Glenda Trinidad Barragan
Expediente 278/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 278/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Glenda Trinidad Barragan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Se agrega oficio del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, a través del cual adjunta el testimonio de resolución dictada en el recurso de queja 145/2020, de la que se desprende que la Superioridad declaró infundado dicho medio de impugnación interpuesto contra el proveído que desechó de plano la demanda de amparo. Se ordena destruir el expediente principal. Sin que en el caso, la parte quejosa haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé el numeral 21, párrafo segundo, del precitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto.
- Principal
Se agrega a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto, el cual se registró con el número R.Q. 145/2020; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes.
- Principal
Se agrega a los autos el escrito firmado electrónicamente por el licenciado Marcelo ******, autorizado de la parte quejosa través del cual interpone recurso de queja contra el auto de siete de octubre del año en curso en el que se desechó de plano la demanda. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación en cita, por tanto, mediante oficio enviado vía interconexión remítase el escrito de agravios, así como las actuaciones que integran el juicio de amparo 278/2020 digitalizadas, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en turno, con sede en Xalapa, Veracruz para la substanciación del recurso de queja en comento. Con independencia de lo anterior, se instruye a la Analista Jurídico adscrita para que haga disponible el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al órgano colegiado que corresponda conocer del recurso de queja para su consulta. De igual forma, ríndase el informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que ES CIERTO que el siete de octubre del año en curso se desechó de plano la demanda promovida por la quejosa Glenda Trinidad Barragán, en representación de su menor hijo de iniciales ******., cuya legalidad se sostiene, conteniéndose en el auto impugnado, las razones, causas y fundamentos legales pertinentes para afirmar que está ajustado a derecho y proceder en la forma en como se hizo. Sin que resulte aplicable al caso dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 101 de la Ley de Amparo, toda vez que en el presente juicio no se entabló la litis constitucional y por tanto, no hay partes a las que notificar al haberse desechado de plano la demanda.
- Principal
.. La demanda promovida por Glenda *********, en representación de su menor hijo de iniciales ******., cuya identidad se reserva como medida de protección de la intimidad del infante, a fin de que la dignidad y la honra de éste sea preservada, en términos del artículo 76 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; carácter que se le reconoce de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo, al acreditarlo con la respectiva acta de nacimiento que adjunta al escrito de cuenta; contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de esta ciudad y otra autoridad. RADICACIÓN. Con fundamento en los artículos 3 y 112 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico bajo el número 278/2020, y realícense los registros correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama al Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad: La omisión de ejecutar y garantizar el cumplimiento de la medida precautoria marcada con el inciso l) del numeral 6, ordenada mediante auto de veintidós de julio de dos mil veinte dentro del expediente 507/2020-III. La omisión de acordar en forma congruente y exhaustiva las promociones presentadas los días diecinueve de agosto y cuatro de septiembre de dos mil veinte, promociones tendentes a la ejecución del cumplimiento de la medida precautoria dictada mediante auto de veintidós de julio de dos mil veinte. El auto de once de septiembre de dos mil veinte, dictado en el expediente 507/2020-III en la parte en que es incongruente con las peticiones contenidas en el escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil veinte, en el cual se solicitó se ordenara la ejecución de la providencia 1 Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus derechos personales. precautoria decretada en favor de la sucesión y en contra de la persona jurídica Instalación y Puesta en Servicios de Sistemas Electromecánicos, S.A. de C.V. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Al ser preferente el estudio de las causales de improcedencia, las cuales conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley que rige el juicio constitucional son de estudio preferente y deben analizarse de oficio ya que de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda en términos del diverso 113 del ordenamiento legal en cita, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, de la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda constitucional cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese sentido, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. En el caso concreto se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, 2 de la Ley de Amparo, porque la quejosa no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de derechos fundamentales, ya que antes de promoverlo debió combatir el auto impugnado mediante el recurso de apelación. Se afirma lo anterior porque en dicho precepto legal se establece la improcedencia del juicio cuando las leyes que sirvieron de fundamento para emitir el acto reclamado, contemplan algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, como en el caso acontece debido a que si bien se reclaman diversas omisiones atribuidas al juez responsable, lo cierto es que todas ellas están relacionadas con lo acordado en los proveídos de veintidós de julio y once de septiembre del año en curso emitidos en el expediente 507/2020-III, relativos al cumplimiento de un medida precautoria en un juicio sucesorio. En tal virtud, la parte quejosa al no agotar los recursos ordinarios que contempla la ley de donde emanan los actos reclamados, no obedeció al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, como enseguida se explica. 2 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. El artículo 56, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, establece: "ARTICULO 56. Las resoluciones judiciales son: I.- Sentencias, cuando deciden el asunto principal controvertido; II.- Autos, cuando entrañan un mandamiento de pago, de entrega, de hacer o de no hacer, cuando deciden sobre personalidad, competencia o cualquiera otra excepción dilatoria, procedencia de demanda, reconvención, compensación, denegación de pruebas y todas las que resuelvan un incidente; y, III.- Decretos, todas las demás no comprendidas en las anteriores." A su vez el diverso 509 del referido Código Adjetivo Civil, dispone: "Artículo 509. El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia." Así, se tiene que los actos que en esta vía pretende combatir la parte quejosa son recurribles en la vía ordinaria, pues del numeral antes transcrito se desprende es procedente la apelación contra autos que causen daño irreparable en la sentencia (como en el caso acontece). Por lo que, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional a combatir los actos en comento, debió agotar el aludido medio de impugnación en el que pudo inconformarse y aducir todo aquello que considere ilegal en lo determinado por el juez responsable, previo a instar la acción constitucional, debido a que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, que tiene por objeto, entre otros, resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es aplicable al caso concreto, la Jurisprudencia 1ª./J. 44/2012 (10ª) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Tomo 1, Materia Común, visible en la página 729, registro 2001155, con el rubro y texto: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Lo anterior, sin que sea óbice el hecho que se encuentre involucrado un menor de edad, pues dicha circunstancia no es válida para dejar de observar el principio de definitividad que tiene que operar para la procedencia del juicio de amparo, conforme lo establece la tesis jurisprudencial 1a./J. 113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 350 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, Materia Común, Registro 2005039, del tenor literal siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Sin que se esté en el caso de excepción establecido en la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 990, del Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro 2004677, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO", pues el trámite del medio ordinario de defensa (apelación), contempla la posibilidad de la suspensión del auto recurrido (artículo 5163 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz), con independencia de la calificación del grado que realice el juez de primera instancia, la cual incluso debe ser revisada de oficio por el tribunal de alzada (numeral 5204 de la referida ley adjetiva). En efecto, en esa jurisprudencia la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por tanto, estableció que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando: 3 "ARTICULO 516. El recurso de apelación procede en un solo efecto y en ambos efectos. En el primer caso no se suspende la prosecución del juicio, y en el segundo, se suspende la ejecución de la sentencia, hasta que ésta cause ejecutoria, o la tramitación del juicio cuando se haya interpuesto contra un auto. Para la tramitación de la apelación que proceda sólo en el efecto devolutivo, se compulsará y remitirá al tribunal, dentro de tres días, testimonio de las constancias que señalen las partes." 4 "ARTICULO 520. Llegados los autos o el testimonio en su caso al tribunal de segunda instancia, éste, de oficio y dentro del término de tres días, examinará la admisión del recurso y la calificación del grado hecha por el inferior. Declarada inadmisible la apelación, se devolverán los autos al inferior; revocada la calificación, se procederá en su consecuencia como corresponda, para que a la mayor brevedad se cumplan las disposiciones de este Capítulo." a) De acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión; y, b) Cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada. Supuesto en el cual, el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo que no acontece en el presente caso, porque como la quejosa lo refirió en la demanda de amparo lo aquí combatido deriva de un juicio sucesorio en el que se resolverán las cuestiones relacionadas al derecho de su menor hijo a una herencia, por lo que para considerar satisfecho el requisito a que se refiere el inciso a), no basta con que la quejosa aduzca que en el caso está en peligro el derecho de su hijo a recibir una herencia, pues ello no implica propiamente la alegación de "un riesgo en caso de que se ejecute el acto reclamado"; como señala la jurisprudencia, porque -como ya se dijo- lo aquí reclamado fue lo determinado en los acuerdos de veintidós y once de septiembre del año en curso emitidos en el expediente 507/2020-III en relación con el cumplimiento de la medida precautoria decretada en dicho expediente. En efecto, de las constancias que el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad remitió como justificación a su informe rendido en el diverso juicio de amparo 182/2020 del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por la quejosa Glenda Trinidad Barragán, en representación de su menor hijo de iniciales F.J.R.T., las cuales se invocan como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido tomadas en consideración para dictar sentencia en ese expediente, se advierte que en el acuerdo de veintidós de julio del año en curso, el juez responsable en el punto "6. Medidas precautorias" determinó lo siguiente: "Medida precautorias. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 574 y 575 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, a fin de conservar el patrimonio de la sucesión se acuerdan las siguientes medidas precautorias: I) Se instruya al órgano de administración y al de vigilancia de la empresa Instalación y Puesta en Servicios de Sistemas Electromecánicos, S.A. de C.V. que retenga el reparto de los dividendos, utilidades, bonos, capital social fijo y variable, bienes muebles e inmuebles, derechos y reservas de la empresa hasta que se resuelva sobre la sucesión promovida, debiendo entregar la administración de la sociedad mencionada a la albacea de esta sucesión debido a que los actos de administración de la sociedad conducen a la preservación de su capital y capacidad productiva, por lo que se protege el interés superior del menor F.J.R.T. de evitar que por dolo o negligencia se pierdan, afecten o dilapiden los bienes de la sucesión, lo anterior máxime que existe pensión alimenticia cuyo cumplimiento debe garantizarse con cargo a la sucesión para lo cual gírese oficio correspondiente a la empresa Instalación y Puesta en Servicios de Sistemas Electromecánicos, S.A. de C.V. con domicilio ubicado en carretera a la barra kilómetro 7.5, colonia La Calzada, código postal 92888 de esta ciudad de Tuxpan, Veracruz". De lo que se sigue que en el caso de que se ejecute la medida precautoria ello no pone en riesgo al menor, pues solo tiene por efecto garantizar los bienes de la sucesión; y en ese sentido, si lo que reclama es la omisión de que se ejecute la medida precautoria, entonces, es claro que no se encuentra en el supuesto de excepción jurisprudencial relativo a que "cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada", pues precisamente lo que impugnado no es la ejecución, sino la omisión. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia P/.J. 16/2018 (10ª), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Tomo I, página 10, Junio de 2018, registro 2017123 y rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)". En las relatadas consideraciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso numeral 113, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. DOMICILIO. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Marcelo Aguilar Pérez y Francisco Javier Gómez Mendiola, por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSULTA ELECTRÓNICA. Se instruye a la Analista Jurídico adscrita para que habilite a los usuarios "marcelo_ap88" y "f.javier.gomez.m", en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para el acceso al expediente electrónico, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.
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