Gloria Arroyo Rodriguez
Expediente 962/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 962/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 04/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Gloria Arroyo Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio 264/2022 signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual remite los autos originales del presente juicio de amparo y el testimonio de la ejecutoria dictada el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en el toca de revisión 2/2022, relativo al recurso de revisión interpuesto por la quejosa Gloria Arroyo Rodríguez en contra de la resolución dictada el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Hágase del conocimiento de las partes la llegada de la ejecutoria de mérito, la cual se resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Se confirma la resolución recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo 962/2021 del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Gloria Arroyo Rodríguez." En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente al órgano colegiado oficiante, glósense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación interpuesto, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, toda vez que en auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno se ordenó el archivo del presente juicio de amparo al encontrarse totalmente concluido, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento y se ordena devolver a ese sitio, para los efectos legales procedentes. Notifíquese por lista a la quejosa; electrónicamente a los terceros interesados Ramón García Méndez, María de Jesús Díaz Luna, Juan Carlos Portillo Vázquez y Francisco Portillo Vázquez, por conducto de Felipe Tlatoa Ponce, autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; por oficio a la autoridad responsable, a la fiscal tercera interesada (a las foráneas, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción) y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81 fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. Ahora bien, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable Rosa Celia Pérez González, Jueza de Control de la Región Judicial Norte del Estado de Puebla, con sede en Zacatlán, como justificación a su informe, se ordena devolverle lo siguiente: ( Dos discos en formato Versátil Digital (DVD), relativos a los registros de audio y video de las audiencias celebradas el treinta y uno de agosto y trece de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 19/2021/ZACATLÁN. Para dar margen a lo anterior, se ordena agregar la certificación de desglose correspondiente en la foja en donde obra la mica que contiene los discos antes aludidos, para los efectos legales procedentes. Finalmente, toda vez que la referida autoridad responsable se encuentra fuera de la circunscripción de este órgano constitucional, requiérasele para que dentro del plazo de veinticuatro horas, computado legalmente, acuse recibo del oficio por el cual se le notifique el presente acuerdo junto con las constancias que se anexan. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a la quejosa; electrónicamente a los terceros interesados Ramón García Méndez, María de Jesús Díaz Luna, Juan Carlos Portillo Vázquez y Francisco Portillo Vázquez, por conducto de Felipe Tlatoa Ponce, autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; por oficio a la autoridad responsable, a la fiscal tercera interesada (a ésta, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción) y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los presentes autos el oficio 313 remitido por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tetela de Ocampo, Puebla -autoridad no responsable-, sin mayor proveído, ya que en auto de veintinueve de octubre, se tuvo por recibido y se acordó lo relativo al mismo. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio 313 remitido - vía correo electrónico institucional- por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tetela de Ocampo, Puebla -autoridad no responsable-, por medio del cual, devuelve debidamente diligenciado el despacho 482/2021 (orden 626/2021), de este Juzgado de Distrito, pues se advierte que mediante diligencias de diecinueve y veintiuno de octubre del año en curso, se practicó el emplazamiento de los terceros interesados Ramón García Méndez, María de Jesús Díaz Luna, Carlos Portillo Vázquez o Juan Carlos Portillo Vázquez y Francisco Portillo Vázquez al presente juicio de amparo. Por tanto, se tiene por hecha la diligencia encomendada, para los efectos legales a que haya lugar, dese de baja la comunicación oficial de mérito y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la quejosa Gloria Arroyo Rodríguez, mediante escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de Rosa Celia Pérez González, Jueza de Control de la Región Judicial Norte del Estado de Puebla, con sede en Zacatlán, y otra autoridad. Por acuerdo dictado el siete de octubre del año en curso, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 962/2021; asimismo, determinó lo siguiente: ....VII. Consideraciones y fundamentos 36. Para abordar el estudio del punto en contradicción que ha sido fijado con anterioridad, debe tenerse presente el contexto de la inclusión de los derechos de las víctimas u ofendidos en el orden constitucional y en el sistema de justicia penal mexicano, así como la línea jurisprudencial que esta Suprema Corte de Justicia ha desarrollado al interpretar y fijar el alcance de estos derechos. Reformas Constitucionales 37. La reforma al artículo 20 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, introdujo al texto fundamental el reconocimiento del derecho de las víctimas dentro de los procesos de orden penal. Con ella, se incluyó un párrafo en el que se establecía que, en todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún delito tiene derecho a recibir asesoría jurídica, a que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda, a coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le preste atención médica de urgencia cuando la requiera y a los demás que señalen las leyes. 38. Posteriormente, con la reforma publicada el veintiuno de septiembre del año dos mil, el constituyente permanente decidió precisar los derechos de las víctimas, pues, como admitió en su exposición de motivos, el afectado o víctima del delito todavía no estaba en posibilidad de ejercer plenamente los derechos que se le habían reconocido, por lo que estimó necesario profundizar la reforma constitucional de mil novecientos noventa y tres, ampliando el dispositivo que tutela a la víctima del delito. Para ello, incorporó un apartado B al artículo 20 constitucional que contuviera el catálogo de garantías y derechos fundamentales de la víctima u ofendido. 39. En dos mil ocho se hizo una nueva reforma en la materia, si bien ésta se destacó por el establecimiento de los principios generales del proceso penal acusatorio, con ella también se buscó avanzar en el fortalecimiento de los derechos fundamentales del ofendido o víctima del delito. 40. En la exposición de motivos de esta reforma se señaló que debía apostarse por un justo equilibro entre las prerrogativas que tienen el imputado, el ofendido y la sociedad en el enjuiciamiento criminal. Para lo cual, la víctima debe ser la protagonista en el proceso penal, ya que nadie como ella tiene el interés de defender el bien jurídico que se le ha afectado. 41. Por tal razón, se estimó necesario consolidar en la norma fundamental las garantías mínimas de que deben gozar el ofendido o víctima de algún delito, pues se afirmó que lo que ha impedido satisfacer su legítima demanda a una justicia penal es la falta de instrumentos que tiendan a proteger tal interés. 42. En consecuencia, la reforma al apartado C, del artículo 20 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, tuvo dentro de sus finalidades generar una mayor igualdad entre los participantes en el proceso penal, por lo que se extendieron los espacios para la participación activa de la víctima u ofendido dentro de las distintas etapas, se les otorgaron ciertas garantías para asegurar su no re-victimización, además de que se reconoció la necesidad de otorgarles una atención integral por las afecciones que pudo generarles el ilícito. Desarrollo Jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 43. Este tribunal constitucional ha dictado criterios jurisprudenciales que interpretan el alcance de los derechos de las víctimas u ofendidos dentro del proceso penal. Si bien, todavía no se ha manifestado expresamente sobre el derecho de éstos a interponer el recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso, a la luz del Código Nacional de Procedimientos Penales; lo cierto es que ha emitido diversas pautas acerca de la forma en que deben de ser comprendidos los derechos de las víctimas relacionados con la reparación del daño y el acceso a la justicia, en su vertiente relativa a contar con la posibilidad de promover un recurso efectivo, sencillo y de fácil acceso. 44. De forma concreta, al resolver el amparo directo 10/2012, la Primera Sala determinó que considerar que la legitimación de la víctima para el recurso de apelación esté constreñida sólo a los actos que tengan vinculación directa con la reparación del daño, haría nugatorios los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal cuya motivación legislativa fue la de rescatar al ofendido o víctima del delito del olvido normativo en que se encontraba. 45. En esa sentencia, se advirtió que existen múltiples actos procesales que si bien no afectan en forma directa la reparación del daño, sí implican que tal reparación no ocurra por afectar la pretensión reparatoria. Un ejemplo, son la orden de aprehensión y el auto de formal prisión que constituyen actuaciones que, a pesar de que no se pronuncian sobre la pena pública de reparación del daño, tienen una relación directa con ella, porque si como consecuencia de los medios de impugnación que promueva el imputado se genera el cese de los efectos jurídicos producidos por dichos actos, ello se traduce en que la posibilidad de obtener la reparación del daño se afecte. 46. Por tanto, concluyó que la víctima u ofendido del delito tiene legitimidad para interponer el recurso de apelación, con el carácter de coadyuvante del Ministerio Público, contra resoluciones que aunque no estén vinculadas directamente con la reparación del daño, de forma indirecta incidan en la garantía constitucional que consagra el derecho a recibirla. 47. Asimismo, al resolver el amparo directo en revisión 1814/2015 -previo a la emisión del Código Nacional- esta Primera Sala realizó un estudio de constitucionalidad del artículo 417 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que establecía que únicamente tendrían derecho de apelar el ofendido o sus legítimos representantes, cuando coadyuvaran en la acción reparadora y sólo en lo relativo a ésta. 48. En este caso, con base en una interpretación extensiva del artículo 17, párrafo segundo, en relación con la fracción IV, del apartado C, del artículo 20, ambos de la Constitución Federal, se estableció que las víctimas u ofendidos pueden inconformarse en contra de aquellas determinaciones que afecten sus derechos constitucionales a la impartición de justicia y reparación del daño. 49. En ese tenor, se afirmó que la víctima o el ofendido en el proceso penal no están legitimados únicamente para interponer la apelación en defensa de aquellas violaciones relacionadas directamente con la reparación del daño, sino que es procedente que acudan a ese recurso en defensa de cualquier otro de los derechos fundamentales que en su favor consagre el artículo 20 constitucional; así como de cualquier otro derecho humano consagrado en los tratados internacionales en los que México sea parte, conforme a lo que establece el primer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Federal. 50. Por último, al emitir la jurisprudencia por reiteración 1a./J. 79/2015 (10a.), mediante la cual esta Primera Sala interpretó el artículo 353 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, expresamente sostuvo que la víctima u ofendido del delito tiene derecho a interponer el recurso de apelación contra las sentencias intermedias y definitivas en el proceso penal, aun cuando la ley no lo legitime para ello. 51. Así, en dicha tesis expuso que considerar que la legitimación para impugnar las resoluciones intermedias y definitivas en el proceso penal está únicamente constreñida al Ministerio Público, imputado y defensores, como lo hace el artículo 353 del código referido, haría nugatorios los derechos humanos de la víctima u ofendido del delito, establecidos con el propósito de mejorar su situación jurídica y afianzar su participación activa en el proceso, principalmente para obtener la reparación del daño que el hecho típico les originó. Llegando a la conclusión de que la víctima u ofendido del delito derivados de un proceso penal, no pueden hacerse nugatorios por un deficiente o insuficiente desarrollo normativo por parte del legislador secundario. 52. Finalmente, en el amparo directo en revisión 5530/2014, esta Primera Sala reiteró que la víctima u ofendido del delito se encuentran legitimados para hacer valer lo que a su derecho corresponda no sólo en relación con la reparación del daño, sino también respecto de apartados distintos como son los relacionados con los presupuestos de acreditación del delito, la demostración de la plena responsabilidad penal del sentenciado y la individualización de sanciones. 53. Como puede apreciarse, la tendencia jurisprudencial de la Sala ha sido en el sentido de reconocer una mayor participación de la víctima u ofendido del delito, no sólo en lo que respecta al proceso penal, sino también dentro del juicio de amparo. En particular, los precedentes de esta Suprema Corte permiten concluir que la víctima u ofendido del delito tiene legitimación para interponer los recursos de ley, cuando se reclamen aspectos no sólo relacionados con la reparación del daño, sino también con apartados del derecho a la verdad y un acceso efectivo a la justicia. 54. Cabe señalar que esta interpretación es acorde a la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ha señalado que de conformidad con el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, "los Estados tienen la obligación de garantizar que, en todas las etapas de los respectivos procesos, las víctimas puedan hacer planteamientos, recibir informaciones, aportar pruebas, formular alegaciones y, en síntesis, hacer valer sus intereses". Lo cual, de acuerdo con el tribunal interamericano, tiene la finalidad de hacer efectivo su "acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad de lo ocurrido y el otorgamiento de una justa reparación". 55. Así, la Corte Interamericana ha sido enfática en señalar que los Estados firmantes del Pacto tienen el deber ineludible de adecuar su marco normativo interno de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, incluye no sólo lo relativo a los procesos jurisdiccionales, sino también al Texto Constitucional y todas las disposiciones jurídicas de carácter secundario o reglamentario, de tal forma que pueda traducirse en la efectiva aplicación práctica de los estándares de protección de los derechos humanos. 56. Aunado a lo anterior, es importante mencionar que el derecho de las víctimas a ser escuchadas en todo el proceso penal, incluyendo recursos ordinarios y extraordinarios, se encuentra igualmente reconocido en la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil trece. Dicho ordenamiento en su artículo 10 expresamente señala que: ...VIII. Criterio que debe prevalecer 60. Establecido el marco constitucional y legal respecto de los derechos de la víctima u ofendido en el proceso penal acusatorio, toca establecer que el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia es el relativo a que las víctimas u ofendidos sí tienen legitimación para impugnar, a través del recurso de apelación, en términos del artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, los autos de no vinculación a proceso, ya que en términos del apartado C del artículo 20 de la Constitución Federal, dicha resolución sí afecta, de manera indirecta, la reparación del daño, en los casos de delitos en los que proceda; de igual forma, porque con el hecho de que las víctimas u ofendidos puedan interponer recurso de apelación en contra de dicha resolución se asegura su derecho de acceso a la justicia. 61. Lo anterior, porque, con independencia de que el auto de no vinculación a proceso no hace referencia expresa a esos derechos, lo cierto es que sí genera un efecto indirecto sobre ellos. Para corroborar esta afirmación, es necesario interpretar lo que establecen los artículos 318 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de los que se advierte que con la no vinculación, no se continuará con la investigación, en su fase complementaria, lo que impedirá que se lleve a cabo la etapa de juicio, en la que, de ser el caso, se declararía la culpabilidad del acusado y su correspondiente condena de reparar el daño. Entonces, resulta claro que el auto de no vinculación a proceso cancela de facto que la reparación del daño ocurra. 62. Si bien, el Ministerio Público puede seguir la investigación y formular una nueva imputación, ello dependerá de que éste decida ejercer sus facultades para tal efecto. 63. Ahora, la legitimación de la víctima u ofendido del delito para interponer recurso de apelación, también asegura su derecho de acceso a la justicia, pues a través de una revisión, por parte del tribunal de alzada, de la decisión de no vincular a proceso se controla la legalidad de la misma, pues dadas las consecuencias que trae consigo dicha determinación (y a la que nos hemos referido en párrafos que anteceden) debe asegurarse que la misma se actualice sólo en los casos en que efectivamente no existen elementos para continuar con la investigación. 64. Una vez que se ha establecido que, el auto de no vinculación a proceso afecta, de manera indirecta, la reparación del daño, podemos concluir que éstos sí están legitimados para interponer el recurso de apelación en contra de tal determinación, en términos del artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello, en virtud de que dicha norma los faculta expresamente para impugnar aquellas determinaciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito y además porque con dicha legitimación se asegura su derecho de acceso a la justicia. Derecho que pueden ejercer aunque no se hayan constituido como coadyuvantes del Ministerio Público. 65. Se adopta esta decisión, porque es la que mejor garantiza el respeto y cumplimiento de los derechos de acceso a la justicia y de reparación del daño de las víctimas u ofendidos por un ilícito de índole penal, mismos que se encuentran ubicados dentro del apartado material del ordenamiento de mayor jerarquía de nuestro sistema jurídico. 66. Finalmente, en congruencia con los criterios sostenidos anteriormente por esta Primera Sala es que se concluye que la víctima u ofendido del delito, tienen legitimación para interponer, de manera directa y sin necesidad de constituirse como coadyuvantes del Ministerio Público, el recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso, en términos del artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que de hacer valer dicho recurso, el tribunal de alzada deberá admitirlo, darle trámite y resolverlo. 67. Por lo antes expuesto, esta Primera Sala considera que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que a continuación se enuncia: (.)" Tema 3. Sentado lo anterior, se tiene que en audiencia inicial celebrada el trece de septiembre de dos mil veintiuno, en la causa penal 19/2021/ZACATLÁN, la jueza de control responsable decidió no vincular a proceso a los imputados Ramón García Méndez, María de Jesús Díaz Luna, Juan Carlos Portillo Vázquez y Francisco Portillo Vázquez, por los hechos con apariencia del delito de despojo, previsto y sancionado por el artículo 408, fracción I y último párrafo, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, que se dijeron se cometieron en agravio de Gloria Arroyo Rodríguez -ahora quejosa-. Por tanto, previo a la promoción del juicio de amparo y en observancia al principio de definitividad analizado, la citada quejosa -víctima en el controvertido penal de origen- debió impugnar tal determinación a través del recurso de apelación, contemplado en el artículo 467, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuenta habida que, como se vio en líneas precedentes, se encuentra legitimada para tales efectos. Luego, es menester dejar claro que en el caso concreto no se actualiza alguno de los supuestos de excepción antes precisados para no agotar el citado medio de impugnación, pues basta imponerse del auto reclamado para estimar que: 1. No es un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2. No consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, en un auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, una resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, una resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, una orden de arresto ni cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, descartando de esta excepción a la sentencia definitiva en el proceso penal; 3. La quejosa no se trata de persona extraña al procedimiento, pues es la parte ofendida de origen; 4. No se trata de un auto de vinculación a proceso; ni, 5. La procedencia del recurso de apelación -antes analizado- se sujeta a interpretación adicional o su fundamento legal es insuficiente para determinarla. En consecuencia, al actualizarse, de manera manifiesta, notoria e indudable, la causal de improcedencia estudiada -incumplimiento al principio de definitividad-, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia este juicio constitucional por cuanto al auto de no vinculación a proceso dictado el trece de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 19/2021/ZACATLÁN. No es obstáculo para arribar a esa conclusión, que la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -de diez de junio de dos mil once- implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, porque ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. No se desatiende que a la fecha en que se dicta la presente determinación no han transcurrido los ocho días de vista que se concedieron a las partes con el informe justificado rendido por la jueza de control responsable, en términos del artículo 117 de la ley de la materia, lo que podría constituir una violación a las reglas del procedimiento del juicio, en términos del artículo 93, fracción IV, de la propia ley. No obstante ello, debe indicarse que la causal de improcedencia que ahora se analiza se actualizó de manera manifiesta, notoria e indudable, por lo que el juez de Distrito se encuentra en aptitud de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, habida cuenta que al ser la improcedencia del juicio de amparo una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. En ese sentido, en aras de cumplir con la garantía de prontitud en la administración de justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es factible decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del juicio aun y cuando no haya fenecido la vista otorgada en términos del aludido artículo 117, pero siempre que la actualización de la causa de improcedencia sea manifiesta, notoria e indudable. De modo que, de interpretar de manera rigorista la indicada fracción IV, del artículo 93, implicaría desconocer el aludido principio, pues a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para respetar la aludida vista, cuando resulte incuestionable que a partir de la revisión de las constancias recabadas en el juicio se aprecie la causa de inviabilidad analizada. Además, conllevaría desconocer la figura del sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, del que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, señaló es procedente decretar cuando la causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. Estimar lo contrario -afirmó-, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al aludido artículo 17 Constitucional, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En suma, la quejosa, en términos del artículo 93, fracción VII, de la Ley de Amparo, tendrá la oportunidad de ofrecer los elementos de prueba que considere conducentes para desestimar la causal de improcedencia ante el Tribunal Colegiado, en caso de que se recurra esta determinación por medio del recurso de revisión. Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con veintiocho minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno; comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, agréguese a los presentes autos, para que surta los efectos legales conducentes, el escrito signado por la quejosa Gloria Arroyo Rodríguez y, en atención a su contenido, téngasele realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos; al respecto, dígase a la promovente que los mismos no pueden tomarse en consideración, pues en líneas precedentes se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de derechos fundamentales. Notifíquese personalmente a la quejosa en el domicilio señalado en la demanda de amparo; electrónicamente a los terceros interesados Ramón García Méndez, María de Jesús Díaz Luna, Juan Carlos Portillo Vázquez y Francisco Portillo Vázquez, por conducto de Felipe Tlatoa Ponce, autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; por oficio a la autoridad responsable, a la fiscal tercera interesada (a estas autoridades foráneas, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción) y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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