Gladys Consuelo Cuellar Colunga

Expediente 510/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
510/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
01/07/2019

Partes del expediente

  • Gladys Consuelo Cuellar Colunga
  • Junta Especial Numero Cinco de la Local de Conciliacion Y Arbitraje En el Estado, Ciudad

Actuaciones

  1. Principal

    ...se declara que la sentencia dictada en autos ha causado ejecutoria... archívese este asunto como totalmente concluido...

  2. Principal

    El Juez declara abierta la audiencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, haciendo constar el Secretario que ninguna de las partes ha comparecido a participar en este acto, no obstante su legal notificación según constancias que obran en autos. A continuación, el Secretario procede a dar lectura al escrito de demanda (foja 3 a 5), así como a las demás constancias de autos, y da cuenta al Juez con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. A lo que se provee: ténganse por relacionadas las constancias de autos y tómense en consideración el informe justificado al momento de resolver este juicio de amparo. Posteriormente, el Juez declara abierto el período probatorio, en el que el Secretario da cuenta con la documental exhibida por la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación (foja 13 a 15). A lo que se acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales de referencia, en atención a su propia y especial naturaleza. Sin más pruebas por relacionar, se declara cerrada dicha fase. A continuación, se abre y cierra la etapa de alegatos, toda vez que las partes no los formularon. Sin que exista promoción pendiente de acordar, el Juez dicta la siguiente S E N T E N C I A : VISTOS los autos que integran el juicio de amparo 501/2019-1; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de mayo dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con asiento en esta ciudad, turnado a este Juzgado Octavo de Distrito, Gladys Consuelo Cuellar Colunga, promovió juicio de amparo contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de diez de mayo de dos mil diecinueve, se admitió la demanda y se registró con el número 510/2019-1, se ordenó dar los trámites administrativos comunes, pedir informe con justificación a la autoridad responsable, se dio a la representante social de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos que se anotan; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de derechos fundamentales, con fundamento en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Punto Cuarto, fracción XIX, párrafo cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los actos reclamados tendrían ejecución material en la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. En principio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa que en este asunto el acto reclamado se hizo consistir en la omisión por parte de la responsable, de dictar resolución incidental de liquidación de laudo en el expediente laboral 460/5/2017. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 192097), que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. El Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó el acto reclamado (foja 12). Además, para justificar su dicho remitió copia certificada de algunas actuaciones del juicio laboral de origen; mismas que al ser expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones, adquieren valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. No se analizará el acto que el impetrante califica de inconstitucional, toda vez que se actualiza una causa de improcedencia, cuestión que es de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de la Materia, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." En efecto, la quejosa Gladys Consuelo Cuellar Colunga, acudió en demanda de protección constitucional el ocho de mayo de dos mil diecinueve, reclamando la omisión por parte de la responsable, de dictar resolución incidental de liquidación de laudo en el expediente laboral 460/5/2017. Por otra parte, la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, remitió copia certificada de la resolución interlocutoria de liquidación de nueve de mayo del presente año en el juicio laboral de origen 460/5/2017. La anterior circunstancia, como ya se adelantó, actualiza el motivo de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos de la omisión reclamada en esta vía, en razón de que al dictarse la resolución interlocutoria de liquidación de nueve de mayo del presente año en el juicio laboral de origen 460/5/2017, se dejó de afectar la esfera jurídica del agraviado, y con ello no deja huella que amerite ser borrada con el otorgamiento del amparo y protección de la Justicia Federal, para que sea restituido en el goce del derecho fundamental violado. Dadas las razones anotadas, al actualizarse en autos de manera plena el motivo de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XXI, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. CL/97, publicada en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 197367), cuyos rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 510/2019-1, promovido Gladys Consuelo Cuellar Colunga, respecto del acto reclamado, autoridad responsable y por los motivos anotados en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, cinco de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable, rindiendo su informe justificado y allegando documental pública, que se tomarán en consideración al resolver este juicio, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes mediante notificación por lista, para que expongan lo que a su interés convenga. Notifíquese.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, diez de mayo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda presentada por Gladys Consuelo Cuellar Colunga, y copias; regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 510/2019-1. Por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda signada por Gladys Consuelo Cuellar Colunga, que promueve contra acto de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional la intervención que le confiere la ley, entregándole copia simple de la demanda de que se trata. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. Para la celebración de la audiencia constitucional que contempla el artículo 124 de la Ley de Amparo, se fijan las DIEZ HORAS CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días, contado a partir de aquél al que reciba la notificación del presente proveído, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional. Indíquese a la autoridad responsable que la Ley de Amparo, en su artículo 260, fracción II, dispone que se sancionará con multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha, en caso de que se haga efectivo dicho medio de apremio, a la autoridad responsable que no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Por otro lado, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de la Amparo, hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, con el apercibimiento de que de no cumplir lo anterior se les impondrá multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha, en caso de que se haga efectivo dicho medio de apremio, tal como lo marca el artículo 251 de la ley en consulta. Se reserva el emplazamiento de la tercero interesada, hasta en tanto obren en autos las constancias relativas al juicio de origen y de ellas se corrobore el domicilio donde pueda ser localizada. Como lo solicita la parte promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, el lugar y personas mencionadas en el escrito de demanda. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifique a la autoridad responsable por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos leales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificarán por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, del Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época (registro 2002576), del rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita al Actuario adscrito a este órgano de control constitucional para que proceda a practicar las diligencias encomendadas en este juicio en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea el quejoso, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Cezar Omar Garza Montemayor, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

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