Glendys Ruiz Betancourt

Expediente 830/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 16 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
830/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
07/09/2023

Partes del expediente

  • Annier Manuel Biritan Ruiz
  • Glendys Ruiz Betancourt

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a siete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio correspondiente al Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa respecto del cumplimiento de la suspensión definitiva. Atento a ello, se toma conocimiento de lo anterior, sin que resulte necesario hacer mayor pronunciamiento, toda vez que en proveído de seis de septiembre de la presente anualidad, se ordenó el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a seis de septiembre de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión [medio de impugnación establecido en el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), de dicha legislación], en contra del proveído dictado en el presente asunto, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio en que se actúa, sin que ninguna de las mismas lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto causó estado para todos los efectos legales. 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 2 Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales vigente, se acuerda lo siguiente: JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE El presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha sobreseído respecto de todos los actos reclamados y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa.

  3. Incidental

    En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las nueve horas con veinticinco minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por Pedro Castillo Castañón, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia incidental derivada del juicio de amparo 830/2023, promovido por Glendys Ruiz Betancourt, por propio derecho y en representación de sus hijos con iniciales A.M.B.R. y H.A.B.R., contra actos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), con residencia en esta ciudad y otra autoridad. El Secretario da cuenta con la relación de constancias entre las que destacan las que a continuación se precisaran: Asimismo, se hace constar que la siguiente relación coincide con las autoridades responsables y el sentido de sus informes: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 COPIA DE LA DEMANDA DE AMPARO 1 a 13. 2 SUSPENSIÓN PROVISIONAL 23 a 32. 3 EMPLAZAMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES 36 y 137. No. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO FOJA 1 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MEXICO. NEGATIVO 141 a 143. 2 COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS (COMAR), CON SEDE EN ESTA CIUDAD. NEGATIVO 37 a 41. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 10/07/24 14:20:59 2 Al respecto, la Jueza de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos a que haya lugar. Por otro lado, se abre el período de pruebas, en el que el Secretario hace constar que las partes aportaron los siguientes medios de convicción. NO PARTE PRUEBAS FOJAS 1 Quejosa Documentales. 14 a 22, 44 a 47. 2 COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS (COMAR), CON SEDE EN ESTA CIUDAD Documentales. 60 a 97 y 103 a 133. Al respecto, la Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas las documentales ofrecidas por la parte quejosa y la autoridad responsable indicada, en virtud de su propia y especial naturaleza, con lo cual se declara dicha fase. Acto continuo, se abre el periodo de alegatos: El secretario hace constar que únicamente los formuló: No. PARTE Manifestaciones FOJAS 1 Quejosa Alegatos 43. Al respecto, la Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados los alegatos de la parte quejosa, y ante ese escenario, se declara cerrada dicha fase, y se orden dictar la siguiente resolución. VISTOS, para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 830/2023. RESULTANDO PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 10/07/24 14:20:59 3 ??????????????? ÚNICO. Actos reclamados y efectos para los que se solicita la suspensión. En el presente asunto, en su demanda de amparo la parte incidentista señala como actos reclamados los siguientes: * La falta de expedición o entrega de la constancia de trámite de refugio (CUR) * La falta de expedición o entrega de la Clave Única de Registro de Población (CURP) a nombre de los quejosos. * La violación del debido proceso en el procedimiento administrativo de solicitud de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), al no entregar la Constancia de Trámite de Refugio (CUR) y la Clave Única de Registro de Población (CURP). A su vez, solicita la suspensión de los actos reclamados a fin de que se ordene a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Chiapas, la expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de condición de refugiado, así como la Clave Única de Registro de Población, para que no se deje en estado de indefensión a la parte impetrante y en estado de vulnerabilidad, a fin de tener acceso a la salud, educación, empleo, entre otros. En ese sentido, cabe aclarar que se ajustarán los efectos de la medida suspensiva de trato, en aras de fijar la situación en que deberá de quedar el estado de las cosas para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio principal. Máxime porque, como se precisará a continuación, los alcances de la suspensión tratándose del acto reclamado, se encuentran expresamente previstos en la Ley de Amparo. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 10/07/24 14:20:59 4 Resulta aplicable al caso la tesis de jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. CONSIDERANDO ÚNICO. Análisis de los elementos jurídicos de la suspensión en el amparo. Este órgano jurisdiccional procede al análisis de los elementos jurídicos respecto de la suspensión definitiva solicitada. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Las autoridades responsables, negaron la existencia de los actos reclamados al rendir su respectivo informe previo, sin embargo, dichas negativas se desvirtúan con el documento que la parte quejosa anexó a su demanda, consistente en la cita para la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado, aunado al hecho de que la autoridad responsable, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, exhibió como pruebas copia certificada del acuerdo de veinte de julio del presente año [fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo], en el que admitió a trámite la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado y emitió la Constancia de Trámite de Solicitud de Reconocimiento de la Condición de Refugiada a la disconforme y le asignó número CUR; además que exhibió copia certificada de las Constancias Temporales de la Clave Única de Registro de Población para Extranjeros expedidas en favor de los quejoso. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 10/07/24 14:20:59 5 ??????????????? En ese sentido, debe tenerse por cierto el acto reclamado, únicamente para el efecto de resolver el presente incidente de suspensión. NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/2018 de su índice, que dio origen a la jurisprudencia 70/2019, de registro digital 2021263 de rubro: SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA, al analizar e interpretar los artículos 107, fracción X, primer párrafo de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, denotó que la suspensión de los actos reclamados guarda un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea como medidas conservativas o de tutela anticipada. En ese sentido, la naturaleza del acto mismo no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado" que refiere el referido precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir el acto reclamado, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentra o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado, condicionando los efectos de la suspensión a que no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 10/07/24 14:20:59 6 En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la falta de expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento a la condición de refugiado (CUR) y la Clave Única de Registro de Población CURP para extranjeros, derivado de la omisión de admitir a trámite formalmente la solicitud de refugiado por parte de la autoridad responsable, por lo que este órgano jurisdiccional considera que con la concesión de esta medida suspensiva no quedaría sin materia una eventual sentencia protectora en el juicio principal, por ese acto reclamado. Lo anterior, toda vez que la naturaleza de vigencia de la Clave Única de Registro de Población, es de carácter temporal, lo cual tiene justificación en el Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, del que se desprende que los extranjeros tienen la posibilidad de ostentar ese documento, con la finalidad de acceder a diversos servicios públicos, entre ellos salud y educación, para evitar que su personalidad jurídica sea vulnerada. Corolario de lo anterior, debe destacarse que la temporalidad de los documentos de que se trata, depende de las condiciones previstas en el Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, es decir, uno de los documentos de identificación cuya expedición se solicitó, tiene una vigencia que no puede exceder de ciento ochenta días naturales, pudiendo darse de baja la clave, en las hipótesis que en dicho instrumento se describen. Al efecto, se destaca la jurisprudencia de la Primera Sala de Justicia de la Nación, con datos de localización PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 10/07/24 14:20:59 7 ??????????????? Registro digital: 2024808, Instancia: Primera Sala, Undécima Época Materias(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 1a./J. 76/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4170, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: PERSONAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE MIGRACIÓN DERIVA QUE CUENTAN CON EL ACCESO EFECTIVO A LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA ELLO. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP). En el proceso alegaron la inconstitucionalidad del artículo 59 de la Ley de Migración, como la norma en la que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que para reconocer la validez constitucional del artículo 59 de la Ley de Migración no debe interpretarse como prohibitivo, limitante o excluyente del acceso de las personas solicitantes de la condición de refugiado a la Clave Única de Registro de Población (CURP). Al contrario, las personas solicitantes de la condición de refugiado tienen acceso efectivo a la CURP como manifestación de su derecho a la personalidad jurídica, pues este documento es un elemento que les permite acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. Justificación: La CURP se entiende como materialmente exigible para todas las personas solicitantes de la condición de refugiado, de manera que no se agrave su situación de vulnerabilidad. Esta decisión se afianza a partir de una interpretación conforme (desde un ámbito funcional, sistemático y armónico) del artículo 59 de la Ley de Migración con el sistema de protección de PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 10/07/24 14:20:59 8 derechos humanos que rige en nuestro país, la práctica del Estado Mexicano y los compromisos adquiridos internacionalmente. De esta manera, se busca derribar los obstáculos administrativos que las personas solicitantes de asilo enfrentan en el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, tal y como es el derecho al trabajo o a la salud, entre otros. Al respecto, cabe destacar que el 18 de junio de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Instructivo Normativo para la asignación de la Clave Única de Registro de Población, en el cual se añadió como supuesto de asignación de la CURP temporal a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria. Dicho acuerdo es consistente con la comprensión de la CURP como una herramienta registral, pero también como un documento llave de acceso a los servicios que otorga la Administración Pública Federal y, en consecuencia, como manifestación de la dimensión formal del derecho a la personalidad jurídica. De ahí que negar el acceso a la CURP o supeditarlo a una calidad migratoria de estancia no es consistente con las obligaciones estatales de protección, garantía y respeto de derechos humanos, sobre todo porque de esa manera se asignarían resultados desiguales sin justificación razonable a grupos con una importante situación de vulnerabilidad, como lo son las personas solicitantes de la condición de refugiado. Aunado a lo anterior, respecto a la Constancia de Trámite de la Solicitud de Reconocimiento a la Condición de Refugiado, si bien es cierto, que en el artículo 38 del Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, se prevé que la autoridad debe emitir dicha constancia de trámite respecto a solicitudes que han sido admitidas; también lo es que ello no conduce a considerar que la vigencia de la constancia en mención sea definitiva, sino provisional, pues en el mismo precepto legal se precisa que la referida constancia establecerá la entidad federativa en la que el solicitante debe permanecer, en tanto se resuelva su solicitud, misma que tendrá una vigencia de cuarenta y cinco días hábiles, que se contará a partir de la presentación de la solicitud, los cuales podrán PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 10/07/24 14:20:59 9 ??????????????? ser prorrogados de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la propia ley. Máxime que en el mismo precepto legal se establece también, que en los casos que la Coordinación autorice al solicitante continuar su trámite en otra entidad federativa, se deberá expedir una nueva constancia, previo canje de la anterior, sin que ello implique la autorización de permanencia en territorio nacional bajo ninguna de las condiciones que señala la Ley de Migración. En ese contexto legal, se concluye que de concederse la suspensión definitiva, no tendría como consecuencia dejar sin materia el juicio de amparo, pues no tendría por efecto ordenar de manera definitiva la expedición de los documentos de que se trata, pues las normatividades que los rige establecen un lapso de vigencia temporal, es decir, no se trata de un estatus definitivo. INTERÉS SUSPENSIONAL Y ANÁLISIS DE LA VULNERACIÓN AL ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL De lo previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128, fracción I y 131 de la Ley de Amparo, se obtiene que para otorgar la suspensión de los actos reclamados, es indispensable que el promovente que solicite la medida cautelar demuestre indiciariamente que cuenta con interés suspensional. Éste se reconoce a partir de la demostración, por lo menos indiciaria, de la titularidad del derecho que se pretenda salvaguardar y que virtud de los actos reclamados generen una afectación por su transgresión PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 10/07/24 14:20:59 10 directa, o bien, por la especial situación en que se encuentra el gobernado. En esas condiciones, el otorgamiento de la medida cautelar en ningún caso podrá tener por efecto modificar o restringir derechos, ni constituir aquellos que no tengan existencia jurídica antes de la presentación de la demanda. En el presente caso, la parte quejosa demuestra contar con interés suspensional suficiente para solicitarla, toda vez que exhibe copia del citatorio emitido por la autoridad responsable. Al efecto, es aplicable la tesis I.4o.A.15 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página dos mil ciento sesenta y seis, Libro XIX, Tomo 3, abril de dos mil trece, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 10/07/24 14:20:59 11 ??????????????? posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego. Por otro lado, debe decirse que en esta estadía procesal no se advierte que con la concesión de la medida cautelar se contravenga el interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, que son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquella algún mal, desventaja o trastorno. En ese sentido, éste órgano jurisdiccional considera que en atención a la dimensión formal o instrumental del derecho a la personalidad jurídica y al principio de interdependencia de los derechos fundamentales, no es posible ser titular de derechos económicos, sociales y culturales si se carece de las condiciones propicias para adquirirlos, ejercerlos y exigirlos; por lo que, en esa relación subyace el deber del Estado, de adoptar medidas generales de manera progresiva y medidas de carácter inmediato para asegurar la garantía de los derechos reconocidos; lo que en el caso puede lograrse justamente a través de la suspensión del juicio de amparo, porque sin otorgar de forma definitiva la validez de la constancia de PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 10/07/24 14:20:59 12 trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, así como la Clave Única de Registro de Población puede concederse la suspensión definitiva para que esos documentos sean expedidos de forma provisional, logrando con ello alcanzar el objetivo de la suspensión del juicio de amparo y consecuentemente, la implementación de una medida cautelar que garantice el acceso a los migrantes de los derechos del juicio de amparo, al no constituir una medida definitiva. Es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 2024786, Instancia: Primera Sala, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 81/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4165, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: DERECHOS DE PERSONAS MIGRANTES. LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES REQUIERE DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EJERCERLOS EFECTIVAMENTE. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP), pues ello les impedía acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. En el proceso, los quejosos alegaron la inconstitucionalidad de los artículos 52 y 59 de la Ley de Migración en los que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales a personas migrantes se torna ilusorio si éstos no pueden acceder a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 10/07/24 14:20:59 13 ??????????????? los medios, instrumentos o herramientas necesarios para ejercerlos efectivamente. Por lo tanto, el Estado tiene el deber de eliminar todos los obstáculos existentes que, de iure o de facto, enfrentan las personas migrantes en el acceso efectivo a sus derechos fundamentales. Justificación: La garantía de un derecho implica la obligación del Estado de tomar todas las medidas necesarias para "remover" los obstáculos que puedan existir, para que los individuos disfruten y efectivamente ejerzan los derechos fundamentales reconocidos. En atención a la dimensión formal o instrumental del derecho a la personalidad jurídica y al principio de interdependencia de los derechos fundamentales, no es posible ser titular de derechos económicos, sociales y culturales si se carece de las condiciones propicias para adquirirlos, ejercerlos y exigirlos. En esta relación subyace el deber de los Estados de adoptar medidas generales de manera progresiva y medidas de carácter inmediato para asegurar la garantía de los derechos reconocidos. Por lo tanto, alcanzar la efectividad de los derechos no depende exclusivamente de la promulgación de disposiciones constitucionales o legislativas, sino que los Estados deben realizar actividades concretas para que las personas bajo su jurisdicción puedan disfrutar y ejercer sus derechos. Cabe agregar, que en el caso, se trata de una tutela provisional de derechos que son inherentes a las personas y la condición expresada sobre su vulnerabilidad por ser migrantes, mismos que se encuentran en condiciones de marginación públicamente sabida por el ámbito internacional, además de haber solicitado se les reconozca la condición de refugiados, sobre todo porque dos quejosos son menores de edad, por lo que requiere la máxima tutela de la función de su interés superior, siendo ese el motivo esencial que se debe valorar para decretar la suspensión definitiva. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con datos de localización Registro digital: 2020401, Instancia: Segunda PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 10/07/24 14:20:59 14 Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 2a./J. 113/2019 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo III, página 2328, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 10/07/24 14:20:59 15 ??????????????? DECISIÓN Y CONDICIONANTES En consecuencia, con fundamento en los artículos 128, 129, 136, 138 y 147 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración que la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, mediante oficio COMAR/JUR/7758/2023, de treinta y uno de julio del presente año (fojas 55 a 58), exhibió copias certificadas del acuerdo de veinte de julio del presente año [fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo], en el que admitió a trámite la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado y de la Constancia de Trámite de Solicitud de Reconocimiento de la Condición de Refugiada que emitió en favor de la disconforme, asignando número de CUR; además que exhibió copia certificada de las Constancias Temporales de la Clave Única de Registro de Población para Extranjeros expedidas en favor de los quejosos, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que continúe surtiendo efectos el trámite respectivo y las constancias expedidas en favor de los quejoso, hasta que se comunique a las responsables que ha quedado firme la determinación que se emita en el juicio de amparo en lo principal. CUMPLIMIENTO La medida cautelar que se concede deberá de ser acatada por las autoridades responsables y aquella que resulte vinculada, con el apercibimiento de que en caso de desobediencia, se actualizaría la hipótesis contenida en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 10/07/24 14:20:59 16 Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 138, 140, 144 y 217 de la Ley de Amparo aplicable al presente asunto, Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO.- Se concede a Glendys Ruiz Betancourt, por propio derecho y en representación de sus hijos con iniciales A.M.B.R. y H.A.B.R., la suspensión definitiva de los actos reclamados, en términos del considerando único de la presente resolución incidental, por las razones ahí expuestas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe. RPCR/PCC/F

  4. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio signado por el Encargado de la Administración Postal con residencia en esta ciudad, por medio del cual da cumplimiento a lo requerido por este órgano jurisdiccional en nueve de agosto de la presente anualidad, e informa que la pieza postal que ampara el oficio 17295/2023, dirigido a la autoridad responsable Secretaria de Gobernación con residencia en la Ciudad de México, se encuentra en camino y en cuanto esté en su poder, lo hará llegar oportunamente. Atento a lo anterior, se toma conocimiento de lo informado, sin que se realice mayor pronunciamiento, toda vez que el informe previo correspondiente a la autoridad responsable Secretaria de Gobernación con residencia en la Ciudad de México, ya obra agregado en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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