Gleici-Anne Vieira de Miranda

Expediente 319/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
319/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
13/04/2023

Partes del expediente

  • agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana
  • Gleici-Anne Vieira de Miranda

Actuaciones

  1. Principal

    Juicio de amparo 319/2023-F El trece de abril de dos mil veintitrés, se da cuenta al juez, con la certificación que antecede y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, trece de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso recurso de queja, en contra del proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del acuerdo en cita; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo, se establece que este cuaderno es susceptible de destrucción, por haberse tenido como no presentada la demanda de amparo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el dieciocho de abril de dos mil veintiséis. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que sea el caso requerir a la parte quejosa para que comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio remitido por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngasele informando la observancia dada a la suspensión de plano, asimismo, se le tiene designando delegados y señalando domicilio procesal. Asimismo, téngasele informando que los directamente agraviados ********************y ******************** no se encuentran albergados en la estación migratoria de esta ciudad. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que las partes están notificadas de la determinación dictada el veinte de enero del año en curso, y del proveído en el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer en su contra; en consecuencia, remítanse a la superioridad el expediente en que se actúa, escrito de agravios y fotocopia del mismo, para la sustanciación del aludido medio impugnativo; fórmese el cuaderno de antecedentes que corresponda. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida en favor de Gleici-Anne Vieira de Miranda, Vanilson Nascimento Sobrinho y Fernando Alvarenga Da Silva, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades, por considerar que se vulneran en perjuicio de los agraviados derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 4°, 5°, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 constitucionales; fórmese expediente y regístrese en el libro de control electrónico con el número 319/2023-F. Suspensión de plano Ahora, tomando en consideración que en la demanda se precisa como uno de los actos reclamados destacados la incomunicación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, para los efectos siguientes: Cese de inmediato la incomunicación, de la que se dice son objeto los directamente agraviados, y todos aquellos prohibidos por el artículo 22 constitucional, es decir, las penas de infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier índole y cualquier otra pena inusitada y trascendental; lo cual deberá hacerse del conocimiento de las autoridades responsables para que la acaten bajo su más estricta responsabilidad. En relación con los actos consistentes en la privación de la libertad, retención o detención, con fundamento en el numeral 164 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables a fin de que pongan a Gleici-Anne Vieira de Miranda, Vanilson Nascimento Sobrinho y Fernando Alvarenga Da Silva, a disposición del Ministerio Público correspondiente, si su detención deriva de la comisión de un delito. Si la detención de los directamente agraviados no tiene relación con la comisión de un delito sino por su irregular estancia en el país, los quejosos quedan a disposición de este juzgado de distrito por lo que hace a su libertad personal, en la estación migratoria donde fueron presentados, cuyo alojamiento no podrá exceder de un periodo superior a las treinta y seis horas, luego del cual, si las autoridades migratorias determinan sujetarlos a un procedimiento administrativo migratorio deberán ponerlos en libertad para su continuación, para lo cual deben otorgarles el permiso de estancia correspondiente; asimismo, tienen la obligación determinar su situación migratoria definitiva, incluso, la relativa a un posible retorno asistido o de deportación. Se arriba a esta decisión, en observancia a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 388/2022, en el que se determinó que los periodos de alojamiento de personas extranjeras en estaciones migratorias, previstos en el artículo 111 de la Ley de Migración, contravienen la temporalidad máxima establecida por el precepto 21 de la Constitución Federal, para legitimar la privación de la libertad de una persona por razones de naturaleza administrativa. En relación con los actos consistentes en la deportación, expulsión o repatriación asistida, se toman las medidas siguientes: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran, es decir, que no se ejecute ninguna orden de esa naturaleza, si es que a la fecha no se ha cumplimentado, y en caso de haberse llevado a cabo dichos actos, permanezcan los quejosos en el lugar donde se encuentren, por una temporalidad que no puede exceder de un periodo superior a las treinta y seis horas, lo cual deberá hacerse del conocimiento de las autoridades responsables para que la acaten bajo su más estricta responsabilidad; debiendo quedar los directamente agraviados a disposición de este juzgado de distrito por lo que hace a su libertad personal, y a disposición de la autoridad administrativa que corresponda en cuanto a la continuación del procedimiento respectivo. Se invoca la jurisprudencia P./J. 80/2007 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, diciembre de 2007, tomo XXVI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Además, las autoridades responsables deberán, bajo su más estricta responsabilidad, instruir y salvaguardar la integridad física y la vida de los directamente agraviados. Informes de suspensión de plano Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, rindan su informe en acato a la suspensión de plano, debiendo comunicar dentro del mismo plazo, el cumplimiento dado a la determinación emitida respecto del acto reclamado consistente en la privación de la libertad; hágase de su conocimiento que la violación a este mandato equivale a la comisión de un delito en materia de amparo, tal como lo dispone el numeral 262, fracción III, del ordenamiento legal invocado, que de llegar a consumarse daría lugar al ejercicio de la acción penal en su contra. Se comisiona al actuario de este juzgado para que al momento de la notificación del presente proveído, asiente las condiciones físicas en las que encuentran los quejosos. Asimismo, se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio de las autoridades responsables, si éstas se niegan a recibir el comunicado a ellas dirigido, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Ratificación de demanda Con apoyo en el artículo 15 de la propia ley, requiérase a los agraviados Gleici-Anne Vieira de Miranda, Vanilson Nascimento Sobrinho y Fernando Alvarenga Da Silva, para que manifiesten si ratifican o no la demanda promovida en su favor, lo que podrán realizar en el acto de la notificación de este proveído, o bien, dentro de los tres días siguientes, legalmente computados, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas, para lo cual se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos, a efecto de que proceda a la localización de los referidos agraviados en el domicilio de las autoridades responsables. Así también, requiérase al Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, en esta ciudad, para que proporcione un perito traductor en el idioma que hablen los agraviados a fin de que el actuario judicial desahogue la diligencia encomendada por este órgano jurisdiccional, toda vez que quien promueve refiere que el país de origen de los quejosos es Brasil; por tanto, a fin de que se impongan del contenido de la diligencia y del juicio de amparo promovido en su favor, se faculta al fedatario judicial asiente las medidas realizadas por las autoridades responsables para llevar a cabo la encomienda; en la inteligencia de que el actuario de este tribunal, podrá utilizar herramientas electrónicas para posibilitar lo que aquí se ordena, como sería el caso de una aplicación para traducir mensajes escritos o lenguaje hablado simultáneamente, que descargue en su teléfono inteligente o dispositivo similar. Finalmente, en el supuesto de que el fedatario judicial no localice a los directamente agraviados en las instalaciones de las responsables, se le faculta para que requiera las constancias en las que se advierta la situación jurídica de los extranjeros, en relación con su estatus migratorio, así como, el derecho a la libertad y tránsito en este país; lo anterior, para que este juzgado se encuentre en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda. Medios de comunicación no procesal, autorizado, acceso al expediente electrónico y notificación electrónica En relación con el medio de comunicación no procesal, designación de autorizado, acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas, se reserva el acuerdo conducente, hasta en tanto se practiquen las diligencias aquí mandatadas. No obstante, por única ocasión se ordena la notificación personal del presente proveído en el lugar donde se dice se encuentran resguardados los agraviados. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Pruebas Respecto a los medios de convicción consistentes en la instrumental de actuaciones y la presuncional, una vez que se lleve a cabo lo aquí ordenado, se proveerá lo conducente. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente a los quejosos en el lugar de su alojamiento.

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