de diez de diciembre siguiente, el citado órgano jurisdiccional la registró bajo el número 928/2020 y, al estimar que cada quejoso tiene su propio expediente respecto de la pensión que a cada uno les corresponde, ante una posible concesión del amparo, dicha prestación debería analizarse de manera particular, por tanto, sus pretensiones no podían ser analizadas en un solo juicio de amparo; por ello, con fundamento en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, ordenó la separación de autos, por lo que remitió copia certificada de la demanda a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, a fin de que la registrara y la turnara al órgano jurisdiccional correspondiente. Se admite demanda y trámite. Por acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, este juzgado tuvo por recibida la demanda remitida por la citada Oficina de Correspondencia Común, asimismo, se admitió a trámite, se pidió a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, se dio a la representación social de la adscripción la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, por acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, y toda vez que la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, fue omisa en pronunciarse respecto a uno de los actos que se le reclamaron, por lo que se le requirió a fin de que ratificara o rectificara su informe justificado, circunstancia que se tuvo por colmada por conducto de la responsable en oficio con folio 8321. Sentencia. Seguida la secuela procesal, mediante audiencia y resolución constitucional de trece de julio de dos mil veintiuno, se sobreseyó en el juicio de amparo. Revisión y testimonio de ejecutoria. Inconforme con la determinación en cita, el autorizado legal de la parte quejosa, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de mérito y, mediante testimonio de ejecutoria emitido en el amparo en revisión administrativo 788/2021, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, los magistrados del órgano colegiado en cita, revocaron la sentencia recurrida y ordenaron reposición del procedimiento, a efecto de que este juzgador emitiera un proveído en el cual ordenara la notificación personal de la quejosa, debiendo requerirla para que manifestara si era su deseo, o no, ampliar su demanda de derechos respecto del acta de sesión 708, de treinta de abril de dos mil veinte; hecho lo cual, se prosiguiera con la substanciación del juicio y, en su oportunidad, se resolviera lo que en derecho corresponda. Recepción de testimonio. Por auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, se agregó a los autos el testimonio de referencia; se señaló fecha para la audiencia constitucional; asimismo, se dio cumplimiento cabal a lo solicitado por el órgano colegiado en cita, sin embargo, la parte quejosa no amplió la demanda de derechos en relación con el precitado ?acta de sesión 708, de treinta de abril de dos mil veinte?. Audiencia constitucional. Finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Considerandos Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de Distrito. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo y constancias que conforman el expediente, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, los actos reclamados que se describen a continuación: A) El acuerdo N°5.1-2020-SE-705 de quince de julio de dos mil veinte, del cual se reclama, toralmente, que el incremento de la pensión autorizado para los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020, no se ajustó a las reglas contenidas en los artículos 59 y quinto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; y, B) La omisión de contestar el escrito presentado por la quejosa ante la responsable el veintiuno de septiembre de dos mil veinte. Existencia de los actos combatidos Son ciertos los actos atribuidos a la Junta Directiva del ISSSTESON, con sede en esta ciudad, pues así se advierte de la lectura de su informe justificado y su rectificación, pues si bien negó la existencia de los actos que se le atribuyen, lo cierto es que hace manifestaciones que evidencian su certeza. Es ilustrativa la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Lo que se corrobora con las constancias que al efecto allegó la parte quejosa; documentales a las que dada su naturaleza pública, se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Causa de improcedencia actualizada En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, quien resuelve se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Al respecto, en el informe justificado emitido por la autoridad responsable Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por conducto del jefe de la Unidad Jurídica de dicho instituto, indicó que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de amparo, toda vez que existe un cambio de situación jurídica, ya que al emitir el acta de sesión 708 de treinta de septiembre de dos mil veinte, se regularizaron y se actualizaron las diferencias de pensión en términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Causa de improcedencia que debe desestimarse, en la medida en que lo argumentado por la responsable, resulta ser una argumentación en íntima relación con el fondo de la controversia constitucional, por tanto, debe desestimarse. Resulta aplicable, la tesis de jurisprudencia 135/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco, Tomo XV, Enero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, con número de registro 187973, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Al margen de lo anterior, la causa de improcedencia invocada por la referida responsable es infundada, porque los actos reclamados no emanan de un procedimiento judicial y tampoco de uno administrativo seguido en forma de juicio. En efecto, en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en lo que interesa, se establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." De conformidad con la citada porción normativa, para que opere la improcedencia por cambio de situación jurídica deben concurrir los supuestos siguientes: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) No sea posible decidir respecto a la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el particular, no se actualiza la causa de improcedencia en estudio, porque los actos reclamados no emanan de un procedimiento judicial y tampoco de uno administrativo seguido en forma de juicio. Además de que, el acuerdo 8°XI-2020-SO-708 de treinta de septiembre de dos mil veinte, contiene las mismas consideraciones que la parte quejosa impugna en sus conceptos de violación dirigidos a controvertir el diverso acuerdo N°5.1-2020-SE-705. Es así, pues su inconformidad estriba en que el incremento en la pensión para el ejercicio dos mil diecinueve, es del 5%, cuestión que sigue siendo idéntica en ambos acuerdos, por tanto, no constituyen actos que actualicen un cambio de situación jurídica. Aunado a lo anterior, en el citado acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veinte, contrario a lo señalado por la citada autoridad responsable, no se solucionó lo abordado en el acuerdo reclamado 5.1-2020-SE-705, adoptado durante la sesión ordinaria de quince de julio de dos mil veinte, concerniente al incremento de la pensión para el año dos mil diecinueve, que constituye uno de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto; de ahí que no puede actualizarse la causa de improcedencia decretada por la referida autoridad responsable respecto a este último acuerdo, con apoyo en la existencia del diverso de treinta de septiembre de dos mil veinte. Sirve de apoyo, la tesis aislada CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos diecinueve, Tomo IV, Diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, con número de registro 199808, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En otro aspecto, la responsable aduce la actualización de la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, en tanto refiere que la quejosa presentó otro juicio de amparo que se encuentra radicado ante otro órgano jurisdiccional, según se desprende de la propia demanda de amparo. Sin embargo, adverso a lo que sostiene, del análisis integral de la demanda no se desprende dato que permita evidenciar la existencia de diverso juicio de amparo biinstancial instaurado por la propia quejosa, aquí recurrente, y respecto de los mismos actos reclamados, aunado a que la propia autoridad no aporta dato diverso sobre el particular. Además, lo cierto es que el escrito inicial de demanda fue presentado por sendos quejosos, respecto de las cuales se ordenó la separación de juicios, por lo que en el caso solamente se analiza lo relativo a Gloria Castro Ramos, Consecuentemente, ante lo infundado de las causas de improcedencia hechas valer y al no advertirse diversa que amerite su estudio oficioso, se procede al análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, en este juicio de amparo indirecto. Estudio de fondo Estudio de fondo respecto del acuerdo N°5.1-2020-SE-705, adoptado durante la sesión extraordinaria celebrada por la autoridad responsable en quince de julio de dos mil veinte (corrección al incremento de la pensión del año dos mil diecinueve). En principio, se precisa que el acto reclamado en el presente apartado es el identificado en el inciso A), del considerando II de esta sentencia, consistente en el acuerdo N°5.1-2020-SE-705 de quince de julio de dos mil veinte, del cual se reclama, toralmente, que el incremento de la pensión autorizado para los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020, no se ajustó a las reglas contenidas en los artículos 59 y quinto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Al respecto, es pertinente distinguir los siguientes tópicos: a) Pensión. El derecho a la pensión forma parte de los derechos económicos, sociales y culturales inherentes a la persona b) Índice inflacionario. c) Salarios mínimos. d) Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. e) Incrementos al salario mínimo, política implementada a partir de 2017 y Monto Independiente de Recuperación (MIR). Sobre ese tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el derecho a la pensión es un derecho adquirido e incorporado al patrimonio de las personas en términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sin embargo, los Estados pueden restringirlo por razones de utilidad pública o interés social. En México, este derecho nace de la seguridad social y encuentra sustento en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho precepto constitucional contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado y el principio constitucional de previsión social, sustentado en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia ante los riesgos a que están expuestos, orientados a procurar el mejoramiento de su nivel de vida. En el ámbito local, el artículo 116, fracción VI, de la Carta magna, faculta a las legislaturas de los Estados para expedir leyes que regulen las relaciones laborales entre los Estados y sus respectivos trabajadores, siguiendo las bases dispuestas en el artículo 123 de la Ley Fundamental; sin embargo, ni la Constitución Federal ni la local establecen elementos indispensables para cuantificar los montos pensionarios, los períodos de pago, incrementos, beneficiarios, requisitos para ser beneficiarios. Bajo este parámetro, el legislador local a través de la Ley del ISSSTESON reguló lo relativo a la seguridad social y el sistema pensionario a cargo del Estado de Sonora; determinó los supuestos, requisitos y condiciones que deben concurrir para que los trabajadores a su servicio tengan derecho a una pensión; y, fijó los parámetros para el incremento del monto pensionario. Así, los artículos 59, transitorios tercero y quinto de la referida Ley del ISSSTESON y 26 del Reglamento de Pensiones del propio Instituto, señalan: "Artículo 59. El derecho a la jubilación, pensión por vejez, cesantía por edad avanzada, invalidez o muerte se genera cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentren en los supuestos establecidos en esta Ley y satisfacen los requisitos que la misma señala. Los montos de las pensiones y jubilaciones que se otorguen con base en esta ley se incrementarán en beneficio de quienes las reciban en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora, o conforme al índice inflacionario que anualmente determine el Banco de México, el que sea mayor, con posterioridad a la fecha de su otorgamiento. El Instituto deberá resolver la solicitud de pensión en un plazo no mayor de treinta días hábiles a partir de la fecha en que quede integrado el expediente. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, el Gobernador del Estado revisará y resolverá en definitiva acerca de la solicitud de que se trate, para los efectos que expresa la primera parte del artículo 108 de esta Ley. Una vez presentada una solicitud de jubilación o pensión, el área correspondiente del Instituto contará con un plazo de cinco días naturales, para realizar el análisis de los expedientes de los solicitantes, a efecto de verificar que la documentación necesaria para su trámite se encuentre en orden y sin inconsistencia o imprecisión. En caso de encontrarse estas, se dará aviso al interesado para que realice las correcciones necesarias." Transitorios. "Artículo tercero. En el caso de las generaciones actuales, conformadas por aquellos trabajadores, mujeres y hombres, que iniciaron su prestación de servicios al Estado con anterioridad a la vigencia del presente Decreto, se incrementarán gradualmente sus porcentajes de cotización al fondo de pensiones hasta alcanzar compartidamente con el Estado el 27% de cuotas y aportaciones, aumentándose de la forma gradual indicada los porcentajes de cotización que refieren los incisos A) de los artículos 16 y 21 de la Ley en la medida de un punto porcentual por año, de acuerdo a la siguiente tabla: (.) Las generaciones futuras, que estarán conformadas por aquellas personas que ingresen a trabajar al servicio del Estado con posterioridad a la vigencia de este Decreto, cubrirán íntegramente el porcentaje de cuotas para pensiones y jubilaciones que prevé el artículo 16, inciso A) de la Ley. Las aportaciones que por el mismo concepto le corresponden al Estado, se cubrirán con el porcentaje que establece el artículo 21, párrafo segundo, inciso A) de este ordenamiento.". "Artículo quinto. Los montos de las pensiones y jubilaciones que actualmente cubre el Instituto y las que se autoricen en el futuro a los trabajadores que conforman a las generaciones actuales, se incrementarán en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora o, en su caso, conforme al aumento derivado de la negociación de los trabajadores del Estado con éste, el que sea mayor, con posterioridad a la fecha de su otorgamiento." Reglamento. "Artículo 26. Los incrementos en los montos de las pensiones otorgadas por el Instituto, serán en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora, para las generaciones futuras; para las generaciones actuales o con derechos adquiridos será en los mismos términos o conforme al aumento derivado de la negociación de los trabajadores con el Estado u los Organismos afiliados, el que sea mayor. El incremento en el salario mínimo se aplicará al monto de las pensiones a partir del día primero de enero del año correspondiente, debiéndose actualizar en los casos en que se acredite ante el Instituto un incremento mayor, en los precisos términos del acuerdo correspondiente." Conforme a dichos numerales, la ley distingue dos clases de generaciones, las actuales y las futuras, las primeras son las personas que previo a la emisión del Decreto 211 iniciaron su prestación laboral al servicio del Estado, las segundas son las ingresaron a trabajar con posterioridad al inicio de vigencia del decreto referido (veintinueve de junio de dos mil cinco). Asimismo, señalan que los incrementos de las pensiones deben realizarse de la siguiente manera: Generaciones actuales: Artículo quinto transitorio del Decreto 211 de la Ley del ISSSTESON. a) El porcentaje en que aumente el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora. b) El aumento derivado de la negociación de los trabajadores del Estado con el Instituto. Se debe aplicar la cantidad que sea mayor. Generaciones futuras: Artículo 59 de la Ley del ISSSTESON. a) El porcentaje en que aumente el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora. b) El índice inflacionario que anualmente determine el Banco de México. Se debe aplicar la cantidad que sea mayor. De lo anterior se sigue, que para determinar el incremento de las pensiones a cargo del ISSSTESON, se deben considerar factores como el índice inflacionario, los salarios mínimos y las negociaciones entre los trabajadores del Estado y el Instituto, según corresponda a la generación de que se trate. b) Índice inflacionario. La inflación, según el Banco de México, es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo; el aumento del valor de un solo bien o servicio no se considera como tal. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 39/2004, que dio origen a la tesis 1a. XII/2005, sostuvo que la inflación produce efectos reales en el patrimonio de las personas de manera negativa pues, a manera de ejemplo, señaló que lo que se podía adquirir con cierta suma de dinero en un determinado momento ya no puede obtenerse con la misma cantidad posteriormente, razón por la que se justifica la creación de sistemas para medir integralmente los efectos que la inflación tiene sobre el patrimonio. Consideraciones de las que emanó, la tesis aislada XII/2005 consultable en la página doscientos diecinueve, Tomo XXI, Marzo de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Administrativa, Novena Época, con número de registro 178908, que señala: "RENTA. EL AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE, PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17, PRIMER PÁRRAFO, Y 46 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN 2002, CONSTITUYE UN INGRESO REAL USCEPTIBLE DE SER GRAVADO. El artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de enero de 2002, establece la obligación de las personas morales de acumular la totalidad de sus ingresos en efectivo, en bienes, en servicios o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio, disponiendo que el ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso obtenido por la disminución real de sus deudas, el cual se obtiene de aplicar el procedimiento previsto en el artículo 46 de la referida ley, del que se advierte que para la determinación del impuesto a cargo de las personas morales, el legislador estableció un sistema para medir los efectos del fenómeno inflacionario en su patrimonio, tomando en cuenta su riqueza integral o su renta, entendida en sentido amplio como cualquier modificación que aquél sufra. Ahora bien, como la inflación produce efectos reales en el patrimonio de los causantes lo afecta de manera positiva o negativa, el legislador estimó necesario considerar dicho fenómeno económico para determinar la base gravable del impuesto sobre la renta y estableció un sistema para medir integralmente sus efectos en el patrimonio de los contribuyentes, ya que considera cualquier variación que aquél sufra, al disponer, según el caso, la obligación de acumular o la posibilidad de deducir el ajuste anual por inflación, reconociendo de esa forma el impacto ya sea positivo o negativo. Así, obliga a determinar anualmente el ajuste por inflación, a través de un procedimiento que permite medir con exactitud la afectación real al patrimonio, pues toma en cuenta tanto los créditos como las deudas de cada contribuyente en lo individual, así como la afectación que se dé en su patrimonio, sea en su carácter de deudores o de acreedores. En este contexto, el ajuste anual por inflación acumulable constituye un ingreso, pues la modificación positiva en el haber patrimonial se aprecia cuando los contribuyentes actualizan los valores de sus activos o, en su caso, en disminuidos sus pasivos, siendo dicho ajuste un ingreso obtenido por la disminución real de las deudas, en virtud de que con el tiempo éstas generan un remanente financiero que impacta positivamente en el patrimonio del contribuyente deudor." Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 1620/2003, relativo al tema de la inflación sostuvo: "Es un hecho notorio que la inflación se refleja en el incremento generalizado y constante de los bienes y servicios que afecta de manera real, no solo la ficticia, como lo sostiene la quejosa, al patrimonio de los contribuyentes, ya que es innegable que el valor en numerario de un bien aumenta de un mes a otro, y que lo que podía adquirirse con cierta suma de dinero en un determinado momento, ya no podía comprarse con igual suma al paso del tiempo. Los economistas emplean el término inflación para describir una situación en la que el nivel general de precios de la economía está subiendo, siendo la tasa de inflación la variación porcentual que experimenta el nivel de precios con respecto al período anterior. Además, advirtió que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), es un indicador del costo total de los bienes y servicios comprados por un consumidor representativo y se le utiliza para seguir la evolución que experimenta el costo de la vida con el paso del tiempo, esto es, cuando sube el índice de precios de consumo, la familia representativa tiene que gastar más para mantener el mismo nivel de vida." No obstante que en los amparos referidos se trataron tópicos relativos a tributos, lo que trasciende es la forma en que se abordó el tema de la inflación y su impacto en el patrimonio de las personas. Aquí es importante mencionar que el Banco de México es una institución autónoma en sus funciones y en su administración, que nace a la vida jurídica a partir del artículo 28, 0párrafos sexto y séptimo de la Carta Magna, cuyo objetivo es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo que corresponde al Estado; institución que se encuentra íntimamente vinculada con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para determinar la inflación, resulta trascendente citar la figura del Índice Nacional de Precios al Consumidor que el INEGI emite cada mes y que refleja cómo han variado los precios de un conjunto de bienes y servicios que consumen las familias en el país. c) Salarios mínimos. El salario mínimo encuentra fundamento en los artículos 123, segundo párrafo, apartado A, fracciones VI y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 90 y 94 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. A. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: (.) VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas. Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. (.) VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento.". "Artículo 90. Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores.". "Artículo 94. Los salarios mínimos se fijarán por una Comisión Nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones." Del enlace de las disposiciones trascritas se desprende, que el salario mínimo es la cantidad indispensable que un trabajador debe recibir por los servicios prestados en una jornada laboral, el cual debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos, lo que implica que sea autosuficiente para el trabajador y su familia. Asimismo, de ellas se deduce que el salario mínimo es una figura fundamental de justicia social, que responde al principio universal de salario remunerador y justo, con el propósito de asegurar al trabajador una existencia conforme a la dignidad humana, mediante la satisfacción de sus necesidades y las de su familia en el orden primario, tanto materiales como sociales, culturales y de educación. Entonces, es inconcuso que el régimen de salario suficiente busca cubrir con dignidad y decoro las necesidades básicas de los trabajadores, así como de sus familias, por lo que el salario mínimo general no puede embargarse, compensarse o descontarse, pues las excepciones a este principio deben tener por objeto cubrir otras exigencias de la misma naturaleza familiar. Por lo tanto, el fortalecimiento del salario mínimo a favor de las personas y familias con ingresos equivalentes a éste implica una reflexión sobre las estructuras económicas, los mecanismos y procedimientos adoptados por el Estado Mexicano para tal fin, entre los cuales destaca la propia Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), como órgano constitucional tripartito encargado de la fijación de dicha prestación. d) Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Es un organismo público integrado por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, que tiene la encomienda de fijar los salarios mínimos, para lo cual debe realizar las investigaciones y los estudios necesarios y apropiados, conforme a los artículos 561, fracción III, 562 y 570, párrafos primero y segundo, de la Ley Federal del Trabajo, que señalan: "Artículo 561. La Dirección Técnica tiene los deberes y atribuciones siguientes: (.) III. Practicar las investigaciones y realizar los estudios necesarios y apropiados para que el Consejo de Representantes pueda fijar los salarios mínimos. (.)". "Artículo 562. Para cumplir las atribuciones a que se refiere la fracción III del artículo anterior, la Dirección Técnica deberá: I. Practicar y realizar las investigaciones y estudios necesarios y apropiados para determinar, por lo menos: a) La situación económica general del país. b) Los cambios de mayor importancia que se hayan observado en las diversas actividades económicas. c) Las variaciones en el costo de la vida por familia. d) Las condiciones del mercado de trabajo y las estructuras salariales. II. Realizar periódicamente las investigaciones y estudios necesarios para determinar: a) El presupuesto indispensable para la satisfacción de las siguientes necesidades de cada familia, entre otras: las de orden material, tales como la habitación, menaje de casa, alimentación, vestido y transporte; las de carácter social y cultural, tales como concurrencia a espectáculos, práctica de deportes, asistencia a escuelas de capacitación, bibliotecas y otros centros de cultura; y las relacionadas con la educación de los hijos. b) Las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores de salario mínimo. III. Solicitar toda clase de informes y estudios de las instituciones oficiales, federales y estatales y de las particulares que se ocupen de problemas económicos, tales como los institutos de investigaciones sociales y económicas, las organizaciones sindicales, las cámaras de comercio, las de industria y otras instituciones semejantes. IV. Recibir y considerar los estudios, informes y sugerencias que le presenten los trabajadores y los patrones; y V. Preparar un informe de las investigaciones y estudios que hubiese efectuado y de los presentados por los trabajadores y los patrones y someterlo a la consideración del Consejo de Representantes.". "Artículo 570. Los salarios mínimos se fijarán cada año u comenzarán a regir el primero de enero del año siguiente. Los salarios mínimos podrán revisarse en cualquier momento en el curso de su vigencia siempre que existan circunstancias económicas que lo justifiquen (.)". En términos del último precepto citado, los salarios -generales y profesionales- se fijarán cada año y comenzarán a regir el uno de enero del año siguiente; al determinarlos, la CONASAMI debe buscar que los trabajadores que lo perciben eleven el nivel de vida, de manera que validen el derecho del trabajador a una vida digna. Asimismo, su misión es fijar y revisar los salarios mínimos generales y profesionales, procurando asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución y las condiciones económicas y sociales del país, en un contexto de derecho del trabajador a una vida digna. Aquí, es importante hacer hincapié que la CONASAMI es un órgano constituido en la Carta Magna, cuya función, por mandato constitucional, consiste en determinar los incrementos a los salarios mínimos de acuerdo con los estudios y análisis que realice; y puede auxiliarse de comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. e) Incrementos al salario mínimo, política implementada a partir de 2017 y Monto Independiente de Recuperación. A partir del año 2005 (año en que se incorporó el artículo quinto transitorio a la Ley del ISSSTESON), la CONASAMI determinó el salario mínimo general. Asimismo, correspondiente al año dos mil trece, se incorporó el artículo quinto transitorio a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Por otra parte y para dar lugar a los incrementos del salario mínimo correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019, es trascendente remitirse a la "Resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos por la que se crea la Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos Generales y Profesionales", publicada en el Diario oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil catorce, en la que se creó la Comisión Consultiva para la Recuperación gradual y sostenida de los Salarios Mínimos Generales y Profesionales16. Dentro de los objetivos de esta Comisión, destaca lo siguiente: a) Proponer las bases o elementos de una política salarial que haga posible la recuperación gradual y sostenida de los salarios mínimos generales y profesionales, en un contexto de crecimiento de la economía nacional, sustentado en el incremento de la productividad, una vez que el poder legislativo haya resuelto, en lo procedente, la desvinculación de la figura del salario mínimo de las disposiciones legales en que se le utiliza como unidad de cuenta, base o medida de referencia, lo que ha constituido una de las ataduras más importantes para que el salario mínimo avance en el cumplimiento del mandato constitucional. b) Promover la desvinculación del salario mínimo como unidad de cuenta, base o medida de referencia en las legislaciones vigentes creadas por los Congresos de las Entidades Federativas, al tener en cuenta que una nueva política para la recuperación gradual y sostenida de los salarios mínimos se establecerá a partir de haberse dado dicha desvinculación en la legislación federal; de no llevarse a cabo podría generar efectos no deseados que afecten a los trabajadores, a las empresas y a las finanzas del Estado en sus tres niveles. En la misma concordancia, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales que incorporaron la utilización de la Unidad de Medida y Actualización que serviría como parámetro de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del entonces Distrito Federal, así como en cualquier otra disposición en el país. Posteriormente, para determinar los salarios mínimos para 2017, el Consejo de representantes de la CONASAMI señaló en el considerando sexto de la "Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2017", publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, lo siguiente: "Sexto. Los estudios elaborados en el seno de la Comisión Consultiva que señalan la posibilidad de que se incrementen los salarios mínimos son los siguientes: ?Salario mínimo e inflación de la autoría del Banco de México, en sus consideraciones finales señala: ".requiere que la interpretación que los agentes económicos den al incremento en el salario mínimo no tenga efectos negativos sobre la formación de expectativas. Para ello, es necesario que dichos incrementos, de adoptarse, sean moderados e interpretados no como un ajuste en el costo de la vida, sino como un cambio en el precio relativo de la fuerza laboral con menores percepciones.". ? Resumen Ejecutivo de los estudios sobre Salario Mínimo y Empleo, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se especifica: "No hemos detectado efectos ni positivos ni negativos) del salario mínimo en la distribución salarial de México. Esto no es de extrañar puesto que el salario mínimo no se ha movido de su valor real en los últimos diez años, manteniéndose a niveles muy por debajo de lo que se consideraría un salario bajo (dos tercios de la mediana). Hay por lo tanto margen para incrementar el nivel del salario mínimo en el país. Y aunque no sabemos (en agregado para la economía) el efecto que esto puede tener en el empleo, las evidencias que arrojan la reforma laboral son alentadoras: un incremento del salario mínimo, junto con políticas que palien posibles efectos negativos, pueden ser positivas para reducir la desigualdad y a la vez incrementar el empleo.". ? Efectos del Salario Mínimo sobre la Sustentabilidad de las Empresas en México. Reporte de Investigación. Este reporte fue realizado por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), en el que se concluye: "Lo anterior permite establecer conclusiones acotadas de acuerdo a la estimación del modelo econométrico. Primero, resulta factible un ajuste controlado del ingreso real de los trabajadores mediante la revisión del salario mínimo pero sujeto a una vigilancia y revisión permanente de la evaluación de los otros factores que afectan la rentabilidad económica de las empresas.". "El Informe Final, que contiene los Resultados de las Investigaciones y Estudios Efectuados y las sugerencias y estudios de los trabajadores y patrones y sus Anexos (Estudios Técnicos), así como los Anexos Normativo y Operativo se entregaron a los solicitantes de esta información por instrucciones del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); por su parte, el Consejo de Representantes resolvió que toda la información señalada se hiciera del conocimiento público mediante su instalación en la página web de la Entidad. Desde el mes de noviembre del presente la información se ubicó en el siguiente sitio web de la Entidad: http:www.conasami.gob.mx". También, indicó que en junio de dos mil dieciséis, el Secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal aseguró que ?dadas las condiciones existentes, como estabilidad macroeconómica, aumentó en la productividad laboral y una baja sensible en la información?, era posible un incremento al salario, sin embargo, no se concretó. Debido a ello, con el fin de recuperar de manera gradual y sostenida el poder adquisitivo de los trabajadores, se otorgaron dos incrementos al salario mínimo: uno denominado "Monto Independiente de Recuperación" de $4.00 pesos y otro consistente en un "incremento de fijación" de 3.9%. En relación con ello, la comisión enfatizó que el incremento del Monto Independiente de Recuperación (MIR) de $4.00 pesos diarios correspondía al proceso de recuperación gradual y sostenido del salario mínimo general aplicable única y exclusivamente para beneficio de los trabajadores asalariados, inaplicable para los salarios mínimos profesionales, a quienes únicamente les correspondía el 3.9% denominado "incremento de fijación". También acentuó que el propósito del Monto Independiente de Recuperación, era que los trabajadores asalariados que percibían un salario mínimo general recuperaran el poder adquisitivo; lo que únicamente se cumplía cuando tenían un aumento adicional que no repercutiera en los precios de los bienes y servicios que consumen las familias en las que existe por lo menos un trabajador que percibe el salario mínimo general. A su vez, dentro de la misma resolución, los sectores obrero y empresarial reiteraron que el incremento al salario mínimo general, tanto en lo que corresponde al Monto Independiente de Recuperación, como al porcentaje de incremento de la fijación salarial, no debía ser referente para definir los aumentos de los demás trabajadores asalariados del país. Por tanto, las negociaciones de los salarios contractuales debían realizarse con la mayor libertad de las partes, dentro de las condiciones específicas de cada empresa, tomando en cuenta su productividad, competitividad y la imperiosa necesidad de generar empleos productivos, de manera tal que los incrementos otorgados no sean ni techo ni piso para la determinación de los salarios de los mexicanos. Por último, en el resolutivo segundo, la CONASAMI concluyó: "SEGUNDO. El salario mínimo general que tendrá vigencia a partir del 1o. de enero de 2017 en el área geográfica a que se refiere el punto resolutivo anterior, se integra por tres componentes: primero, el monto del salario mínimo general Vigente en 2016, $73.04 pesos diarios; segundo, el Monto Independiente de Recuperación (MIR), $4.00 pesos diarios; y, tercero, el incremento de 3.9% sobre la suma de los dos componentes anteriores, $3.00 pesos diarios, lo que arroja un monto de $80.04 pesos diarios como cantidad mínima que deben recibir en efectivo los trabajadores por jornada diaria de trabajo." Un año después, en la "Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del 1o. de enero de 2018" 21, se reiteraron los factores del Monto Independiente de Recuperación y el porcentaje de aumento de la fijación salarial, tal como se expuso en el considerando cuarto: "CUARTO. De acuerdo con la Resolución del H. Consejo de Representantes de esta Comisión Nacional que revisa los salarios mínimos generales y profesionales vigentes desde el 1o. de enero de 2017 y establece los que habrán de regir a partir del 1o. de diciembre de 2017, el Consejo determinó actualizar el monto del salario mínimo general, otorgándole un incremento mediante el mecanismo de Monto Independiente de Recuperación (MIR) de $5.00 pesos diarios, para llevar el salario mínimo general a un monto de $85.04 pesos diarios, sobre el cual se otorgó de manera anticipada el incremento correspondiente a la fijación salarial que entrará en vigor el 1o. de enero de 2018 de 3.9%, con lo cual el salario mínimo general que estará vigente a partir del 1o. de diciembre de 2017 será de $88.36 pesos diarios." En dicha resolución, se insistió que el Monto Independiente de Recuperación es una cantidad absoluta en pesos, cuyo objetivo es única y exclusivamente contribuir a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo general; y bajo ninguna circunstancia debía servir, ni en términos absolutos ni de manera proporcional, de referente para determinar los incrementos de los salarios mínimos profesionales, contractuales o de cualquier otro salario vigente en el mercado laboral. Asimismo, los sectores obrero y empresarial resaltaron que el aumento al salario mínimo general, tanto en lo que corresponde al Monto Independiente de Recuperación, como al porcentaje de incremento de la fijación salarial no debía ser referente para definir los aumentos de los demás trabajadores asalariados del país y que las negociaciones de los salarios contractuales debían realizarse con la mayor libertad, dentro de las condiciones específicas de cada empresa, tomando en cuenta su productividad, competitividad y la imperiosa necesidad de generar empleos remunerados. Por último, para el año dos mil diecinueve, en la "Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2019", en relación con la tabla de salarios mínimos publicados en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426395/2019 Salarios Mínimos.pdf, se tuvo conocimiento que el salario mínimo para la zona general se compondría de un Monto Independiente de Recuperación por la cantidad de $9.43, y un porcentaje fijo del 5%. Respecto al dos mil veinte, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, emitió la siguiente resolución: "RESOLUCIÓN DEL H. CONSEJO DE REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS QUE FIJA LOS SALARIOS MÍNIMOS GENERAL Y PROFESIONALES QUE HABRÁN DE REGIR A PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2020. SE RESUELVE PRIMERO. Para fines de plicación de los salarios mínimos en la República Mexicana habrá dos áreas geográficas: El área geográfica de la "Zona Libre de la Frontera Norte", integrada por los siguientes municipios: Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate y Tijuana, en el Estado de Baja California; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en el Estado de Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, en el Estado de Chihuahua; Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en el Estado de Coahuila de Zaragoza; Anáhuac, en el Estado de Nuevo León; y Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, en el Estado de Tamaulipas. El área geográfica del "Resto del país", integrada por el resto de los municipios del país y las alcaldías de la Ciudad de México que no fueron listadas en el punto anterior y conforman la República Mexicana. SEGUNDO. En esta ocasión en términos generales para 42 Sobre el porcentaje, el considerando décimo tercero de la referida resolución señala: "Décimo tercero. Con base en lo expuesto, en la presente fijación salarial, el Consejo de Representantes reitera su decisión de incrementar en el mismo porcentaje en que los salarios mínimos generales fueron incrementados los salarios mínimos profesionales vigentes efectos de la fijación del salario mínimo se integran tres componentes: primero, el monto del salario mínimo general vigente a partir del 1° de enero de 2019; segundo, un Monto Independiente de Recuperación que se suma al monto del salario mínimo vigente anterior; y, tercero, un factor de aumento por fijación igual a 5% que se aplica a la suma del salario mínimo vigente anterior y al MIR; en la fijación del salario mínimo de la Zona Libre de la Frontera Norte no se aplicó el identificado como Monto Independiente de Recuperación. TERCERO. Los salarios mínimos generales que tendrán vigencia a partir del 1° de enero de 2020 será de 185.56 pesos diarios por jornada diaria de trabajo en el área geográfica de la Zona Libre de la Frontera Norte, cuyo incremento corresponde únicamente a la fijación del 5%. Para el Resto del país el salario mínimo general será de 123.22 pesos diarios por jornada diaria de trabajo, cuyo incremento corresponde a 14.67 pesos de MIR más 5% de incremento por fijación. Éstos serán los que figuren en la Resolución de esta Comisión que serán publicados en el Diario Oficial de la Federación como cantidad mínima que deberán recibir en efectivo las y los trabajadores. CUARTO. Los salarios mínimos profesionales que tendrán vigencia a partir del 1° de enero de 2020, para las profesiones, oficios y trabajos especiales, serán la cantidad mínima que deben recibir en efectivo los trabajadores por jornada diaria de trabajo, serán los que figuran en la presente en su resolutivo sexto." De esa manera, los incrementos de los últimos cuatro años, se advierte que al salario mínimo del año anterior, se suma el monto independiente de recuperación que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos determinó y la cantidad resultante se multiplica por el porcentaje de incremento salarial, la cual se adiciona y resulta en un nuevo salario final. Así, a diferencia de años previos las resoluciones que fijaron el salario mínimo general vigente para dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte, innovaron en la forma de cuantificarlos, dado que incorporaron previo al porcentaje habitual un monto fijo en pesos que se denominó monto independiente de recuperación. Ciertamente, la CONASAMI determinó que el Monto Independiente de Recuperación: 1) Es una cantidad absoluta en pesos. 2) Su objetivo es única y exclusivamente contribuir a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo general. 3) No debe ser utilizado como referente para fijar incrementos de los demás salarios vigentes en el mercado laboral (salarios contractuales, federales y de la jurisdicción local; salarios diferentes a los mínimos y a los contractuales; salarios para servidores públicos federales, estatales y municipales; y, demás salarios del sector informal); y, 4) El Monto Independiente de Recuperación podrá ser aplicado en los procedimientos de revisión salarial o fijación salarial, en términos del artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo. Hasta aquí el marco normativo anunciado. Expuesto lo anterior, procede atender los conceptos de violación expresados por la parte quejosa en relación a la constitucionalidad de los incrementos en la pensión. En sus motivos de disenso la parte quejosa sostiene, en síntesis, que es incorrecta la forma en que se interpretó y aplicó el artículo quinto transitorio del decreto #211 en el acuerdo reclamado N°5.1-2020-SE-705, debido a que se determinó actualizar el incremento pensionario de los años dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, y dos mil veinte, dando a ese precepto un alcance que no es el más favorable al derecho humano de previsión social, concretamente por el significado que se le dio al parámetro del salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora. A fin de clarificar su exposición, dice la parte quejosa que este motivo de disenso está integrado por los siguientes aspectos, a saber: a) acerca del principio de interpretación conforme y del principio pro persona; b) acerca del derecho humano de previsión social y del quinto transitorio del decreto #211, como norma relativa a derechos humanos; c) acerca del significado que la responsable le dio al artículo quinto transitorio antes referido; d) acerca de las alternativas interpretativas de dicho precepto. Señala que, el artículo quinto transitorio del decreto #211 establece el mecanismo con el que deben incrementarse las pensiones y jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), por lo que debe ser interpretado a la luz de los principios hermenéuticos de interpretación conforme y pro persona. Considera que, la forma en que la responsable interpretó el precepto transitorio en cuestión al determinar la actualización del incremento pensionario de los años dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte, es incorrecta, porque en el acta 705 de la sesión extraordinaria de quince de julio de dos mil veinte, se adoptó el acuerdo No.5.1-2020-SE-705, mediante el cual se determinó actualizar (corregir) el incremento pensionario del año dos mil diecinueve, en un 5% para los pensionados y jubilados, como la quejosa, dado que su esposo fue trabajador del ISSSTESON. Aduce que, se aplicó el porcentaje en que se creyó había aumentado el salario mínimo general vigente en Hermosillo, Sonora, para dos mil diecinueve; sin embargo, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) desde la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de diciembre de dos dieciocho, ha autorizado un salario mínimo general que está integrado por la sumatoria de tres componentes distintos, a saber: el monto total del salario mínimo general del año anterior; el denominado Monto Independiente de Recuperación (MIR) y un porcentaje de aumento fijo que justamente es conocido como aumento por fijación salarial, de tal suerte que el salario mínimo general vigente en Hermosillo para el año dos mil diecinueve, fue autorizado por un total de $102.68 (ciento dos pesos 68/100 moneda nacional), cantidad que está integrada por los tres componentes referidos, esto es, el salario mínimo general vigente del año dos mil dieciocho, por $88.36 (ochenta y ocho pesos 36/100 moneda nacional); el MIR de $9.43 (nueve pesos 43/100 moneda nacional) y el aumento por fijación salarial de un 5% sobre la sumatoria de los otros dos componentes, que daba un total de $4.88 (cuatro pesos 88/100 moneda nacional), de manera, dice el inconforme, el salario mínimo general vigente para Hermosillo, Sonora tuvo una variación de un 16.2064282481% entre dos mil dieciocho y dos mil diecinueve. Indica que, el problema con la actualización del incremento de los citados años, es que la autoridad restringió el parámetro del salario mínimo general vigente en dicha ciudad, porque consideró que el porcentaje en que ésta había aumentado en ese año era equivalente solo a uno de sus tres componentes, esto es, el aumento por fijación salarial, haciendo una distinción entre los componentes que integran el concepto de "salario mínimo general", excluyendo los rubros relativos al monto del salario mínimo general vigente del año anterior y el Monto Independiente de Recuperación (MIR). Sostiene que, con base en lo apuntado, la autoridad responsable interpretó y aplicó erróneamente el artículo quinto transitorio del decreto #211, estimando un porcentaje del parámetro del salario mínimo general vigente en Hermosillo, Sonora, que equivalía a uno de los tres componentes que lo integran, es decir, sólo respecto del aumento por fijación salarial, por lo que para el dos mil diecinueve el incremento pensionario se fijó en un porcentaje total de 5%. Considera que, para determinar a qué porcentaje se refiere el parámetro del salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora, previsto en el artículo quinto transitorio del decreto #211, se actualizan dos alternativas o interpretaciones posibles: a) La primera, consiste en la interpretación formulada por la autoridad responsable en los acuerdos reclamados, la cual dice resumir en lo siguiente: el porcentaje del parámetro relativo al salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora, corresponde al porcentaje del componente que la CONASAMI denominó aumento por fijación salarial, que es el porcentaje aplicado en el incremento pensionario de dos mil diecinueve. b) La segunda interpretación o alternativa que establece la quejosa (que denomina su propuesta), la sintetiza en que el porcentaje del parámetro relativo al concepto de salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora, corresponde al porcentaje en el que tal concepto aumentó en términos absolutos, sin hacer distinción entre los componentes que lo integran ni mucho menos excluir alguno de ellos, estableciéndose así el porcentaje que servirá de referencia para incrementar las pensiones y jubilaciones que cubre el ISSSTESON, a partir de las cantidades que la CONASAMI ha venido autorizando y definiendo como concepto de "salario mínimo". Esgrime que, la alternativa dos descansa en la literalidad del artículo quinto transitorio del decreto #211 y de las cantidades autorizadas como salario mínimo general vigente para Hermosillo, Sonora, lo que es acorde con la intención del legislador sonorense, pues no se advierte que éste haya realizado o previsto distinción alguna entre los componentes que integran el salario mínimo general. Aduce que, la interpretación gramatical del mencionado artículo transitorio es la que debe servir de sustento para la actualización de los incrementos de las pensiones, porque integra la sumatoria de todos los componentes del salario mínimo general y representa un ejercicio hermenéutico válido que armoniza lo previsto en su propio texto y lo autorizado por la CONASAMI. Considera que, desde esa perspectiva, la CONSAMI ha venido utilizando esa fórmula desde la autorización de los salarios que rigieron en el año dos mil diecisiete, de tal manera que el salario mínimo general que ha sido autorizado oficialmente cada año desde entonces se encuentra integrado por la suma de esos componentes. Luego, ejemplifica que por concepto de "salario mínimo general" para la zona Hermosillo, Sonora, han sido $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 m.n), para el año dos mil dieciséis; $80.04 (ochenta pesos 04/100), para el dos mil diecisiete; $88.36 (ochenta y ocho pesos 36/100 m.n), para el dos mil dieciocho; $102.68 (ciento dos pesos 68/100 m.n); y, $123.22 (ciento veintidós pesos 22/100 m.n), y refiere que constituyen un hecho notorio. Por ende, -asegura- que de una interpretación gramatical del artículo quinto transitorio del Decreto #211 y de las cantidades que la CONASAMI autorizó, se debe atender a la "alternativa dos", esto es, de tal suerte que el salario mínimo general vigente en Hermosillo para el año dos mil diecinueve, fue autorizado por un total de $102.68 (ciento dos pesos 68/100 moneda nacional), cantidad que está integrada por los tres componentes referidos, esto es, a las relativas a que el salario mínimo general vigente del año dos mil dieciocho, fue de $88.36 (ochenta y ocho pesos 36/100 moneda nacional); el MIR de $9.43 (nueve pesos 43/100 moneda nacional) y el aumento por fijación salarial de un 5% sobre la sumatoria de los otros dos componentes, que daba un total de $4.88 (cuatro pesos 88/100 moneda nacional), de manera tal, que el salario mínimo general vigente para Hermosillo, Sonora tuvo una variación de un 16.2064282481% entre dos mil dieciocho y dos mil diecinueve. Agrega que, si el legislador sonorense no estableció la posibilidad de distinguir entre los componentes que integran el salario mínimo general en la zona, no hay justificación para que se haga al momento de determinar los incrementos pensionarios del ISSSTESON. Considera que, su pretensión se reduce a que se decida cómo debe entenderse el parámetro de "salario mínimo general" que el legislador sonorense estableció en el multicitado artículo quinto transitorio del decreto #211, acorde con los principios de interpretación conforme y pro persona y con el derecho humano de previsión social, en su vertiente de derecho a una pensión o jubilación. Dice que, bajo el panorama expuesto, queda evidenciado que la autoridad responsable transgredió en su perjuicio el artículo 1, segundo párrafo y 123, apartado B, fracción XI, inciso a) de la constitución federal, cuando en el acuerdo reclamado N°5.1-2020-SE-705, determinó la actualización del incremento pensionario para dos mil diecinueve, pues desnaturalizó el concepto de "salario mínimo general", porque dejó de ser entendido conforme a lo definido por la CONASAMI. Hasta este punto la reseña de los conceptos de violación. Como se anunció, los motivos de disenso son infundados. Delineado el marco económico legal de los valores referentes a que, de conformidad con el artículo 59 de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, deben tomarse en cuenta para la actualización de los montos de las pensiones, se da respuesta a los conceptos de violación, de cuya interpretación integral, se colige que, esencialmente, la parte quejosa aduce que en el acuerdo impugnado fue interpretado incorrectamente el artículo quinto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, porque se autorizó el incremento para el ejercicios de dos mil diecinueve, en relación con el aumento al salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora, sin considerar sus componentes relativos al salario mínimo general del año inmediato anterior y el monto independiente de recuperación (MIR), de cuya sumatoria resulta el siguiente incrementos: dieciséis punto veinte por ciento 16.20%, para dos mil diecinueve, que a su juicio, era el que le correspondía porque la norma en cita no hace distinción al respecto. Lo anterior resulta infundado, porque de conformidad con el artículo tercero transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora, la parte quejosa se ubica dentro del grupo de trabajadores denominados "generaciones actuales", pues según se advierte del dictamen de pensión que exhibió con su demanda de amparo, la ahora quejosa realizó aportaciones al fondo de pensiones con anterioridad a la vigencia del Decreto #211. Por tanto, para efectos de los incrementos a su pensión le resultan aplicables las reglas que prevé el artículo quinto transitorio del mismo ordenamiento, esto es: a) El porcentaje en que aumente el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora; o, b) El aumento derivado de la negociación de los trabajadores del Estado con el Instituto. Ahora bien, como lo señala la parte quejosa, es verdad que la citada norma transitoria, no prevé que el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora, consta de tres componentes, a saber: el salario mínimo general del año inmediato anterior, el monto independiente de recuperación (MIR) y aumento por fijación salarial. Sin embargo, establece que los montos de las pensiones y jubilaciones se incrementarán en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora. Este elemento "porcentaje", es el que debe tomarse en cuenta a fin de esclarecer los lineamientos previstos en la referida norma y, en consecuencia, es al que habrá de acudirse para efectos de atender el incremento previsto en los artículos 59, párrafo segundo, y quinto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Cabe destacar que, dicho elemento (porcentaje) se obtiene de las propias Resoluciones del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, donde se fijan los salarios mínimos general y profesionales para el año que corresponda o en las tablas de dicha comisión, en las que se publican tales aumentos, y en los cuales se señala el porcentaje específico de incremento al salario mínimo. Sin que para el incremento de las pensiones y jubilaciones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, deba considerarse el Monto Independiente de Recuperación (MIR) que refiere la parte quejosa, el cual constituye una cantidad absoluta en pesos, que si bien fue utilizada para fijar el monto final del salario mínimo, es un elemento distinto al porcentaje referido por los artículos 59, segundo párrafo, y quinto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, para el incremento de las pensiones y jubilaciones, por indicarse así de manera expresa en los invocados numerales; por tanto, no puede ser utilizado en la ponderación indicada en tales numerales. En efecto, el citado monto es una cantidad complementaria, diversa y totalmente ajena al salario base sobre el cual se aplica el porcentaje de incremento, la cual se ha resuelto adicionar como una medida de protección social a favor de todos aquellos trabajadores cuyos ingresos no superan el salario mínimo, en aras de contribuir a que recobren su capacidad adquisitiva y tengan acceso a por los menos los satisfactores básicos necesarios que como aspiración de derecho fundamental se prevé por el numeral 123, apartado A, fracción VI, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aspiración que, incluso, así quedó patentizada en la resolución pronunciada por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en la que al referirse a la introducción de dicha figura fueron enfáticos en señalar que se trata de una cantidad absoluta en pesos cuyo objetivo único es contribuir a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo general y que no debe ser utilizada como referente para fijar incrementos de los demás salaros vigentes en el mercado laboral (salarios federales y locales, diferentes a los mínimos y contractuales, de servidores públicos federales, estatales y municipales y demás del sector informal). Bajo este contexto, ante la naturaleza del monto independiente de recuperación (MIR) y sobre todo al considerar la exclusión en torno a su aplicación, resulta incuestionable que éste no puede hacerse extensivo al caso de las pensiones. Luego, para los supuestos como el que nos ocupa, en los que el porcentaje de incremento de una pensión ha sido determinado por legislador ordinario en función del aumento anual del salario mínimo nacional, no cabe admitir, como lo pretende la parte quejosa, que también sea aplicado en su beneficio el monto independiente de recuperación (MIR), en tanto que ello trasciende a un aspecto contrario a la naturaleza y finalidad para la cual fue instrumentado tal mecanismo complementario. De manera tal que, el incremento que para esa entidad federativa sea aplicado en materia de pensiones y jubilaciones, en términos de los citados numerales 59 y quinto transitorio del Decreto 211 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, debe atender en exclusiva al porcentaje real aplicado al salario mínimo general en esa demarcación geográfica, pero prescindir de la aplicación de la cantidad en pesos correspondiente al monto independiente de recuperación, en la medida en la que la interpretación de dicha figura de naturaleza económico-social únicamente se circunscribe a la recuperación de la capacidad adquisitiva de aquellos trabajadores cuyos ingresos netos son equivalente al salario mínimo. De ahí que, el porcentaje de incremento que, en todo caso, habrá de considerar la autoridad responsable para los aumentos de pensión a que se contraen los multicitados numerales, es el previsto por la resolución emitidas por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Cobra aplicación, la tesis aislada V.2o.P.A.37 A (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, visible en la página cuatro mil novecientos tres, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo V, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materias Laboral-Administrativa, Undécima Época, con número de registro 2023463, de rubro y texto siguientes: "PENSIONES Y JUBILACIONES. EL MONTO INDEPENDIENTE DE RECUPERACIÓN (MIR) ES INAPLICABLE AL EJERCICIO DE PONDERACIÓN PARA SU INCREMENTO, AL NO PREVERSE EN LOS ARTÍCULOS 59, PÁRRAFO SEGUNDO Y QUINTO TRANSITORIO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. El segundo párrafo del artículo 59 y el artículo quinto transitorio, ambos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, prevén que los montos de las pensiones y jubilaciones deben incrementarse "en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora" o, en su caso, conforme al índice inflacionario que anualmente determine el Banco de México, respecto a generaciones no actuales, o conforme al aumento derivado de la negociación de los trabajadores del Estado con éste, respecto de los trabajadores de las generaciones actuales, en ambos casos, el que sea mayor y con posterioridad a la fecha de su otorgamiento. De esta manera, ambos preceptos coinciden en señalar que los montos de las pensiones y jubilaciones deben incrementarse "en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo general"; de ahí que sea el referido porcentaje el elemento al que debe atenderse para calcular el incremento sin acudir al Monto Independiente de Recuperación (MIR), ni tomarse en consideración de manera indisoluble tanto este último como el porcentaje de aumento del salario mínimo, ya que tales circunstancias no fueron previstas en los artículos citados. Lo anterior es así, pues el objeto o finalidad por el cual fue creado el Monto Independiente de Recuperación y sus reglas de utilización no pueden ser aplicados por analogía o por mayoría de razón al ejercicio de ponderación para el incremento de pensiones y jubilaciones previsto en los artículos 59, segundo párrafo y quinto transitorio referidos, al no considerarlo éstos, por lo cual si el porcentaje de aumento del salario mínimo general constituye un elemento identificable y diferente del Monto Independiente de Recuperación no es dable la aplicación de este último al procedimiento de ponderación, pues su utilización no tiene sustento jurídico.". También es aplicable, la tesis aislada V.2o.P.A.36 A (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, consultable en la página cuatro mil novecientos dos, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo V, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materias Laboral-Administrativa, Undécima Época, con número de registro 2023462, que establece: "PENSIONES Y JUBILACIONES. EL INCREMENTO DE SU MONTO DEBE REALIZARSE EN EL MISMO PORCENTAJE EN QUE AUMENTE EL SALARIO MÍNIMO GENERAL Y NO CONFORME A LA PROPORCIÓN O MONTO TOTAL DEL AUMENTO DE ÉSTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). El segundo párrafo del artículo 59 y el artículo quinto transitorio, ambos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, prevén que los montos de las pensiones y jubilaciones deben incrementarse "en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora" o, en su caso, conforme al índice inflacionario que anualmente determine el Banco de México, respecto a generaciones no actuales, o conforme al aumento derivado de la negociación de los trabajadores del Estado con éste, respecto de los trabajadores de las generaciones actuales, en ambos casos, el que sea mayor y con posterioridad a la fecha de su otorgamiento. De esta manera, ambos preceptos coinciden en señalar que los montos de las pensiones y jubilaciones deben incrementarse "en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo general", por lo que resulta claro que hace referencia al "porcentaje" de aumento del salario mínimo; de ahí que sea precisamente este elemento el que debe utilizarse para efectos de esclarecer el lineamiento previsto en los referidos numerales y no la "proporción" o monto total del incremento de ese salario, pues esto constituye un aspecto distinto. Al respecto, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española señala que por "proporción" se entiende la disposición, conformidad o correspondencia debida de las partes de una cosa con el todo o entre cosas relacionadas entre sí; mientras que "porcentaje" significa la proporción que toma como referencia el número cien -que se identifica con el signo "%"-. En consecuencia, a este último elemento es al que debe acudirse para realizar el incremento previsto en los artículos 59 y quinto transitorio aludidos, porque hacen referencia expresa al mismo, al señalar que las pensiones y jubilaciones deben incrementarse "en el mismo porcentaje" en que aumente el salario mínimo general. Sostener lo contrario y aplicar la "proporción" del aumento que tuvo el referido salario implicaría hacer el cálculo "atendiendo a la correspondencia debida entre cosas relacionadas entre sí", es decir, tomando en consideración el salario mínimo del año anterior y el salario mínimo actual, para posteriormente calcular el aumento que existió entre un año y otro; mientras que si se atiende precisamente al elemento referido de manera expresa en los mencionados artículos, las pensiones y jubilaciones deben incrementarse "en el mismo porcentaje" en que aumentó el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora, es decir, atendiendo a la proporción que toma como referencia el número cien y que se identifica con el signo "%", dato en particular que puede obtenerse de las resoluciones del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en que se fijan los salarios mínimos general y profesionales para el año que corresponda o en las tablas de dicha comisión en las que se publican tales aumentos, en los cuales se señala el porcentaje específico de su incremento.". Asimismo, resultan orientadoras, las tesis aisladas I.16o.T.22 L (10a.), I.16o.T.31 L (10a.) y I.16o.T.32 L (10a.), emitidas por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, respectivamente, consultables en las páginas dos mil cuatrocientos noventa y dos, dos mil quinientos sesenta y siete y dos mil cuatrocientos noventa y tres, libro 62, enero de 2019, tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Laboral, Décima Época, con números de registros 2019107, 2019115 y 2019108, de contenidos siguientes: "MONTO INDEPENDIENTE DE RECUPERACIÓN (MIR). CONSTITUYE UN INCREMENTO SALARIAL NOMINATIVO CUYO OBJETO ES APOYAR LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LOS TRABAJADORES ASALARIADOS QUE PERCIBEN UN SALARIO MÍNIMO GENERAL, POR LO QUE ES INAPLICABLE A LOS PENSIONADOS. De la resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en la que se determinó incrementar el salario mínimo que regía en el año 2016, de $73.04, en un 3.9%, más cuatro pesos diarios, el concepto denominado "Monto Independiente de Recuperación" (MIR), constituye un incremento salarial cuyo objeto es apoyar la recuperación económica, única y exclusivamente de los trabajadores asalariados que perciben un salario mínimo general. Esto es, la aplicación o incremento al salario del concepto "MIR" es sobre dos hipótesis: 1. Es para trabajadores asalariados, es decir, en activo; y, 2. Que el ingreso salarial diario sea, como tope, un salario mínimo general. Bajo ese marco, es improcedente la integración porcentual de este concepto (que se limita a una expresión monetaria en pesos y no en porcentaje), a la pensión por invalidez de un trabajador que no tiene la calidad de asalariado, sino de pensionado si, además, la cuantía de la pensión relativa rebasa el salario mínimo vigente en el año que sea otorgada.". "PENSIÓN POR VIUDEZ QUE OTORGA EL SEGURO SOCIAL. SU INCREMENTO DEBE SER CON BASE EN LOS AUMENTOS PORCENTUALES DEL SALARIO MÍNIMO, PERO SI AQUÉL ES INFERIOR AL SALARIO MÍNIMO GENERAL QUE RIJA EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL AÑO 2017, DEBE INCREMENTARSE CONFORME AL ARTÍCULO 168 DE LA LEY DEROGADA, POR LO QUE ES INAPLICABLE EL MONTO INDEPENDIENTE DE RECUPERACIÓN "MIR". La Resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del 1o. de enero de 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2017, determinó incrementar el salario mínimo que rigió en 2016, de $73.04 a $80.04, a partir de adicionar, a la primera cantidad, la diversa de $4.00, correspondiente al "Monto Independiente de Recuperación" (MIR) y, sobre la suma de $77.04 aplicar el 3.9% de incremento porcentual; asimismo, que el "MIR" aplicaría a trabajadores asalariados que perciban como tope un salario diario mínimo general para el 2017 a razón de 3.9%. Por otra parte, el artículo 172 de la Ley del Seguro Social derogada establece que las pensiones que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social deben cuantificarse con base en los incrementos porcentuales del salario mínimo; sin embargo, si el incremento a la cuantía en la pensión es inferior al salario mínimo general que rija en la Ciudad de México, se atenderá al artículo 168, que dispone que las pensiones por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, incluyendo las asignaciones familiares y ayudas asistenciales, que en su caso correspondan, no podrá ser inferior al 100% del salario mínimo general que rija para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México). Así, cuando el incremento a una pensión del Seguro Social sea menor al 100% del salario mínimo general que rige en la Ciudad de México para el 2017, su incremento será el necesario para que la pensión diaria sea igual al salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, esto es, por $80.04.". "MONTO INDEPENDIENTE DE RECUPERACIÓN "MIR". ES INAPLICABLE EN EL PAGO DE LAS PENSIONES QUE OTORGA EL SEGURO SOCIAL, AL SER CUANTIFICADAS CONFORME A LOS INCREMENTOS PORCENTUALES DEL SALARIO MÍNIMO. El 19 de enero de 2017 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que fija los salarios mínimos general y profesionales, vigentes a partir del 1o. de enero de 2017, en la que se determinó incrementar el salario mínimo que regía en 2016, de $73.04 a $80.04 para 2017, a partir de adicionar a la primera cantidad, la diversa de $4.00 pesos correspondiente al "Monto Independiente de Recuperación" (MIR), y sobre la suma de $77.04 aplicar el 3.9% de incremento porcentual. El primero atiende a la adición nominal por $4.00 pesos que corresponde al beneficio económico gradual de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo de los trabajadores, cuya percepción sea hasta el tope de un salario mínimo respecto de aquel que regía en 2016; el otro componente constituye un aumento porcentual de 3.09% aplicado sobre la base de la suma del salario mínimo general de 2016 de $73.04, más los $4.00 correspondientes al "MIR". En este sentido, debe considerarse que la justificación de esa determinación atendió a diversos factores económicos de trascendencia internacional y nacional relatados en la resolución respectiva; asimismo, que del contenido de la resolución referida se advierte que, en los considerandos décimo y décimo primero, el "MIR" fue establecido para apoyar la recuperación del poder adquisitivo del salario, única y exclusivamente de los trabajadores asalariados que perciban un salario diario menor al mínimo general. Por otra parte, el artículo 172 de la Ley del Seguro Social derogada, señala que las pensiones que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social deben ser cuantificadas con base en los incrementos porcentuales del salario mínimo; por lo anterior, si la resolución aludida estableció que el "MIR" solamente se aplicará a los trabajadores asalariados que perciban como tope un salario diario general, es inconcuso que los $4.00 pesos de ese monto no deben añadirse a las pensiones que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que ha de aplicarse el incremento porcentual al salario mínimo general para 2017, a razón de 3.9%.". Establecido lo anterior, resulta que con relación al acuerdo reclamado N°5.1-2020-SE-705 contenido en acta celebrada en sesión extraordinaria de quince de julio de dos mil veinte, atinente al incremento pensionario para dos mil diecinueve, cuyo contenido es el siguiente: "ACTA 705 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTE. [.] ACUERDO N°5.1-2020-SE-705: La Junta Directiva, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracciones III y XIV de la Ley 38, autorizaron por unanimidad de sus integrantes que se realice el pago del diferencial del 1% aplicable a las pensiones y jubilaciones de 2019, asimismo, que se afecte el presupuesto de 2020 y se programa su pago para el mes de agosto de este año; lo anterior salvo la presentación de hechos o actos supervinientes que impidan la ejecución de este acuerdo en esa fecha, los cuales se informaran a esta Junta Directiva. Para el caso de los pensionados del magisterio toda vez que para el ejercicio de 2019 ya se les había otorgado el incremento del cuatro por ciento (4%), más el punto cuarenta y cinco (.45%), con base en las negociaciones que obtuvieron con las autoridades educativas federales y estatales, solamente se les pagará el diferencial del punto cincuenta y cinco por ciento (.55%), para llegar al cinco por ciento (5%) aplicable en 2019 para los pensionados y jubilados del ISSSTESON.". En torno al referido acuerdo, no asiste razón a la parte quejosa, porque en la resolución que fijó el salario mínimo general para el año dos mil diecinueve, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, únicamente autorizó un aumento al salario mínimo general para todo el país, incluyendo Hermosillo, del cinco por ciento (5%). Así, de la resolución en comento, se desprende que el porcentaje que aumentó el salario mínimo general en la zona de Hermosillo para el ejercicio dos mil diecinueve, fue del cinco por ciento 5%, consecuentemente, acorde con lo dispuesto en los artículos 59 y quinto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el porcentaje en que debe considerarse que incrementó el salario mínimo general para la zona de Hermosillo es del cinco por ciento (5%). Dicho porcentaje, fue el que se ordenó aplicar de forma general como incremento a los pensionados para el ejercicio de dos mil diecinueve, como se observa del acuerdo reclamado N°5.1-2020-SE-705 de quince de julio de dos mil veinte, aspecto que fue reiterado en el acuerdo celebrado por la autoridad responsable en la diversa sesión ordinaria número 708, de treinta de septiembre siguiente, en la que se acordó la forma de pago retroactivo en relación al ejercicio de dos mil diecinueve, tomando como base el cinco por ciento (5%). De ahí que, la responsable regularizó lo relativo al porcentaje que corresponde al incremento a la pensión de la parte quejosa, aplicándole el cinco por ciento (5%) que corresponde, atendiendo los parámetros establecidos por el legislador estatal en los artículos 59 y quinto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, lo cual es correcto, porque como se indicó, en el particular, no es factible considerar el Monto Independiente de Recuperación (MIR) para el incremento de las pensiones y jubilaciones, ni aplicarlo por analogía o por mayoría de razón, en la medida en que su utilización no fue establecida por tales numerales como un elemento que deba ser estimado para tal efecto; de ahí que, su aplicación al caso, como pretende la parte quejosa, no encuentre sustento jurídico. Consecuentemente, el acuerdo reclamado N°5.1-2020- SE-705 de quince de julio de dos mil veinte, en el que se regularizó el incremento para el ejercicio dos mil diecinueve, arribando al porcentaje ya indicado (5%) se encuentra ajustado a las cantidades previstas para el tema en particular; de ahí que resulten infundados los motivos de inconformidad expresados por la parte quejosa en ese sentido. Lo anterior, se traduce en que la parte quejosa sí recibió un aumento total del cinco por ciento 5%, en su pensión por viudez, que según lo analizado en esta sentencia, era lo que le correspondía, de acuerdo al incremento al salario mínimo general fijado para la zona de Hermosillo, Sonora, durante dos mil veinte, por tanto, es inconcuso que ninguna afectación se le causó; de ahí lo infundado de los planteamientos esgrimidos vía concepto de violación por la quejosa. No pasan inadvertidos para este Tribunal Colegiado, los señalamientos que realiza la parte quejosa en relación con los principios de interpretación conforme y pro persona, así como las tesis en que sustenta sus alcances, de rubros: "INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA." E "INTERPRETACIÓN CONFORME Y PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU APLICACIÓN TIENE COMO PRESUPUESTO UN EJERCICIO HERMENÉUTICO VÁLIDO." Sin embargo, debe señalarse que la interpretación de las normas derivada del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no tiene por efecto soslayar las reglas que imperan en el juicio de amparo o lo previsto en la legislación aplicable en cuanto al fondo del asunto. En efecto, si bien la reforma a los artículos 1 y 103, fracción I, de la Constitución Federal, en relación a los derechos humanos y a la interpretación más favorable a la persona, implicó un cambio en el sistema jurídico mexicano; también lo es que dicha circunstancia no tiene el alcance de que los juzgadores soslayen las reglas que rigen el juicio de amparo o la inobservancia de las normas jurídicas en cuanto al fondo del asunto, es decir, que dejen de cumplir con sus atribuciones y facultades; por tanto, al no encontrar sustento jurídico lo argumentado por el quejoso, no resulta procedente resolver conforme a sus pretensiones. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia 104/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página novecientos seis, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Constitucional-Común, Décima Época, con número de registro 2004748, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." En esas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo solicitado, sin que se advierta queja deficiente que suplir sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V, del artículo 79 de la Ley de Amparo, en relación con el acto reclamado identificado con el inciso A), del considerativo II de esta sentencia. A continuación, se procede al estudio del diverso acto reclamado identificado en el inciso B), del considerando II de esta sentencia, consistente la solicitud presentada por la parte quejosa ante la responsable el veintiuno de septiembre de dos mil veinte (derecho de petición). Suplido en su deficiencia la exposición de ese motivo de inconformidad, se estima fundado lo que esgrime la quejosa en tanto reclamó trasgresión a su derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Carta Magna. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral del escrito de demanda (capítulo V relativo a los hechos y abstenciones de los actos reclamados) se evidencia que la quejosa, expresamente señaló que la petición presentada ante la responsable en veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, "fue planteada con fundamento en el derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Carta Magna", por ende, se impone su análisis a la luz de dicho precepto constitucional. Así, el referido artículo 8° constitucional, en su segundo párrafo, establece: "[.] A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Como puede advertirse de esa porción normativa, el derecho humano de petición se compone de dos requisitos, a saber: 1) El dictado del acuerdo relativo a la petición; y, 2) La comunicación al interesado en breve término de la respuesta correspondiente, misma que deberá hacerse conforme a las disposiciones de la ley aplicable que rige el acto. Pues bien, de la documental que anexó la quejosa a su demanda, valorada conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo, merece valor probatorio pleno, se observa el escrito de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, firmado por la ahora quejosa, en el que solicitó a la autoridad responsable: "1.- Que se ordene la corrección de los incrementos suscitados en nuestras respectivas pensiones, en los años de 2017, 2018, 2019 y 2020. Habida cuenta que omitieron realizarlos observando lo establecido por el artículo quinto transitorio del Decreto #211. Ya que optaron por el porcentaje menor, de entre el aumento que tuvo salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora, y el aumento derivado de la negociación de los trabajadores del Estado de Sonora con éste. En tal virtud, deberá complementarse el incremento de esos cuatro años, a efecto de que, en cada uno de ellos, tomen en cuenta el porcentaje en el que aumentó el salario mínimo general para esta ciudad capital correspondiente. 2.- Que se ordene que, a partir de la respuesta a este escrito y en lo subsecuente, nos paguen nuestras pensiones ya actualizadas con base en el resultado derivado tanto de la corrección a los incrementos de los años 2017, 2018, 2019 y 2020, que deberán hacerse en los términos planteados en los dos puntos anteriores. 3.- Que se ordene que nos sean pagados los montos de las diferencias derivadas de la corrección en los incrementos de nuestras pensiones, durante los años de 2017, 2018, 2019 y 2020. Esta petición la hacemos en el entendido que debe de ordenarse el pago de todas aquellas diferencias que no hayan prescrito en términos del artículo 92 de la Ley número 38, al momento en el que estamos presentando este escrito. Así como que debe considerarse cada incremento -anual-, a partir del primero de enero de la anualidad correspondiente, tal como lo dispone el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento de Pensiones del ISSSTESON. 4.- Que se ordene que nos sean pagados los montos de las diferencias en los aguinaldos de los años 2017, 2018, 2019 y, en su caso, el del año de 2020, que se van a generar por virtud del incremento que tendrán nuestras pensiones, en los términos que planteamos en los puntos número 1 y 2, de este mismo apartado de peticiones. Al respecto, debe recordarse que, por concepto de aguinaldo, nos corresponde el equivalente a cuarenta días de nuestra cuota diaria pensionaria, conforme al artículo 60 Bis A, de la Ley número 38 del ISSSTESON. 5.- Que se ordene que el pago de las diferencias aludidas en los puntos número 3 y 4 de este apartado de peticiones, nos sean entregadas debidamente actualizadas. Para ello, deberá aplicarse el mecanismo previsto en el artículo 6, fracción ll, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta [.]." Asimismo, dicho escrito fue recibido ante la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Todo ello permite acreditar que la quejosa presentó por escrito en esa fecha una petición concreta a la autoridad responsable Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. No obstante lo anterior, no se cuenta con constancia que demuestre, que la responsable ya hubiere emitido respuesta congruentemente que corresponda a la solicitud que formulara la quejosa, y que decida si procede o no lo peticionado, acuerdo que evidentemente tampoco le ha sido notificado a la agraviada, no obstante que en su escrito señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, en el caso, calle Benito Juárez esquina con Gastón Madrid 67-D, planta alta, colonia Centro, Hermosillo, Sonora. Por tanto, no puede considerarse satisfecho el derecho humano de petición que en favor de la impetrante del amparo consagra el artículo 8° de nuestra Carta Magna, pues como fue apuntado en líneas precedentes, ese derecho fundamental se compone de dos requisitos, el primero en cuanto al dictado del acuerdo relativo a la petición, y el segundo, consistente en la obligación de la autoridad de hacerlo del conocimiento en breve término a la peticionaria. En el contexto que precede y toda vez que la autoridad responsable no ha dictado congruentemente con lo pedido, el acuerdo o resolución que determine si procede o no la petición ni ha comunicado a la quejosa el acuerdo o resolución que recayó a la solicitud que por escrito le presentó el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal impetrado, para los efectos que se precisarán en el considerando subsecuente. Por último, debe destacarse que similar decisión a la de esta sentencia adoptó el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Los Mochis, Ahome, Sinaloa, al resolver mediante ejecutoria de cuatro de agosto de dos mil veintidós, en el cuaderno auxiliar 381/2022, derivado del recurso de revisión 537/2021, del índice del tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, relativo al juicio de amparo 195/2021 del índice de este órgano jurisdiccional. Lo anterior, constituye un hecho notorio, que en términos de lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo segundo, puede ser invocado de oficio por este Juzgado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 10, Libro 55, junio de 2018, Tomo I, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente". Decisión En ese contexto, al haber resultados infundados los motivos de disenso, en relación con el acto reclamado identificado en inciso A) del considerando II, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal. Por otra parte, en relación con el acto identificado en inciso B) del considerando II, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de la Amparo, se concede la tutela constitucional para el efecto de que la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, una vez que se le notifique el oficio que contenga la determinación mediante la cual causó ejecutoria esta sentencia, realice lo siguiente: 1) Emita acuerdo o resolución de manera fundada, motivada y congruente en relación con lo solicitado por la aquí quejosa Gloria Castro Ramos, única y exclusivamente en relación con el escrito presentado en veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno ante la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; 2) En el entendido de que una vez resuelta la petición, deberá hacerlo del conocimiento en breve término a la referida quejosa, en el domicilio que señaló en el consabido escrito; y, 3) Una vez que se dé cumplimiento a lo anterior, deberá acreditarlo con las constancias relativas. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Gloria Castro Ramos, contra el acto identificado en inciso A) del considerando II, atribuido a la autoridad precisada en el considerando III, por los motivos expuestos en la primera parte del considerando V de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Gloria Castro Ramos, respecto del acto señalado en el inciso B), del considerando II, reclamado a la autoridad precisada en el diverso apartado III, por las razones expresadas en la parte final del considerando V, y para los efectos precisados en el considerando VI, de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/128/2023, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Recepción de testimonio de ejecutoria. Agréguese a los presentes autos el oficio 384 de cuenta suscrito por la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite los autos relativos al juicio de amparo en que se actúa, así como copia certificada de la resolución dictada en sesión de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, dentro del amparo en revisión 788/2021, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada el trece de julio de dos mil veintiuno, en este juicio de amparo, en el cual se resolvió: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se repone el procedimiento en el juicio de amparo indirecto 194/2021, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, promovido por Gloria Castro Ramos." Acúsese recibo de lo anterior al tribunal oficiante. Glósense las constancias originales que formen parte del expedientillo formado con motivo del recurso de revisión. Audiencia constitucional. En atención a lo determinado por el Tribunal oficiante, se repone el procedimiento y se señalan para la celebración de la audiencia constitucional las nueve horas con treinta y cuatro minutos del veinte de enero de dos mil veintitrés. Ahora bien, en cuanto a lo resuelto por el Tribunal Colegiado en lo que interesa y para mejor proveer, se reproduce lo siguiente: " (.) En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que procede es revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, a efecto de que el juez de Distrito emita un proveído en el cual ordene la notificación personal a la quejosa, debiendo requerir para que manifieste si es su deseo, o no, ampliar su demanda de derechos respecto del acta de sesión 708, de treinta de abril de dos mil veinte; hecho lo cual, prosiga con la substanciación del juicio, y, en su oportunidad, resuelva lo que en derecho corresponda, en relación con los actos reclamados que se tuvieron como tales en la presente ejecutoria, así como los que, en su caso, pudiesen ser materia de ampliación. (.)". Vista ampliación de la demanda. En cumplimiento a la ejecutoria del órgano colegiado, y a fin de brindar certeza y seguridad jurídica, y no generar estado de indefensión, dese vista al quejoso con el antedicho informe justificado, así como lo acordado en el presente proveído, para que en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si es su deseo o no ampliar su demanda de amparo en torno, a lo que se plasmó en párrafos precedentes y que fue considerado por el órgano plenario. Apercibido, que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, únicamente se continuará la secuela procesal por las autoridades y actos señalados en la demanda de amparo. Notifíquese; por oficio al citado órgano colegiado, a la autoridad responsable, personalmente a la parte quejosa y por lista las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    SE TIENE POR INTERPUESTO RECURSO DE REVISIÓN.

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