Glafira Mendoza Mejia

Expediente 756/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
756/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
01/06/2022

Partes del expediente

  • Glafira Mendoza Mejia

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ******************** para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda que dio origen al juicio en que se actúa. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho contra actos que reclaman de la Encargada de Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado en Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 756/2022-4, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DETERMINACIÓN JUDICIAL Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se procede a examinarla, a fin de determinar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Primeramente, se estima necesario conocer el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Se desprende del precepto reproducido, que el juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable. Ahora bien, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama de la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Hidalgo, lo siguiente: El oficio número SP/DPSH/2287/2022, de once de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual ordenó suspender de plano la pensión de viudez identificada con el número 353325 y requirió el pago de la cantidad de $494,084.88 (cuatrocientos noventa y cuatro mil ochenta y cuatro pesos 88/100 moneda nacional), por concepto de cobro indebido de pensión de viudez. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En este contexto, precisa destacar que el artículo 113 de la ley, impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. En ese entendido, esta juzgadora advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Como puede advertirse claramente, el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita, se encuentra motivado por el hecho de que la impetrante de amparo, previo acudir a la instancia constitucional, no agote los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar, la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, es decir, éste es un medio extraordinario, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensa tendentes a revocar o modificar los actos que estime lesivos. Ahora, en la especie, como ya se dijo, se actualiza la referida causal de improcedencia, toda vez que, respecto del acto reclamado, la parte promovente debió agotar el juicio ordinario tendiente a revocar o modificar el acto lesivo; se estima así, ya que éstos son impugnables mediante el Juicio Contencioso Administrativo Federal, por medio del cual se puede lograr que la determinación que se trata de combatir por esta vía constitucional, sea revocada. En ese orden, resulta importante traer a contexto el contenido de los artículos 1 y 2 segundo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 3,fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que estatuyen lo siguiente: Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo: "Artículo 1.- Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se regirán por las disposiciones de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último ordenamiento no contravenga las que regulan el juicio contencioso administrativo federal que establece esta Ley. Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo, no satisfaga el interés jurídico del recurrente, y éste la controvierta en el juicio contencioso administrativo federal, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. Asimismo, cuando la resolución a un recurso administrativo declare por no interpuesto o lo deseche por improcedente, siempre que la Sala Regional competente determine la procedencia del mismo, el juicio contencioso administrativo procederá en contra de la resolución objeto del recurso, pudiendo en todo caso hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso." Artículo 2.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos Administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: "Artículo 3.- El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Partiendo de la anterior premisa, conforme a lo dispuesto por el artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en contra del acto reclamado consistente en la suspensión del pago de pensión por viudez decreta por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, procede el juicio contencioso administrativo, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; por tal motivo, de conformidad a la técnica que rige el juicio de constitucional de amparo, es evidente que la peticionaria debió agotar dicho procedimiento, antes de acudir al juicio de amparo, ya que con ello, puede obtener una resolución favorable a sus intereses, es decir, la modificación o revocación de lo decidido por la aludida autoridad responsable. Además debe señalarse que el medio ordinario de defensa antes referido exige los mismos requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que la Ley de Amparo; de ahí que puede solicitarse la suspensión de éste sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, el cual será resuelto por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través de dicho juicio natural, donde el acto impugnado puede ser confirmado o modificado, precisando los nuevos efectos en este último caso; de manera tal que, previo al ejercicio de la acción constitucional, la parte quejosa debió agotar ese medio de defensa. Asimismo, debe puntualizarse el contenido del artículo 28 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual a la letra expresa: "Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad." De la anterior transcripción se advierte que la indicada legislación no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para la suspensión del acto recurrido; y, por tanto, es equivalente al previsto en la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), con número de registro 2008807 de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 783, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Aunado a que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción para el principio de definitividad estudiado, en razón que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menos aun de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resoluciones que nieguen la libertad bajo caución o que establezcan los requisitos para su disfrute, resoluciones que decidan sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; ni se trata de un auto de vinculación a proceso. Además, la aquí quejosa no tiene el carácter de tercero extraño, en virtud que de autos se desprende que la suspensión de pensión por viudez, que constituye el acto reclamado, le fue notificado mediante oficio SP/DPSH/2287/2022, de once de mayo de dos mil veintidós, por ende está facultada para intentar el juicio contencioso administrativo. Finalmente, como se evidenció, la procedencia del citado medio de impugnación previsto en el artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no se sujeta a interpretación adicional; así como tampoco su fundamento legal es insuficiente para determinarla. De lo anterior, se concluye que el amparo indirecto es improcedente, porque la parte quejosa antes de acudir a la instancia de amparo, debió agotar el juicio contencioso administrativo, el cual resulta idóneo para combatir el acto reclamado, debido a que dicho acto se ubica en la hipótesis de procedencia de asuntos de competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque se trata de un acto administrativo, en materia de pensiones, donde a la gobernada le fue suspendida la pensión por viudez por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En ese sentido, si la quejosa pretende combatir cuestiones relativas a su pensión, deberá acudir ante la instancia ordinaria a reclamar la resolución administrativa que considera que le causa perjuicio, pues es a través del juicio contencioso administrativo, en donde podrá acreditar lo que a sus intereses convenga. Cobra aplicación la Jurisprudencia 2a./J.111/2005 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, septiembre de 2005, página 326, con número de registro digital 177279, de rubro y contenido siguiente: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva." En esas condiciones, resulta manifiesto e indudable la actualización de la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; de ahí que lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Glafira Mendoza Mejía, por propio derecho. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oí y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y en términos del artículo 12 de la misma Ley únicamente a Marco Antonio Hernández Vigueras, en virtud de que si se encontró registro de sus células profesionales en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura, tal como se aprecia de la certificación de cuenta y a las demás personas que menciona en términos restringidos del citado numeral. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 1°, fracción I, último párrafo, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. Notifíquese personalmente.

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