Gloria Aguilar de Ita

Expediente 234/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
234/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
07/09/2022

Partes del expediente

  • Gloria Aguilar de Ita

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, siete de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se advierte que el plazo de tres días concedido a la quejosa Gloria Aguilar de Ita, para que ratificara el contenido y firma del escrito de dos de mayo de dos mil veintidós, transcurrió del veintitrés al veinticinco de agosto de dos mil veintidós; sin que dentro de dicho plazo ratificara el mencionado escrito. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de dieciocho de agosto del año en curso; por ende, se continúa con la secuela procesal del juicio de amparo. PREVENCIÓN. El artículo 114 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional examinará el escrito de demanda y si advirtiere deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, mandará prevenir al promovente para que dentro del plazo de cinco días subsane las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda. Por otra parte, del artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, deriva la obligación del quejoso de señalar con precisión la norma general u acto que de cada autoridad se reclame, con la finalidad de fijar debidamente la litis constitucional, para que de esta forma las autoridades responsables estén en condiciones de rendir con claridad el informe justificado que se les solicite. Ahora bien, la lectura integral de la demanda de amparo revela que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "I) Todo lo actuado dentro de la carpeta de investigación FED/CDMX/SZS/0004044/2021, que integra el licenciado Gustavo Enrique Ayala Hernández, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula E-II-1 ZONA SUR, Ciudad de México. II) El citatorio de fecha 11 de abril de dos mil veintidós, emitido dentro de la carpeta de investigación FED/CDMX/SZS/0004044/2021, por el licenciado Gustavo Enrique Ayala Hernández, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula E-II-1 ZONA SUR, Ciudad de México." Sin embargo, no precisa qué acto o actos en particular reclama ya que la expresión "Todo lo actuado dentro de la carpeta de investigación..." deviene ambigua y genérica. Por otra parte, del análisis integral de la demanda se advierte que la promovente señaló como autoridad responsable al licenciado Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República y los antecedentes, revelan que se limitó a señalar lo siguiente: "1.- Con fecha 18 de abril del año dos mil veintidós, aproximadamente a las 4 de la tarde, llego una personal (sic) de la paquetería correo de México, buscándome para entregarme un sobre cerrado, mismo que abro y me percato que es un citatorio de la Fiscalía General de la República, el cual solicita mi presencia en calidad de testigo y me presente el día 2 de mayo del 2022 a las 10:00 Horas, en la dirección ubicada en... ante del Licenciado Gustavo Enrique Ayala Hernández, Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Cédula E-Il1 Zona Sur, Ciudad de México." De lo anterior, se aprecia que la promovente refiere que recibió un citatorio a efecto de que compareciera ante Gustavo Enrique Ayala Hernández, Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Cédula E-II-1 Zona Sur, Ciudad de México; sin embargo, dicha manifestación resulta genérica, en virtud de que no se advierte la participación de la autoridad que denominó como licenciado Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 110 y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, cumpla con lo siguiente: 1. Precise con claridad qué acto o actos reclama en concreto dentro de la carpeta de investigación FED/CDMX/SZS/0004044/2021. 2. Aclare cuál es la relación de los actos reclamados con la autoridad que señaló como responsable licenciado Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República. Se apercibe a la promovente que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo concedido, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada su demanda. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 12 Y 24 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene por autorizado con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados en derecho Christian Tapia Silván y David Krayem Guarneros, pues de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se realizó consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, de la que se desprende que los autorizados de la parte quejosa cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho. Asimismo, se tiene por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones, a Daniel Aly Méndez Ibrahim, quien no gozará de las demás facultades previstas en el artículo 12 de dicho ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, Décima Época, de la voz: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otra parte, como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 6, 9, 10, 14, 16 y 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al autorizado Octavio David Krayem Guarneros, con nombre de usuario "krayem23", consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente asunto. Por consiguiente, se instruye que se ingrese el nombre de usuario "krayem23" al módulo de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que el referido autorizado, tenga acceso al expediente electrónico y pueda consultarlo. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022, de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese por lista a la promovente.

  2. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio 8421/2022, del Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en San Francisco de Campeche, mediante el cual, transcribe la resolución de cuatro de agosto de dos mil veintidós, dictada en el conflicto competencial 39/2022, de cuya lectura se advierte que ese órgano colegiado declaró legalmente competente a este Juzgado Federal para conocer de la demanda de amparo promovida por Gloria Aguilar de Ita, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Cédula E-II-1 Zona Sur, Ciudad de México y de otra autoridad. En consecuencia, acúsese recibo, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes formado y en atención a lo ordenado por el Magistrado Presidente del referido Tribunal Colegiado, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto. DESISTIMIENTO Del estado de autos se advierte que mediante escrito de dos de mayo de dos mil veintidós, la quejosa Gloria Aguilar de Ita, manifestó que se desistia del presente juicio de garantías, solicitando se le concediera el término legal para la ratificación de dicho ocurso (foja 20). Ahora bien, con la finalidad de tener plena certeza de la identidad de quien promueve y constatar si preserva su propósito de que se le tenga por desistida del presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se requiere a la quejosa Gloria Aguilar de Ita, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado Federal debidamente identificada y ratifique el contenido y firma del escrito de dos de mayo de dos mil veintidós. Por otro lado, toda vez que la diligencia de ratificación requiere la presencia física de la quejosa Gloria Aguilar de Ita, con fundamento en los artículos 3 y 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022 del propio Consejo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá generar la cita respectiva a través del sistema "Agenda OJ" disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la que se programará el día y la hora en que podrá comparecer ante este órgano jurisdiccional, para la ratificación ordenada. En el entendido que la ratificación podrá ser presentada por escrito firmado electrónicamente por la parte quejosa con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Lo anterior, toda vez que la firma electrónica contenida en el escrito de ratificación del desistimiento de la demanda en el juicio de amparo, con su respectiva evidencia criptográfica, permite apreciar el nombre de su autor y su intención para realizar dicha actuación procesal, con lo cual, este órgano jurisdiccional válidamente podrá cerciorarse que no se trate de un escrito en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad y, en función de ello, producirá los mismos efectos que el signado ante autoridad judicial. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 31/2021 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, página 1533, Undécima Época, que dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESCRITO POR EL QUE SE RATIFICA EL DESISTIMIENTO, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON SU RESPECTIVA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA, PRODUCE LOS MISMOS EFECTOS QUE EL SIGNADO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente por la parte interesada con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es igual o no al signado ante la autoridad judicial. Uno concluyó que si la firma autógrafa es insuficiente para generar certidumbre sobre el desistimiento y debe ser ratificada ante la presencia judicial, entonces, por identidad de razón, debe requerirse de la misma ratificación tratándose de una firma electrónica, pues esta última produce los mismos efectos que la primera; mientras que otros tribunales concluyeron que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, es igual al signado ante la presencia judicial. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, produce los mismos efectos que el signado ante la autoridad judicial. Justificación: Conforme al artículo 63, fracción I, en relación con el 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, es necesaria la ratificación del escrito de desistimiento del juicio de amparo o de alguno de sus recursos para que éste opere, lo cual tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su intención de dar por concluido el juicio que inició o el recurso que intentó. En este sentido, si lo pretendido con la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo es generar suficiente certeza en el órgano jurisdiccional sobre la identidad y voluntad del interesado, dicha certeza se da precisamente con la forma en la que se asigna la firma electrónica y la manera en que ésta se plasma en los documentos que son enviados electrónicamente, pues difícilmente podría ser suplantada, ya que es el propio Consejo de la Judicatura Federal quien está encargado de tomar las medidas necesarias para otorgar su seguridad y, además, el titular de los documentos con base en los cuales se genera es el responsable de su correcto uso, teniendo en todo momento la posibilidad de revocarla, en caso de sospecha de que pudiera utilizarse sin su consentimiento. Por tanto, la firma electrónica contenida en el escrito de ratificación del desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, con su respectiva evidencia criptográfica, permite apreciar el nombre de su autor y su intención para realizar dicha actuación procesal, con lo cual el órgano jurisdiccional válidamente podrá cerciorarse que no se trate de un escrito en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad y, en función de ello, produce los mismos efectos que el signado ante autoridad judicial." Se apercibe a la quejosa Gloria Aguilar de Ita, que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo concedido, se le tendrá por no desistida de la demanda de amparo y se continuará el juicio. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad del Carmen Campeche, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 6252/2022, del Actuario Judicial del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en San Francisco de Campeche, Campeche, de cuya lectura se advierte que se admitió el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México y este órgano jurisdiccional, para conocer del juicio de amparo indirecto 454/2022 del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México (243/2022 de este órgano jurisdiccional); asunto que se radicó con el número de conflicto competencial 39/2022. Cúmplase.

  4. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veinticinco de mayo dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 11837/2022 del Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual, transcribe el proveído de doce de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 454/2022, de cuya lectura se advierte que ese órgano jurisdiccional no aceptó la competencia declinada por este Juzgado de Distrito; además, remite el citado juicio de amparo y copias de la demanda. Por consiguiente, acúsese recibo. Ahora bien, este órgano jurisdiccional insiste en declararse legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Gloria Aguilar de Ita contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula E-II-1 ZONA SUR, Ciudad de México y otra autoridad, con base en los razonamientos lógico-jurídicos vertidos en el auto de veintiocho de abril del año en curso. Lo anterior, pues no comparte el criterio del juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que el acto reclamado consistente en el citatorio de once de abril de dos mil veintidós, emitido en la carpeta de investigación FED/CDMX/SZS/0004044/2021, de la Agencia del Ministerio Público de la Federación de la Cédula E-II-1 Zona Sur, Ciudad de México, tuvo ejecución en esta ciudad, ya que la ejecución del referido citatorio no lo constituye su entrega, si no la presentación de la quejosa a declarar. En efecto, como se sostuvo en el auto de veintiocho de abril del año en curso, el acto reclamado consistente en el citatorio de once de abril de dos mil veintidós, emitido en la mencionada carpeta de investigación FED/CDMX/SZS/0004044/2021, de la Agencia del Ministerio Público de la Federación de la Cédula E-II-1 Zona Sur, Ciudad de México, tendrá ejecución material en la Ciudad de México, ya que en dicho citatorio se requirió a la quejosa para que en su calidad de testigo, se presentara a las diez horas del dos de mayo del año en curso, ante la Agencia del Ministerio Público de la Federación de la Cédula E-II-1 Zona Sur, Ciudad de México, lugar donde conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, tienen jurisdicción los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Además, dicho citatorio no se combate por vicios propios y la efectividad de la medida de apremio que contiene, se trata de hechos futuros e inciertos. Se invoca en apoyo la tesis III.2o.A.27 A (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XIV, noviembre de 2012, Tomo 3, página 1844, Décima Época, intitulada: "COMPETENCIA POR TERRITORIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADO DE DISTRITO DEL LUGAR EN QUE SE UBICA EL TRIBUNAL AGRARIO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL PREDIO MATERIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, SIN QUE OBSTE QUE LA MULTA SE IMPUTE A UNA AUTORIDAD EJECUTORA CON DOMICILIO DIVERSO, SI NO SE RECLAMA POR VICIOS PROPIOS. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, una de las reglas para determinar la competencia por territorio del Juzgado de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En tales condiciones, si lo que se reclama es que un Tribunal Agrario hizo efectivo el apercibimiento por la violación a las medidas cautelares que decretó en relación con la enajenación de un terreno, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo se surte a favor del Juez de Distrito del lugar donde aquél ejerce su jurisdicción, no obstante que la autoridad que ejecute la multa respectiva tenga su domicilio en lugar diverso, si dicha sanción no se impugna por vicios propios, sino que su ilegalidad se hace depender de lo determinado acerca del desacato a la medida cautelar. En ese contexto, dado que la autoridad oficiante no aceptó la competencia planteada y este órgano jurisdiccional insiste en que surte la competencia a su favor por los motivos expuestos en el auto de veintiocho de abril de esta anualidad y lo sostenido en los párrafos precedentes, lo procedente es remitir los autos al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche, para la substanciación del presente conflicto competencial, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo. Asimismo, comuníquese la anterior determinación al Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para los fines legales conducentes. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de la tesis jurisprudencial 1a./J. 30/2003 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de 2003, página 46, que a la letra dice: "CONFLICTO COMPETENCIAL. PRESUPUESTO PARA SU EXISTENCIA. Para que exista un conflicto competencial es presupuesto indispensable que los órganos jurisdiccionales contendientes manifiesten de manera expresa, en ejercicio de su autonomía y de su potestad, que no aceptan conocer de determinado asunto sometido a su jurisdicción. Fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese por lista a la quejosa.

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