Gloria Alicia Michel Velasco

Expediente 549/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
549/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
17/07/2018

Partes del expediente

  • Gloria Alicia Michel Velasco

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la que se hace constar que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal, contra el auto de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Finalmente, el suscrito juez ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Se notifica por medio de lista de acuerdos al quejoso el auto de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, que en su parte conducente dice: Por recibida la demanda de amparo que promueve GLORIA ALICIA MICHEL VELASCO, por conducto de su apoderado legal IGNACIO VIZCAÍNO RAMÍREZ, carácter que se le reconoce en términos de los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo, por exhibir la copia certificada de la escritura pública sesenta y dos mil cuatrocientos sesenta y uno; contra actos de la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima y de otra autoridad, por considerarlos conculcatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinarla, a fin de determinar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 549 2018 I J, y fórmese el expediente de amparo. Ahora bien, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113, debe decirse que lo primero se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo segundo resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA .- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Del análisis integral de la demanda de amparo, es dable concluir que el acto reclamado consiste en la interlocutoria de uno de junio de dos mil dieciocho, dictada por la Sala responsable en el Toca de apelación 266/2018, de su índice, que modifica el auto de diecisiete de enero de este año, emitido por el Juez Cuarto de lo Familiar de esta ciudad de Colima, dentro del expediente 49/2015, así como el acuerdo emitido por este último el catorce de junio de los corrientes, que agregada la misma y tiene a la demandada Ivette Vaca Evangelista, en tiempo y forma por contestada la demanda que la quejosa Gloria Alicia Michel Velasco presentó en su contra en la vía civil ordinaria, a través de la cual ejerció la acción de nulidad absoluta de la escritura pública número 14,172 de veintisiete de agosto de dos mil catorce, pasada ante la fe del Notario Público número doce de la demarcación de esta ciudad, así como de la diversa escritura pública 23,783 de diez de septiembre de ese mismo año, protocolizada ante el Notario Público número uno del distrito de Manzanillo, Colima, la cancelación de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad del contrato de compraventa y demás prestaciones. Actos en contra de los cuales resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, porque a partir de la entrada en vigor de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que dichos actos deben entenderse: "los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;", ya que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan, en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deberán recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas. Esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de autoridad dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente, revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el dispositivo 107, fracción V, de la propia ley, precisa: "El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)". Luego, si bien es evidente que la resolución dictada por la Sala responsable en el Toca de apelación 266/2018, así como el acuerdo emitido por el Juez Cuarto de lo Familiar del Primer Partido Judicial, dentro del juicio civil ordinario 49/2015, ya descritos; no pueden tener las características de un acto de imposible reparación, ya que no transgreden en forma directa e inmediata algún derecho sustantivo contenido en nuestra Ley Fundamental, sino que en todo caso afecta sólo cuestiones meramente procesales, lo que no constituye un acto de ejecución irreparable que afecte de manera real y material la esfera jurídica del aquí inconforme. En tanto que, por su parte, el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, señalan que contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, procede el amparo indirecto, por lo que, es claro que el acto que reclama no puede ser analizado por esta autoridad de amparo, en cuanto a que sólo producen ejecución irreparable aquellos actos dentro del juicio cuando afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos que consagra la Constitución o tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no así contra aquellos actos de autoridad que afectan derechos adjetivos o procesales, como sucede en la especie. Lo anterior se robustece con el hecho de que el artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, señala que se consideran violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso y, por ello, pueden alegarse a través del amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, cuando a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo el acto de autoridad reclamado resulta análogo a una de las once anteriores fracciones que contienen los supuestos que así los razona, y en particular la fracción XI, señala que se violan las leyes del procedimiento que afectan las defensas del quejoso cuando se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley, y en el caso, como se dijo, señala que las autoridades responsables al resolver de la manera en que lo hicieron en virtud de que "el documento que obra en autos como escrito de contestación de demanda AD CAUTELAM, no tiene el número de folio ni sello de recibido, de Oficialía de Partes conforme lo establece el artículo 38 fracción II del Reglamento Interior de los Juzgados del Estado de Colima, en consecuencia dicho escrito no tiene validez legal, debido a que toda promoción debe ser presentada en Oficialía de Partes del Poder Judicial del Estado, de ello resulta la analogía precisada. Por tanto, el auto reclamado consiste en una transgresión a derechos procesales que no son reclamables a través del amparo indirecto, sino del uniistancial, una vez que se dicte el laudo o sentencia respectiva. De ahí que se sostenga que la determinación reclamada no afecta los derechos sustantivos de la parte disconforme, ni que la misma no sea impugnable en amparo indirecto, puesto que no impide el libre ejercicio de algún derecho ni afecta materialmente los derechos sustantivos de la quejosa, ya que su efecto es que se continué con el juicio y por ende, constriñe a las partes a seguirlo litigando; por lo que, en su caso, sólo puede ser reclamado como violación procesal vía amparo directo. Por tanto, no estando en el caso ante actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, para que el juicio de amparo en la vía que se propone sea procedente, ante lo notorio e indudable de su improcedencia, en términos de los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción XXIII, en concordancia con los artículos 107, fracción V, 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por GLORIA ALICIA MICHEL VELASCO. En adición de lo anterior se estima que las causas de improcedencia y de sobreseimiento, contenidas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales, para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito es en sí legítimo.

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