Gladis Araceli Martinez Guzman
Expediente 1171/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1171/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Gladis Araceli Martinez Guzman
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del lapso establecido en la ley, el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 81 fracción I, inciso d) de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. No se tramitó incidente de suspensión. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que sobreseyó fuera de audiencia constitucional estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los informes justificados que rinde la autoridad responsable: Presidente y Actuario adscritos a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Informes en los que aceptan la existencia del acto reclamado. Delegados y domicilio. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tiene a las oficiantes designando delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones. Manifestación. Se tiene a las autoridades responsables informando que localizaron registro de diverso juicio de amparo promovido por la parte quejosa, que se trata de actos que derivan del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado del índice de este juzgado de Distrito. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas las documentales que allega las oficiantes. Causa de improcedencia. Ahora bien, de la lectura del informe justificado de cuenta rendido por las autoridades responsables y de las constancias anexas, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto legal prevé la improcedencia del juicio de amparo, cuando los efectos del acto que se reclama, hayan cesado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos del acto reclamado se materializa cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, es decir, cuando se actualizan los siguientes supuestos: a) Que desaparezcan todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. b) Que las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, sin dejar ninguna huella en la esfera de derechos del gobernado. Lo anterior se advierte del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". La parte quejosa en su escrito inicial de demanda de amparo que depositó el siete de septiembre de dos mil veintidós, reclamó la omisión de la responsable de acordar el escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil veintidós, registrado bajo el número 002317, así como su respectiva notificación. Ahora bien, de las constancias adjuntas al informe justificado de cuenta, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo, se advierte que el catorce de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable acordó el escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil veintidós, registrado bajo el número 002317, dentro del juicio laboral 01/307/2020-II. Asimismo, la autoridad responsable en el oficio de cuenta, remite copia certificada de la constancia de notificación a la actora (aquí parte quejosa), por conducto de su apoderado, respecto del acuerdo referido en el párrafo que antecede, realizada el quince de septiembre siguiente. Establecido lo anterior, se tiene que si bien al siete de septiembre de dos mil veintidós, fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a esta controversia constitucional, la autoridad responsable no había dictado acordado el escrito presentado por la parte quejosa, y por ende su no notificación, lo cierto es que como quedó asentado en párrafos precedentes, el catorce de septiembre de dos mil veintidós, acordó el escrito y el quince de septiembre siguiente, se lo notificó a la parte actora en el juicio de origen, por medio de su apoderado, por lo que es evidente que en el caso la omisión reclamada cesó en dichas fechas, desapareciendo así la finalidad de este juicio de amparo, pues la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio constitucional, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación a sus derechos. De donde se obtiene que cesaron los efectos del acto reclamado, pues con dichas actuaciones llevadas a cabo en el juicio natural, la parte quejosa fue restituida en el goce del derecho fundamental violado. En ese cause de pensamiento, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se deja sin efecto legal la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del diez de octubre de dos mil veintidós, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; ocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por *****, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1171/2022 y fórmese expediente. Admisión. Toda vez que de momento, no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento de la demanda de cuenta, así como tampoco de incompetencia, que impidan a este tribunal conocer de aquella, con fundamento en los artículos 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Suspensión. No ha lugar a tramitarse incidente de suspensión en razón de no haber sido solicitada expresamente dicha medida cautelar. Audiencia constitucional. Cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. De la celebración de la audiencia. Hágase saber a las partes que toda vez que de conformidad con el acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que entró en vigor el tres de agosto del presente año, se privilegia el uso de medios tecnológicos y se controla la presencia física en las instalaciones de los órganos jurisdiccionales, la audiencia constitucional se llevará a cabo mediante el método de videoconferencia en la plataforma digital "CISCO WEBEX"; por lo que, deberán proporcionar un correo electrónico, en el que se les enviará una invitación para unirse a la sesión correspondiente, pero en caso de no hacerlo, se entenderá que no es su deseo participar en la misma. Sin que pase inadvertido que deberán estar legitimadas para tal efecto, ya que a las personas que indiquen, se les enviará el citatorio electrónico respectivo siempre y cuando tengan personería reconocida en autos. Oportunidad de escrito. Se aclara que el escrito deberá presentarse a más tardar dos días hábiles antes de la fecha programada para la audiencia constitucional, pues se deben realizar las acciones informáticas y tecnológicas correspondientes por parte de este órgano jurisdiccional. En caso de que la totalidad de las partes manifiesten que no es su deseo asistir o, hagan caso omiso a lo anterior, se entenderá que no es su deseo participar en la videoconferencia; por lo tanto, la audiencia constitucional no será por este medio, sino únicamente con una constancia que al efecto se realice y firme por el personal de este juzgado, ya que como bien lo estipula el artículo 5, fracción II del acuerdo 21/2020, la misma puede llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Sobre las pruebas y alegatos. Debe decirse a las y los intervinientes que dicha diligencia será pública; como lo plasma el artículo 124 de la Ley de Amparo. A su vez, se llevará a cabo la relación de constancias y recibirán los alegatos que por escrito formulen. Sobre este punto, las partes no deben soslayar que si es su deseo alegar o inclusive presentar pruebas de manera oportuna, les corresponde conocer el horario y funcionamiento de la Oficialía de Partes Común y el buzón judicial, tal como lo prevé el acuerdo 21/2020, a menos que el acto reclamado encuadre en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 de la ley de la materia, ya que, de ser el caso, únicamente la parte quejosa podrá alegar verbalmente. Consulta de autos mediante cita. Por otro lado, si es deseo del justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. Requerimiento informe justificado. Con fundamento en el artículo 117, de la ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe con justificación, que deberán rendir en el plazo improrrogable de quince días hábiles, posterior al en que surta efectos la notificación de este proveído, en el que deberán referirse expresamente, en caso de reclamarse más de uno, a todos y cada uno de los actos reclamados, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente, aun cuando se allegue antes de la celebración de la audiencia constitucional, pero después del citado plazo, debiendo, con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, acompañar en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir lo reclamado en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este Juzgado cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia, de modo que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, si lo hubiere, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Por otro lado, se hace notar a dichas partes que de la misma manera podrán allegar los oficios y anexos que estimen pertinente al correo oficial del juzgado 4jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, por lo que deberán comunicarse al teléfono 777 100 87 00 Ext. 1201, en el que previa coordinación se constate en uso de los medios electrónicos a efecto de recibir las comunicaciones de sus partes. Requerimiento de constancias. En caso de que no rindan su informe justificado, o lo hagan sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo; o bien de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, no la comuniquen de inmediato a este Juzgado y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, con fundamento en los artículos 260, 64, 251 y 237, fracción I de la Ley de Amparo, se les aplicará a cada una, una multa de cien y treinta unidades de medida y actualización, la primera por no rendir el informe y la segunda por no informar sobre causas de sobreseimiento; conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. De igual manera, solicítese a las autoridades responsables para que informen, si tienen conocimiento de algún juicio de amparo promovido por la misma parte en el proceso natural o constitucional, que se trate de actos que deriven del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado o que se refiera a los mismos hechos; para evitar el dictado de resoluciones contradictorias, con el apercibimiento para el caso de no atender lo anterior, de imponérsele, en términos de la fracción I del artículo 237 en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, una multa de hasta de mil unidades de medida y actualización, conforme al invocado artículo Tercero Transitorio del decreto reformas y adiciones constitucionales. Apercibimiento. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte quejosa, que si las autoridades señaladas no existen con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite, se les tendrán por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación; tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. Intervención Ministerio Público. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. Domicilio y autorizados. Téngase por señalado el domicilio que precisa para oír y recibir notificaciones, y por autorizados para los efectos que indica a las personas que menciona. Uso de medios electrónicos. Se autoriza la consulta y toma de datos de los acuerdos que se dicten en el expediente en que se actúa, a través de cámaras digitales o diversos medios electrónicos; en el entendido que tal eventualidad será durante los horarios de atención de servicio al público, y bajo la vigilancia del funcionario respectivo, con la acotación de que deberá ser siempre con la procuración del manejo debido de este cuaderno principal. En la inteligencia de que, el uso de las constancias que se obtengan, quedará bajo la más estricta responsabilidad de las partes. Tercero Interesado. Este juzgado federal considera que en el caso no es necesario llamar al presente juicio de amparo como tercero interesado a la contraparte del quejoso, quien es la parte demandada en el juicio laboral de origen, ya que la sentencia que en su caso se dicte en el fondo del asunto, no le irroga perjuicio alguno, en atención a la jurisprudencia VI.T. J/1 (10ª) del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, visible en la página 1751, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Registro digital: 2000923, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TERCERO PERJUDICADO. SI LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA SE LIMITAN A AMPARAR AL QUEJOSO PARA QUE LA RESPONSABLE REALICE DETERMINADOS ACTOS PROCESALES Y DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, AQUÉL CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN, PUES ELLO NO LE CAUSA PERJUICIO. Se exhorta a las partes. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema "juicio en línea", en términos del último párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, emitido el veintiocho de julio de dos mil diecinueve, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos del jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. De igual forma, podrán proporcionar algún correo electrónico, para que, en caso de así manifestarlo expresamente, se les de vista con los informes respectivos. Habilitación Días y Horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, en términos del artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles, pero en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020. Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notificación autoridades responsables. Por otra parte, hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, en relación con el 245 de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio sean dirigidos, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de las autoridades, se tendrán por hechas las notificaciones y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta, al rendir su informe; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto; sin perjuicio de que se les imponga una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese.
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