Gladis Marlem Torres Cárdenas

Expediente 1278/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1278/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
21/07/2022

Partes del expediente

  • Gladis Marlem Torres Cárdenas

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el ocurso que suscribe la parte quejosa; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídanse, a su costa, las copias simples de las constancias que indica y que obren en autos; previo recibo y razón que se deje asentado de su entrega por cualesquiera de las personas que para tal efecto autoriza. Luego, en cuanto a lo que solicita respecto a la devolución de los documentos fundatorios, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que, mediante proveído de veintinueve de julio dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; devuélvansele a la parte promovente los documentos que solicita en el escrito de cuenta, los que se ordenan entregar, previo recibo y razón que deje asentado en autos de su entrega, por cualesquiera de las personas que para tal efecto autoriza. En el entendido de que, para efecto de realizar dichos trámites de expedición de copias y devolución de documentos, en términos del artículo 3 del Acuerdo General de referencia, está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre Servicios jurisdiccionales donde encontrarán el sistema Agenda OJ, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este juzgado para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que la parte promovente o, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen a este órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    CITATORIO PRINCIPAL, SE NOTIFICA POR ESE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS LA CUAL DICE Zapopan, Jalisco, treinta de junio de dos mil veintidós. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1278/2022. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. Téngase por recibida la demanda promovida por *, Síndico del Ayuntamiento de Zapotiltic, Jalisco, carácter que se le reconoce con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, por así acreditarlo con el documento que allega, contra actos del Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como del Procurador Estatal de Protección al Ambiente, ambos del Estado de Jalisco. DECISIÓN SOBRE LA INSTANCIA CONSTITUCIONAL. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que es improcedente y, por tanto, debe desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En relación con ello, debe establecerse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y pleno convencimiento de que la causa de improcedencia en trato sea operante en el caso concreto, de modo tal, que aún en el supuesto de admitirse la demanda y substanciarse el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama, esencialmente, la emisión de autorización para explotar el banco de material geológico de tierra amarilla en los inmuebles ubicados en Zapotiltic, Jalisco, identificados como parcelas 57 Z1 P2/5 y 58 Z1 P2/5, así como la omisión de garantizar la protección al derecho humano de un ambiente sano de dicho municipio. El artículo 61, fracción XII, en relación con los artículos 1 y 7, todos de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5°, de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;[...]' "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley[...]' "Artículo 7. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. [...]' De los artículos transcritos se conoce que, la finalidad del juicio de amparo se encuentra centrada en proteger a los gobernados contra los actos u omisiones de la autoridad que violenten sus derechos fundamentales; ello con el afán de asegurar que las actuaciones u omisiones de los entes públicos no menoscaben la posibilidad de que el hombre, como tal y como gobernado, pueda desenvolver su propia personalidad en consecución con sus fines vitales de manera digna -proyecto de vida-, pues de lo contrario, los derechos reconocidos por el parámetro de regularidad constitucional estarían destinados a su fatal frustración, sin que se instituyese un medio constitucional para lograr el respeto y cumplimiento de las normas en que tal consagración opere. Asimismo, el artículo primero de la ley de la materia, prevé una regla general, que consiste en que el juicio de amparo únicamente puede ser promovido por personas físicas o morales a quienes afecte la norma general o acto reclamado, en conformidad con el artículo 6 de la Ley de Amparo. A esa regla general se le opone la excepción prevista en el artículo 7 de la ley de la materia, que dispone que la Federación, los Estados, el Distrito Federal ahora Ciudad de México, los municipios o cualquier persona moral pública podrán promover juicio de amparo cuando se cumplan con dos condiciones, de modo que, si no se cumple con alguno de los siguientes extremos, el amparo es improcedente: a) La norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio; y, b) Que esa afectación derive de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, esto es, que la Federación, los Estados, el Distrito Federal ahora Ciudad de México, los municipios o cualquier persona moral pública promueva al juicio deamparo desprovista de imperio (plano de igualdad con los particulares). Dicho de otra forma, si un ente público acude al juicio constitucional investido de imperio y en defensa de sus bienes públicos, el juicio de amparo es improcedente. Con relación a la hipótesis planteada en el inciso a) descrito en líneas que anteceden, debe decirse que la afectación a los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales, implica únicamente la defensa de bienes de dominio privado, es decir, aquellos bienes y riquezas que integren su patrimonio; pues los bienes del dominio público como lo son, entre otros, los destinados a sufragar el gasto público y satisfacer las necesidades públicas forman parte del patrimonio público, tanto como por su origen como por su destino, por lo que no son susceptibles de ser defendidos vía juicio de amparo. Ahora, a efecto de verificar la improcedencia del juicio de amparo, se debe tener en cuenta que se reclama la emisión de autorización para explotar el banco de material geológico de tierra amarilla en los inmuebles ubicados en Zapotiltic, Jalisco, identificados como parcelas 57 Z1 P2/5 y 58 Z1 P2/5, así como la omisión de garantizar la protección al derecho humano de un ambiente sano de dicho municipio. En este contexto, se considera que no se colma el requisito de legitimación exigido por el citado artículo para promover el juicio de amparo, toda vez que el acto reclamado consiste en una autorización para explotar el banco de material geológico de tierra amarilla en parcelas pertenecientes, aparentemente, a los terceros interesados señalado en el ocurso inicial, motivo por el cual, no afecta intereses patrimoniales de la parte quejosa, por lo que no se está en el supuesto de procedencia establecido en el artículo 7 de la Ley de Amparo, ni sus derechos humanos puedenverse transgredidos con el acto que reclama y, por ende, el juicio de amparo es improcedente. Por tanto, es evidente que esos intereses, en lo que respecta a la parte quejosa, no son de carácter patrimonial, por tanto, en modo alguno se afecta el patrimonio del Ayuntamiento de Zapotiltic, Jalisco, entendido como una disminución material de sus bienes, ya que no están en conflicto bienes de la parte quejosa. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos.1Por lo anteriormente considerado y fundado, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los artículos 1 y 7, todos de la Ley de Amparo, atento a lo dispuesto en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano, por notoria improcedencia, la demanda de amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal2; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección deDatos Personales en Posesión de Sujetos Obligados3; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,4 así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública5; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, lasresoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término6, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes7 bajo los lineamientos que contiene el citadoprotocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Isidro Ramos Gutiérrez, ya que acredita estar facultado para ejercer la profesión de abogados al tener registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales; y en términos restringidos a las diversas personas que señala, por así solicitarlo expresamente. CORREO ELECTRÓNICO. Se le tiene proporcionando correo electrónico y para entablar toda clase de comunicaciones no procesales. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de ProcedimientosCiviles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a las partes copia de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, que será entregada a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia que se realice ante el secretario encargado del asunto; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberá, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesita8. En atención a las medidas de prevención antes expuestas, se hace del conocimiento de las partes que conforme al artículo 36 del Acuerdo General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal9, laspersonas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Asimismo, cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que se exhorta a las partes a la utilización de dicha herramienta, para evitar su presencia física en las instalaciones de ciudad judicial y la consecuente concentración innecesaria de personas, lo anterior como medida de contención a la pandemia. Asimismo, se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. PROMOCIONES QUE NO INCIDEN EN LA PROSECUCIÓN EFECTIVA DEL JUICIO, DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva, en la medida de lo posible, la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaría judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar al expediente aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anteriorprocederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicidad de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde auto inicial). En similares términos se agregarán los oficios o escritos presentados por las partes que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, tales como notificaciones a los peritos, gestiones para hacer efectivas multas, etcétera. Lo anterior en estricta observancia al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la finalidad de que el expediente se encuentre disponible el mayor tiempo posible para consulta de las partes. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada ley de la materia, a efecto de salvaguardar la posibilidad de las partes de objetar los documentos exhibidos en el juicio, se les hace de su conocimiento que únicamente podrán ser devueltos cuando cause ejecutoria la sentencia o determinación que ponga fin al juicio; en el entendido que, en su lugar, se dejará copia a costa del solicitante, y será certificada o cotejada posteriormente por el secretario. CONSULTA DE EXPEDIENTES O COMPARECENCIAS. Asimismo, indíquese a las partes que la consulta del expediente deberá llevarse a cabo a través del micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas a que hace alusión el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de laJudicatura Federal10, reformado por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021. EXHORTACIÓN A SEGUIR EL JUICIO EN LÍNEA. Por otro lado, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 28 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal11, se solicita a las partes que, de ser posible, continúen la tramitación del caso desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el esquema de "juicio en línea", ello con la finalidad de disminuir la concentración de personas en el inmueble que ocupa este órgano jurisdiccional; para lo cual, habrán de tramitar su firma electrónica. O bien, podrán solicitar, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico. Asimismo, solicítese a las partes que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. MEDIDAS PARA LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO. Los actuarios de la adscripción deberán practicar las notificaciones personales, en términos de lo previsto en el artículo 23, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal12, esto es, de conformidad con los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo. Notifíquese personalmente.

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