Gloria Alicia García Soto

Expediente 1109/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1109/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
14/06/2022

Partes del expediente

  • Gloria Alicia García Soto

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta por medio del cual el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado de este Trigésimo Segundo Circuito con sede en el Estado de Colima, devuelve el original del juicio de amparo citado al rubro y remite copia autorizada de la resolución dictada en sesión de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en el recurso de queja 36/2022, cuyo resolutivo dice: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Líbrese el acuse de recibo correspondiente. Agréguese al expediente el cuaderno de antecedentes, que se formó con motivo del recurso, empero sólo las constancias que obran en original, toda vez que las demás resultan innecesarias dado que ya obran en este expediente; el oficio y testimonio de la ejecutoria. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado de este Trigésimo Segundo Circuito con sede en el Estado de Colima, acusa recibo del oficio por el cual se remitió el recurso de queja interpuesto en autos, mismo que se registró con el número estadístico 36/2022; por tanto, este juzgador ordena que dicho comunicado debe obrar como constancia. Cúmplase.

  3. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta por el cual la parte quejosa ***, interpone recurso de queja en contra del auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en el que desechó la demanda. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 100 y 101, de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito en el que se formulan los agravios correspondientes, así como el original del juicio. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de antecedentes para seguir actuando en el presente el expediente, en razón de que la formación del mismo es a consideración del suscrito, como lo establece el criterio [revisión de cuaderno de antecedentes] emitido por el Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante ello, se hace del conocimiento de las partes, que dicho cuaderno se integrara únicamente con el presente acuerdo y las constancias posteriores al mismo, pues en el caso, aquellas que integran el expediente principal, se encuentran en el expediente electrónico y en consecuencia pueden ser consultadas por las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese por lista en el cuaderno de antecedentes.

  4. Principal

    Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Presidente de la Junta Federal Especial número 57 de Conciliación y Arbitraje del Estado de Colima, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8º, 14, 16 y 17 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Regístrese en el libro de Regístrese de juicios de amparo bajo el expediente 1109/2021-VI. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de demanda. Del análisis de la demanda y anexos exhibidos por la parte quejosa, se obtiene que reclama el auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, emitido por el Presidente de la Junta Federal Especial número 57 de Conciliación y Arbitraje del Estado de Colima, en el que se declara cumplido el laudo dictado en el expediente laboral ***, en virtud de que se le han restablecido las funciones inherentes al puesto de Auxiliar de Enfermería "A", con la clave presupuestal ***, persistiendo en las condiciones generales de trabajo del año 2010-2013 y 2016-2019. Desechamiento de la demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, emitido por el Presidente de la Junta Federal Especial número 57 de Conciliación y Arbitraje del Estado de Colima, en el que se declara cumplido el laudo dictado en el expediente laboral ***, en virtud de que se le han restablecido las funciones inherentes al puesto de Auxiliar de Enfermería "A", con la clave presupuestal ***, persistiendo en las condiciones generales de trabajo del año 2010-2013 y 2016-2019. Una vez examinado el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a que no se observó el principio de definitividad previamente a la interposición de este juicio constitucional, precepto que establece: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicado, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El precepto transcrito, alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de garantías, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto reclamado. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa así previsto dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Por su parte, los artículos 616, fracción IV, 849, 850, fracción I, 851 y 852 dela Ley Federal del Trabajo antes de la reforma de nueve de abril de dos mil doce, establecen lo siguiente: "Artículo 616.- Las Juntas Especiales tienen las facultades y obligaciones siguientes: (.) IV. Conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de las resoluciones del Presidente en ejecución de los laudos; Artículo 849.- Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. Artículo 850.- De la revisión conocerá: I. La Junta de Conciliación o la Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, cuando se trate de actos de los presidentes de las mismas; Artículo 851.- La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne. Artículo 852.- En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley." Así, dichos preceptos han sido interpretados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con los artículos 61, fracción XVIII y 107, fracción IV ambos de la Ley de Amparo, en la contradicción de tesis 50/2018, en la que se sostuvo que el juicio de amparo indirecto se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo; es decir, contra aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En tal virtud, afirmaron que no existe duda que el acuerdo dictado por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido, se ubica en el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, de acuerdo con la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, debido a que constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución, en un juicio laboral. Así, se estimó que la circunstancia de que el acto reclamado se ubique en el supuesto de procedencia de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, por tratarse de la última resolución dictada en la etapa de ejecución de un juicio laboral, no significa que el juicio de amparo indirecto sea procedente inmediatamente, porque no pueden soslayarse los presupuestos procesales y principios que rigen el juicio de amparo, particularmente el de definitividad. Lo anterior, pues se señaló que de acuerdo con el principio de definitividad contenido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo como medio extraordinario de defensa únicamente procede contra actos definitivos; es decir, respecto de aquellos actos o resoluciones que ya no puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas a través de algún recurso o medio de defensa legal ordinario. De manera, se mencionó que si en la ley que rige el acto o resolución reclamada existe un recurso o medio ordinario de defensa, conforme al cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, el quejoso estará obligado a agotarlo antes de acudir a la instancia constitucional. Asimismo, se estableció que de acuerdo con lo anterior, para determinar si procede amparo indirecto inmediatamente contra la resolución dictada por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido, habrá que resolver si existe un recurso o medio de defensa ordinario que pueda modificar, revocar o nulificar esa decisión; eventualmente, dependiendo del resultado, podría analizarse si existe una excepción al principio de definitividad. En este contexto, la Segunda Sala resolvió, en sesión de nueve de agosto de dos mil dos, la contradicción de tesis 57/2002-SS, de la que derivó la jurisprudencia: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." En este sentido, las consideraciones que dieron sustento al anterior criterio constituyeron la base para resolver la contradicción de tesis 50/2018, justamente porque están referidas al análisis de procedencia del recurso de revisión de actos de ejecución, previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el auto del Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutar un laudo. Así, en la resolución de la indicada contradicción de tesis 57/2002-SS, se expuso lo siguiente: El análisis de los artículos 849, 850, 851 y 852 de la Ley Federal del Trabajo [en su texto vigente en dos mil dos], revela que el legislador dispuso la procedencia del recurso de revisión contra los actos de ejecución de los presidentes, actuarios o de aquellos funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de laudos, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares. También estableció que del citado medio de impugnación conocerá, en el primer supuesto, la Junta de Conciliación o la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda, cuando se trate de actos de los presidentes de esas juntas. En la segunda hipótesis, conocerá el Presidente de la Junta o el de la Junta Especial que corresponda, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados para llevar a cabo el acto de ejecución. Finalmente, en el tercer supuesto, conocerá el Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando se trate de actos del Presidente de ésta, o cuando se trate de un conflicto que afecte a dos o más ramas de la industria. Ahora bien, para determinar la necesidad [obligación] de agotar el recurso de revisión, para la procedencia del juicio de amparo, es necesario establecer con claridad si los Presidentes de las Juntas tienen o no facultades para ejecutar los laudos emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Como puede advertirse de los artículos 617 y 618 de la Ley Federal del Trabajo, los Presidentes de las Juntas tienen, entre otras facultades y obligaciones, la de ejecutar los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje y estas últimas a su vez tienen las obligaciones contenidas en los artículos 614 y 616 de la misma ley. De todo lo expuesto se llegó al convencimiento de que los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje son los que cuentan con facultades para tramitar y resolver todo lo atinente a la ejecución de los laudos y si el Presidente de alguna Junta se niega a declarar prescrita la acción para ejecutarlo, es claro que en contra de tal determinación procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, ya que este dispositivo categóricamente establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos de los Presidentes o funcionarios legalmente habilitados en ejecución de los laudos, convenios, de las tercerías o de los dictados en las providencias cautelares. Esto es así, ya que una vez que fue dictado el laudo correspondiente cesa la función de la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues a partir de ese momento se entra a la etapa de ejecución del mismo, la cual por disposición expresa de la Ley Federal del Trabajo [artículos 617 y 618], corresponde llevar a cabo a los Presidentes de las Juntas, debiendo entenderse que como la solicitud de que se decrete la prescripción de la ejecución en comento, se hace precisamente en esta etapa, es claro que a quien corresponde resolver al respecto es al propio Presidente y no a la Junta como órgano colegiado, pues esta última no tiene facultades para ello, toda vez que la ley da esa atribución exclusivamente a los Presidentes. En consecuencia, el recurso de revisión procede en contra de la resolución que el Presidente dicte en la etapa de ejecución del laudo, ya sea declarando o no la prescripción de la acción para ejecutarlo, por disposición expresa del numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que debe ser resuelto por la Junta respectiva, como lo señalan los diversos preceptos 614 y 616. A esta conclusión se llegó tomando en cuenta la exposición de motivos de la reforma del cuatro de enero de mil novecientos ochenta, de la que derivó la Ley Federal del Trabajo que prevé la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos del Presidente de una Junta, emitidos en el período de ejecución de los laudos. De cuya transcripción se advierte que el valor que quiso salvaguardar el legislador ordinario, con la reforma al artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, fue el de otorgar a las partes en un juicio laboral, la posibilidad de solicitar la revisión, entre otros, de los actos que realicen los presidentes de las Juntas, en ejecución de los laudos a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo, de donde se advierte que la intención del legislador no fue la de restringir ese medio ordinario de defensa exclusivamente a las determinaciones que tienden concreta y específicamente a la ejecución de los laudos, sino la de hacerlo extensivo a cualquier otra emitida por el Presidente de la Junta en o durante el procedimiento de ejecución del laudo, con motivo de la aplicación o interpretación de las normas de trabajo. Por tanto, el precepto no es restrictivo, en el sentido de que determine la procedencia del recurso de revisión únicamente contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, es decir, aquéllas que tengan por objeto en forma directa e inmediata el cumplimiento de aquél, o que se encaminen esencialmente a ese objetivo; sino también a todas aquéllas que aunque no tengan estas características, se emitan en o durante el procedimiento de ejecución del laudo, en las cuales se haya cometido un yerro que deba ser corregido o enmendado. Bajo este criterio, la Segunda Sala estimó que la determinación del Presidente de una Junta laboral que niega o decreta la prescripción de la ejecución del laudo, es una resolución que aun cuando no persigue en forma directa e inmediata el cumplimiento de éste; sin embargo, se emite en el período de ejecución, lo cual la hace recurrible conforme a la teleología del precepto en cuestión, pues además la expresión "(...) en ejecución de los laudos (...)" utilizada por el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, denota ubicación, al referirse a aquellos actos emitidos en esa fase ejecutiva del procedimiento. Una vez precisado que procede el recurso de revisión a que se refiere el multicitado artículo 849 de la ley en comento en contra de la resolución que dicten los Presidentes de las Juntas en ejecución de los laudos, se concluyó que el no agotar ese medio ordinario de defensa existente, hace improcedente el juicio de amparo. Hasta aquí las consideraciones de la contradicción de tesis 57/2002-SS. De las razones que sustentaron y dieron origen al criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 95/2002, sobresalen por su relevancia en esta contradicción de tesis, las siguientes premisas. El legislador dispuso, en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo [cuyo contenido no fue modificado con el decreto que reformó la indicada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce], la procedencia del recurso de revisión contra los actos de ejecución de los presidentes, actuarios o de aquellos funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de laudos, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares. La intención del legislador ordinario fue la de otorgar a las partes en un juicio laboral, la posibilidad de solicitar la revisión de los actos que realicen los Presidentes de las Juntas, en ejecución de los laudos a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo; de donde deriva que no tuvo el propósito de restringir ese medio ordinario de defensa exclusivamente a las determinaciones que tienden concreta y específicamente a la ejecución de los laudos, sino la de hacerlo extensivo a cualquier otra emitida por el Presidente de la Junta en o durante el procedimiento de ejecución del laudo. Por tanto, el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo no es restrictivo, en el sentido de que determine la procedencia del recurso de revisión únicamente contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, es decir, aquéllas que tengan por objeto en forma directa e inmediata el cumplimiento de aquél, o que se encaminen esencialmente a ese objetivo; sino también a todas aquéllas que aunque no tengan estas características, se emitan en o durante el procedimiento de ejecución del laudo, en las cuales se haya cometido un yerro que deba ser corregido o enmendado. Como puede verse, la Segunda Sala ya definió que la procedencia del recurso de revisión, previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, no puede entenderse restrictiva únicamente contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, sino que debe entenderse extensivo incluso a todas aquéllas que, aunque no tengan como objetivo directo e inmediato conseguir el cumplimiento del laudo, se emitan en o durante la etapa de ejecución, justamente porque fue intención del legislador dotar a las partes de un medio ordinario para que estén en posibilidad de solicitar la revisión de los actos del Presidente en ejecución de los laudos, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo. A partir de lo dicho, la Sala del Alto Tribunal concluyó que la resolución dictada por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido, constituye un acto dictado en la etapa de ejecución; justamente porque con ese acto el Presidente ejecutor verifica la satisfacción de las obligaciones impuestas en el laudo, declarando su cumplimiento y, en consecuencia, ordenando el archivo del asunto. Sin que sea obstáculo, que con ese acto se concluya la fase de ejecución del laudo, pues esa circunstancia no indica que esté fuera de esa etapa; al contrario, forma parte de ella que la finaliza. En consecuencia, se estimó que en contra de la resolución dictada por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido, procede el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo; razón por la cual debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, a fin de satisfacer el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por último, se mencionó que no se soslayar lo dispuesto en el último párrafo de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en tanto dispone que será optativo agotar el medio ordinario de defensa, cuando la procedencia del recurso se sujete a interpretación adicional; pues la que ha hecho la Segunda Sala del numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo, en la contradicción de tesis 57/2002-SS, es clara y suficiente para entender la procedencia del recurso de revisión, que no se requiere una interpretación adicional. Consideraciones de las cuales dimanó la jurisprudencia 2a./J. 52/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, Décima Época, página 1681, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA QUE DECLARA CUMPLIDA LA CONDENA DECRETADA EN EL LAUDO Y ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2002-SS, definió que la procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, no puede entenderse restrictiva sólo contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, sino que debe interpretarse de modo extensivo incluso a todas aquellas que, aunque no tengan como objetivo directo e inmediato conseguir el cumplimiento del laudo, se emitan en o durante la etapa de ejecución, justamente porque fue intención del legislador dotar a las partes de un medio ordinario para que soliciten la revisión de los actos del Presidente en ejecución de los laudos, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo. Bajo esa premisa, la resolución dictada por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido, constituye un acto dictado en la etapa de ejecución, precisamente porque con ese acto el Presidente ejecutor verifica la satisfacción de las obligaciones impuestas en el laudo, declarando su cumplimiento y, en consecuencia, ordenando el archivo del asunto; sin que sea obstáculo que con ese acto concluya la fase de ejecución, pues esa sola circunstancia no indica que esté fuera de esa etapa; al contrario, tan forma parte de ella que la finaliza. En consecuencia, contra la resolución referida procede el recurso de revisión y debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, a fin de satisfacer el principio de definitividad, conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." Ahora bien, como se precisó la parte quejosa reclama el auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, emitido por el Presidente de la Junta Federal Especial número 57 de Conciliación y Arbitraje del Estado de Colima, en el que se declara cumplido el laudo dictado en el expediente laboral ***, en virtud de que se le han restablecido las funciones inherentes al puesto de Auxiliar de Enfermería "A", con la clave presupuestal ***, persistiendo en las condiciones generales de trabajo del año 2010-2013 y 2016-2019. En ese sentido, el acto reclamado -proveído de auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno- es un auto que, de conformidad con el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo antes de la reforma de nueve de abril de dos mil doce, es impugnable a través del recurso de revisión, pues en contra de la resolución en que se declara cumplida la condena decretada en el laudo y en su caso se ordena el archivo del expediente como asunto concluido, procede el recurso de revisión como ha quedado delimitado en parágrafos que anteceden. En esa tesitura, el auto reclamado de que se trata, carece de definitividad para los efectos de este proceso de control constitucional, pues dicho proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, emitido por el Presidente de Junta Federal Especial número 57 de Conciliación y Arbitraje del Estado de Colima, era impugnable mediante el recurso de revisión ante la Junta Federal Especial número 57 de Conciliación y Arbitraje del Estado de Colima como órgano colegiado, lo que pudo traer como consecuencia la reparación de las violaciones aducidas, antes de acudir al juicio de amparo, agotando, en principio, el medio de defensa a su alcance y dar con ello cumplimiento al citado principio rector del juicio de amparo. Por ende, queda demostrado que la parte quejosa sí estaba obligada a agotar el principio de definitividad que regula al juicio constitucional, ya que, como se precisó en párrafos precedentes, el recurso de revisión ante la Junta Federal Especial número 57 de Conciliación y Arbitraje del Estado de Colima como órgano colegiado, procede contra de un auto que declara cumplida la condena decretada en el laudo y en su caso se ordena el archivo del expediente como asunto concluido, como lo es el proveído emitido el de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, emitido por el Presidente de Junta Federal Especial número 57 de Conciliación y Arbitraje del Estado de Colima. En este sentido, la parte quejosa antes de acudir al juicio de amparo, se encontraba obligado a agotar el medio ordinario de defensa, para acatar el principio de definitividad, ello por las razones expuestas. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época, Página 8, establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Cabe señalar que en el presente caso, no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción que prevén los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado, no importa peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitadas y trascendentales; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o en el que se establezcan los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Aunado a lo anterior, la parte quejosa no es tercero extraño a juicio en estricto sentido, ya que es parte actora en el expediente laboral 694/2011 del índice de la Junta Federal Especial número 57 de Conciliación y Arbitraje del Estado de Colima. En efecto, estimar lo contrario equivaldría a considerar que en contra de cualquier acto dictado en un procedimiento en ejecución en materia laboral, procede el juicio de amparo indirecto sin atender el principio de definitividad, toda vez que el juicio de amparo no es un recurso, sino un medio extraordinario de defensa que se sigue en contra de los actos de las autoridades. En mérito de lo anteriormente expuesto, debe decirse que el acto reclamado por la quejosa, en modo alguno puede ser nulificado en esta vía constitucional intentada, ya que en tratándose de actos como el que en la especie se analiza, debe cumplirse con el principio de definitividad que señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a que, tal ilegalidad puede impugnarse dentro del procedimiento laboral de donde se hace derivar el acto, a través del recurso de revisión. En consecuencia, resulta inconcuso la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo, 61, fracción, XVIII de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa, previo a la promoción del juicio de amparo, debió hacer valer el recurso de revisión, en contra del acto reclamado en este juicio, por lo que se impone desechar la demanda de amparo. Domicilio procesal. En atención al numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Notifíquese en términos de ley.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · 15,493 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano