Gladis Carbajal Velasco y Otros.
Expediente 213/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 213/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gladis Carbajal Velasco y Otros.
- Gladis Carbajal Velasco
Actuaciones
- Principal
MESA II B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese para los efectos legales conducentes, los oficios signados por el Actuario en suplencia de la Secretaria de Acuerdos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, y anexos que acompaña, mediante los cuales, remite por una parte copia certificada de la diligencia de requerimiento de pago efectuado en el juicio laboral 14/2005 de su índice, al Ayuntamiento de San Pedro Ixcatlán, Oaxaca, de cuya lectura esencialmente se advierte que toda vez que el día primero de enero del presente año se tomó cargo de la nueva administración municipal, y toda vez que no hubo acta de entrega recepción, se desconocía la existencia de dicho juicio laboral, y en virtud que en ese momento no cuentan con recursos financieros para dar cumplimiento al requerimiento, pero harán las gestiones necesarias a fin de poder dar cumplimiento al mismo, y por cuanto al segundo de los oficios mencionados, se informa la cantidad líquida actualizada que debe recibir la parte actora por parte del Ayuntamiento de San Pedro Ixcatlán, Oaxaca. Con base en lo anterior, y para efectos de que se pueda cumplir con el fallo protector, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo, resulta necesario tener como autoridad vinculada al cumplimiento al Ayuntamiento de San Pedro Ixcatlán, Oaxaca, por ser quien deberá cubrir las prestaciones económicas reclamadas por la actora en el juicio laboral 14/2005, por lo que con fundamento en el artículo 192, último párrafo, de la ley de la materia, requiérasele para que dentro del plazo de diez días siguiente al en que reciba el comunicado respectivo, cumpla con el fallo protector, esto es, realice el pago de las cantidades líquidas y adeudos señalados por la responsable Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado a la actora dentro del juicio laboral mencionado, y remitan copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopten. Apercíbasele que de incumplir sin causa justificada (informar el impedimento legal o material que tenga para ello), se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, que es la cantidad equivalente a siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos, cero centavos ($7,549.00), a razón de 75.49 como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Para efectos de poder estar en aptitud de cumplir con lo ordenado en los párrafos precedentes, se remite a dicho Ayuntamiento copia autorizada de la resolución dictada en el recurso de inconformidad 17/2016, del índice del Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en el cual se precisan los efectos para cumplir con el fallo protector. Hecho lo anterior, se proveerá lo correspondiente.
- Principal
MESA III A NOTIFIQUESE PERSONALENTE
- Principal
POR LISTA: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de febrero de dos mil diecisiete. Con la demanda de amparo promovida por Gladis Carbajal Velasco, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 213/2017. Ahora bien, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, se procede a analizar el libelo constitucional del que se conoce que en la especie la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: Director, Oficial Mayor, Directora Administrativa y Jefa del Departamento, todos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, la falta de respuesta a "su petición realizada por escrito" realizada en la segunda quincena de noviembre de la pasada anualidad, en la que solicitó el pago de aguinaldo y demás prestaciones que le corresponden con motivo de la renuncia laboral presentada ante dicha Institución. En ese orden de ideas, el suscrito juzgador advierte que contra los actos precisados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, y 5°, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, en virtud de que los actos reclamados no pueden considerarse actos de autoridad para efectos del juicio de amparo ni equiparables a ellos. De los preceptos normativos citados, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. En vinculación con lo anterior, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen se consideren como de autoridad, entendiéndose por tal, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es el emitido en ejercicio de facultades decisorias que le están atribuidas al emisor en la ley y que, por ende, constituyen una potestad del Estado, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública su fuente, lo que permite concluir que el concepto de autoridad por regla general excluye a los actos de particulares. Lo anterior con independencia de la naturaleza formal del ente emisor, pues incluso la propia Ley de Amparo, precisa que tendrán la calidad de autoridad para efectos del juicio, los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos ya citados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En la especie, se estima que el acto reclamado tiene naturaleza laboral y subyace dentro de la relación jurídica que entre la peticionaria del amparo como empleada y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca como patrón equiparado, en donde no obstante la subordinación lógica y legal del empleado al empleador (Ley Federal del Trabajo. Artículo 8°. Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado) y la calidad de ente público del segundo, los actos suscitados dentro de tal relación no pueden considerarse como de autoridad, ya que la norma no faculta a los patrones para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica de sus trabajadores, sin la necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales. Ello, pues en términos del artículo 123, apartado A, fracción XX, y Apartado B, fracción XII, Constitucional, las diferencias o los conflictos entre los patrones (particulares y públicos) y los trabajadores, se sujetarán a la decisión de los Tribunales laborales competentes, lo cuales se integran por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del Gobierno. En la especie, para sostener lo inicialmente afirmado, es conveniente señalar que de los antecedentes plasmados en la demanda, la quejosa refiere que renunció a su empleo y durante la segunda quince del mes de noviembre de dos mil dieciséis, solicitó por escrito a quien fuera su patrón equiparado, el pago pago de aguinaldo y demás prestaciones laborales que le corresponden por el tiempo que les prestó su servicios, sin que las responsables le hayan dado una respuesta a tal petición. De lo narrado se pone de manifiesto que el acto reclamado no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que tiene su origen en la relación laboral que la promovente sostuvo con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca en su carácter de patrón equiparado; por lo que las controversias suscitadas entre ellos deben decidirse ante la vía ordinaria ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente y no directamente en la vía constitucional mediante el juicio de amparo. Ello, máxime que la materia del acto reclamado en su caso se instituye como la violación a un derecho en materia de trabajo a cargo del patrón, específicamente a exigir el pago de aguinaldo y demás prestaciones laborales en la parte proporcional que le corresponda por el tiempo laborado durante el último año, el cual se encuentra protegido por la Constitución en su artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo. Esto es, no basta que la parte quejosa alegue una violación constitucional o a un derecho humano para hacer procedente el juicio de amparo, sino que es requisito que ese acto se reclame a una autoridad o a un particular que realice actos equiparables, lo que en el caso no acontece, ya que los patrones al efectuar determinaciones en relación a sus empleados no obstante que viole sus derechos humanos, no puede dársele el carácter de autoridad o ente equiparado a una. Se invoca en apoyo, el criterio emitido por el Tribunal Colegiado Supernumerario en materia del Trabajo del Primer Circuito, visible a página 329, materia laboral, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. AUTORIDADES DESIGNADAS COMO RESPONSABLES, QUE ACTÚAN COMO PARTICULARES EN UNA RELACIÓN OBRERO PATRONAL. Cuando la autoridad prescindiendo de su imperio, se sitúa en el mismo plano que los gobernados, y celebra un contrato de trabajo que regirá entre ellos las relaciones laborales, bajo las cuales los trabajadores desempeñarán sus servicios, y dentro de dichas relaciones los trabajadores estiman violados sus derechos laborales, y fueron esas transgresiones las que dieron origen al conflicto planteado ante el Juez Federal, la autoridad actuó como simple particular y sus actos necesariamente tienen ese carácter, por lo que el juicio de garantías resulta improcedente, en los términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 1o., fracción I, de la misma ley, y 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por contradicción de tesis, siguiente: AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento. [Época: Décima Época, Registro: 2007580, Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: PC.III.L. J/5 L (10a)., Página: 1224] Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su artículo 2°, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Asimismo, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.
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