Gladis Gómez Macías
Expediente 133/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 133/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 20/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Gladis Gómez Macías
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez Chihuahua; veinte de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado **, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *. Doy fe.
- Principal
SENTENCIAVistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 133/2019-I, promovida por *******, en representación de la quejosa *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve compareció *******, en representación de la quejosa *******. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de los agentes de Tránsito Municipal de Juárez, Chihuahua, titular del Centro de Recuperación Cívica Total del municipio de Juárez y Juez Cívico en turno del Centro de Recuperación Cívica Total del Municipio de Juárez, en sus denominaciones correctas, a quienes les reclamó las órdenes de detención, arresto e incomunicación ejecutadas sobre la directamente agraviada. SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. El acto que reclamó la parte quejosa vulnera el derecho contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve, la demanda de amparo se registró con el número 133/2019-I y, previa ratificación, el veinticinco de febrero siguiente se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CUARTO. Vista para la ampliación. El doce de marzo de dos mil diecinueve se dio vista a la quejosa para que, en el término de quince días, manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto a la complementación realizada por el Juez Cívico dependiente de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla, lo que se notificó el trece de marzo de dos mil diecinueve, sin que se desahogara dicha vista. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1. A la Directora del Centro de Recuperación Cívica Total y al agente de vialidad con número de empleado 22310 adscrito a la Dirección General de Tránsito Municipal: La orden de detención efectuada a la quejosa. La incomunicación de *******. 2. Al Juez de Cívico, dependiente de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla: La resolución dictada el veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve, relativa a la remisión *******, en la cual se sancionó a ******* a cumplir veinticuatro horas de arresto. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que consta del rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Directora del Centro de Recuperación Cívica Total al rendir su informe justificado y de plano negó el acto que le atribuyó la accionante del amparo; asimismo, al rendir su informe de la suspensión de plano el Juez Cívico dependiente de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla y el agente de vialidad con número de empleado ******* adscrito a la Dirección General de Tránsito Municipal negaron la incomunicación de la que se duele la quejosa, sin que ésta haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar tal negativa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 804176, de rubro: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe con justificación, el Juez Cívico, dependiente de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla, aceptó la existencia de la orden de arresto que le fue atribuida; por su parte, el agente de vialidad con número de empleado ******* adscrito a la Dirección General de Tránsito Municipal aceptó la detención ejecutada en contra de *******, por tanto, debe tenerse por cierta su existencia. Cobra aplicación la jurisprudencia 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 2000, tomo VI, Común, Quinta Época, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Además, de las constancias remitidas por el Juez Cívico, dependiente de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla, se desprende, en lo que aquí interesa, que en las calles Tecnológico y Simona Barba de la colonia Olmos Tecnológico, agentes de la Dirección de Tránsito Municipal observaron a ******* conduciendo un vehículo de motor en aparente estado de ebriedad por lo que la condujeron ante el Médico de la Dirección de Tránsito, quien determinó que la quejosa se encontraba en estado de ebriedad; por lo cual, fue llevada ante el Juez Cívico, quien el veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve resolvió sancionar a la quejosa por la conducta antes descrita, a cumplir veinticuatro horas de arresto; por tanto, debe tenerse por cierta su existencia. Documentales a las que se les reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de ahí que deba tenerse por cierta la existencia del acto que le fue atribuido. Cobra aplicación la jurisprudencia 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 2000, tomo VI, Común, Quinta Época, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En otro contexto, al no existir motivo de improcedencia que hagan valer las partes, o que este tribunal advierta de oficio deba examinarse, procede a continuación el estudio del fondo del asunto. SEXTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. El estudio de fondo del presente asunto, conducen a este Juzgado de Distrito a determinar lo siguiente: En la demanda de amparo presentada por comparecencia no se formularon conceptos de violación, pues el promovente se concretó a referir, de manera general y abstracta, que las autoridades responsables detuvieron, a la solicitante del amparo. Lo alegado en esos términos es inoperante. Para evidenciar este aserto, conviene establecer que los actos de autoridad están investidos de una presunción de validez que, cuando son impugnados, necesariamente debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa es ambiguo y superficial, en tanto que no se señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, lo alegado se torna inoperante, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 1833, aprobada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, novena época, Tomo II, materia común, página 2080, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez. En la especie, el promovente refirió, de manera general, que las autoridades responsables detuvieron a la solicitante del amparo. Con esas llanas expresiones, la quejosa eludió referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación, porque no expone las razones por las que considera que la orden de arresto decretada en su contra es inconstitucional, mucho menos formuló conceptos de violación en contra del acto impugnado, cuando se le dio vista para que, si era su deseo, los expresara en contra del arresto que se le decretó por el Juez Cívico. En esos términos, la quejosa no justificó la razón de su dicho ni controvirtió las consideraciones en que se sustentaron los actos reclamados, dado que sus manifestaciones se refieren a aspectos generales y abstractos, que sólo constituyen locuciones vagas e imprecisas, con los que no controvierte de forma concreta la imposición del arresto administrativo de veinticuatro horas, que se le decretó al haber sido sorprendida por las autoridades de tránsito municipal, conduciendo un vehículo automotor, en estado de ebriedad; en cambio, su alegato contiene vicios de generalidad que no pueden ser analizados por este Órgano; de ahí que lo alegado sea inoperante. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 8, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación (actualización 2002), novena época, tomo VI, materia común, página 12, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna. La anterior negativa de amparo debe hacerse extensiva a los actos de ejecución reclamados al agente de vialidad con número de empleado ******* adscrito a la Dirección General de Tránsito Municipal, pues los actos de ejecución que se le atribuyeron no se impugnan por vicios propios, sino como consecuencia de lo directamente ordenado por el Juez Cívico responsable. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 133/2019-I, promovido por *******, en representación de la quejosa *******, en contra de los actos reclamados al agente de vialidad con número de empleado ******* adscrito a la Dirección General de Tránsito, Directora del Centro de Recuperación Cívica Total, así como al Juez Cívico dependiente de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla, todos del municipio de Juárez, Chihuahua, consistentes en la incomunicación, en los términos expuestos en el considerando tercero de la presente determinación. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, contra la orden de arresto dictada por el Juez Cívico dependiente de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla del Municipio de Juárez, así como su ejecución en los términos indicados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy treinta de abril de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días concedido al quejoso a fin de que informara si era su deseo ampliar la demanda de amparo respecto al informe justificado rendido por el Juez Cívico dependiente de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla, sin que hiciera manifestación alguna, por lo que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de doce de marzo pasado y se ordena continuar con la tramitación del juicio de amparo en los términos planteados en la comparecencia de veinticuatro de febrero del año en curso, de conformidad con el artículo 117 párrafo octavo de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.*
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta se desprende que hoy es el quinto día de los quince que se concedieron a la quejosa, en proveído de doce de marzo de dos mil diecinueve, a fin de que manifestara su deseo de ampliar o no la demanda de amparo respecto de la complementación realizada por el Juez Cívico del Centro de Recuperación Cívica Total del Municipio de Juárez, Chihuahua, asimismo, se advierte que se encuentra señalada para esta fecha la audiencia constitucional. Por lo anterior, existe imposibilidad de llevar a cabo la audiencia constitucional, para lo cual se señalan las nueve horas con diez minutos del dieciséis de abril de dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ******************. Doy fe.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Gilberto Vejar Diaz y Otros.675/2023
- Gilberto Villanueva Lozoya846/2017
- Gilberto Wolfson García9/2023
- Gildardo Medina Medina479/2014
- Gisela Ornelas Nuñez57/2023
- Gisela Ornelas Nuñez42/2023
- Gloria Aida Verdugo Ontiveros253/2022
- Gloria Anahí Olivas Corral505/2020
- Gloria Armida Espinoza Orozco343/2015
- Gloria Cardenas Chacón849/2022
- Gloria Cecilia González Aguirre y Otros.1027/2022
- Gloria Cecilia González Aguirre y Otros.811/2021