Gloria Angelica Salgado Manjarrez
Expediente 954/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 19 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 954/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 11/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Gloria Angelica Salgado Manjarrez
- Héctor Francisco Monsalvo Ayala Representante Especial
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a once de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación con que se da cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido el auto de treinta de agosto de dos mil veintitrés, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Causa ejecutoria En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que el acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintitrés, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Se ordena archivo Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción, por lo que pasados los tres años que refiere el referido artículo, deberá destruirse el presente cuaderno y hacerse constar en el acta de baja documental respectiva. Asimismo del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Incidente de suspensión Por otro lado, en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, se advierte que se concedió la medida cautelar; por tanto con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), del precitado acuerdo, se declara que dicho cuaderno es de naturaleza conservable, por lo que pasados los tres años a que se refiere el referido artículo, deberá remitirse a los depósitos documentales dependientes del Área Coordinadora de archivos. En ese sentido, se ordena glosar a los autos el cuadernillo correspondiente al incidente de suspensión respectivo. Devolución de constancias En virtud de tratarse de un asunto totalmente concluido, se ordena devolver al Juez Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, las documentales que exhibió en el presente asunto, consistentes en nueve anexos; en el entendido que la constancia que se emita con motivo de su envío, a su vez será el acuse de recibo correspondiente. Por otro lado, se comisiona al secretario encargado del presente expediente, verificar que todas y cada una de las constancias y documentos del expediente físico se encuentren digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, en el entendido que tratándose de constancias y documentos electrónicos, no será necesaria su incorporación al expediente físico. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico correspondiente y procédase a la captura del presente proveído en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que se lleva en este Juzgado Federal, asimismo con fundamento en el segundo párrafo del artículo 34 del mencionado acuerdo general, deberá hacerse constar la leyenda "Conservable", en la carátula de este expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la notificación electrónica realizada al representante especial ********************, registrada con el folio 6091, se desprende que por ese medio se le hizo del conocimiento el contenido del acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintitrés, el cual fue ordenado notificar personalmente. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, se advierte que mediante acuerdo de diecinueve de julio del año en curso, se tuvo como domicilio procesal de dicho representante especial, el que señaló en su escrito de aceptación del cargo conferido, este es en las oficinas que ocupa el Área de Asesoría Jurídica de la Delegación Morelos del Instituto Federal de la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, ubicadas en el Palacio de Justicia Federal, Torre "A", primer piso, Boulevard del Lago, número 103, colonia Villas Deportivas, Delegación Miguel Hidalgo, Cuernavaca, Morelos. En ese sentido, se comisiona a uno de los fedatarios adscritos a este juzgado de Distrito, para que se constituya en el domicilio antes referido, y notifique al representante especial ********************, el acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintitrés, dictado en este juicio de amparo. Notifíquese; y, personalmente al representante especial ********************, en los términos indicados.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Juez Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, por tal motivo, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales que se adjuntan como justificante del informe, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional, con las cuales se ordena formar nueve anexos de pruebas, para su resguardo por separado y tener un mejor manejo del expediente en que se actúa. Por otro lado, visto el estado procesal que guarda el presente asunto y de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, que dispone el sobreseimiento del juicio de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Antes de definir la causa que hace el sobreseimiento de este juicio amparo, resulta necesario precisar que, en la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: I. Del Juez Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos: La resolución de siete de junio de dos mil veintitrés, emitida en el expediente ********************, por la cual se ordena la evaluación psicológica al menor de iniciales******************** II. De ********************, en su carácter de perito en psicología, adscrita al Departamento de Orientación Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos: La ejecución de la resolución reclamada. Por otra parte, de conformidad con la certificación secretarial que antecede, se advierte que este juzgado de Distrito conoce del juicio de amparo ********************, promovido por********************, en representación del niño de iniciales********************, (aquí quejosa) en el que reclamó: I. Del Juez Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos: La resolución de cinco de octubre de dos mil veintidós, emitida en el expediente ********************, por la cual se ordena la evaluación psicológica al menor de iniciales******************** II. De ********************, en su carácter de perito en psicología, adscrita al Departamento de Orientación Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos: La ejecución de la resolución reclamada. A tal demanda recayó auto admisorio de ocho de noviembre de dos mil veintidós, y seguido el trámite correspondiente, este órgano de control constitucional dictó sentencia el tres de febrero de dos mil veintitrés, terminada de engrosar el trece del mismo mes y año, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia a la parte quejosa para que el Juez Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, realizara lo siguiente: "1) Deje sin efectos el auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, por el cual ordenó la preparación de la prueba pericial en materia de psicología a cargo del menor en cuestión. 2) Emita uno diverso en el que toda vez que el citado medio probatorio puede implicar daños de imposible reparación respecto del menor involucrado, tome en consideración que el psicólogo ******************** concluyó con la entrevista y batería de pruebas aplicadas al menor, respecto de las cuales no existe interpretación para la integración del dictamen, y determine si existe necesidad de que se realice una nueva valoración del menor quejoso a la ya existente. 3) De considerar necesaria se realice nuevamente la valoración del menor para la prueba pericial en materia de psicología, proveer los lineamientos a efecto de su desahogo concentrado, es decir, en un sola fecha, para que tenga un mínimo impacto para el menor en cuestión; asimismo, para que la misma se desahogue cumpliendo los requisitos y parámetros establecidos en esta sentencia". La sentencia de referencia, causó ejecutoria el siete de marzo de dos mil veintitrés y el veintiséis de abril del mismo año, este órgano jurisdiccional decretó el cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, al determinarse: "De las constancias precisadas se desprende que, la Jueza Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante auto de once de abril de dos mil veintitrés, dictado en el Incidente de Cambio de Guarda y Custodia, promovido por Marco Antonio Jiménez Hernández en contra de********************, en los autos del expediente número ********************, relativo al juicio Especial de Divorcio Incausado, dejó sin efectos el auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, por el cual ordenó la preparación de la prueba pericial en materia de psicología a cargo del menor de iniciales ********************; y dictó uno nuevo en el que, a fin de salvaguardar el interés superior del menor, previo al desahogo de la prueba pericial en psicología a cargo de ********************, requirió a la citada perito, a fin de que le informara si era posible realizar el dictamen encomendado a través de la interpretación de la entrevista realizada al menor y la batería de pruebas realizadas por el psicólogo ********************; además, le hizo del conocimiento que de considerarlo necesario se realizara nuevamente la valoración del menor para la prueba pericial en materia de psicología, respetando los lineamientos de la presente ejecutoria de amparo, a efecto de que su desahogo sea concentrado, es decir, en un sola fecha; por tanto, este Juzgado de Distrito tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo". Lo resaltado es propio. Sin embargo, por auto de veintiséis de mayo del mismo año, se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de inconformidad en contra del referido proveído, correspondiendo conocer de dicho asunto al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, bajo el número de toca ********************, el cual mediante ejecutoria de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, resolvió fundada la inconformidad, bajo los siguientes lineamientos: ".Manifestaciones que resultan fundadas. Se sostiene lo anterior, pues no obstante, como se razonó en el proveído recurrido, su primer efecto -inciso 1)- se encuentra cumplido, pues el juez responsable, en acuerdo de once de abril último, dejó sin efecto el acto reclamado; sin embargo, como lo alega la disconforme, no cumplió a cabalidad con el segundo y tercero -incisos 2) y 3)-. Así se sostiene, pues respecto del efecto segundo, pese a que en el nuevo fallo emitido en cumplimiento a la ejecutoria de amparo que se revisa, consideró que el menor quejoso, había sido evaluado por el psicólogo ********************, como se desprendía del oficio ********************, signado por la Directora del Departamento de Orientación Familiar, mediante el cual hizo del conocimiento que dicho psicólogo, concluyó la entrevista, así como la batería de pruebas aplicadas al menor, faltando únicamente la interpretación de las mismas. Sin embargo, no determinó si existía la necesidad de que se realizara una nueva valoración del menor quejoso a la ya existente. Se formula tal aserto, en razón que, previo a ordenar la preparación de la pericial en psicología a cargo de la perito señalada como autoridad responsable -quien debía continuar con las labores que venía desempeñando el experto citado con antelación, conforme al oficio ********************, suscrito por la Directora del Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos-, el juez responsable estimó requerirla para que dentro del término otorgado, informara si era posible realizar el dictamen encomendado a través de la entrevista aplicada al menor de mérito, y la batería de pruebas realizada por el referido psicólogo ********************, o en caso de ser necesaria la realización de las mismas, manifestara las causas por las cuáles, estimara indispensable una nueva entrevista y aplicación de batería de pruebas, explicando de manera detallada sus razones. Apercibida en caso de no cumplir, se haría acreedora a una medida de apremio. De donde deriva que, no acató a cabalidad el efecto dos de la ejecutoria de amparo, pues no razonó de manera fundada y motivada, si existía la necesidad de que se realizara una nueva valoración del menor quejoso a la ya existente; sino que ello lo supeditó al desahogo que haga la perito requerida, respecto de, si es posible realizar el dictamen encomendado a través de la entrevista aplicada al menor, y la batería de pruebas realizada por el psicólogo ********************, o bien, de ser necesaria la realización de las mismas, manifestara las causas de ello, explicando de manera detallada sus razones. En ese tenor, que dicho efecto no esté cabalmente cumplido, al quedar supeditado al desahogo en comento, a lo que expresa dicha experta; pues será a partir de este, que el juez tendrá que razonar de manera fundada y motivada, si existe o no la necesidad de que se realice una nueva valoración del menor quejoso a la ya existente. Tan es así, que en el acuerdo dictado en cumplimiento al fallo protector, no razonó si existía o no dicha necesidad. De ahí lo fundado de los agravios expuestos por la inconforme, en la parte antes analizada. Lo mismo sucede, respecto del efecto número tres, relativo a que, de considerarse necesario que se realice nuevamente la valoración del infante, para el verificativo de la prueba en psicología de que se trata, provea los lineamientos para su desahogo concentrado, es decir, en una sola fecha, para que tenga un mínimo impacto para el menor en cuestión; y para que se verifique cumpliendo los requisitos y parámetros establecidos en la sentencia de amparo. . Empero, lo cierto es, que tales lineamientos deberán proveerse una vez que determine de manera fundada y motivada, que existe la necesidad de que se realice una nueva valoración al menor, de la ya existente; pues acordada dicha necesidad, entonces, deberá establecer dichos lineamientos materia de la ejecutoria de amparo, esto es, que su desahogo se realice de manera concentrada, esto es, en una sola fecha, para que tenga un mínimo impacto para el menor en cuestión; y para que se desahogue cumpliendo los requisitos y parámetros establecidos en dicha ejecutoria. En esa tesitura, se concluye que el tercer efecto, tampoco fue debidamente acatado." En ese sentido, se requirió a la autoridad responsable, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En atención a lo anterior, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional, la Juez responsable remitió copia certificada de la resolución de veintidós de agosto actual, emitida en el expediente ********************, de la que se advierte que dejó insubsistente el auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, y dictó uno nuevo, en acatamiento a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, dictada en la inconformidad civil ********************, por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, motivo por el cual, solicitó diversa información al perito ********************, a fin de que pudiera determinar fundada y motivamente con relación a la necesidad o no de que el niño de iniciales******************** sea nuevamente evaluado. El aludido expediente se tiene a la vista y se toma en consideración para emitir la presente determinación, en términos de lo que establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, ya que constituye un hecho notorio que este juzgado de Distrito tenga conocimiento sobre la tramitación de un juicio constitucional por razón de su actividad como órgano jurisdiccional. Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que se actualiza la causal manifiesta e indudable de improcedencia 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. Al respecto, cabe mencionar que dicha causal de improcedencia se encuentra prevista de la siguiente manera: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; (.)" Del precepto legal transcrito, se advierte, que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de amparo, pues tanto las resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional, no pueden ser reclamados mediante diverso juicio de esta naturaleza, porque ello implicaría la coexistencia de juicios de amparo contra actos de otros juicios de amparo. Lo anterior es así, tomando en cuenta que a los Jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de amparo; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en otro juicio de amparo, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional; pues en todo caso, si al tramitar o resolver un juicio de amparo se incurre en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece, los que pueden ser interpuestos por el afectado, incluso, aunque no sea parte en el juicio respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuya sinopsis dice lo siguiente: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal." Conforme a lo anterior, se colige que el auto de siete de junio de dos mil veintitrés (auto reclamado en el presente juicio de amparo), el cual tuvo por desahogado el requerimiento realizado a ********************, psicóloga adscrita al departamento de orientación familiar, quien manifestó la necesidad de valorar nuevamente en la especialidad psicológica al niño de iniciales********************, por lo que se ordenó su desahogo; lo hizo como autoridad responsable, en cumplimiento a la sentencia dictada en los autos del diverso amparo ********************, ello al constituir una consecuencia directa del diverso auto de once de abril de dos mil veintitrés, en el que se dejó sin efectos el auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, por el cual ordenó la preparación de la prueba pericial en materia de psicología a cargo del menor de iniciales ********************; y dictó uno nuevo en el que, previo al desahogo de la prueba pericial en psicología a cargo de ********************, requirió a la citada perito, a fin de que le informara si era posible realizar el dictamen encomendado a través de la interpretación de la entrevista realizada al menor y la batería de pruebas realizadas por el psicólogo ********************; además, se le hizo del conocimiento que de considerarlo necesario se realizara nuevamente la valoración del menor para la prueba pericial en materia de psicología, respetando los lineamientos de la ejecutoria de amparo, a efecto de que su desahogo fuera concentrado, es decir, en un sola fecha. Por lo que se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que no es jurídico que en contra de resoluciones dictadas en un juicio de amparo proceda uno diverso, porque de ser así se originaría una cadena interminable de juicios de esa naturaleza. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 107/2015, publicada en la página 453, Libro 22, Septiembre de dos mil quince, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de texto y sinopsis siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En la jurisprudencia 2a./J. 4/90 (*), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, determinó que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional; tal criterio se confirmó en el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, para efectos de esa ley, el juicio inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo en ambas legislaciones, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor." En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. No obstante lo anterior, de considerarse no se actualiza la citada causal de improcedencia, se advierte que también se actualiza la diversa prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Al respecto, resulta necesario precisar que la referida causa de improcedencia se puede actualizar en diversos supuestos, a saber: Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial. De lo anterior, se puede decir que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho violado. De esta manera, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al finalizar su actuación, lo que implica no solo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, dado que es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia en comento se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; cuando es de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Tal supuesto ha sido interpretado por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los siguientes criterios: Jurisprudencia P./J. 54/2001 del Pleno del Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 882, Tomo XIII, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro electrónico 190021, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 38, Tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro electrónico 193758, que estatuye lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la jurisprudencia, también de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro electrónico 196820, cuyo contenido es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." 2) El otro supuesto que se prevé en la fracción en estudio, se actualiza cuando se da la sustitución procesal, la que se origina por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Sobre tal hipótesis, y de manera ilustrativa, la Primera Sala y la entonces Tercera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han precisado, en criterios aislados sobre el particular, lo siguiente: El de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra publicado en la página 158, Volumen 145-150, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con registro electrónico 234693, del tenor siguiente: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." El diverso criterio, es decir, el de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está visible en la página 2466, Tomo LXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con registro electrónico 353232, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la ley que lo reglamenta." En el caso que ocupa la atención de este órgano de control constitucional, la hipótesis que interesa es la contenida en el segundo apartado, por lo que a efecto de corroborar que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, conviene decir que el acto reclamado, consistente en la resolución de siete de junio de dos mil veintitrés, emitida en el expediente ********************, por la cual se ordena la evaluación psicológica al menor de iniciales********************, ha sido sustituido por la resolución de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, en la que se advierte que dejó insubsistente el auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, y dictó uno nuevo, en acatamiento a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, dictada en la inconformidad civil ********************, por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, motivo por el cual, solicitó diversa información al perito ********************, a fin de que pudiera determinar fundada y motivamente con relación a la necesidad o no de que el niño de iniciales******************** sea nuevamente evaluado, en consecuencia dicho acto ha dejado de tener efectos legales propios, por lo que resultaría ocioso el análisis de la constitucionalidad de dicho acto. De lo anterior, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la resolución de siete de junio de dos mil veintitrés, emitida en el expediente ********************, por la cual se ordena la evaluación psicológica al menor de iniciales********************; ya que dicha determinación quedó procesalmente sustituida por la resolución de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, en la que previo a determinar lo conducente, solicitó diversa información al perito ********************, a fin de que pudiera determinar fundada y motivamente con relación a la necesidad o no de que el niño de iniciales******************** sea nuevamente evaluado. Máxime que, la evaluación del menor antes precisado, se encuentra subjudice a lo que determine nuevamente el Juez de origen, en base a la información solicitada en la resolución de veintidós de agosto de dos mil veintitrés. De esta manera, la resolución de siete de junio de dos mil veintitrés, emitida en el expediente ********************, por la cual se ordena la evaluación psicológica al menor de iniciales********************, dejó de tener vigencia; pues, se insiste, fue sustituida por la resolución de veintidós de agosto de dos mil veintitrés. En efecto, la primera determinación quedó procesalmente sustituida, dado que con motivo del juicio de amparo ********************, se emitió la resolución de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, en la que previo a determinar lo conducente, se solicitó diversa información al perito ********************, a fin de poder determinar fundada y motivamente con relación a la necesidad o no de que el niño de iniciales******************** sea nuevamente evaluado. De lo anterior, se advierte que han cesado los efectos de la resolución reclamada, dado que la misma quedó procesalmente sustituida. De esta manera, el acto reclamado ha dejado de tener vigencia con motivo de la resolución de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, pues esta substituyó procesalmente al acto reclamado Es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia XVII.5o. J/1, sostenida por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 998, Tomo XV, abril de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 187330, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AMPARO DIRECTO. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RELATIVO, CUANDO LO QUE SE RECLAMA ES LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SI ÉSTA FUE PREVIAMENTE RECURRIDA EN LA APELACIÓN. Cuando en amparo directo se reclama la sentencia de primera instancia, o se vierten conceptos de violación en contra de lo resuelto en ese fallo, si previamente fue recurrido en apelación, en dicho supuesto se actualiza la hipótesis de improcedencia a que se refiere la fracción XVI del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, pues en tal caso cesaron los efectos de aquella sentencia, al haber sido sustituida por la de segunda instancia que resolvió el recurso de apelación, pues la subsistencia, modificación o revocación de la de primer grado, deriva de lo resuelto en la alzada; por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia mencionada, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto del acto reclamado al Juez de primera instancia, con apoyo en la fracción III del artículo 74 de la propia ley en cita." En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, contra el acto reclamado, procede sobreseer en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que las causales de sobreseimiento invocadas, son notorias e indudables, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar las citadas causales. En ese sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese; y, personalmente a las partes. Lo proveyó y firma, Nelson Loranca Ventura, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Claudia Gabriela Domínguez López, Secretaria que autoriza y da fe.Cuernavaca, Morelos, a treinta de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Juez Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, por tal motivo, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales que se adjuntan como justificante del informe, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional, con las cuales se ordena formar nueve anexos de pruebas, para su resguardo por separado y tener un mejor manejo del expediente en que se actúa. Por otro lado, visto el estado procesal que guarda el presente asunto y de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, que dispone el sobreseimiento del juicio de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Antes de definir la causa que hace el sobreseimiento de este juicio amparo, resulta necesario precisar que, en la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: I. Del Juez Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos: La resolución de siete de junio de dos mil veintitrés, emitida en el expediente ********************, por la cual se ordena la evaluación psicológica al menor de iniciales******************** II. De ********************, en su carácter de perito en psicología, adscrita al Departamento de Orientación Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos: La ejecución de la resolución reclamada. Por otra parte, de conformidad con la certificación secretarial que antecede, se advierte que este juzgado de Distrito conoce del juicio de amparo ********************, promovido por********************, en representación del niño de iniciales********************, (aquí quejosa) en el que reclamó: I. Del Juez Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos: La resolución de cinco de octubre de dos mil veintidós, emitida en el expediente ********************, por la cual se ordena la evaluación psicológica al menor de iniciales******************** II. De ********************, en su carácter de perito en psicología, adscrita al Departamento de Orientación Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos: La ejecución de la resolución reclamada. A tal demanda recayó auto admisorio de ocho de noviembre de dos mil veintidós, y seguido el trámite correspondiente, este órgano de control constitucional dictó sentencia el tres de febrero de dos mil veintitrés, terminada de engrosar el trece del mismo mes y año, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia a la parte quejosa para que el Juez Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, realizara lo siguiente: "1) Deje sin efectos el auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, por el cual ordenó la preparación de la prueba pericial en materia de psicología a cargo del menor en cuestión. 2) Emita uno diverso en el que toda vez que el citado medio probatorio puede implicar daños de imposible reparación respecto del menor involucrado, tome en consideración que el psicólogo ******************** concluyó con la entrevista y batería de pruebas aplicadas al menor, respecto de las cuales no existe interpretación para la integración del dictamen, y determine si existe necesidad de que se realice una nueva valoración del menor quejoso a la ya existente. 3) De considerar necesaria se realice nuevamente la valoración del menor para la prueba pericial en materia de psicología, proveer los lineamientos a efecto de su desahogo concentrado, es decir, en un sola fecha, para que tenga un mínimo impacto para el menor en cuestión; asimismo, para que la misma se desahogue cumpliendo los requisitos y parámetros establecidos en esta sentencia". La sentencia de referencia, causó ejecutoria el siete de marzo de dos mil veintitrés y el veintiséis de abril del mismo año, este órgano jurisdiccional decretó el cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, al determinarse: "De las constancias precisadas se desprende que, la Jueza Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante auto de once de abril de dos mil veintitrés, dictado en el Incidente de Cambio de Guarda y Custodia, promovido por Marco Antonio Jiménez Hernández en contra de********************, en los autos del expediente número ********************, relativo al juicio Especial de Divorcio Incausado, dejó sin efectos el auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, por el cual ordenó la preparación de la prueba pericial en materia de psicología a cargo del menor de iniciales ********************; y dictó uno nuevo en el que, a fin de salvaguardar el interés superior del menor, previo al desahogo de la prueba pericial en psicología a cargo de ********************, requirió a la citada perito, a fin de que le informara si era posible realizar el dictamen encomendado a través de la interpretación de la entrevista realizada al menor y la batería de pruebas realizadas por el psicólogo ********************; además, le hizo del conocimiento que de considerarlo necesario se realizara nuevamente la valoración del menor para la prueba pericial en materia de psicología, respetando los lineamientos de la presente ejecutoria de amparo, a efecto de que su desahogo sea concentrado, es decir, en un sola fecha; por tanto, este Juzgado de Distrito tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo". Lo resaltado es propio. Sin embargo, por auto de veintiséis de mayo del mismo año, se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de inconformidad en contra del referido proveído, correspondiendo conocer de dicho asunto al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, bajo el número de toca ********************, el cual mediante ejecutoria de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, resolvió fundada la inconformidad, bajo los siguientes lineamientos: ".Manifestaciones que resultan fundadas. Se sostiene lo anterior, pues no obstante, como se razonó en el proveído recurrido, su primer efecto -inciso 1)- se encuentra cumplido, pues el juez responsable, en acuerdo de once de abril último, dejó sin efecto el acto reclamado; sin embargo, como lo alega la disconforme, no cumplió a cabalidad con el segundo y tercero -incisos 2) y 3)-. Así se sostiene, pues respecto del efecto segundo, pese a que en el nuevo fallo emitido en cumplimiento a la ejecutoria de amparo que se revisa, consideró que el menor quejoso, había sido evaluado por el psicólogo ********************, como se desprendía del oficio ********************, signado por la Directora del Departamento de Orientación Familiar, mediante el cual hizo del conocimiento que dicho psicólogo, concluyó la entrevista, así como la batería de pruebas aplicadas al menor, faltando únicamente la interpretación de las mismas. Sin embargo, no determinó si existía la necesidad de que se realizara una nueva valoración del menor quejoso a la ya existente. Se formula tal aserto, en razón que, previo a ordenar la preparación de la pericial en psicología a cargo de la perito señalada como autoridad responsable -quien debía continuar con las labores que venía desempeñando el experto citado con antelación, conforme al oficio ********************, suscrito por la Directora del Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos-, el juez responsable estimó requerirla para que dentro del término otorgado, informara si era posible realizar el dictamen encomendado a través de la entrevista aplicada al menor de mérito, y la batería de pruebas realizada por el referido psicólogo ********************, o en caso de ser necesaria la realización de las mismas, manifestara las causas por las cuáles, estimara indispensable una nueva entrevista y aplicación de batería de pruebas, explicando de manera detallada sus razones. Apercibida en caso de no cumplir, se haría acreedora a una medida de apremio. De donde deriva que, no acató a cabalidad el efecto dos de la ejecutoria de amparo, pues no razonó de manera fundada y motivada, si existía la necesidad de que se realizara una nueva valoración del menor quejoso a la ya existente; sino que ello lo supeditó al desahogo que haga la perito requerida, respecto de, si es posible realizar el dictamen encomendado a través de la entrevista aplicada al menor, y la batería de pruebas realizada por el psicólogo ********************, o bien, de ser necesaria la realización de las mismas, manifestara las causas de ello, explicando de manera detallada sus razones. En ese tenor, que dicho efecto no esté cabalmente cumplido, al quedar supeditado al desahogo en comento, a lo que expresa dicha experta; pues será a partir de este, que el juez tendrá que razonar de manera fundada y motivada, si existe o no la necesidad de que se realice una nueva valoración del menor quejoso a la ya existente. Tan es así, que en el acuerdo dictado en cumplimiento al fallo protector, no razonó si existía o no dicha necesidad. De ahí lo fundado de los agravios expuestos por la inconforme, en la parte antes analizada. Lo mismo sucede, respecto del efecto número tres, relativo a que, de considerarse necesario que se realice nuevamente la valoración del infante, para el verificativo de la prueba en psicología de que se trata, provea los lineamientos para su desahogo concentrado, es decir, en una sola fecha, para que tenga un mínimo impacto para el menor en cuestión; y para que se verifique cumpliendo los requisitos y parámetros establecidos en la sentencia de amparo. . Empero, lo cierto es, que tales lineamientos deberán proveerse una vez que determine de manera fundada y motivada, que existe la necesidad de que se realice una nueva valoración al menor, de la ya existente; pues acordada dicha necesidad, entonces, deberá establecer dichos lineamientos materia de la ejecutoria de amparo, esto es, que su desahogo se realice de manera concentrada, esto es, en una sola fecha, para que tenga un mínimo impacto para el menor en cuestión; y para que se desahogue cumpliendo los requisitos y parámetros establecidos en dicha ejecutoria. En esa tesitura, se concluye que el tercer efecto, tampoco fue debidamente acatado." En ese sentido, se requirió a la autoridad responsable, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En atención a lo anterior, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional, la Juez responsable remitió copia certificada de la resolución de veintidós de agosto actual, emitida en el expediente ********************, de la que se advierte que dejó insubsistente el auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, y dictó uno nuevo, en acatamiento a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, dictada en la inconformidad civil ********************, por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, motivo por el cual, solicitó diversa información al perito ********************, a fin de que pudiera determinar fundada y motivamente con relación a la necesidad o no de que el niño de iniciales******************** sea nuevamente evaluado. El aludido expediente se tiene a la vista y se toma en consideración para emitir la presente determinación, en términos de lo que establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, ya que constituye un hecho notorio que este juzgado de Distrito tenga conocimiento sobre la tramitación de un juicio constitucional por razón de su actividad como órgano jurisdiccional. Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que se actualiza la causal manifiesta e indudable de improcedencia 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. Al respecto, cabe mencionar que dicha causal de improcedencia se encuentra prevista de la siguiente manera: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; (.)" Del precepto legal transcrito, se advierte, que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de amparo, pues tanto las resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional, no pueden ser reclamados mediante diverso juicio de esta naturaleza, porque ello implicaría la coexistencia de juicios de amparo contra actos de otros juicios de amparo. Lo anterior es así, tomando en cuenta que a los Jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de amparo; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en otro juicio de amparo, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional; pues en todo caso, si al tramitar o resolver un juicio de amparo se incurre en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece, los que pueden ser interpuestos por el afectado, incluso, aunque no sea parte en el juicio respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuya sinopsis dice lo siguiente: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal." Conforme a lo anterior, se colige que el auto de siete de junio de dos mil veintitrés (auto reclamado en el presente juicio de amparo), el cual tuvo por desahogado el requerimiento realizado a ********************, psicóloga adscrita al departamento de orientación familiar, quien manifestó la necesidad de valorar nuevamente en la especialidad psicológica al niño de iniciales********************, por lo que se ordenó su desahogo; lo hizo como autoridad responsable, en cumplimiento a la sentencia dictada en los autos del diverso amparo ********************, ello al constituir una consecuencia directa del diverso auto de once de abril de dos mil veintitrés, en el que se dejó sin efectos el auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, por el cual ordenó la preparación de la prueba pericial en materia de psicología a cargo del menor de iniciales ********************; y dictó uno nuevo en el que, previo al desahogo de la prueba pericial en psicología a cargo de ********************, requirió a la citada perito, a fin de que le informara si era posible realizar el dictamen encomendado a través de la interpretación de la entrevista realizada al menor y la batería de pruebas realizadas por el psicólogo ********************; además, se le hizo del conocimiento que de considerarlo necesario se realizara nuevamente la valoración del menor para la prueba pericial en materia de psicología, respetando los lineamientos de la ejecutoria de amparo, a efecto de que su desahogo fuera concentrado, es decir, en un sola fecha. Por lo que se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que no es jurídico que en contra de resoluciones dictadas en un juicio de amparo proceda uno diverso, porque de ser así se originaría una cadena interminable de juicios de esa naturaleza. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 107/2015, publicada en la página 453, Libro 22, Septiembre de dos mil quince, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de texto y sinopsis siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En la jurisprudencia 2a./J. 4/90 (*), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, determinó que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional; tal criterio se confirmó en el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, para efectos de esa ley, el juicio inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo en ambas legislaciones, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor." En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. No obstante lo anterior, de considerarse no se actualiza la citada causal de improcedencia, se advierte que también se actualiza la diversa prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Al respecto, resulta necesario precisar que la referida causa de improcedencia se puede actualizar en diversos supuestos, a saber: Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial. De lo anterior, se puede decir que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho violado. De esta manera, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al finalizar su actuación, lo que implica no solo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, dado que es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia en comento se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; cuando es de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Tal supuesto ha sido interpretado por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los siguientes criterios: Jurisprudencia P./J. 54/2001 del Pleno del Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 882, Tomo XIII, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro electrónico 190021, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 38, Tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro electrónico 193758, que estatuye lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la jurisprudencia, también de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro electrónico 196820, cuyo contenido es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." 2) El otro supuesto que se prevé en la fracción en estudio, se actualiza cuando se da la sustitución procesal, la que se origina por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Sobre tal hipótesis, y de manera ilustrativa, la Primera Sala y la entonces Tercera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han precisado, en criterios aislados sobre el particular, lo siguiente: El de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra publicado en la página 158, Volumen 145-150, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con registro electrónico 234693, del tenor siguiente: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." El diverso criterio, es decir, el de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está visible en la página 2466, Tomo LXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con registro electrónico 353232, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la ley que lo reglamenta." En el caso que ocupa la atención de este órgano de control constitucional, la hipótesis que interesa es la contenida en el segundo apartado, por lo que a efecto de corroborar que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, conviene decir que el acto reclamado, consistente en la resolución de siete de junio de dos mil veintitrés, emitida en el expediente ********************, por la cual se ordena la evaluación psicológica al menor de iniciales********************, ha sido sustituido por la resolución de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, en la que se advierte que dejó insubsistente el auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, y dictó uno nuevo, en acatamiento a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, dictada en la inconformidad civil ********************, por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, motivo por el cual, solicitó diversa información al perito ********************, a fin de que pudiera determinar fundada y motivamente con relación a la necesidad o no de que el niño de iniciales******************** sea nuevamente evaluado, en consecuencia dicho acto ha dejado de tener efectos legales propios, por lo que resultaría ocioso el análisis de la constitucionalidad de dicho acto. De lo anterior, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la resolución de siete de junio de dos mil veintitrés, emitida en el expediente ********************, por la cual se ordena la evaluación psicológica al menor de iniciales********************; ya que dicha determinación quedó procesalmente sustituida por la resolución de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, en la que previo a determinar lo conducente, solicitó diversa información al perito ********************, a fin de que pudiera determinar fundada y motivamente con relación a la necesidad o no de que el niño de iniciales******************** sea nuevamente evaluado. Máxime que, la evaluación del menor antes precisado, se encuentra subjudice a lo que determine nuevamente el Juez de origen, en base a la información solicitada en la resolución de veintidós de agosto de dos mil veintitrés. De esta manera, la resolución de siete de junio de dos mil veintitrés, emitida en el expediente ********************, por la cual se ordena la evaluación psicológica al menor de iniciales********************, dejó de tener vigencia; pues, se insiste, fue sustituida por la resolución de veintidós de agosto de dos mil veintitrés. En efecto, la primera determinación quedó procesalmente sustituida, dado que con motivo del juicio de amparo ********************, se emitió la resolución de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, en la que previo a determinar lo conducente, se solicitó diversa información al perito ********************, a fin de poder determinar fundada y motivamente con relación a la necesidad o no de que el niño de iniciales******************** sea nuevamente evaluado. De lo anterior, se advierte que han cesado los efectos de la resolución reclamada, dado que la misma quedó procesalmente sustituida. De esta manera, el acto reclamado ha dejado de tener vigencia con motivo de la resolución de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, pues esta substituyó procesalmente al acto reclamado Es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia XVII.5o. J/1, sostenida por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 998, Tomo XV, abril de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 187330, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AMPARO DIRECTO. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RELATIVO, CUANDO LO QUE SE RECLAMA ES LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SI ÉSTA FUE PREVIAMENTE RECURRIDA EN LA APELACIÓN. Cuando en amparo directo se reclama la sentencia de primera instancia, o se vierten conceptos de violación en contra de lo resuelto en ese fallo, si previamente fue recurrido en apelación, en dicho supuesto se actualiza la hipótesis de improcedencia a que se refiere la fracción XVI del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, pues en tal caso cesaron los efectos de aquella sentencia, al haber sido sustituida por la de segunda instancia que resolvió el recurso de apelación, pues la subsistencia, modificación o revocación de la de primer grado, deriva de lo resuelto en la alzada; por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia mencionada, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto del acto reclamado al Juez de primera instancia, con apoyo en la fracción III del artículo 74 de la propia ley en cita." En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, contra el acto reclamado, procede sobreseer en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que las causales de sobreseimiento invocadas, son notorias e indudables, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar las citadas causales. En ese sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese; y, personalmente a las partes.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surtan los efectos legales conducentes, el escrito signado por el tercero interesado Marco Antonio Jiménez Hernández, mediante el cual se apersona a juicio, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, y correo electrónico, designa autorizados, solicita la consulta del expediente electrónico y realiza manifestaciones. En primer término, en atención a lo dispuesto por los artículos 5º, fracción III, inciso b), y 124, de la Ley de Amparo, se tiene al citado tercero interesado por apersonado al presente juicio de amparo y, por formulados sus alegatos, mismos que serán tomados en consideración al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de cuenta; y, en atención a lo dispuesto en el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas que indica y, con facultades amplias al licenciado ********************, en razón de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Así, tal y como lo establece el artículo 35, (Las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, podrán solicitar para sí o para un tercero, acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario") del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, siempre y cuando se realice con base en al usuario "Jnetzahualpilli", toda vez que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se faculta a la oficial judicial "A", de la adscripción, a efecto de que autorice al usuario antes precisado, la consulta del Expediente Electrónico del juicio de amparo en que se actúa a través del portal de servicios en línea del Consejo de la Judicatura Federal. También, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con las tesis que más adelante se transcriben, se autoriza el uso de medios electrónicos, como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para imponerse de los autos; haciéndole de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Finalmente, se tiene por señalado el correo electrónico que designa, a efecto de establecer contacto en caso que se estime pertinente. Notifíquese.
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