Gladys Adelaida Brito Arce
Expediente 565/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 565/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gladys Adelaida Brito Arce
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 565/2023-VI, promovido por Gladys Adelaida Brito Arce por conducto de su apoderado legal, contra actos que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 14, 16, 17 y 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el once de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, Gladys Adelaida Brito Arce solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de trece de abril de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se emplazó a la parte tercero interesada, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actos a autoridades, cuya ejecución se realizó dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo.- Precisión de los actos reclamados. Toca ahora determinar cuáles son los actos que Gladys Adelaida Brito Arce reclama de la autoridad responsable, para lo cual se procede analizar en su integridad la demanda de garantías, en términos de la Jurisprudencia número P/J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril del 2000, Novena Época, con el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Y en la diversa jurisprudencia número 18, visible en la página 19 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con el rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE INTEGRAMENTE LA DEMANDA PARA DETERMINARLOS". Así, de la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de once de octubre de dos mil veintidós, en donde se declaró improcedente el incidente de sustitución patronal promovido por la aquí quejosa, emitida en en el juicio laboral 311/2012. Tercero.- Existencia de los actos reclamados La Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad, en sus informe justificado aceptó la certeza de los actos reclamados, lo que se corrobora con las constancias remitidas, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; de ahí que los mismos deban considerarse como existentes, conforme a lo señalado en la jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, publicada en la página 231, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a | examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto.- Análisis de conceptos de violación. No existiendo causal de improcedencia que hagan valer las partes, ni advirtiéndose su existencia, se procede al análisis de los conceptos de violación, que hace valer el quejoso en su escrito de demanda. La quejosa alega que resulta ilegal la resolución reclamada ya que la autoridad responsable cometió un error en dividir los domicilios en los cuales se encontraba su centro de trabajo, pues no consideró que el demandado al contestar su demanda reconoció ser el propietario y responsable del centro de trabajo y que el mismo se le denomina comercialmente como Maderería Medina y Aserradero Madermar, así como que se encontraba ubicado y funcionando, tanto en la calle setenta y nueve número ciento cincuenta y nueve por ochenta y dos y ochenta y cuatro de la colonia centro de Progreso, Yucatán, así como en su sucursal ubicada en carretera Mérida-Progreso, kilómetro 13.7 sin número de Xcanatún de esta ciudad, y que debido al cargo de auxiliar contable la quejosa tenía que acudir a ambas; además de que dicha fuente de trabajo es la comercialización de madera, hechos que no fueron controvertidos. Asimismo, la quejosa sostiene que resulta ilegal la resolución reclamada, ya que contra lo estimado por la autoridad responsable, si bien en su momento fueron absueltas las demandadas Guadalupe Beatriz Novelo López de Sosa y Alejandra Beatriz Sosa Novelo, por no haberse acreditado el vínculo obrero patronal, no significa que posteriormente hayan tenido tal carácter, tal como lo tiene Alejandro Abraham Medina Sosa como patrón sustituto desde el diecinueve de diciembre de dos mil doce. Además, la quejosa sostiene que la resolución resulta ilegal, ya que autoridad responsable no consideró que el centro de trabajo sigue estando en los mismos domicilios, la primera en la calle setenta y nueve número ciento cincuenta y nueve por ochenta y dos y ochenta y cuatro de la colonia centro de Progreso, Yucatán, y su sucursal en carretera Mérida-Progreso, kilómetro 13.7 sin número de Xcanatún de esta ciudad, comercialmente denominados entonces como Aserradero Mademar y Maderería Medina, ahora como Maderería el Zapote, conservando el mismo giro y objeto comercial , esto es, la venta de madera. Agrega que la autoridad responsable no valoró las pruebas ofrecidas por las partes, sino que sin fundar ni motivar su determinación, arroja la carga procesal a la hoy quejosa en el incidente. Resultan fundados los anteriores argumentos aunque suplidos en su deficiencia de conformidad con el numeral 79, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, el numeral 41 de la Ley Federal del Trabajo, aplicable al caso, dispone: "Artículo 41. La sustitución del patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento. El patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución, hasta por el término de seis meses; concluido éste, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón. "El término de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, se contará a partir de la fecha en que se hubiese dado aviso de la sustitución al sindicato o a los trabajadores." Del análisis del precepto transcrito se previene que la sustitución del patrón no afectará las relaciones de trabajo existentes de la empresa o establecimiento, además, alude que la persona que sustituya al anterior patrón es solidariamente responsable de las obligaciones derivadas del vínculo laboral nacidas antes de la fecha de la sustitución, pero esta responsabilidad, respecto del antiguo patrón, es limitada hasta por seis meses, por tanto, concluido tal plazo, hacia el futuro, únicamente existirá la responsabilidad del nuevo patrón. Ahora bien, la anterior Cuarta Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que deben reunirse diversos requisitos para que se actualice la figura jurídica de la sustitución patronal, lo cual se desprende del criterio que se transcribe a continuación: "PATRÓN SUSTITUTO. Para que exista sustitución de patrón es requisito indispensable que una negociación, considerada como unidad económico-jurídica, se transmita de una persona a otra en forma tal, que el patrimonio, como unidad, o parte del mismo que, a su vez constituya una unidad de la misma naturaleza económico-jurídica, pase a ser el patrimonio o parte del patrimonio de otra persona." Del contenido del citado precepto y del criterio antes mencionado se pueden deducir como requisitos para que opere la sustitución patronal -esencialmente- los siguientes: 1. La transmisión de una persona a otra de una negociación considerada como unidad económico jurídica, lo cual implica la transmisión de su patrimonio como unidad o parte del mismo; dicha transmisión puede ser mediante la incorporación de una empresa o razón social a otra ya existente; y, 2. Que se empleen las mismas herramientas y bienes con que operaba el patrón sustituido. Asimismo, de dichos requisitos se desprenden como elementos que ponen de manifiesto la existencia de la sustitución patronal los precisados a continuación: a) Que la nueva unidad se constituya bajo la misma naturaleza económico jurídica, es decir, con el mismo giro comercial; en el entendido de que en una relación laboral la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores sea objeto de traslación con motivo de algún acto jurídico o administrativo; es decir, que exista entre la persona moral o física sustituida hacia la sustituta una transmisión total o parcial de la entidad jurídica económica que dio origen a la relación laboral; y, b) Que exista identidad en el centro de trabajo y que la explotación de éste se realice de manera ininterrumpida, esto es, sin haber existido paralización de labores. Al respecto, tiene aplicación en lo conducente la tesis cuyos rubro, contenido y datos de ubicación se transcriben: "SUSTITUCIÓN PATRONAL EN CASO DE TRANSMISIÓN PARCIAL DE LA EMPRESA. La sustitución patronal opera no sólo cuando se transfiere la totalidad de la entidad jurídico económica que constituye los elementos necesarios para el desempeño de las labores que en tales términos debe servir para responder de la continuidad y la estabilidad en el empleo, sino que también opera cuando se transmite una parte de los bienes de la entidad económica jurídica con la cual puede seguir desempeñándose parte del trabajo realizado para el patrón original." Ahora, los efectos de la sustitución tienden a que las relaciones de trabajo permanezcan intactas como si no se hubiese efectuado la transmisión, en virtud de que los trabajadores no participaron en dicha transmisión y, por tal razón, no pueden afectarse sus derechos, de ahí que el nuevo patrón tendrá o conservará la carga de responder por las obligaciones preexistentes en favor de los trabajadores, lo cual a su vez implica una transmisión de obligaciones, cuyo objeto es garantizar los salarios y demás prestaciones a que tienen derecho los empleados. Con base en lo expuesto, resulta concluyente que si bien el mencionado artículo 41 no aporta suficientes elementos para determinar los requisitos de la sustitución patronal, al relacionar el contenido de este numeral con el criterio citado permite deducir la existencia de la sustitución en relación con un establecimiento o fuente de trabajo, siempre y cuando haya íntima relación entre ésta y el nuevo patrono, que se emplee la misma maquinaria y herramientas con motivo de la transmisión de la totalidad o parte del patrimonio de la empresa sustituida, lo cual puede colegirse si el patrón sustituto ocupa el mismo local y mantiene el giro comercial, además, si se demuestra o es evidente que no existió interrupción o paralización de actividades, esto es, que el nuevo patrono continuó desarrollando las actividades del anterior dentro del mismo establecimiento, pues constituyen datos adicionales para considerar que se ha dado la figura jurídica en examen. Ahora bien, la sustitución patronal es una figura jurídica en la cual participan solamente dos entes, a saber: patrón sustituto y patrón sustituido, y partiendo de la hipótesis que hacia el futuro prevalecerá la figura del nuevo patrono, es decir, el sustituto y que en tal modificación patronal no participa en ningún momento ni aspecto el trabajador, debe considerarse como obligación del patrón sustituto acreditar o en su defecto desacreditar tal circunstancia. Por tanto, se considera que corresponde al patrón a quien se le atribuye haber sustituido al anterior en sus obligaciones laborales demostrar que no se dan los elementos distintivos de la institución en comento, pues aun cuando por regla general en materia laboral la carga de la prueba incumbe al que afirma, sin embargo, por las particularidades que presenta la figura jurídica en examen y porque la negación efectuada en torno a la actualización de tal figura envuelve una afirmación, es que le toca al demandado acreditar los hechos en los que apoya sus excepciones. Ciertamente, el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo aplicable al caso, establece: "La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador." Como se puede advertir, en dicho precepto se prevé la remisión a reglas específicas dado que la Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que de acuerdo con las leyes tenga la obligación de conservar. Lo anterior es así, ya que la carga de la prueba es la necesidad que tienen las partes para acreditar la verdad de los hechos controvertidos a fin de poder obtener una resolución favorable, es decir, un deber de actuar que otorga un beneficio o evita un perjuicio al litigante que lo soporta. En esa perspectiva, si de acuerdo con el numeral 41 de la ley laboral la sustitución patronal es la transmisión total o parcial de la entidad jurídico-económica que dio origen a la relación laboral y en el cual los trabajadores no tienen intervención legal alguna -pues se realiza únicamente entre el transmisor y el adquirente de dicha entidad- es válido concluir que cuando se alega una sustitución patronal y la persona física o moral en su calidad de patrono sustituto niega tal carácter, a esta última le corresponde la carga de la prueba, toda vez que al carecer los trabajadores de intervención legal en la sustitución, no cuentan con los medios para demostrarla y, por tanto, considerar lo contrario rompería con las reglas específicas de la carga probatoria y se dejaría a los trabajadores en estado de indefensión. Esto es, si el trabajador alega -en cualquier etapa de un procedimiento laboral- la existencia de una sustitución patronal y precisamente la parte patronal niega tal circunstancia, a este último le corresponde la carga de la prueba, en virtud de que la sustitución patronal es una figura jurídica en la cual participan únicamente la parte patronal sustituta y la patronal sustituida, es decir, sin intervención de los trabajadores, por lo cual corresponderá a la parte patronal la carga de la prueba cuando se alegue la sustitución patronal y sea el patrón quien niegue tal figura, en el entendido de que el patrón sustituido será solidariamente responsable con el sustituto por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la legislación laboral, nacidas antes de la fecha de la sustitución y hasta por el término de seis meses posteriores a la sustitución patronal, subsistiendo -al concluir dicho término- hacia el futuro, únicamente la responsabilidad del patrón sustituto. Es aplicable la tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SUSTITUCIÓN PATRONAL. SI LA DEMANDADA SUSTITUTA NIEGA TENER TAL CARÁCTER, A ELLA LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA. De la interpretación sistémica de la Ley Federal del Trabajo, y en especial de sus artículos 41 y 784, se concluye que cuando el trabajador alegue en cualquier etapa del procedimiento de trabajo la existencia de una sustitución patronal y la persona física o moral en su calidad de patrono sustituto niegue tal carácter, a éste corresponderá la carga de la prueba, en virtud de que la sustitución patronal es una figura jurídica en la cual participan únicamente la parte patronal sustituta y la patronal sustituida, es decir, se realiza solamente entre el transmisor y el adquirente de la unidad económico-jurídica, sin que los trabajadores tengan participación alguna en su realización, de ahí que le corresponda a la parte patronal la carga de la prueba cuando se alegue la sustitución patronal y éste la niegue, en cualquier plazo, en el entendido de que el patrón sustituido será solidariamente responsable con el sustituto por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la legislación laboral, nacidas antes de la fecha de la sustitución y hasta por el término de seis meses, por lo que concluido este lapso, subsistirá hacia el futuro únicamente la responsabilidad del patrón sustituto. Ahora bien, de las copias certificadas del expediente laboral número 311/2012, remitidas por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo directo 908/2016, se emitió una resolución el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, que se elevó a la categoría de laudo el ocho de septiembre del mismo año, en donde se condenó a Edgar Medina Loria al pago de la prestaciones reclamadas por Gladys Adelaida Brito Arce y se absolvió a Alejandra Beatriz Sosa Novelo, Guadalupe Beatriz Novelo López de Sosa, Maderería Medina y Aserradero Mademar de todas y cada una de la acciones hechas valer. De igual manera se pone de manifiesto que en diligencia de cinco de junio de dos mil diecinueve, la actuaria adscrita a la Junta responsable se constituyó al predio ubicado en el kilómetro 13.7 de la carretera Mérida. Progreso de esta ciudad a fin de notificar a Edgar Medina Loria el auto de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho y requerirlo de pago y embargo, sin embargo, fue informado por la persona que lo atendió (Alejandra Sosa Novelo) que no podía realizar pago alguno y no podría permitir el embargo alguno a nombre del citado demandado, ya que el mismo no tenía su domicilio en ese lugar ya que el propietario de ese negocio era Edgar Adán Medina Sosa. En razón de lo anterior, mediante escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil veinte, la actora Gladys Adelaida Brito Arce, planteó el incidente de sustitución patronal y solicitó a la Junta responsable tuviera como patrón sustituto a Alejandro Abraham Medina Sosa y Edgar Adán Medina Sosa. Igualmente, se advierte que a la audiencia incidental de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, compareció Claudia Iriana Gómez Nuñez, como apoderada de la parte actora Gladys Adelaida Brito Arce y Lincoln José Palma Rodríguez, en representación de los demandados Edgar Medina Loria, Guadalupe Beatriz Novelo López de Sosa y Alejandra Beatriz Sosa Novelo, como patrón sustituidos y Alejandro Abraham Medina Sosa y Edgar Adán Medina Sosa como patrón sustitutos. . Asimismo, por proveído de tres de septiembre de dos mil veintiuno, se admitieron las pruebas ofrecidas por las partes, consistentes en: "De las pruebas ofrecidas por la parte actora incidentista se aceptan todas las pruebas por estar debidamente ofrecidas conforme a derecho. Respecto de las pruebas ofrecidas por los demandados en el juicio principal los C.C. ALEJANDRA BEATRIZ SOSA NOVELO, GUADALUPE BEATRIZ NOVELO PÉREZ (sic) Y EDGAR MEDINA LORIA, así como de los C.C: ALEJANDRO ABRAHAM MEDINA SOSA Y EDGAR ADÁN MEDINA SOSA, estos dos últimos como supuestos patrones sustitutos, se aceptan todas por estar ofrecidas conforme a derecho." Siendo que el once de octubre de dos mil veintidós, la Junta responsable estimó improcedente el incidente de sustitución patronal al estimar primeramente, que el predio donde se constituyó el actuario para el requerimiento de pago y embargo (kilómetro 13.7 de la carretera Mérida-Progreso) y que motivó a la incidentista a plantear la sustitución patronal, es distinto al del demandado Edgar Medina Loria, ya que este tiene su domicilio en la calle setenta y nueve número ciento cincuenta y nueve por ochenta y dos y ochenta y cuatro de la colonia Centro de Progreso, Yucatán. Razón por la cual, la autoridad estimó que esa diligencia de requerimiento de pago no se encontraba ajustada a derecho, ya que además de realizarse en un diverso domicilio se le informó a la actuaria que el propietario de ese centro de trabajo era Edgar Adán Medina Sosa, persona y nombre comercial ajenos al procedimiento. Asimismo, la autoridad responsable estimó que se pretendía señalar nuevamente a ALEJANDRA BEATRIZ SOSA NOVELO, GUADALUPE BEATRIZ NOVELO PÉREZ (sic), y a las negociaciones MADEMAR Y ASERRADERO MADEMAR, personas físicas y negociaciones absueltas en el procedimiento de origen. Además, determinó que las pruebas ofrecidas por la parte actora sólo acreditaba un parentesco entre dichas personas y no una sustitución patronal, en tanto, que de las pruebas ofrecidas por la parte demandada se acreditaba que en el domicilio donde la actuaria que se apersonó a notificar el requerimiento de pago y embargo está a nombre de personas que ya fueron absueltas en el procedimiento laboral, por lo que son personas ajenas a la ejecución y con giros diversos al demandado y condenado. Ahora bien, este juzgador respetuosamente difiere de los sostenido por la autoridad responsable, ya que respecto al argumento de que se trata de personas ajenas el procedimiento, es de indicarse que la sustitución patronal tiene por objeto precisamente reemplazar al patrón por uno nuevo que haya adquirido parcial o totalmente el patrimonio de la empresa en que prestó sus servicios el actor del juico laboral. Por lo que no resulta válido estimar improcedente la sustitución patronal por tratarse de una persona ajena al procedimiento, ya que esa es la intención de esta acción, esto es, tener como nuevo patrón a una persona diferente a los señalados como tales, que por lo general es una que no ha intervenido en el procedimiento laboral, estimar lo contrario equivaldría a contravenir la figura jurídica antes citada, ya que se busca reemplazar al empleador en sus obligaciones laborales contraídas con el empleado que estaba a su servicio y no de demostrar una nueva relación laboral. Por otro lado, respecto del nombre comercial, que la autoridad estimó que es ajena al procedimiento, es de indicarse que estos únicamente se trataban de denominaciones bajo el cual operaban los negocios del demandado y no de entidades jurídicas, pues así lo reconoció al contestar la demanda por conducto de su apoderado, en los términos siguientes: "...la actora del presente juicio no fue contratada ni en la fecha que menciona, ni en la forma que menciona, siendo la verdad de los hechos que fue contratada por mi representado quien es el único responsable de la fuente de trabajo adhiriéndome a lo que menciona únicamente a que mi representado para fines comerciales utiliza para el centro de trabajo los nombres de MADERERÍA MEDINA Y ASERRADERO MADEMAR, no siendo estos últimos entes jurídicos, ni mucho menos persona morales.". De ahí que, el hecho de que no coincida el nombre por el cual se le denomina actualmente al centro de trabajo donde laboraba la quejosa, no es suficiente para estimar improcedente la sustitución patronal, ya que sólo se trata de nombres utilizados para fines comerciales, máxime que como se dijo, el objetivo de esta figura jurídica es tener como nuevo patrón a una persona ya sea física o moral diferente al señalado como tal. Asimismo, se considera desacertado el argumento de la responsable al estimar que se trata de giros comerciales distintos, ya que según se advierte el demandado Edgar Medina Loria al contestar la demanda por conducto de su apoderado indicó: "también es cierto que mi representada tiene como objeto principal la comercialización de madera.", Siendo que al desahogar la vista que le dio al apoderado de los patrones sustitutos en la audiencia incidental indicó: ".el hecho de que exista parentesco mutuo entre todos mis representados y este extremo no se encuentra en duda, ya que en el escrito inicial de demanda la trabajadora demando como patrona a la C. GUADALUPE BEATRIZ NOVELO LÓPEZ DE SOSA, quien es la madre de ALEJANDRA BEATRIZ SOSA NOVELO y suegra de EDGAR MEDINA LORIA y abuela de ALEJANDRO ABRAHAM MEDIONA SOSA y EDGAR ADAN MEDINA SOSA, sin embargo, el hecho de que toda esta familia esté dedicada unos a actividades relacionadas con el ASERRADERO DE MADERA, otros con giros y actividades de comercialización de maderas y otros negocios afines, no da lugar que indefectiblemente y en automático adquieran el carácter de patrones sustitutos de la C: BRITO ARCE.". De ahí que este juzgador no comparta el criterio de la autoridad responsable, ya que como puede advertirse no quedó demostrado que se traten de giros comerciales distintos, sino que, tanto el demandado Edgar Medina Loria, como los patrones sustitutos, Alejandro Abraham Medina Sosa y Edgar Adán Medina Sosa, manifestaron que se dedicaban a giros y actividades relacionadas con la comercialización de la madera. En ese sentido, si bien la autoridad recalca que en las copias de las licencias de funcionamiento se asienta que el giro comercial de Edgar Adán Medina Sosa, es la obtención de productos de aserradero, incluyendo la impregnación de la madera (aserradero de maderas), es de indicarse que se trata de actividades relacionadas con los productos maderables, por lo que no puede estimarse que se trate de una actividad o giro comercial distinto a la del patrón sustituido. Por otro lado, también se estima incorrecto decretar improcedente la sustitución patronal, porque según la autoridad se trata de un domicilio diverso del señalado como del demandado Edgar Medina Loria (calle setenta y nueve número ciento cincuenta y nueve por ochenta y dos y ochenta y cuatro de la colonia Centro de Progreso, Yucatán) al del lugar donde se constituyó la actuaria a notificar el requerimiento de pago (kilómetro 13.7 de la carretera Mérida-Progreso). Lo anterior se estima de esta manera, ya que, en primer término, resulta desacertado que se trate de un domicilio diferente al señalado como del centro de trabajo, pues según se advierte en escrito de catorce de enero de dos mil trece, en donde la actora amplió, precisó y modificó la demanda, se señaló: "CENTRO DE TRABAJO Y OBJETO DE LA DEMANDADA El principal se encuentra ubicado en la calle 79 número159, por las calles 82 y 84 de la colonia centro de Progreso, Yucatán, y su sucursal en el kilómetro 13.7 sin número Xcanatún, de esta ciudad de Mérida. La parte demandada tiene como objeto comercial principal, la comercialización de madera. PUESTO Y LABORES Mil último puesto al servicio de la parte demanda fue el de Auxiliar Contable, en el centro de trabajo principal, y la supervisión de su sucursal, con las actividades inherentes a mi cargo, así como efectuar trámites para la parte demandada para el desempeño de su objeto comercial, ante autoridades estatales y federales, entre otros". Por su parte, el apoderado de Edgar Medina Loría al contestar la demanda indicó: ".ahora bien a lo que menciona sobre el centro de trabajo y objeto de la demandada es cierto en cuanto a lo que manifiesta a la ubicación del centro de trabajo, así como también es cierto que mi representada tiene como objeto principal la comercialización de madera.". Como puede advertirse, se señalaron como domicilio del patrón, tanto el predio ubicado en la calle 79 número 159, por las calles 82 y 84 de la colonia centro de Progreso, Yucatán, como de la sucursal establecida en el kilómetro 13.7 sin número Xcanatún, de esta ciudad de Mérida, mismos que el demandado no controvirtió sino que reafirmó; razón por la cual, no es trata de un diverso domicilio, sino es uno de los que fueron señalados por la actora y reconocidos por el actor. Por otro lado, aun soslayando lo anterior, es de indicarse que la discrepancia entre el domicilio del patrón sustituido y del patrón sustituto, no necesariamente trae como consecuencia estimar improcedente la sustitución patronal, ya que no se requiere como requisito esencial para la configuración de dicha figura esta identidad, sino como se adelantó, únicamente se requiere como requisitos fundamentales, la transmisión de una persona a otra de una negociación considerada como unidad económico jurídica; y que se empleen las mismas herramientas y bienes con que operaba el patrón sustituido, debiendo el patrón sustituto demostrar que no tiene ese carácter. Cobra aplicación al caso, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, página 1595, Décima Época, con registro digital: 2004119, que dispone: "SUSTITUCIÓN PATRONAL. SE CONFIGURA AUN CUANDO NO HAYA IDENTIDAD ENTRE EL DOMICILIO DEL PATRÓN SUSTITUTO Y EL DEL SUSTITUIDO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 7/2008-SS, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: "SUSTITUCIÓN PATRONAL. SI LA DEMANDADA SUSTITUTA NIEGA TENER TAL CARÁCTER, A ELLA LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, marzo de 2008, página 261, determinó que el hecho de que el patrón sustituto continúe operando en el mismo establecimiento que el sustituido, pone de manifiesto que operó la sustitución patronal alegada por el trabajador y que, por ello, es el patrón sustituto quien debe desvirtuar que tiene ese carácter que se le atribuye; sin embargo, tal criterio no define que la identidad del domicilio constituya un requisito esencial para la configuración de dicha figura, puesto que, como requisitos fundamentales, únicamente consideró la transmisión de una persona a otra de una negociación considerada como unidad económico jurídica; y que se empleen las mismas herramientas y bienes con que operaba el patrón sustituido, determinando que el suceso de que siga funcionando en el mismo centro de trabajo, hace patente la sustitución patronal, mas no refirió que, en caso contrario, no pudiera estimarse posible su operación. De ahí que si se señala como sustituta a la responsable de un centro de trabajo ubicado en un domicilio distinto al de la empresa demandada originalmente, no conlleva la imposibilidad de que se hubiese configurado la sustitución patronal; máxime que, precisamente, a quien se atribuye ser patrón sustituto, corresponde justificar que no tiene ese carácter". Por otro lado, no escapa la atención lo manifestado por la autoridad responsable en el sentido de que se pretende señalar nuevamente a personas físicas y negociaciones que fueron absueltas; sin embargo, al margen de que se pueda o no tenerlas como patrones sustitutas, es de indicarse que la quejosa planteó su incidente de sustitución patronal a efecto de que se tuviera como patrón sustituto a Alejandro Abraham Medina Sosa y Edgar Adán Medina Sosa, por los motivos ahí indicados. Por todo lo anterior, este juzgador estima que la resolución reclamada no se encuentra ajustada a derecho, toda vez que, al menos los argumentos en que se sustentó la autoridad responsable, no son suficientes para decretar la improcedencia del incidente de sustitución patronal. Por lo anterior, lo procedente es conceder a Gladys Adelaida Brito Arce el amparo y protección de la justicia de la Unión. Quinto. Precisión de los efectos para los que se concede el amparo. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo aplicable establece que cuando el acto reclamado es de carácter positivo, como en el caso, la sentencia tendrá como efecto de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado. En tales consideraciones, una vez que cause ejecutoria esta determinación, la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán deberá: Dejar insubsistente la resolución interlocutoria de once de octubre de dos mil veintidós, dictada en el incidente de sustitución patronal promovido en el juicio laboral 311/2012, y Emitir una nueva en la que considerando que corresponde la carga probatoria a Alejandro Abraham Medina Sosa y Edgar Adán Medina Sosa, en su calidad de patrones sustitutos sobre la inexistencia de la sustitución patronal, con plenitud de jurisdicción, resuelva el incidente de sustitución patronal, pero dejando de considerar los motivos por los cuales estimó que existe discrepancia entre el giro comercial de éstos con la del patrón sustituido, así como del domicilio señalado por la actuaria y del demandado Edgar Medina Loria, y la ajenidad de los señalados como patrones sustitutos. Sexto.- Publicidad.- Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75 y 76 fracción II de la Ley de Amparo aplicable, es de resolverse y se; R e s u e l v e: Primero. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Gladys Adelaida Brito Arce, en contra de los actos reclamados a la Junta Especial Número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán para los efectos precisados en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. Se ordena que para el caso de atender una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elaborar la versión pública de esta sentencia, testando las partes o secciones clasificadas e indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el secretario licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, que autoriza y da fe; hasta el día de hoy veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, en que los permitieron las labores del juzgado.
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Mérida, Yucatán, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio signado por la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, autoridad responsable en este asunto, mediante el cual cumple con el requerimiento de fecha veinte de julio del año en curso, por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se pone a la vista de las partes para el ejercicio de sus derechos de estimarlo pertinente. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, autorizado mediante oficio CCJ/ST/1003/2023, de trece de marzo de dos mil veintitrés, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
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Mérida, Yucatán, veinte de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, del cual se advierte que de las constancias que la autoridad responsable remitió como justificación de sus actos, obran agregadas las diligencias efectuadas por el actuario de su adscripción de fecha uno de diciembre de dos mil veintiuno, a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal del Municipio de Mérida, con números de folio de la 412 a la 417, las cuales se encuentran borrosas. Por tanto, a fin de que este órgano jurisdiccional este en aptitud legal y material para resolver lo conducente en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, para que dentro del término de tres días, contados a partir de aquel en que surta efectos la notificación de este proveído, remita copia certificada de la constancia de diligencias efectuadas por el actuario de su adscripción de fecha uno de diciembre de dos mil veintiuno, a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal del Municipio de Mérida, con números de folio de la 412 a la 417, relativas al expediente 311/2012. Se apercibe a la autoridad responsable que de ser omisa al requerimiento que en este proveído se formula, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo aplicable. Para dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha las nueve horas con treinta y seis minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el secretario licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, que autoriza y da fe.
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Mérida, Yucatán, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio signado por la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, autoridad responsable en este asunto, con el que cumple y remite las constancias solicitadas en este juicio, por tanto, se ponen a la vista de las partes para el ejercicio de sus derechos de estimarlo pertinente, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el secretario licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, que autoriza y da fe.
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