Gladis Eneyda Genchi Reachi y Otros.

Expediente 394/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
394/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
22/08/2019

Partes del expediente

  • Gladis Eneyda Genchi Reachi
  • Wilbert Sait García Trujillo y Otros.
  • Gladis Eneyda Genchi Reachi y Otros.
  • Wilbert Sait García Trujillo
  • Oscar Yovanni Nava Jacinto y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintidós de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda y sentencia respectiva, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase contar lo anterior en su carátula. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 394/2019; y R E S U L T A N D O PRIMERO. .. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Gladis Eneyda Genchi Reachi, Wilberth Sait García Trujillo y Oscar Yovanny Nava Jacinto, Síndico Procurador, Presidente Municipal y Director de Obras Públicas de Florencio Villarreal, Guerrero, contra los actos y autoridades responsables precisados en el resultando primero, por los motivos expresados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente

  3. Principal

    NORIFICACION PERSONAL

  4. Principal

    RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR ESTRADOS: SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA NOEMIA LOZANO CASTAÑEDA, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 394/2019; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el cinco de abril del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, remitido ese mismo día por razón de turno al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, Gladis Eneyda Genchi Reachi, Wilberth Sait García Trujillo y Oscar Yovanny Nava Jacinto, por propio su derecho, y en su carácter de Síndico Procurador, Presidente Municipal y Director de Obras Públicas, todos del Ayuntamiento Municipal de Florencio Villarreal, Guerrero, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por el acto que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORA: Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con Residencia en Chilpancingo EJECUTORA: Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. ACTO RECLAMADO (.) Lo constituye el ilegal e inconstitucional acuerdo de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, emitido dentro del expediente toca administrativo número TJA/SS/062/2017, mismo que carece de la debida congruencia, motivación y fundamentación, y sobre todo es carente de legalidad por haber estimado decretar la ilegal y excesiva multa, ya que carece de legalidad, contrariando así el espíritu de lo contenido en el párrafo IV del artículo 1°; 14; 16; 17 y 22 Constitucional, provocando con ello una deficiente administración de justicia por los vicios propios contenidos en ella, pues en su momento por conducto del delegado la parte quejosa se dio cabal cumplimiento a la sentencia, cuestión que no tomo en cuenta la responsable al momento de imponer la ilegal y excesiva multa." SEGUNDO. Tramitación de la demanda. Por acuerdo de ocho de abril de dos mil diecinueve, el Juzgado Décimo Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, registró la demanda de amparo bajo el número 591/2019 y declaró carecer de competencia legal para conocer de la misma dado que la ejecución tendría lugar fuera de la jurisdicción de ese juzgado de Distrito. Mediante oficio 7043/2019, se enviaron los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, en esta ciudad, la que a su vez el once de abril del actual año, por razón de turno la remitió a este Juzgado Federal; quien por acuerdo de doce de abril de dos mil diecinueve, radicó en el libro de gobierno respectivo bajo el número de juicio de amparo 394/2019 y se admitió a trámite; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional: la cual, después de diferirse, se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. El suscrito Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama la imposición de una multa como medida de apremio en la etapa de ejecución de sentencia, a los funcionarios que ostentan el cargo de la autoridad demandada en un juicio contencioso administrativo, que se tramita ante un tribunal administrativo que tiene su residencia en el lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los quejosos reclaman por esta instancia, el auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente TJA/SS/062/2017, mediante el cual se les impuso multa de cien unidades de medida y actualización (UMA) que equivale a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con sede en la ciudad de Chilpancingo, por haberlo aceptado al rendir su informe justificado por conducto su Magistrada Presidenta; certeza que se robustece con la copia certificada de las constancias procesales del toca TJA/SS/062/2017, que allegó con dicho informe. Documental a la cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otra parte, a pesar de que el Procurador Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, con domicilio en Chilpancingo, al rendir el informe con justificación en representación del Titular de Ramo, negó el acto de ejecución que se le atribuye; negativa que se desvirtúa, ya que dado el carácter con el que fue señalado, de un momento a otro puede recibir la orden de ejecutarla, previo a que se subsane la imposibilidad que afirma tuvo para llevar a cabo el cobro de la multa; en cuanto a la documental que adjuntó como complemento a su informe, ésta se valora en términos arriba anotados. CUARTO. Estudio de fondo. Ante la certeza de los actos reclamados y al no actualizarse causa de improcedencia alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación de conformidad con el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo; previo a ello, resulta conveniente precisar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de las constancias del citado juicio contencioso, valoradas con antelación. Por oficio 992/2017 de siete de septiembre de dos mil diecisiete, la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, remitió los autos del juicio contencioso administrativo TCA/SRO/032/2012 promovido por Noemia Lozano Castañeda, en representación de su hijo Ublester Carranza Lozano, en contra del Ayuntamiento Constitucional, del Presidente y del Director de Obras Públicas, todos del Municipio de Florencio Villarreal, Guerrero, a fin de que se substancie el procedimiento de ejecución de sentencia. Mediante acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, la Sala responsable tuvo por recibido los referidos autos, los cuales registró bajo el número TJA/SS/062/2017; y requirió a las autoridades demandadas el cumplimiento de la sentencia definitiva de once de junio de doce, la cual fue para el efecto de que ". las autoridades demandadas se abstengan de continuar afectando el terreno propiedad de la parte actora, con la construcción del puente sobre Andador Cruz Grande, restituyéndole a la misma, la parte del terreno afectado"; asimismo, se les apercibió que en caso de no hacerlo así dentro del plazo de veinte días hábiles, se les impondría como medida de apremio multa de cien días de la unidad de medida y actualización. Determinación que fue notificada el veintiséis de octubre siguiente. Por escrito recibido en proveído de siete de diciembre de dos mil diecisiete, la parte demandada por conducto de su autorizado informó que se dejó de afectar el inmueble propiedad de la parte actora y para acreditarlo ofertó la prueba de inspección ocular; con lo cual se dio vista a ésta última. En auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho; previa certificación de dieciséis de ese mes, en la que se hizo constar el incumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades demandadas; la Sala responsable, antes de hacer efectiva la multa con las que las conminó, como fue solicitado por la parte actora en ocurso de veintisiete de febrero de ese año y dado el cambio en la administración del gobierno municipal, requirió a los nuevos servidores públicos que ostentaban el cargo de Síndico Procurador en representación de Ayuntamiento Constitucional, Presidente Municipal y Director de Obras Públicas del Municipio de Florencio Villarreal, Guerrero el cumplimiento de la sentencia definitiva; para lo cual otorgó el plazo de tres días, apercibidos que de no hacerlo así se les impondría multa de cien unidades de medida y actualización. Mediante despacho 365/2018, remitido por oficio a la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con sede en Ometepec, Guerrero, se ordenó la notificación de ese acuerdo a la parte demandada, la cual quedó notificada el quince de noviembre de dos mil dieciocho. En su acato, las autoridades demandadas en ocurso de veinte de noviembre pasado informaron por conducto de su autorizado que ". dieron cabalmente cumplimiento a la resolución dado que se han dejado de afectar el inmueble propiedad de la actora, es decir, se ha dejado de construir el puente en su propiedad, la cual se hizo desde el momento en que la actora presentó demanda administrativa". Con lo cual se dio vista a la parte actora en acuerdo de ocho de febrero de dos mil diecinueve, misma que desahogó por ocurso de presentado el once de ese mes. En acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, la Sala responsable hizo efectivo el apercibimiento con el que conminó a la parte demandada por conducto de sus titulares, el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho al no acatar la sentencia definitiva. Esta determinación constituye el acto reclamado y contra el cual, la parte quejosa, en sus conceptos de violación señalan que se violan en su perjuicio los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política Federal, porque: I. Alega que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, porque la responsable dejó de exponer las razones por las que determinó imponer multa de cien unidades de medida y actualización (UMA), la cual estima excesiva; además, no examinó los elementos de imposición como es el estudio de sujeto, intencionalidad, la gravedad, los mínimos y los máximos de la graduación de las multas; en razón de que debe fundarse y motivarse de forma individualizada los supuestos del infractor, su intencionalidad, capacidad económica, la gravedad de la falta, el daño o afectación a la sociedad o a las instituciones, lo anterior, porque se deben exponer los motivos específicos del particular en relación con la sanción. II. Asimismo, precisa que los requisitos para imponer las multas son: A. La autoridad al imponer la multa, debe tomar en consideración tanto el elemento objetivo, como el subjetivo del infractor. B. Para que la multa sea motivada, proporcional, justa y no excesiva en términos del artículo 22 Constitucional, es necesario atender el elemento objetivo que corresponde a la gravedad de la infracción determinada, así como el objetivo, que se refiere a las circunstancias personales del infractor. C. La única forma de evitar que las sanciones no sean excesivas o inconstitucionales, es que se tomen en cuenta: C.1 La gravedad de la infracción. C.2 El monto del negocio. C.3 La capacidad económica. Ahora, precisados los antecedentes directos del acto reclamado, de su confrontación con los motivos de disenso que esgrime la parte quejosa en esta instancia constitucional, puede concluirse que estos últimos resultan infundados. Para justificarlo, es necesario tener presente en primer término, el contenido de los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, que en su orden y en lo que interesa, establecen lo siguiente: "Articulo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]" ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]" En preceptos constitucionales transcritos se encuentran consagradas las garantías de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, que en lo que interesa para el presente asunto, la primera de las garantías en comento se traduce en el hecho de que la autoridad responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, mientras que del segundo se deriva que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. Los artículos 136 y 137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, vigentes al momento de la comisión de los hechos que dieron origen al juicio del cual deriva el acto reclamado, prevén: "ARTÍCULO 136. Si dentro del término a que se refiere el artículo anterior, la sentencia no quedara cumplida, la Sala Regional, de oficio o a petición de parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de que en caso de incumplimiento, se le impondrá una multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo vigente en la zona correspondiente. De existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará el tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los términos de la sentencia." "ARTICULO 137.- En el supuesto de que la autoridad o servidor público persistiera en su actitud de incumplimiento, la Sala Superior, a instancias de la Sala Regional, ordenará solicitar del titular superior jerárquico de la dependencia Estatal, Municipal y Organismo a quienes se encuentre subordinado, conmine al funcionario responsable para que dé cumplimiento a las determinaciones del tribunal, sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesaria la multa impuesta. La Sala Superior resolverá si se ha cumplido con los términos de la sentencia. Si no obstante los requerimientos anteriores no se da cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala Superior podrá decretar la destitución del servidor público responsable, excepto cuando goce de fuero constitucional". En el primero de los ordinales transcritos, se establece el proceder que debe observar el tribunal administrativo para requerir -de oficio o a petición de parte-, el cumplimiento de sus sentencias. En ese sentido, se tiene que conforme a dicho procedimiento, inicialmente habrá de requerir a la autoridad demandada sobre el particular, y posteriormente deberá decidir si hubo incumplimiento injustificado o no de la sentencia, y de estimarlo así, impondrá una multa de apremio que oscila de entre tres hasta ciento veinte días de salario mínimo vigente en la zona correspondiente. En el segundo de los numerales, se establecen medidas legales necesarias en caso de que la parte demandada persistiera en no dar cumplimiento, como es, requerir a su superior jerárquico, y en caso de ser omisas, aplicar o imponer las multas que sean necesarias, o bien, decretar la destitución del servidor público renuente, y cuando goce de fuero constitucional, formular la denuncia de juicio político respectiva, haciendo así uso de las facultades que para ello le otorga la ley. En relación con el procedimiento de ejecución de sentencias ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, al resultar aplicable por analogía se cita la Jurisprudencia 29/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Marzo 2007, Novena Época, página 80, del rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL CAMBIO DE TITULAR DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HACE NECESARIO UN NUEVO REQUERIMIENTO.- La materia de un incidente de inejecución de sentencia la constituye el análisis y determinación del incumplimiento a una ejecutoria de amparo y de la contumacia de las autoridades responsables para ello, a fin de aplicar las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: la separación inmediata del servidor público del cargo y su consignación ante el Juez de Distrito correspondiente, para que sea procesado por el delito de abuso de autoridad establecido en el artículo 215 del Código Penal Federal. Ahora bien, por su naturaleza, las referidas sanciones siguen a la persona que en ejercicio de sus funciones oficiales incurrió en desacato, toda vez que no pueden desvincularse del individuo que tiene encomendada la responsabilidad gubernamental, máxime que una de ellas es de carácter penal. Además, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda pronunciarse respecto de la procedencia de su aplicación, previamente deberá agotarse el procedimiento establecido en el Capítulo XII de la Ley de Amparo, el cual salvaguarda la garantía de audiencia, tanto de las autoridades responsables como de sus superiores jerárquicos, pues merced a los requerimientos que se les hagan estarán informadas de la ejecutoria que están obligadas a cumplir, lo cual les permitirá acatarla y evitar que se les apliquen las sanciones correspondientes. En congruencia con lo anterior, se concluye que al funcionario que en virtud de un cambio de titular asuma el cargo de la autoridad responsable en el juicio, cuando no haya tenido presencia en el procedimiento de ejecución de una sentencia de amparo, deberá requerírsele del cumplimiento respectivo una vez asumida su función o encargo". En la ejecutoria que sustenta el criterio jurisprudencial antes citado, se estableció, entre otras consideraciones, que: ".para que esta Suprema Corte de Justicia pueda pronunciarse sobre el incumplimiento de una ejecutoria de amparo y sobre si existe contumacia o no de la autoridad responsable, para efectos de decidir procede su separación del cargo y su consignación inmediata, previamente deberán agotarse los procedimientos y respetarse las etapas o fases a que se refieren los artículos que integran el capítulo XII, De la ejecución de las sentencias, de la Ley de Amparo. Esto es: Primera fase:  Luego que cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo solicitado, o que se reciba testimonio de la ejecutoria dictada en revisión, se comunicará para su cumplimiento, sin demora alguna, a las autoridades responsables, previniéndoles que informen sobre el cumplimiento que den a la ejecutoria de amparo, y se hará saber a las demás partes.  Si dentro de las veinticuatro horas siguientes de la notificación a las autoridades responsables la ejecutoria no quedare cumplida o no se encontrare en vías de ejecución, la autoridad que haya conocido del juicio requerirá al superior inmediato de la autoridad responsable para que obligue a ésta a cumplir sin demora la sentencia, y si la autoridad responsable no tuviere superior, el requerimiento se hará directamente a ella.  Cuando el superior inmediato de la autoridad responsable no atendiere el requerimiento y tuviere, a su vez, superior jerárquico, se requerirá a este último.  Cuando no se obedeciere la ejecutoria, a pesar de los requerimientos a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad que haya conocido del juicio remitirá el expediente original a esta Suprema Corte para los efectos del artículo 107, fracción XVI, constitucional, anteriormente analizado.  Lo anteriormente dispuesto se observará también cuando se retarde el cumplimiento de la ejecutoria de que se trata por evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquiera otra que intervenga en la ejecución.  Las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos en que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo. Segunda fase: Esta etapa compete exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien puede requerir a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia protectora y decidir si procede o no la adopción de las medidas establecidas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución General de la República, esto es, la separación del cargo y la consignación de la autoridad contumaz ante el Juez de Distrito que corresponda. (.) Como fue considerado por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver el incidente de inejecución anteriormente citado, se advierte que el procedimiento anteriormente descrito manifiesta la voluntad del legislador de salvaguardar la garantía de audiencia, tanto respecto de las autoridades responsables como de sus superiores jerárquicos, pues merced a los requerimientos que se les hagan estarán informadas de la ejecutoria que están obligadas a cumplir, lo cual les permitirá intervenir para que se acate el fallo, evitando así que el expediente de amparo se remita a este Alto Tribunal y que se les apliquen las sanciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 constitucional. Así también busca respetar el orden ascendente de mandos, competencias y jerarquías establecido en los ordenamientos respectivos con el propósito de lograr el cumplimiento de una ejecutoria de amparo, dándole oportunidad a las autoridades superiores de corregir la conducta contumaz de la responsable. Lo hasta aquí señalado permite concluir que esta Suprema Corte no puede realizar la valoración sobre si un funcionario, fungiendo como autoridad responsable, fue contumaz o rebelde respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, si previo a ello no se ha agotado el procedimiento de la primera fase, descrito anteriormente, pues no se le ha dado a éste la oportunidad de cumplir de manera voluntaria el fallo protector, lo que violentaría su garantía de audiencia. Así pues, al funcionario que, debido a un cambio, asuma el cargo de la autoridad responsable en el juicio, cuando no haya tenido presencia en el procedimiento de ejecución de una ejecutoria de amparo, deberá requerírsele del cumplimiento respectivo, una vez asumida su función o encargo. Por lo anterior, cuando, previamente a la remisión del incidente de inejecución de sentencia a la Suprema Corte, a fin de aplicar la sanción prevista en el artículo 107, fracción XVI, constitucional, el Juez Federal no ha agotado el procedimiento respectivo para los efectos previstos por los artículos 104, 105 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el nuevo titular que ocupa el cargo de la autoridad responsable, este Alto Tribunal debe ordenar la reposición del procedimiento para tal fin, básicamente porque no se está en posibilidad de determinar en el incidente relativo sobre el incumplimiento de la ejecutoria y la procedencia de la sanción señalada en el precepto constitucional antes citado, dado que dicho titular no puede tener responsabilidad alguna si no ha sido siquiera requerido para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo". Con base en lo anterior, se destaca que: a) Las sanciones que en caso de incumplimiento a una sentencia le son aplicables a quien deba acatarla, van desde una multa hasta la destitución inmediata del funcionario que incurra en ello. b) La naturaleza de esas sanciones siguen a la persona que en ejercicio de sus funciones incurrió en su desacato, ya que no pueden desvincularse del individuo que tiene encomendada una responsabilidad gubernamental. Por tanto: c) Las autoridades obligadas a cumplir con una sentencia, deben estar informadas de ello, pues con esto se les permitirá cumplirla de forma voluntaria y en su caso corregir su conducta contumaz. d) Cuando un funcionario, debido a un cambio, asuma el cargo de autoridad en el juicio, cuando no haya tenido presencia en el procedimiento de ejecución, deberá requerírsele del cumplimiento respectivo, una vez asumida su función o encargo; a fin de salvaguardar su garantía de audiencia, pues sólo así será factible la imposición de sanciones en caso de omitir acatar lo requerido. En este último supuesto, de no ser así, dicho titular no puede tener responsabilidad alguna si no ha sido siquiera requerido para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, si de la confrontación de los antecedentes directos del acto reclamado con los lineamientos establecidos en líneas precedentes, se obtiene que el apercibimiento de la medida de apremio citada, contenida en el auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, fue notificado a la parte quejosa el quince de noviembre siguiente; entonces puede concluirse que, contrario a lo esgrimido por la parte quejosa, la autoridad responsable ajustó su proceder a lo señalado en el artículo 14 constitucional. Lo anterior es así, porque previo a hacer efectiva la multa respectiva, la autoridad responsable hizo saber a los destinatarios del requerimiento, tanto de la obligación que debía cumplir el plazo de tres días para hacerlo, como de la consecuencia en caso de no acatarlo, de modo que resulta inexacto lo esgrimido en el concepto de violación. Ahora, la circunstancia de que la Sala responsable reiterara el requerimiento a los quejosos y señalará que en caso de no cumplirlo en el plazo otorgado se harían acreedores a una primer multa, aun cuando con antelación decreto indicar medida de apremio, se debió a que hubo cambios en la administración en el gobierno municipal, lo cual no implica que el procedimiento de ejecución de sentencia se reinicie, con motivo de que la administración pública se renueve; ya que el funcionario a virtud del cambio de titular, asuma el cargo de la autoridad demandada, para que sea requerido del cumplimiento a la sentencia, aun cuando no haya tenido presencia en dicho procedimiento; pues basta que, como se adelantó, la autoridad obligada a cumplir esté informada de ello, como en el caso aconteció, dado que sólo así será factible la imposición de sanciones en caso de omitir acatar lo requerido. De ese modo, a la parte demandada aquí quejosa, se le otorgó un plazo de tres días para cumplir la sentencia, máxime que no existe evidencia de que solicitara prórroga para ello, o justificado la necesidad de ampliar el término otorgado. Por otro lado, queda de relieve el hecho de que el propio término ya transcurrió en exceso, por lo que tampoco se advierte que la sanción sea desproporcionada al proceder que se le atribuye a la parte quejosa, por virtud de la cual se les impuso la sanción económica. De lo anterior deriva lo infundado de sus motivos de disenso, ya que contrario a lo señalado, el artículo 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero (fundamento), establece cuál es la consecuencia que trae aparejado el incumplimiento al requerimiento de la Sala Superior en el sentido de dar cumplimiento a sus sentencias, en tanto que las consideraciones (motivación), que estimó actualizadas para aplicar dicho precepto al caso concreto, fueron precisamente el incumplimiento en el plazo otorgado atribuible al destinatario del requerimiento (quejosos). Aunado a lo anterior, por lo que ve a la cantidad de cien unidades de medida y actualización a razón de $80.60 (ochenta pesos 61/100 moneda nacional) equivalente a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), que la responsable impuso como sanción económica, que si bien se estima casi al tope del monto máximo de la medida de apremio a imponer por incumplir lo requerido, debe considerarse que ésta se impuso a efecto de vencer la contumacia de las autoridades demandadas de acatar a la sentencia definitiva, pues basta imponerse de autos para notar que ante la Sala de origen tampoco se logró su cumplimiento, lo que originó el envío del juicio de nulidad a la Sala responsable. Sin que pase desapercibido que la Sala responsable al imponer la multa omitió pronunciarse respecto de lo informado por la parte quejosa en el ocurso por el cual comunicó el acato a la sentencia, recibido en acuerdo de cinco de febrero de dos mil diecinueve pues ningún fin practico tendría conceder la protección constitucional, dado que su contenido, si bien se aprecia, manifestaciones en el sentido de que se abstuvo de continuar la construcción del puente sobre el Andador Cruz Grande, no acreditó haberle restituido la parte del terreno afectado, lineamientos a los que se constriño en la sentencia definitiva. Sirve de aplicación por analogía la tesis IV.3o.T.9 K (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, visible a página 1902 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, Materia(s): Común, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO. PARA CONSIDERAR OPORTUNO SU CUMPLIMIENTO Y EVITAR LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA RESPECTIVA, SE REQUIERE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICTE SU NUEVA DETERMINACIÓN Y LA COMUNIQUE AL ÓRGANO DE AMPARO DENTRO DEL TÉRMINO CONCEDIDO POR ÉSTE (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La sentencia de amparo que requiera de ejecución de acuerdo con la pretensión que en ella se reconozca y la garantía individual o el derecho humano que se haya considerado vulnerado por la autoridad responsable, exige que ésta satisfaga dos requisitos para que se le tenga por cumpliendo oportunamente con la ejecutoria respectiva: que pronuncie su nueva determinación; y, que ésta la comunique al órgano jurisdiccional de amparo, en la inteligencia de que ambos actos deben generarse dentro del término concedido para acatar la sentencia protectora. En esa tesitura, para el cumplimiento oportuno no basta con que la autoridad responsable pronuncie su determinación dentro del citado plazo, sino que es menester que en este propio lapso la comunique al órgano de amparo pues, para que éste conozca aquella decisión, es indispensable que tenga a la vista el documento que motivó su conclusión y, así, pueda proveer si impone o no la multa, acorde con el artículo 193 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013. Por tanto, la circunstancia de que la determinación de cumplimiento presente fecha que se comprenda dentro del término conferido, no impide aplicar la multa, si la constancia respectiva no se recepcionó dentro del citado plazo, puesto que sólo cuando ambos hechos se actualizan dentro de dicha temporalidad, puede concluirse que hay cumplimiento oportuno, lo que genera que el órgano judicial de amparo se abstenga de imponer la referida sanción". Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la jurisprudencia 127/99, que dentro de los elementos para determinar el monto de una multa, se encuentran, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y su reincidencia; sin embargo, no se advierte que el acto reclamado trastoque los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica de los quejosos previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues en el auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, sí se individualizó la sanción atendiendo a los elementos objetivos que obran en el expediente (el retardo para acatar la sentencia), los que se advierte que los hizo consistir en el plazo que trascurrió una vez concluido el inicialmente otorgado, fundando y motivando su determinación, de conformidad con el mandato contenido en el último de los numerales citados. Además, no se vulneran dichos derechos al no establecerse cuál es la capacidad del infractor, ya que el artículo 136 del código contencioso estatal otorga al juzgador (magistrado de sala), el uso del arbitrio individualizador, que para no ser ilegal debe regirse por factores que permitan graduar el monto de la multa, y que serán los que rodean tanto al infractor como al hecho sancionable; pues en el caso se trata de personas físicas que ostentan cargo de servidor público municipal, quienes indudablemente tienen la capacidad de cumplir dichas medidas de apremio, como acertadamente lo señaló la responsable. De ahí que se colmen los elementos que deben atenderse al fijarse las multas. Al caso se comparte el criterio jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mismos que puede ser consultado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia(s): Común, Novena Época, con el número de tesis VI.3o.A. J/20, en la página 1172, mismo que es del rubro y texto siguientes: "MULTAS. INDIVIDUALIZACIÓN DE SU MONTO. Basta que el precepto legal en que se establezca una multa señale un mínimo y un máximo de la sanción, para que dentro de esos parámetros el aplicador la gradúe atendiendo a la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que puede inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, sin que sea necesario que en el texto mismo de la ley se aluda a tales lineamientos, pues precisamente al concederse ese margen de acción, el legislador está permitiendo el uso del arbitrio individualizador, que para no ser arbitrario debe regirse por factores que permitan graduar el monto de la multa, y que serán los que rodean tanto al infractor como al hecho sancionable." En mérito de lo expuesto, al devenir infundado el motivo de queja; procede negarle la protección federal que solicita contra el acto que reclamó de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con sede en la ciudad de Chilpancingo; determinación que se hace extensiva a la autoridad responsable ejecutora, en virtud de que los actos que se le reprochan no se atacan por vicios propios, sino que su legalidad está subordinada a los de la ordenadora. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Gladis Eneyda Genchi Reachi, Wilberth Sait García Trujillo y Oscar Yovanny Nava Jacinto, Síndico Procurador, Presidente Municipal y Director de Obras Públicas de Florencio Villarreal, Guerrero, contra los actos y autoridades responsables precisados en el resultando primero, por los motivos expresados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman....; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE...

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