Gladys Yazmin Soto Pacheco
Expediente 752/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 752/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/07/2023
Partes del expediente
- Gladys Yazmin Soto Pacheco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, dieciocho de julio de dos mil veintitrés Vistas las constancias que integran el presente expediente, así como la certificación de cuenta, de las que se advierte que no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del proveído de cuatro de julio de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo, dentro del término a que se refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar; lo que se deberá realizar en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo referido. Requiérase a la quejosa, para que en el plazo de noventa días comparezca ante este juzgado a recoger los documentos originales que exhibió en el juicio de amparo en que se actúa, apercibida que, de no recogerlos, se enviarán junto con el expediente al centro de referencia. Se instruye al Secretario encargado de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio procedente del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en el conflicto competencial C.C.A 17/2023, de catorce de junio de dos mil veintitrés; en el que resolvió lo siguiente: [...] Acúsese recibo del oficio de cuenta, así como los autos originales del expediente 752/2023 del índice de este órgano jurisdiccional, y de la copia certificada del testimonio de mérito. Por otra parte, glósense las constancias originales del cuaderno de antecedentes, de las restantes, procédase a su destrucción. [...] En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Colegiado, este Juzgado Federal se avoca al conocimiento del asunto y determina: En ese orden de la demanda de amparo se advierte que de forma destacada la parte quejosa señala entre otros como acto reclamado en esta vía constitucional el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, una vez precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional concluye que debe desecharse de plano la demanda de amparo, toda vez que por una parte se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, 1 de la Ley de Amparo, ya que se considera que cesaron los efectos que en esta vía se reclaman, esto por los motivos que a continuación se expondrán. Primero, es importante precisar que en el artículo 1132 de la Ley de Amparo, faculta a los jueces de distrito para que, en los casos en los que adviertan la actualización de una causa de improcedencia, desechen de plano el escrito de demanda correspondiente, con la condición de que ello se desprenda de manera manifiesta e indudable. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,3 ha señalado que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, pues no requiere mayor justificación, en virtud de que su actualización se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios, de los documentos que se anexan a esas promociones, o bien de un diverso juicio de amparo. Sobre dichas condicionantes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente.4 No obstante, para poder arribar a la conclusión de que una causa de improcedencia se advierte de ese modo, se debe tomar en cuenta la demanda de amparo y los anexos, a efecto de que esté debidamente probada y no sea inferida con base en presunciones, de forma tal que resulte innecesaria la substanciación del juicio, en virtud de que no sería posible arribar a una determinación diversa. De esta manera, para advertir una notoria e indudable improcedencia debe atenderse al escrito de demanda, a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que no sea necesaria alguna otra constancia para configurar dicha improcedencia. En ese mismo sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando de la sola lectura de la demanda se advierte que existen cuestiones de derecho que impiden la procedencia de juicio y que, por sus características propias, no son desvirtuables con su tramitación, debe desecharse de plano por notoriamente improcedente, ya que sin importar lo que se alegue o las pruebas que se alleguen aquella cuestión no se superaría.6 Ahora bien, en relación con el examen que se debe realizar de la demanda de amparo, es importante tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que aquélla debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados.7 Asimismo, el Pleno del Máximo Tribunal del País ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual manera, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Así, al fijar los actos reclamados, el juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.8 Lo anterior, en virtud de que el decreto motivo de impugnación en la presente vía de amparo indirecto ha dejado de surtir efectos, a razón de la resolución de la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023. Consecuentemente, si la improcedencia constituye una excepción a la regla general, que es la procedencia del juicio de amparo como medio de control de los actos de autoridad que vulneren los derechos humanos reconocidos en el pacto federal, dichas causales deben probarse plenamente y no inferirse a base de presunciones.9 En este contexto, para demostrar la actualización de la causa de improcedencia anunciada, resulta necesario destacar que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: [...] De acuerdo con la disposición normativa aludida, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; hipótesis que para su actualización requiere que todas las consecuencias de aquél hayan desaparecido o se hayan destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Se dice que cesan los efectos del acto reclamado cuando la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no solo la detención definitiva del actuar de la autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es solo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trata y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Lo anterior es así en virtud de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los autos de la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 Y 93/2023, promovidas por PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DIPUTADOS Y SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL E INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, determinó que en términos de los artículos 41, fracción IV, y 73 de la Ley Reglamentaria, se declaró la invalidez del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral", publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés, en su totalidad. Asimismo, en la citada resolución, se estableció que de conformidad con el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, la legislación electoral recupera su vigencia por virtud de dicha ejecutoria ya no puede ser objeto de modificaciones legales fundamentales para su aplicación en el proceso electoral a nivel federal que, en términos del artículo 225, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, misma que iniciará partir de la primera semana de septiembre de dos mil veintitrés. De igual modo, se estableció, que si el Congreso de la Unión decide en ejercicio de sus facultades legislar nuevamente sobre la materia del decreto invalidado con posterioridad, no deberá incurrir en el vicio de inconstitucionalidad relativo a la ausencia de consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a las personas con discapacidad. Lo cual se trae a la vista como hecho notorio, de conformidad con lo establecido en el numeral 8810 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral segundo, por tratarse de resoluciones emitidas por el máximo Tribunal. [...] Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, doce de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que la parte quejosa fue omisa en atender el requerimiento de veintitrés de febrero del año en curso, en el sentido de "informar a este Juzgado la razón de su ausencia a la cita programada el día once de enero de dos mil veintitrés, conforme a lo establecido en el acuerdo de seis de diciembre del año inmediato pasado", no obstante que conforme a la razón actuarial de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se advierte que la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional se constituyó en el domicilio precisado en auto de veintitrés de febrero pasado, en el que la persona que atendió la diligencia hizo de su conocimiento que en ese domicilio efectivamente puede ser localizada la parte quejosa, su abogado y/o sus autorizados, por lo que tal determinación le fue notificada por lista el uno de marzo de esta anualidad. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 297, fracción ll del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión a la parte quejosa para que, en el término de tres días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, detalle a éste Juzgado la razón de su ausencia a la cita programada el día once de enero de dos mil veintitrés, conforme a Io establecido en el acuerdo de seis de diciembre del año inmediato pasado, apercibida que de no hacerlo así; se hará efectivo el apercibimiento hecho en auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós, en el sentido de que se le tendrá conforme con la calificación realizada por la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector. Para efectos de lo anterior, comisiónese al Actuario Judicial adscrito a éste órgano jurisdiccional, para que se constituya nuevamente en el domicilio señalado por la impetrante de amparo, en el juicio de nulidad IV-67312/2014 de la Cuarta Sala Ordinaria del entonces Tribunal de Io Contencioso Administrativo el Distrito Federal, esto es, el ubicado en *****, Ciudad de México. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la autoridad que en él se indica, en representación del Director General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, en virtud del cual informa de las gestiones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y para tal efecto remite el oficio SGB-VI-22291 de diecisiete de abril del año en curso, en el que el General de Brigada de Justicia Militar de esa dependencia, determinó lo siguiente: [...] En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo, se otorga una prórroga a la autoridad directamente obligada al cumplimiento, Director General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita las constancias que acrediten el cumplimiento total dado a la ejecutoria de mérito, lo que consiste en: [...] Asimismo, de conformidad con los artículos 192, párrafo tercero, y 194 de la ley de mérito, se requiere también al Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, como superior jerárquico de la autoridad señalada, para que en el plazo de cinco días hábiles, acredite que ordenó acatar la ejecutoria de amparo. [...] Apercibidas las referidas autoridades que de no acatar lo ya ordenado [...] Notifíquese
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 4,184 expedientes
- Gilberto Romero Ortiz1554/2021
- Gilberto Rosales González1155/2021
- Gilberto Villegas Méndez y Otros.1442/2023
- Giovani Brugada González270/2022
- Giovanna Umelia Garrido Márquez226/2022
- Giza Hernández Saad955/2022
- Glenda Patricia Martínez Avalos1651/2022
- Gloria de los Ángeles Treviño Ruíz1973/2023
- Gloria Elizabeth Servin Cruz500/2022
- Gloria Elvira Juárez Bustos36/2023
- Gloria García Tafolla163/2023
- Gloria Hernández Rodríguez485/2022