Gladys del Rocío Tuz Hamilton
Expediente 89/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 89/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Gladys del Rocío Tuz Hamilton
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se remitió el juicio amparo 89/2017 promovido por Gladys del Rocío Tuz Hamilton, e informa que el Tribunal de su adscripción confirmó la competencia planteada a su favor. En ese contexto, toda vez que el presente expediente se encuentra concluido debido a que no existe trámite por realizar ni documentos originales por devolver, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como lo dispuesto en los artículos Segundo, fracciones XVI y XX, Décimo Primero, párrafo segundo y Vigésimo, todos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se ordena el archivo definitivo de este cuaderno de antecedentes, que por tener carácter de expediente auxiliar, carece de valor jurídico e histórico y al no considerarse de relevancia documental, es susceptible de destrucción, después de transcurridos seis meses.
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el catorce de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de nueve de febrero del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Con la demanda de amparo de cuenta Gladys del Rocío Tuz Hamilton, solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 89/2017. Ahora, del contenido de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO El acto reclamado lo constituye el laudo emitido por los Representantes que integran el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, de fecha 10 de enero de 2017, en el cual se dictaron los siguientes puntos resolutivos: PRIMERO.- Se declara improcedente la acción de indemnización constitucional por despido injustificado promovido por la ciudadana GLADYS DEL ROCÍO TUZ HAMILTON, en contra del H, AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, en virtud de los razonamientos y fundamentos expuestos en esta resolución. SEGUNDO.- Se absuelve al demandado H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, a pagar a favor de la ciudadana GLADYS DEL ROCÍO TUZ HAMILTON, todas y cada una de las prestaciones señaladas en el considerando sétimo (sic) de esta resolución. TERCERO.- Se condena al demandado H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, a pagar a favor de la ciudadana GLADYS DEL ROCÍO TUZ HAMILTON, todas y cada una de las prestaciones señaladas en el considerando octavo de esta resolución. CUARTO.- Se conmina a la demandada H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, con fundamento en el artículo 157 de la Ley Burocrática del Estado de Quintana Roo, a pagar las prestaciones laborales concedidas a la parte actora en los términos legales procedentes. QUINTO.- Se comisiona al Ciudadano Actuario adscrito a este Honorable Tribunal Laboral, para que notifique personalmente la presente resolución a las partes en sus domicilios establecidos en autos del Expediente Número DIT/38/2013". De lo antes expuesto, así como del análisis a la demanda de amparo, se tiene que la quejosa se duele del laudo de diez de enero de dos mil diecisiete, que puso fin al juicio laboral DIT/38/2013, promovido en contra del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Quintana Roo. En el caso se considera que no se actualiza ninguna de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, y para sustentar esa afirmación, se transcribe el artículo 107 de la Ley de Amparo, que a la literalidad dice: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Ahora, a la luz de lo transcrito -como se dijo-, el acto reclamado por la parte quejosa no encuadra en alguno de los presupuestos del artículo de referencia, por las razones siguientes: El acto que reclaman en la demanda de amparo, no se trata de una norma general, pues no es un tratado internacional, ni ley federal o estatal; mucho menos una constitución local, ni reglamento de ámbito federal o local, así como tampoco es un decreto, acuerdo o resolución de observancia general (fracción I). Tampoco nos encontramos ante un acto u omisión que provenga de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues en el caso concreto, el acto que se reclama fue dictado por una autoridad jurisdiccional (fracción II). No estamos ante un acto, omisión o resolución proveniente de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ya que estamos frente a una sentencia dictada en un procedimiento judicial (fracción III). Ni se está frente a un acto de tribunal judicial, administrativo, agrario o del trabajo realizado fuera de juicio o después de concluido (fracción IV). No se trata de un acto, dentro o fuera de juicio, pues como se dijo el acto reclamado puso fin a la controversia (fracciones V y VI). Mucho menos se trata de una omisión del Ministerio Público en la investigación de los delitos, ni resolución de reserva, ni ejercicio de acción penal, pues el acto es de naturaleza administrativa (fracción VII). Finalmente, no estamos ante un acto de autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto (fracción VIII). En mérito de lo anterior, se pone de manifiesto que el acto reclamado en el presente asunto [laudo emitido el diez de enero de dos mil diecisiete, que puso fin al juicio laboral DIT/38/2013, promovido en contra del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Quintana Roo] no se encuentra en alguno de los supuestos que el artículo 107 de la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, de conformidad con los preceptos legales 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los artículos 47 y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tratar de combatirse una resolución que pone fin al juicio como lo es el laudo de diez de enero de dos mil diecisiete, que puso fin al juicio laboral DIT/38/2013, promovido en contra del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Quintana Roo, lo que pudiera resultar procedente sería el juicio de amparo directo o uni-instancial; de modo que la legal competencia para conocer y resolver el mismo correspondería a un Tribunal Colegiado de Circuito. En las relatadas condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, considera carecer de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión. Por tanto, previo cuaderno de antecedentes que se forme, y en acatamiento a lo previsto por el numeral 47, primer párrafo, de la Ley de Amparo, remítase de inmediato el juicio de amparo indirecto 89/2017 promovido por Gladys del Rocío Tuz Hamilton, con las cinco copias de la demanda de amparo, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Turno, con residencia en Cancún, Quintana Roo, para que tenga a bien decidir lo que proceda conforme a derecho, y solicítese de la manera más atenta el acuse de recibo de estilo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que señala en el mismo. Finalmente, háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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