Gladys Nohemi Pérez Sánchez

Expediente 989/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
989/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
30/08/2023

Partes del expediente

  • Gladys Nohemi Pérez Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado actual que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que mediante resolución de diez de abril de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al agraviado Leonardo Cuéllar Valtierra; a fin de que la autoridad responsable dentro del expediente laboral 591/E06/2021, señalara fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y en su caso ordenara al actuario de su adscripción realizar el emplazamiento a la parte demandada; asimismo, mediante proveído de veintisiete de abril del año en curso, causó ejecutoria el citado fallo, requiriendo su debido cumplimiento a la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Sin embargo, no obstante los múltiples requerimientos, la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad y sus integrantes Presidente; representante de los trabajadores; y, representante de los patrones, no han dado cumplimiento a la sentencia de amparo dictada dentro del presente juicio de garantías, o en su caso, hacer del conocimiento del impedimento que tengan para ello; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, requiéraseles de nueva cuenta, para que en el término de tres días legalmente computado, informen sobre el cumplimiento dado al fallo protector, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que en caso de incumplimiento, se hará efectiva en lo individual la multa con que fueron conminados respectivamente en proveído de catorce de julio de dos mil veintitrés, consistente en la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que Corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, secretario que actúa y da fe.Sin embargo, no obstante los múltiples requerimientos, la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad y sus integrantes Presidente; representante de los trabajadores; y, representante de los patrones, no han dado cumplimiento a la sentencia de amparo dictada dentro del presente juicio de garantías, o en su caso, hacer del conocimiento del impedimento que tengan para ello; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, requiéraseles de nueva cuenta, para que en el término de tres días legalmente computado, informen sobre el cumplimiento dado al fallo protector, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que en caso de incumplimiento, se hará efectiva en lo individual la multa con que fueron conminados respectivamente en proveído de catorce de julio de dos mil veintitrés, consistente en la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que Corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, quince de agosto de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por********************, contra actos del Agente del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad de Investigación Tres, residente en esta ciudad; regístrese con el número 989/2023-III. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, en el entendido de que dicho precepto faculta al órgano jurisdiccional para desecharla de plano cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, se precisa que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, la parte quejosa señala como autoridad responsable, a la siguiente: Agente del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad de Investigación Tres, residente en esta ciudad. Asimismo, como acto reclamado: "El no estar debidamente notificada del no ejercicio de la acción penal decretada en la carpeta de investigación ******************** de la Agencia del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio Adscrito a la Unidad General de Investigación 4 del Municipio de Matamoros, Tamaulipas." (sic) Por su parte, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, refirió: "Que en fecha cuatro de agosto del presente año, mi asesor jurídico licenciado ******************** se apersonó ante las instalaciones de la fiscalía general de justicia ubicadas en Avenida Marte R. Gómez y Tercera sin número del Fraccionamiento Villa Las Torres de este Municipio y específicamente ante la Unidad General de Investigación número 04, solicitando el acceso a la carpeta de investigación ********************, informándole el personal de dicha dependencia que la carpeta se había dado de baja toda vez que se decretó el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, situación que no le fue notificada a mi Asesor Jurídico ni mucho menos notificada de manera personal a la suscrita, lo que me deja en estado de indefensión pues no tuve conocimiento para poder recurrir dicha determinación." (sic) En ese contexto, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa al Agente del Ministerio Público señalado como responsable está circunscrito a la falta de notificación de la determinación de no ejercicio de la acción penal, emitida dentro de la carpeta de investigación ********************, misma que se aperturó con una denuncia presentada por aquélla, como víctima, bajo las reglas del sistema penal acusatorio. En otras palabras, la impetrante del amparo reclama una omisión al Agente responsable, consistente en la falta de notificación de la determinación de no ejercicio de la acción penal. Sin embargo, la omisión relatada y que atañe al curso de la mencionada carpeta, puede ser reclamada con un recurso ordinario que debe agotar la parte quejosa antes de promover el juicio de amparo, razón por la cual es válido imponer desde este momento una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Así las cosas, la falta de notificación de la determinación de no ejercicio de la acción penal, reclamada al fiscal encargado de la carpeta de investigación -iniciada bajo las reglas del sistema penal acusatorio-, tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación que debe agotar la parte quejosa antes de solicitar el control de legalidad extraordinario, en la vía de amparo indirecto. En efecto, para ello cabe precisar que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Como se advierte, ese precepto dispone que el impacto de omisiones o resoluciones del Ministerio Público, contra las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, son impugnables ante un Juez de Control. Esa ruta ordinaria de impugnación debe agotarse previo a la instauración del juicio de amparo indirecto, con el propósito de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria -el juicio de amparo-. De esa forma lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 943, Materias Común y Penal, del rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Por ello, se afirma que las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos están obligados a acudir a la ruta ordinaria contra las omisiones del Ministerio Público, desde el inicio de la carpeta de investigación y hasta la eventual conclusión de la misma. En particular, impugnarlas ante un Juez de Control para que éste revise la legalidad de esas omisiones, entre las cuales debe subsumirse la reclamada por la parte quejosa; es decir, la falta de notificación de la determinación de no ejercicio de la acción penal. Sobre todo porque el Juez de Control, en términos del precepto citado, puede ordenar al agente del Ministerio Público encargado de la carpeta, que repare la falta de notificación para respetar el derecho que tiene la víctima -parte quejosa- de solicitar el control judicial contra la determinación con la cual se pretende concluir la investigación. Todo ello se obtuvo de la contradicción de tesis 233/2017, que generó el criterio invocado en párrafos anteriores, pues la ejecutoria de la referida contradicción, determinó la obligación de las víctimas u ofendidos de impugnar cualquier omisión del Ministerio Público, a través de la ruta ordinaria establecida en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Omisiones que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, extendió a la falta de actos relacionados con el curso de la indagatoria, que comprende la supuesta falta de notificación en que incurrió el agente responsable y que pretende combatir la parte quejosa. Por consiguiente, se afirma que el reclamo planteado por ésta, contra la omisión de la autoridad ministerial responsable al emitir la determinación de no ejercicio, debe llevarse primero a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el invocado artículo 258, a fin de cumplir el principio de definitividad. En el entendido de que si la resolución que emitiera el Juez de Control al examinar la conducta del agente responsable, fuera adversa o pudiera transgredir derechos fundamentales previstos en la Constitución Federal, surgirá la posibilidad de instaurar juicio de amparo indirecto contra esa resolución. Bajo este contexto, se declara que la omisión atribuida a la única autoridad ministerial responsable, encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo. Máxime que los datos proporcionados en la demanda reflejan las condiciones de la parte quejosa para acudir a la ruta ordinaria de impugnación, es decir, es la víctima en la carpeta de investigación tramitada con las reglas del sistema penal acusatorio, de la cual deriva la omisión que pretende reclamar como acto independiente y autónomo. Es de puntualizarse que si bien la quejosa no fue notificada formalmente de la resolución que decretó el no ejercicio de la acción penal, lo cierto es que sí tuvo conocimiento de la existencia de dicha determinación por otros medios -según lo señaló en su demanda-, de ahí que al conocer tal decisión desde ese momento y sin problema alguno, se encontraba en condiciones de impugnarla a través del medio de defensa ordinario a que ya se hizo referencia. Lo cual encuentra apoyo además en la tesis I.7o.P.119 P (10a.), sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 4632, Décima Época, Materias Penal, que establece: "RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PROCEDE CONTRA CUALQUIER OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, INCLUSO TRATÁNDOSE DE LAS QUE NO TENGAN COMO EFECTO PARALIZAR LA INVESTIGACIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, que dio origen a las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), determinó que mediante el recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pueden impugnarse las omisiones que inciden en la actividad investigadora del agente del Ministerio Público, y que hayan ocurrido en la etapa de investigación del procedimiento penal acusatorio. Ahora, esas omisiones no deben limitarse a las taxativamente previstas en dicho numeral o que tengan como efecto paralizar la investigación, sino todas aquellas que se cometan en la carpeta de investigación, incluso, las que no tengan esos efectos dilatorios, ya que el respeto a los derechos de la víctima y, en general, de las partes, está íntimamente ligado con la labor del Ministerio Público, pues en su función está obligado a salvaguardar sus prerrogativas en todo momento. De ahí que por medio de dicho recurso innominado puede impugnarse cualquier tipo de omisión en que incurra la representación social, con la finalidad de que sea el Juez de control quien vigile que se respeten los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante la fase de investigación, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata bajo las reglas del control judicial, respecto a cualquier omisión del Ministerio Público que ponga en peligro o lesione los derechos fundamentales de la víctima u ofendido." Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos, porque la omisión que pretende reclamar la parte quejosa encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable. Por otro lado, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que menciona en su libelo de demanda y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ********************, quien se encuentra registrado en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, toda vez que ******************** no está dado de alta en el aludido sistema, únicamente se le faculta para los efectos precisados en la parte final del citado precepto legal. Asimismo, se tiene a la agraviada proporcionando el correo electrónico que refiere, el cual será utilizado únicamente para comunicaciones no procesales, tal y como lo establece el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    ... De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico al quejoso, el auto de quince de agosto de dos mil veintitrés, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.

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