Gladis Guadalupe Oseguera Rodríguez
Expediente 1219/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1219/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/09/2019
Partes del expediente
- Gladis Guadalupe Oseguera Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja que establece el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, en contra del auto de diez de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 10-20), por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
CON ESTA FECHA SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: DESECHAMIENTO Del análisis integral de la demanda de amparo deriva que contra el acto reclamado, la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el Órgano de Control Constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En efecto, de la demanda de amparo se obtiene que el acto reclamado es: "DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO ORDENADORAS, LES RECLAMO: De forma general se reclama a la autoridad señalada como ORDENADORA, la indebida orden donde de forma constante me ponen a disposición ante mis jefes inmediatos sin que medie algún procedimiento administrativo en mi contra, lo que vulnera mis derechos laborales, ya que me hacen perder el derecho de antigüedad al que tengo derecho, y con estos atropellos tratan de coartarme el tiempo para que no haga antigüedad en mi centro de trabajo. Del cual manifiesto que me he enterado de forma irregular que dichos cambios se han generado, debido a que el personal que integra el sindicato ha presentado diversas inconformidades que el Hospital y la Jurisdicción Sanitaria nunca me han dado explicaciones y solo se han limitado a cambiarme de lugar violentando mis derechos humanos, y entre los firmantes aparece la C. ********************, del Departamento de trabajo Social. DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS como EJECUTORAS, LES RECLAMO: De esta Autoridad se le reclama: El cumplimiento que dan a las quejas y que me lo ejercen mediante memorándum las Autoridades señaladas como Ejecutoras, violentando mis derechos humanos al no existir ningún procedimiento que así lo determine. La falta de Fundamentación y Motivación sobre las determinaciones emitidas en los diversos memorándum donde me cambian de forma constante de áreas de trabajo, ya que carecen de los motivos de improcedencia, así como de las observaciones del motivo por el cual esa autoridad responsable adolece, motivo por el cual surge el presente acto reclamado, y sin que expresen si existe mandato Judicial que así lo determine, así como el número de expediente si lo hubiese, autoridad donde se encuentra radicado el Juicio, fecha de su presentación, y de personas que deponen en mi contra.". (Sic) Con el propósito de examinar los argumentos vertidos en el escrito de demanda, es necesario atender al contenido de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5º fracción II, de la Ley de Amparo vigente, que establecen: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. El numeral transcrito prevé claramente la improcedencia del juicio de amparo cuando ésta resulte de alguna disposición legal. El artículo 1°, fracción I, mencionado prevé: Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte. Esta disposición establece que el objeto de estudio del juicio de amparo serán las leyes o actos de la autoridad que vulneren los derechos fundamentales. Por último, el artículo 5º, fracción II, de la ley de la materia prevé que: Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De los numerales insertos se advierte que la fracción XXIII del primer cardinal referido no establece una causa concreta de improcedencia del juicio constitucional, sino que señala en forma genérica que ésta derivará de la aplicación de uno o varios preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la propia Ley de Amparo. Asimismo, se obtiene que el juicio de control constitucional tiene por objeto dirimir controversias suscitadas por normas generales, actos u omisiones de autoridad que los gobernados consideren violatorias de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución General de la República, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación con lo cual, la legislación de la materia define a la autoridad responsable con independencia de su naturaleza formal, como la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por otro lado, derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos la legislación de amparo establece la posibilidad de señalar a particulares con la calidad de autoridad responsable, siempre que se les reclamen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan actuar creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas derivado de funciones determinadas por una norma general. Bajo ese orden, es permisible señalar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse fundamentalmente por exclusión de los actos de particulares, toda vez que la legislación de amparo establece la procedencia del juicio constitucional contra actos de autoridad y, excepcionalmente, en contra de particulares, siempre y cuando éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, de manera que afecten derechos fundamentales con motivo de funciones determinadas por una norma general. Ahora, para una debida comprensión de los motivos que actualizan la causa de improcedencia en estudio, resulta indispensable establecer la distinción entre un acto de autoridad del que no lo es, atendiendo a la clasificación de las relaciones jurídicas existentes en el marco jurídico nacional: de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Relaciones de coordinación: entendidas como las entabladas entre particulares, en las que éstos actúan en un plano de igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias están previstos en la legislación de los procedimientos ordinarios. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, administrativo, agrario o laboral; la nota distintiva de este tipo de relaciones de derecho privado es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas, o contempladas por la ley. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por la actuación de los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, mismas que son reguladas por el derecho público, el que a su vez establece procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, como son -en el ámbito ordinario-, el procedimiento contencioso-administrativo, mientras que en el parámetro constitucional, se encuentra el juicio de amparo; relaciones caracterizadas por la unilateralidad y, por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación, son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad previstas en el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas condiciones, para definir el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio constitucional, es necesario tomar en consideración la distinción de las relaciones jurídicas que se pretenden dirimir mediante su promoción, con el fin de establecer si la que se somete a la jurisdicción de los órganos de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad responsable actúe en un plano de superioridad. Apoya las anteriores consideraciones, la jurisprudencia por contradicción de tesis 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el Tomo XXXIV, Septiembre de dos mil once que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Así, la interpretación lógica y sistemática del precepto contenido en la nueva legislación de amparo y lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. Establecido el concepto y características de lo que la ley y la jurisprudencia han determinado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, se tiene que el caso concreto es la violación al derecho laboral al ordenar a la parte quejosa, constantes cambios de adscripción de su centro de labores. De este modo, es claro que en el caso que nos atañe, el acto reclamado consistente en la violación del derecho laboral; lo anterior, con motivo de los cambios constantes de adscripción de su centro de labores, no es emitido por la autoridad en su carácter de ente de derecho integrante de la Administración Pública, sino deviene de una relación laboral, en que la autoridad, señalada como responsable Secretario de Salud es la parte contratante. En efecto, de los antecedentes de la demanda, se advierte que la aquí quejosa es trabajadora de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, asimismo, que mediante oficio número **************** de uno de enero del año que transcurre, las autoridades responsables, le comunicaron a la citada quejosa, que debería ponerse a la disposición del Jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI Selva de Palenque, Chiapas. Bajo ese contexto, acorde a las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, a saber, la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular y que para ello no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. En relación con tales actos reclamados, es inconcuso que el Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud en el Estado de Chiapas residente en esta ciudad; Director del Hospital General Palenque; Jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI Selva; Departamento de Trabajo Social, todos residentes en Palenque, Chiapas, no son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo; es decir, tales actos obedecen a la relación que guarda con dichas autoridades responsables en un plano de coordinación, no así como un órgano de la administración pública de la que ésta forma parte, de modo que no se les puede otorgar el carácter de autoridad para los efectos del amparo. Así las cosas, al surgir el acto reclamado dentro de una relación contractual -contratante con contrayente, no puede resolverse la controversia planteada a través de la vía de amparo, sino que debe someterse a la potestad jurisdiccional del tribunal correspondiente, que conoce de los conflictos suscitados entre particulares sujetos a las leyes ordinarias, o bien, entre la dependencia señalada como responsable actuando en un plano de igualdad frente al particular quejoso. En tal virtud, no hay duda en cuanto a que en las referidas relaciones, tales órganos del Estado no actúan investidos de imperio, sino en un plano de igualdad y, como tal, son sujetos de derechos y obligaciones de las leyes comunes para dirimir sus diferencias frente a los órganos del Estado en un plano de igualdad. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 29, tomo III, abril de 2016, página 1956, registro electrónico 2011343, de contenido siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
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