Gladis Angélica Sanmiguel Canul

Expediente 507/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
507/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
15/04/2021

Partes del expediente

  • Gladis Angélica Sanmiguel Canul

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la Materia, en contra del acuerdo de veintiséis de marzo del presente año, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18, fracciones a) y b), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por analogía de razón, se indica que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, ya que se concedió la suspensión de oficio y de plano; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el expediente al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación en los Libros de Gobierno. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Vistos, para resolver el juicio de amparo número 1094/2020-I-A, promovido por ***, Sociedad Anónima de Capital Variable por conducto de su apoderado ***; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el once de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ***, Sociedad Anónima de Capital Variable por conducto de su apoderado ***, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Gobernador del Estado de Yucatán y otras autoridades. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de trece de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se ordenó dar al representante social de la federación adscrito la intervención que le compete, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Medida preventiva frente al Coronavirus Covid-19. En fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, partiendo de las mejores prácticas sanitarias frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, emitió la Circular CAP/3/2020, en la que adoptó diversas medidas preventivas, entre ellas, la suspensión de la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte hasta el once de enero de dos mil veintiuno, determinando el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, lo que también implicó que no corrieran plazos procesales. CUARTO. Reanudación de términos. Por auto de doce de enero de dos mil veintiuno, de conformidad con lo establecido en la Circular CAP/3/2020 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se reanudaron los términos en el presente procedimiento. QUINTO. Celebración de la audiencia constitucional. Sustanciado el trámite relativo al juicio, se celebró la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo sin la asistencia de las partes al tenor de lo asentado en el acta correspondiente, y concluye con el dictado de la presente sentencia; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constituciónn Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 48, en relación con el 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, al analizar integralmente cada uno de los apartados del escrito de demanda y, sin tomar en consideración los calificativos y los conceptos de violación, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y ésta, conjuntamente, con las constancias procesales que se integraron al expediente durante su tramitación, se obtiene que la parte quejosa reclama y cuestiona, esencialmente, lo siguiente: Del Director de Auditoría Fiscal de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con sede en esta ciudad: La orden de visita domiciliaria contenida en el oficio AAFY/DAF/PC/3109/2020, de veintidós de octubre de dos mil veinte, dentro del expediente RIM310044/2020. Del Secretario de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, así como del Gobernador Constitucional y Secretario de Administración y Finanzas, ambos de esta entidad federativa: La suscripción del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Yucatán. La suscripción del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Yucatán. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos, los actos reclamados al Director de Auditoría Fiscal de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, Gobernador del Estado y Secretario de Administración y Finanzas, todos con sede en esta ciudad, y Secretario de Hacienda y Crédito Público, con residencia en México, Distrito Federal, pues así se advierte del informe justificado que rindieron; sin que obste que el Director Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas, hubiese expresado que no eran ciertos los actos que se les reclamaron, en virtud de que seguidamente reconoció la existencia de la suscripción de los Convenios impugnados. Además, como el acto reclamado a las tres últimas autoridades nombradas, se hace consistir en la suscripción de Convenios de Colaboración y Adhesión Fiscal publicados en el Diario Oficial de la Federación, en tal virtud, su notoria existencia no está sujeta a prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Resulta aplicable en lo conducente, el criterio que sostenido en la jurisprudencia 2ª/J.65/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de dos mil, página 260, que establece: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." También resulta aplicable por analogía, la tesis visible en la página 205, del tomo XV-I, febrero de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal, la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." CUARTO. Análisis de las causales improcedencia. Previo a abordar cuestiones de fondo del asunto, procede examinar si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional hechas valer por las autoridades responsables, pues de ser fundada alguna de ellas, resultaría ocioso estudiar las cuestiones de fondo planteadas en el juicio; además, que su estudio es de orden público y preferente, según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia número 814, visible en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,770, que literalmente señala: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En tal sentido, el Director General de Amparos contra Actos Administrativos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, estima que, en relación con las disposiciones legales que por esta vía impugna la parte quejosa, consistentes en el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Yucatán, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo en vigor, debido a que la parte quejosa no acredita afectación alguna a su interés jurídico. De igual manera, el Director Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, también considera que en el caso opera la causa de improcedencia invocada, en virtud de que la persona moral quejosa no acreditó la afectación a su interés jurídico o legítimo. Dicha causa de improcedencia es infundada. Para corroborar el anterior aserto, se debe tener en cuenta lo establecido en el artículo 5° de la Ley de Amparo, que en la parte conducente establece: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo" Del precepto legal transcrito se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido y normas generales), que se sigue siempre a instancia de parte agraviada; es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo la parte a quien afecte el acto o la norma general reclamados. Por otra parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." La interpretación del precepto constitucional invocado permite establecer que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, así como que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; por tanto, el requisito de procedencia del amparo consiste en que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo y que ese interés se vea agraviado. Ahora bien, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País ha establecido que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, la citada Sala indicó que deberá acreditarse que: a) Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Finalmente, el Máximo Tribunal de la Nación indicó que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Al caso se cita el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1854, del Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2004501, que señala: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En relación con lo anterior, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, según se corrobora de su texto, que es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." La anterior transcripción permite observar que en la Ley de Amparo se reiteró que para la procedencia del juicio es requisito indispensable que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo y que cualquiera de los dos se vea afectado. Ahora bien, el denominado interés jurídico representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio constitucional, pues si el acto reclamado no lesiona la esfera jurídica del gobernado, entonces no tendrá legitimación para instaurar el juicio constitucional, de modo que debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio resultará improcedente. No está por demás destacar que la procedencia del juicio de amparo requiere que la afectación al interés jurídico se encuentre plenamente acreditada y no que pueda inferirse con base en presunciones. En el caso, se estima infundada la causa de improcedencia formulada por las autoridades responsables, pues los Convenios de Colaboración y Adhesión Administrativa en Materia Fiscal Federal no sólo constituyen un acuerdo de la voluntad de la Federación con la de alguna Entidad Federativa, sino que, con motivo de la celebración de dichos convenios, se dota a las entidades federativas de facultades que la ley no les confiere expresamente y que se derivan de lo estipulado en tales acuerdos de voluntad. A fin de ahondar en lo anterior, conviene traer a la vista el contenido del artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, el cual señala: "Artículo 13. El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los Gobiernos de las Entidades que se hubieran adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, podrán celebrar convenios de coordinación en materia de administración de ingresos federales, que comprenderán las funciones de Registro Federal de Contribuyentes, recaudación, fiscalización y administración, que serán ejercidas por las autoridades fiscales de las Entidades o de los Municipios cuando así se pacte expresamente. En los convenios a que se refiere este artículo se especificarán los ingresos de que se trate, las facultades que ejercerán y las limitaciones de las mismas. Dichos convenios se publicarán en el Periódico Oficial de la Entidad y en el Diario Oficial de la Federación, y surtirán sus efectos a partir de las fechas que en el propio convenio se establezcan o, en su defecto, a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. La Federación o la Entidad podrán dar por terminados parcial o totalmente los convenios a que se refiere este precepto, terminación que será publicada y tendrá efectos conforme al párrafo anterior." Del numeral en cita se desprende que, derivado de la celebración de los convenios de mérito, y dependiendo de su clausulado, las autoridades fiscales de las entidades federativas o de los municipios que los comprendan, podrán ejercer las funciones de registro federal de contribuyentes, recaudación, fiscalización y administración, en relación con los ingresos federales. De tal suerte que si bien la ley no les otorga a las autoridades fiscales de las entidades federativas facultades para recaudar, fiscalizar o administrar los ingresos federales, con motivo de la celebración de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, se dota a las entidades federativas de dicho imperio. Por tanto, derivado de la celebración de dichos convenios se concede a las autoridades de las entidades federativas potestades que le corresponden a la Federación, es decir, dichos convenios crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas, al dotar de competencia para realizar diversos actos administrativos o fiscales, a autoridades que originariamente no la tienen. De modo que, si en el caso, la parte quejosa impugna el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Yucatán, al argumentar que éstos sirvieron de fundamento, entre otras disposiciones, para emitir la orden de visita domiciliaria contenida en el oficio AAFY/DAF/PC/3109/2020, de veintidós de octubre de dos mil veinte, derivada del expediente RIM310044/2020. Entonces, resulta claro el interés que le asiste para combatir en el juicio constitucional los convenios de colaboración de mérito, dado que su reclamo tiene como base la orden mencionada, esta última emitida con base en las facultades otorgadas a la luz de las normas generales impugnadas; por ende, resulta infundado el motivo de improcedencia que se analiza, ya que la citada orden constituye un acto concreto de aplicación de las normas generales en comento. Lo mismo debe decirse con relación a lo argumentado por el Secretario de Administración y Finanzas, toda vez que la orden de visita domiciliaria impugnada, fue emitida con el propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a las que está afecta la quejosa, como sujeto directo de la contribución federal denominada impuesto al valor agregado mensual y respecto de pagos provisionales, en materia de la contribución federal relativa al impuesto sobre la renta, así como retenedor de las contribuciones antes mencionadas; de ahí que contrario a lo afirmado, la parte quejosa tiene interés jurídico para promover el presente juicio de amparo, precisamente porque al encontrarse sujeta a la orden de visita domiciliaria, de serle adversa la resolución definitiva que en su caso se llegara a emitir, la impactara en su esfera jurídica. Por otro lado, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, considera que en el caso opera la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con los numerales 63, fracción V, y 107, fracción III, inciso a), todos de la Ley de Amparo; pues alega que la orden de visita reclamada no constituye una resolución definitiva, por lo que debe ser impugnada hasta que esta última se emita. Las causas de improcedencia invocadas, resultan infundadas por las siguientes consideraciones, las cuales se estudiaran en forma conjunta, dados los argumentos en las que las autoridades responsables en cita las hacen descansar. El artículo 61, en sus fracciones XVIII y XXIII, de la legislación de amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Precisado lo anterior, del análisis de las porciones normativas transcritas se desprende la procedencia del juicio de amparo en los casos en que se reclamen actos provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre y cuando se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma. No obstante lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que en términos de lo dispuesto por la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo, el presente juicio de amparo es procedente de manera inmediata, en virtud de que se reclama la orden de visita domiciliaria, pues aun cuando dicha orden origina un procedimiento, constituye un acto de molestia al domicilio, a la persona, a la familia, a los papeles y a las posesiones, por lo que puede afectar de forma directa los derechos sustantivos del gobernado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2/2012, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 61, del Libro VII, Abril de 2012, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2010933, que dice: "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. PUEDE SER IMPUGNADA EN AMPARO CON MOTIVO DE SU DICTADO O, POSTERIORMENTE, EN VIRTUD DE QUE SUS EFECTOS NO SE CONSUMAN IRREPARABLEMENTE AL PROLONGARSE DURANTE EL DESARROLLO DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA AL TRASCENDER A LA RESOLUCIÓN QUE DERIVE DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN.- Conforme al principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la orden de visita domiciliaria expedida en ejercicio de la facultad del Estado para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes debe: a) constar en mandamiento escrito; b) ser emitida por autoridad competente; c) contener el objeto de la diligencia; y, d) satisfacer los demás requisitos que fijan las leyes de la materia. Ahora bien, en virtud de dicho mandamiento, la autoridad tributaria puede ingresar al domicilio de las personas y exigirles la exhibición de libros, papeles o cualquier mecanismo de almacenamiento de información, indispensables para comprobar, a través de diversos actos concatenados entre sí, que han acatado las disposiciones fiscales, lo que implica la invasión a su privacidad e intimidad. En esa medida, al ser la orden de visita domiciliaria un acto de autoridad cuyo inicio y desarrollo puede infringir continuamente derechos fundamentales del visitado durante su práctica, ya sea que se verifique exclusivamente en una diligencia o a través de distintos actos vinculados entre sí, debe reconocerse la procedencia del juicio de amparo para constatar su apego a lo previsto en la Constitución General de la República y en las leyes secundarias, con el objeto de que el particular sea restituido, antes de la consumación irreparable de aquellos actos, en el goce pleno de los derechos transgredidos por la autoridad administrativa. Por ende, la orden de visita se puede impugnar de inmediato a través del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 114, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dentro del plazo legal establecido para ese efecto en el propio ordenamiento y hasta que cese la violación al derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio, lo cual no implica la imposibilidad de plantear posteriormente en el juicio de amparo, promovido contra la liquidación respectiva o la resolución que ponga fin a los medios ordinarios de defensa procedentes en su contra, al tenor de los párrafos tercero y cuarto de la fracción XII del artículo 73 de la Ley referida, los vicios constitucionales o legales que pudiese tener la señalada orden cuando no haya sido motivo de pronunciamiento en diverso juicio de amparo." En efecto, de conformidad con dicha jurisprudencia, la cual es obligatoria para este juzgador, según lo previsto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, la orden de visita domiciliaria expedida para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de la contribuyentes, tiene como finalidad que la autoridad tributaria puede ingresar al domicilio de las personas y exigirles la exhibición de libros, papeles o cualquier mecanismo de almacenamiento de información, indispensables para comprobar que han acatado las disposiciones fiscales, lo que implica la invasión a su privacidad e intimidad. En esa medida, al ser la orden de visita domiciliaria un acto de autoridad cuyo inicio y desarrollo puede infringir continuamente derechos fundamentales del visitado durante su práctica, debe reconocerse la procedencia del juicio de amparo para constatar su apego a lo previsto en la Constitución General de la República y en las leyes secundarias, con el objeto de que el particular sea restituido, antes de la consumación irreparable de aquellos actos, en el goce pleno de los derechos transgredidos por la autoridad administrativa. Por ende, la orden de visita se puede impugnar de inmediato a través del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, dentro del plazo legal establecido para ese efecto en el propio ordenamiento y hasta que cese la violación al derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio. Por tanto, aun cuando la orden de visita del procedimiento de fiscalización no constituye la última resolución del procedimiento realizado con motivo de las facultades de comprobación de la autoridad, no se actualizan las causas de improcedencia invocadas, porque la orden de visita domiciliaria constituye un acto de autoridad cuyo inicio y desarrollo puede infringir continuamente derechos fundamentales del visitado durante su práctica. Al no existir diversas causas de improcedencia propuestas por las partes, ni el suscrito advertirlas de oficio, se procede al estudio de la constitucionalidad de las normas que por esta vía controvierte la quejosa. QUINTO. Estudio de fondo. Al no existir diversa causa de improcedencia hecha valer por las autoridades responsables ni advertirse de oficio la existencia de alguna, lo procedente es analizar el fondo del asunto mediante el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello, y además, porque dicha omisión no deja en estado de indefensión a la solicitante del amparo, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación relacionados con la inconstitucionalidad de la ley. Por razón de método y técnica jurídica, en principio, se analizan los conceptos de violación que hace valer la quejosa en relación con la inconstitucionalidad de las normas reclamadas por la parte quejosa, consistentes en la suscripción del Convenio de Colaboración Administrativa de veintitrés de julio de dos mil quince, y del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, celebrados entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Yucatán. Así, debe decirse que los conceptos de violación formulados por la parte quejosa resultan por una parte infundados, y por otra inoperantes, sin que haya lugar a suplirlos en su deficiencia por no actualizarse ninguna de las hipótesis que al respecto establece el artículo 79 de la Ley de Amparo en vigor; los cuales se sintetizan a continuación: a) Que los Convenios de Colaboración Administrativa y de Adhesión, son inexistentes por haber sido suscritos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que al ceder sus facultades a un organismo desconcentrado no previsto en la Ley de la Administración Pública Federal como es el Servicio de Administración Tributaria, quedó sin efectos todo lo actuado por dicha Secretaría, como es la revalidación del Convenio de Colaboración. Ello, toda vez -aduce la parte quejosa- que en la Ley del Servicio de Administración Tributaria publicada en el Diario Oficial de la Federación bajo el nombre de Nueva Ley publicada en dicho medio el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en sus transitorios disponen que en la entrada en vigor de dicha Ley la Secretaría de Hacienda creó un organismo desconcentrado concediendo todas las facultades que tenía al Servicio de Administración Tributaria, por ende, todo lo actuado por la Secretaría de Hacienda, entre ello, la revalidación del Convenio de Colaboración Administrativa, quedó sin efectos. b) Que el artículo 6º, fracción XVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, refiere como facultades no delegables del Secretario el celebrar convenios, sin embargo, dicha disposición es contraria a la propia Ley de la que emana, debido a que en el artículo tercero transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria se estableció que se cederían todas las facultades a dicho organismo. c) Que debe tomarse en cuenta que la Ley Federal de Coordinación Fiscal, también señala a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como la facultada para celebrar los convenios, por lo cual, conforme a lo dispuesto en el citado artículo tercero transitorio, debe entenderse que los convenios los debe celebrar el Servicio de Administración Tributaria. d) De igual manera, sostiene el promovente que tanto el Gobernador del Estado de Yucatán, como el Secretario de Hacienda, no tenían competencia para suscribir el Convenio de Colaboración Administrativa, pues no cuentan con facultad material para ello. e) Que el decreto 451 de quince de septiembre de dos mil once, por el que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de la Administración Pública de Yucatán, derogó el Convenio de diez de octubre de dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cual entró en vigor el catorce de noviembre de dos mil ocho; por lo que, aduce la parte quejosa, que el referido Convenio deriva de un procedimiento viciado de origen, en virtud de que no se dio cumplimiento al procedimiento para dar por terminado el Convenio establecido en el artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal. Ahora bien, resultan infundados los conceptos de violación sintetizados en los incisos a), b) y c), por las siguientes consideraciones. Primeramente, cabe destacar que la naturaleza del aludido Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, es la de un pacto distribuidor de atribuciones fiscales de la Federación hacia los Estados, para eficientar la recaudación y dar una mayor participación y presencia a estos últimos en el sistema fiscal mexicano. Sobre el particular, los artículos 22 y 31, fracción XXXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establecen: "Artículo 22. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos podrá celebrar convenios de coordinación de acciones con los Gobiernos Estatales, y con su participación, en los casos necesarios, con los Municipios, satisfaciendo las formalidades legales que en cada caso procedan, a fin de favorecer el desarrollo integral de las propias entidades federativas." "Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos: [.] XXXIV. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos." Por su parte, el artículo 6° del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su fracción XVIII, a la letra establece: "Artículo 6°. El Secretario tendrá las siguientes facultades no delegables: [.] XVIII. Celebrar convenios en materia de coordinación fiscal con las entidades federativas y proponer al Presidente de la República el acuerdo relativo al Distrito Federal; [.]." Acorde con lo anterior, el artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, a la letra dispone: "Artículo 13. El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los Gobiernos de las Entidades que se hubieran adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, podrán celebrar convenios de coordinación en materia de administración de ingresos federales, que comprenderán las funciones de Registro Federal de Contribuyentes, recaudación, fiscalización y administración, que serán ejercidas por las autoridades fiscales de las Entidades o de los Municipios cuando así se pacte expresamente. [.]." De los preceptos legales antes citados, se desprende que el gobierno federal está facultado para celebrar convenios para la coordinación de acciones con los gobiernos estatales en materia fiscal; y que conforme a lo previsto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponden al Secretario de Hacienda y Crédito Público, atribuciones para realizar las acciones que las leyes y reglamentos expresamente le otorguen, en auxilio del Titular del Poder Ejecutivo Federal. En esta tesitura, el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le concede expresamente a dicha dependencia de la administración pública federal, concretamente a su titular, facultades indelegables para celebrar convenios en materia de coordinación fiscal con las entidades federativas, ello en concordancia con el artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal. De conformidad con lo previsto por el último precepto legal en cita, es precisamente la citada Ley de Coordinación Fiscal, la que señala que la Federación podrá celebrar convenios de coordinación administrativa, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; siendo dicho ordenamiento legal el que regula el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y que confiere facultades expresas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para celebrar por su conducto con las entidades federativas, tanto los convenios de adhesión a dicho sistema, como los convenios de coordinación administrativa en materia de ingresos federales. Sobre el particular, el artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal, textualmente dispone: "Artículo 10. Las Entidades que deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para recibir las participaciones que establezca esta Ley, lo harán mediante convenio que celebren con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que deberá ser autorizado o aprobado por su legislatura. También, con autorización de la legislatura podrán dar por terminado el convenio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno de la Entidad de que se trate, ordenarán la publicación en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de la Entidad, respectivamente, del convenio celebrado, por el cual la Entidad se adhiera; del acto por el que se separe del sistema; y de los decretos de la Legislatura de la Entidad por los cuales se autoricen o se aprueben dichos actos, que surtirán efectos a partir del día siguiente a la publicación que se efectúe en último lugar. La adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal deberá llevarse a cabo integralmente y no sólo en relación con algunos de los ingresos de la Federación. Las Entidades que no deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, participarán en los impuestos especiales a que se refiere el inciso 5o. de la fracción XXIX, del artículo 73 constitucional, en los términos que establecen las leyes respectivas." De lo anteriormente citado se advierte que los Estados que deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, con el objetivo de recibir las participaciones que establece dicha ley, lo harán mediante convenio que celebren con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual deberá ser aprobado por su legislatura local, debiendo ordenar ambas partes la publicación del aludido convenio de adhesión en el Diario Oficial de la Federación y en el respectivo periódico oficial estatal, además de que la Entidad celebrante recibirá participaciones íntegramente en todos los ingresos de la Federación y no solo respecto de algunos de ellos. Así, el transcrito artículo 13 del mismo ordenamiento legal establece en su párrafo segundo que: ". En los convenios a que se refiere este artículo se especificarán los ingresos de que se trate, las facultades que ejercerán y las limitaciones de las mismas. Dichos convenios se publicarán en el Periódico Oficial de la Entidad y en el Diario Oficial de la Federación, y surtirán sus efectos a partir de las fechas que en el propio convenio se establezcan o, en su defecto, a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación." De lo anterior, se colige que el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los gobiernos de los Estados de la República que se hubieran adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, podrán celebrar convenios de coordinación en materia de administración de ingresos federales, estableciendo sus facultades y limitaciones, con el requisito de que se le dé publicidad a través de los medios oficiales, como lo son el Diario Oficial de la Federación y el periódico oficial de la entidad federativa de que se trate. En este contexto, la distinción entre los convenios de adhesión al Sistema de Coordinación Fiscal y los convenios de coordinación en materia administrativa en materia de ingresos federales, se basa en que los convenios de adhesión son aquellos actos jurídicos celebrados entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con las entidades federativas, con la finalidad de adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal, con objeto de participar en el total de los impuestos federales y en los otros ingresos señalados en dicha ley, mediante la distribución de fondos. Mientras que los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, son actos jurídicos que puede celebrar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con los gobiernos de las entidades federativas, previamente adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, con la finalidad de la administración de los ingresos federales, comprendiendo funciones de Registro Federal de Contribuyentes, recaudación, fiscalización y administración, y serán ejercidas por las autoridades fiscales de las entidades o de los municipios cuando así se pacte expresamente en dichos convenios. Por otra parte, resultan infundados los conceptos de violación sintetizados en los incisos a) y c), en el que aduce la parte quejosa, que los Convenios reclamados son inexistentes, toda vez que fueron suscritos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al haber cedido dicha autoridad fiscal sus facultades al Servicio de Administración Tributaria, quedó sin efectos todo lo actuado por dicha Secretaría, aduciendo que la Ley del Servicio de Administración Tributaria publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en sus transitorios disponen que en la entrada en vigor de dicha Ley la Secretaría de Hacienda creó un organismo desconcentrado concediendo todas las facultades que tenía al Servicio de Administración Tributaria, por ende, todo lo actuado por la Secretaría de Hacienda, entre ello, la revalidación del Convenio de Colaboración Administrativa, quedó sin efectos. Asimismo, argumenta que la Ley Federal de Coordinación Fiscal, señala a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como la facultada para celebrar los convenios, por lo cual, conforme a lo dispuesto en el citado artículo tercero transitorio, debe entenderse que los convenios los debe celebrar el Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, contrario a lo que manifiesta la parte quejosa, no existe disposición expresa en alguna parte de los transitorios de la Ley del Servicio de Administración Tributaria publicada en el Diario Oficial de la Federación, de dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en el que aduzca que por virtud de ceder la Secretaría de Hacienda y Crédito sus facultades al Servicio de Administración Tributaria, en consecuencia de ello, quedaría sin efectos todo lo actuado por la Secretaría de Hacienda. Además, debe decirse que los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y los de Adhesión, de conformidad a lo establecido por el artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrara convenios de coordinación en materia de administración de ingresos federales, con los Gobiernos Estatales previo convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. De ahí que exista disposición legal expresa de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el organismo público que representa al Gobierno Federal para la celebración de dicho convenio, contrario a lo que argumenta la parte quejosa, en el sentido de que lo debe de suscribir el Servicio de Administración Tributaria. Por otro lado, también resulta infundado el concepto de violación identificado en el inciso d), consistente en que ni el Gobernador del Estado ni el Secretario de Hacienda y Crédito Público, cuenta con facultad para suscribir el Convenio de Colaboración Administrativa reclamada. Lo anterior es así, pues como ya se vio en párrafos anteriores, la facultad del Gobernador del Estado para suscribir convenios con el Gobierno Federal como el que aquí se impugna, encontró su principal fundamento y justificación en la Ley de Coordinación Fiscal Federal, en concreto en su artículo 13, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 13. El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los Gobiernos de las Entidades que se hubieran adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, podrán celebrar convenios de coordinación en materia de administración de ingresos federales, que comprenderán las funciones de Registro Federal de Contribuyentes, de recaudación, fiscalización y administración, que serán ejercidas por las autoridades fiscales de las Entidades o de los Municipios cuando así se pacte expresamente". Esa facultad también se encuentra justificada de igual modo en el artículo 14, fracción V, del Código de la Administración Pública del Estado, y por parte del Secretario de Hacienda y Crédito Público, en el numeral 27, fracción IV, del mismo ordenamiento legal, donde se establece: "Artículo 14. Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado, las siguientes: .V. Celebrar a nombre del Gobierno del Estado convenio con el Ejecutivo Federal y con los ayuntamientos de Yucatán para integrar organismos de carácter mixto y los que presenten servicios coordinados o por cooperación, así como la prestación de servicios públicos y la realización de obras, en los términos de las estipulaciones pactadas y las disposiciones legales relativas". "Artículo 27. A los titulares de las dependencias les corresponde el despacho de los siguientes asuntos: .IV. Intervenir y suscribir los actos, contratos y convenios que se refieran a la Dependencia que les corresponda." Luego, al resultar que el Gobernador Constitucional del Estado y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, sí contaban con facultades para suscribir el Convenio de Colaboración Administrativa de mérito, debe declararse infundado el concepto de violación hecho valer en ese sentido. En otro aspecto, debe decirse que resultan inoperantes los argumentos sintetizados en el concepto de violación identificado en el inciso e), en el que aduce la parte quejosa, que el decreto 451, de quince de septiembre de dos mil once, por el que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de la Administración Pública de Yucatán, derogó el Convenio de diez de octubre de dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cual entró en vigor el catorce de noviembre de dos mil ocho; por lo que, el referido Convenio deriva de un procedimiento viciado de origen, en virtud de que no se dio cumplimiento al procedimiento para dar por terminado el Convenio establecido en el artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal. Sin embargo, dichos argumentos son inoperantes, pues la parte quejosa aduce que se derogó el Convenio de diez de octubre de dos mil ocho, pero contrario a ello, la autoridad fiscal responsable, como ya se vio en párrafos anteriores, sustentó su competencia en el Convenio de Colaboración de fecha veintitrés de julio de dos mil quince, de ahí la inoperancia de dichos disensos. En suma, al ser infundados e inoperantes los conceptos de violación en este considerando analizados, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL por lo que hace a dichas normas generales. SÉPTIMO. Estudio de fondo del acto de aplicación. Continuando el estudio de los conceptos de violación, se procede al análisis de los argumentos hechos valer contra la orden de visita domiciliaria número RIM310044/2020, contenida en el oficio AAFY/DAF/PC/3109/2020, de fecha veintidós de octubre de dos mil veinte. Resultan por una parte, infundados, y por otra, inoperantes, los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, con relación a la legalidad de la orden de visita domiciliaria reclamada, los cuales se sintetizan a continuación: a) Que el Director de Auditoría Fiscal de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, no citó en la orden de visita domiciliaria impugnada, ningún precepto legal que justifique su competencia material, pues sólo citó el acuerdo en el cual señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas; asimismo, únicamente invocó el Convenio de Colaboración Administrativa, pero no así el Convenio de Adhesión, ni las fechas de suscripción y aprobación por la legislatura. b) Que el acto reclamado infringe en su perjuicio sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la autoridad responsable no cita los fundamentos legales para solicitar la información y documentación que adujo en la orden de visita impugnada, siendo omisiva en cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación. c) Que la autoridad responsable se equivocó en la cita de la fracción del artículo 17 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, la cual se faculta a la responsable para solicitar a los contribuyentes visitados la información y documentos contenidos en la orden de visita reclamada; pues, aduce la quejosa, que la responsable citó la fracción III, siendo que la correcta era la fracción X del precepto antes invocado. d) Del mismo modo, la persona moral quejosa, aduce que también la responsable se equivocó en citar la fracción III del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, cuando lo correcto era la fracción II, el cual es la que faculta a la autoridad responsable a llevar a cabo el requerimiento de información y documentos. e) Que la orden de visita carece de fundamentación y motivación contemplada en el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, toda vez que en ninguna parte de la orden de visita reclamada, invoca precepto legal que regule los elementos que integra la contabilidad. f) Finalmente, que la orden de visita impugnada transgrede el artículo 16 Constitucional, pues no se señala de manera precisa la hora ni el lugar o lugares en donde se llevará a cabo la referida orden de visita. Ahora bien, resulta infundado el disenso sintetizado en el inciso a), como se explicara a continuación. En el caso concreto, conviene señalar que la autoridad emisora de la visita domiciliaria, contrario a lo señalado por la sociedad quejosa, sustentó su competencia material y territorial en diversas disposiciones, como son los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; Cláusulas Segunda, párrafo primero, fracciones I y II, Tercera; Cuarta, párrafos primero, segundo y cuarto; Octava, párrafos primero, fracción I, incisos b) y d); Novena, párrafo primero; Décima, párrafo primero, fracción II, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Yucatán, de veintitrés de julio de dos mil quince, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de agosto de dos mil quince, y en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el veinticuatro de agosto de dos mil quince, modificado mediante acuerdo publicado en el Diario oficial de la federación, el diecinueve de mayo de dos mil veinte, y en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el seis de julio de dos mil veinte; y en los artículos 1, 2, 3, fracción I, 12, 13, 14, 15, 57 y 76, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Yucatán; artículos 1, 2, 3, párrafos primero y tercero, 4, 5, 7, fracciones II, IV, V, VI, IX, inciso a), b) y h), XII, XL y XLIII, 8, párrafo primero, fracciones II y III, inciso c), y segundo, 13, primer párrafo, y 14, fracciones I, II, III, V, VIII, primer párrafo, incisos e), k), l), y segundo párrafo, XVII, XX, XXII, XXIII y XXXII, de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, publicado en el suplemento al Diario oficial del Gobierno del Estado de Yucatán en fecha seis de diciembre dos mil doce; artículos 1, 2, 3, Apartado A. Facultades Indelegables, fracciones I, II, IX y XVI, Apartado B. Facultades Delegables, fracciones I, VIII, XI, XII, XIX, XXVIII y XLI, 5, párrafo primero, fracciones I y III, inciso a), segundo y tercero, 6, párrafos primero, fracciones VI, XIII, XV y XXVI, y segundo, 7, 14, párrafo primero, fracciones I, II, III, IX, XIV, XVIII, XIX y XXXVII, y segundo, del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, publicado en el suplemento al Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán en fecha uno de enero de dos mil trece, reformado mediante Decretos publicado el doce de febrero de dos mil quince y veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, dieciocho de junio de dos mil diecinueve y catorce de febrero de dos mil veinte, en el señalado órgano oficial de difusión; artículos 1, 8, numeral 50, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán de fecha veinticinco de enero de dos mil seis, reformado mediante Decreto publicado en fechas veinticinco de mayo de dos mil seis, diez de febrero de dos mil nueve, dieciséis de diciembre de dos mil diez, diecisiete de agosto de dos once, tres de enero de dos mil doce, veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete y veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, veintidós de abril de dos mil diecinueve y nueve de junio de dos mil veinte, en el indicado órgano oficial de difusión estatal. Del contenido de los citados preceptos legales, destaca para el presente estudio, lo que establece la Cláusula Cuarta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Yucatán, de veintitrés de julio de dos mil quince, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de agosto del mismo año, y las fracciones II, XVIII, XXXVII y último párrafo del artículo 14 del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, que establecen: "CUARTA. Las facultades de la Secretaría, que conforme a este Convenio se delegan a la entidad, serán ejercidas por el gobernador de la entidad o por las autoridades fiscales de la misma que, conforme a las disposiciones jurídicas locales, estén facultadas para administrar, comprobar, determinar y cobrar ingresos federales. A falta de las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior, las citadas facultades serán ejercidas por las autoridades fiscales de la propia entidad que realicen funciones de igual naturaleza a las mencionadas en el presente Convenio, en relación con ingresos locales. En ese contexto, la entidad ejercerá la coordinación y control de las instituciones de crédito y de las oficinas recaudadoras o auxiliares que autorice la misma para efectos de la recaudación, recepción de declaraciones, avisos y demás documentos a que se refiere el presente Convenio, incluso por medios electrónicos. Mediante pacto expreso con la Secretaría, la entidad, por conducto de sus municipios, podrá ejercer, parcial o totalmente, las facultades que se le confieren en este Convenio. En lo referente a las obligaciones y el ejercicio de las facultades conferidas conforme al presente instrumento en materia de ingresos coordinados y del ejercicio de las facultades relacionadas con las actividades referidas en la cláusula segundo de este Convenio, la Secretaría y la entidad convienen en que esta última las ejerza en los términos de las disposiciones jurídicas federales aplicables, incluso la normatividad, lineamientos, políticas y criterios que para tal efecto emita la Secretaría." "Artículo 14. El Director de Auditoría Fiscal tendrá las facultades y obligaciones siguientes: (.) II. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, revisiones de informes, de datos o documentos solicitados a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, inspecciones y verificaciones, en el domicilio de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, en las oficinas de la Agencia o, en su caso, en la vía pública, cuando proceda y en los términos de las leyes fiscales estatales y federales y de los convenios de coordinación fiscal federal y de los convenios con los municipios, para corroborar el cumplimiento de las obligaciones fiscales; XVIII. Ejecutar las acciones que en el ámbito de su competencia le corresponda en términos de los convenios de coordinación fiscal y sus anexos celebrados por el Estado con la Federación o con los municipios, y en los casos que proceda, continuar con la práctica de los actos de fiscalización que hayan iniciado otras autoridades fiscales de otras entidades federativas, cuando los contribuyentes pasen a ser competencia de la Agencia por haber cambiado su domicilio fiscal al territorio del Estado; XXXVII. Las demás que en el ámbito de su competencia le confieran otras disposiciones legales aplicables. Las facultades establecidas en este artículo también serán ejercidas por el Director de Auditoría Fiscal respecto de contribuciones federales, cuando así proceda en términos del convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal y sus respectivos anexos, celebrados y que se celebren entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Yucatán y de contribuciones municipales en los términos de los convenios celebrados y que se celebren con los municipios." La Cláusula Cuarta del aludido Convenio de Colaboración Administrativa, precisa que las facultades conferidas al Estado de Yucatán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, serán ejercidas, de manera diferenciada, por el Gobernador o por las autoridades que conforme a las disposiciones locales, estén facultadas para administrar contribuciones federales y a falta de las disposiciones expresas anteriores, tales prerrogativas serán ejercidas por las autoridades fiscales del propio Estado que realicen funciones de igual naturaleza a las mencionadas en el Convenio en relación con contribuciones locales. Por su parte, las fracciones II, XVIII, XXXVII y último párrafo del artículo 14 del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, establecen expresamente que el Director de Auditoría Fiscal está facultado para ejecutar, entre otras, las atribuciones derivadas del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, tales como ordenar y practicar visitas domiciliarias. Esto es, las disposiciones previstas en el Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, dan contenido a la hipótesis legal del primer párrafo de la Cláusula Cuarta del Convenio de Colaboración Administrativa en estudio, porque a través de ellas se autoriza al Director de Auditoría Fiscal para ejecutar el propio convenio en la materia pactada, y por ello, esa dependencia estatal es la autoridad facultada expresamente por la norma local para ejecutar, además del Gobernador, las disposiciones del Convenio de Colaboración Administrativa, como son los ingresos coordinados provenientes de la recaudación de los impuestos federales materia del Convenio, como lo es ordenar y practicar visitas domiciliarias; de ahí que no se encuentre limitado únicamente a ejercer sus facultades de comprobación en relación a los impuestos locales. Por consiguiente, conforme a la norma jurídica local citada, el Director de Auditoría Fiscal tiene conferidas las facultades que se originan de lo dispuesto en la Cláusula Cuarta del Convenio de Coordinación Fiscal en cita, supuesto en el cual su competencia deriva del precepto respectivo del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán; es decir, el Director de Auditoría Fiscal actuó con facultades propias y no delegadas. Así pues, por las razones expuestas, es que resulta infundado el concepto de violación consistente en que la competencia material del Director de Auditoría Fiscal no puede dimanar del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, pues como se ha visto, su aplicación deriva del Convenio de Colaboración, ya que en el primer párrafo de la Cláusula Cuarta, se estipula que las autoridades fiscales que conforme a la legislación local de dicha entidad federativa, se encuentren facultadas para administrar, comprobar, determinar y cobrar ingresos federales, podrán ejercer las facultades del referido convenio. Se afirma lo anterior, porque la competencia de las autoridades fiscales de la entidad federativa, -tratándose de contribuciones federales- se encuentra definida por el texto de su legislación local, dado que así se estableció expresamente en el referido Convenio de Colaboración. De modo que si por disposición expresa, las facultades establecidas en el artículo 14 del Reglamento aplicable serán ejercidas por el Director de Auditoría Fiscal respecto de aquellas contribuciones, cuando así proceda en términos del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus respectivos anexos, celebrados entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Yucatán y de contribuciones municipales en los términos de los convenios con los municipios; entonces, su ejercicio por parte de la autoridad emisora, no transgrede en modo alguno los derechos fundamentales de la parte quejosa. Resulta pertinente señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 145/2012, al analizar los preceptos 40, fracciones III, IV, VIII y XXVI del Reglamento de la Administración Pública Centralizada del Estado, publicado el veintiuno de abril de dos mil ocho, cuya redacción es similar a la establecida en las disposiciones locales invocadas, estableció que dichos dispositivos eran aptos para fundar la competencia material de la autoridad fiscalizadora Director de Auditoría y Revisión Fiscal (Michoacán), y que en la legislación del Estado de Yucatán corresponde al Director de Auditoría Fiscal. Dicha tesis jurisprudencial, se encuentra visible en la foja 892, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Materias Constitucional y Administrativa, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2002475, que dice: "COMPETENCIA TERRITORIAL DEL DIRECTOR DE AUDITORÍA Y REVISIÓN FISCAL DEL GOBIERNO DE MICHOACÁN, AL EMITIR ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA. SU FUNDAMENTACIÓN AL EJERCER LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN EN COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO FEDERAL, CUANDO SE TRATE DE CONTRIBUCIONES FEDERALES. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las cláusulas de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal, celebrados entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los Gobiernos de los Estados, no prevén la competencia por grado, materia o territorio de los entes administrativos ahí señalados, de lo que se concluye que la cláusula tercera del acuerdo suscrito con el Gobierno de Michoacán, por sí sola, es insuficiente para justificar la competencia territorial del director de Auditoría y Revisión Fiscal en las órdenes de visita domiciliaria emitidas con la finalidad de ejercer facultades de comprobación en colaboración con el Gobierno Federal, cuando se trate de contribuciones federales. Por tanto, a efecto de fundar debidamente la competencia territorial, además de la cláusula aludida, deben citarse los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24, fracciones XXIII, XXV y XLV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán, 6o., fracción II, inciso A), numeral 2, 37 y 40, fracciones III, IV, VIII y XXVI del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada de la citada entidad federativa y 26, fracción IV, del Código Fiscal del Estado, ya que este último dispone que el funcionario referido es una autoridad fiscal de carácter estatal, lo que evidencia que su competencia abarca todo el territorio del Estado y, por tanto, debe incluirse en la orden respectiva para fundar debidamente dicho aspecto." Por tanto, si en el caso, la orden de visita cuestionada, contenida en el oficio AAFY/DAF/PC/3109/2020, de veintidós de octubre de dos mil veinte, suscrita por el Director de Auditoría Fiscal, se invocó como fundamento de competencia material la Cláusula Cuarta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de agosto de dos mil quince, así como las fracciones II, XVIII, XXXVII y último párrafo del artículo 14 del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. Entonces, es incuestionable que la autoridad emisora fundó adecuadamente su competencia material para la emisión de la orden de visita reclamada; de ahí que los argumentos que aduce la parte quejosa resulten infundados. Es aplicable al caso la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, página 1051, del rubro y texto siguientes: "CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL. PARA DETERMINAR SI UNA AUTORIDAD LOCAL ESTÁ FACULTADA PARA EJERCER LAS ATRIBUCIONES DERIVADAS DE AQUÉL, DEBE ATENDERSE AL MARCO NORMATIVO INTEGRAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA, INCLUSIVE A LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS EMITIDAS POR EL EJECUTIVO LOCAL. De la cláusula cuarta de ese tipo de convenios celebrados con diversas entidades federativas, que en lo conducente prevé que las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que conforme al propio convenio se delegan al Estado, serán ejercidas por el gobernador de la entidad o por las autoridades que, conforme a las disposiciones legales locales, estén facultadas para administrar contribuciones federales, deriva que las facultades que la Federación confiere al Estado pueden ejercerlas tanto el gobernador como las autoridades que, acorde con las disposiciones locales, estén facultadas para administrar contribuciones federales. Lo anterior implica que el ejercicio de las facultades por parte de las autoridades locales dependerá de que el Estado, en su legislación, prevea atribuciones para administrar contribuciones federales, entendiendo dentro de ese concepto su recaudación y fiscalización, para lo cual, debe recurrirse a esa normativa bajo el parámetro de que esas facultades deben referirse a las expresamente señaladas en los convenios y ser acordes con el marco de coordinación fiscal del que derivan, entendiendo como disposiciones jurídicas locales no sólo los ordenamientos en sentido formal y material, sino también a las emanadas de la potestad reglamentaria de la que se encuentra investido el titular del Ejecutivo Local en cuanto constituyen fuente de derecho y desarrollan la voluntad del legislador ordinario." También sirve de apoyo, por las razones que contiene, la Jurisprudencia 2a./J.96/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Agosto de 2009, página 152, que señala: "CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD TIENE FACULTADES PARA ADMINISTRAR INGRESOS FEDERALES. De la parte considerativa del citado convenio y de las cláusulas primera a cuarta y sexta a octava, se advierte que el concepto de "administración tributaria" comprende la aplicación de las disposiciones en materia fiscal en lo relativo a la recaudación de los ingresos tributarios, comprobación, fiscalización, determinación y cobro de créditos fiscales, todo ello referido, desde luego, a los impuestos federales señalados en el propio convenio. Ahora bien, de la interpretación sistemática de los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; cláusula cuarta, primer párrafo, del citado convenio; 3, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública; 15 y 18 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública; 73 y 75 del Código Fiscal; y 9o., fracción II y 41, fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas, todos del Estado de Sinaloa, se colige que el Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la entidad, tiene facultades en materia de ingresos, recaudación, fiscalización, cumplimiento de obligaciones y sanciones respecto a gravámenes federales, contenidos en los acuerdos y convenios de coordinación y colaboración suscritos por la administración pública estatal con el Gobierno Federal, pues a través de tales disposiciones se actualiza el supuesto contenido en el primer párrafo de la cláusula cuarta referida, en tanto que en ellas se le autoriza a ejecutar el convenio tratándose de los ingresos coordinados provenientes de la recaudación de los impuestos federales ahí señalados." Asimismo, cobra aplicación, por las razones que contiene, la Jurisprudencia VI.3o.A.J/52, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, la cual se comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Octubre de 2005, página 2114, del tenor siguiente: "CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS. LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO TIENE COMPETENCIA, CONFORME AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA PROPIA SECRETARÍA, PARA EJERCER LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN MATERIA FISCAL FEDERAL AL GOBIERNO ESTATAL, SIN QUE SEA NECESARIO UN ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES DEL SECRETARIO RESPECTIVO. En la cláusula cuarta del convenio de colaboración administrativa en mención se precisa que las facultades conferidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Gobierno del Estado de Puebla, serán ejercidas por las autoridades que allí se señalan, acorde con lo dispuesto de manera diferenciada en la siguiente forma: 1. Se confieren las facultades objeto del convenio al Estado de Puebla, que serán ejercidas por el gobernador; o, 2. Por las autoridades que, conforme a las disposiciones locales, estén facultadas para administrar contribuciones federales; y, 3. A falta de las disposiciones expresas anteriores, dichas facultades serán ejercidas por las autoridades fiscales del propio Estado que realicen funciones de igual naturaleza a las mencionadas en el convenio en relación con contribuciones locales. Ahora bien, el artículo 30, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, establece que la Secretaría de Finanzas está facultada para ejecutar, entre otras, las atribuciones derivadas de los convenios en materia fiscal que celebre el Gobierno del Estado con el Gobierno Federal, esto es, a través de dicha disposición se actualiza el primer párrafo de la cláusula cuarta del convenio de colaboración administrativa en examen, porque por medio de ella se autoriza a la mencionada Secretaría de Finanzas para ejecutar el propio convenio en la materia pactada, y por ello, esa dependencia estatal es la autoridad facultada expresamente por la norma local para ejecutar, además del gobernador, las disposiciones del convenio de colaboración administrativa en examen, tratándose de los ingresos coordinados provenientes de la recaudación de los impuestos federales materia del convenio. Asimismo, del examen de los artículos 3o., 18, fracciones I, V, VI, VII y XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, deriva que la Dirección de Fiscalización del propio Estado tiene también facultades para ejercer las atribuciones conferidas en materia fiscal federal al Gobierno Estatal, pues está legitimada, entre otras cosas, para autorizar y firmar órdenes de auditoría, verificaciones, inspecciones, requerimientos, citatorios y demás documentos relacionados con impuestos federales coordinados, en términos de los convenios respectivos; puede exigir, además, la exhibición de los elementos que integren la contabilidad de los contribuyentes para su revisión, en cumplimiento tanto de las leyes estatales como de las federales y cuya actuación tenga delegada el Estado de conformidad con los convenios de coordinación fiscal; y además está facultada para determinar la existencia de créditos fiscales respecto de impuestos federales coordinados. Por consiguiente, al tenor de las normas jurídicas locales citadas, la Dirección de Fiscalización tiene conferidas las facultades que se originan de lo dispuesto en la cláusula cuarta del convenio de coordinación fiscal que se menciona, supuesto en el cual su competencia deriva, precisamente, de los preceptos respectivos del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, sin que sea necesario, por ende, un acuerdo delegatorio de facultades del secretario de Finanzas." De igual manera, de la orden de visita domiciliaria impugnada, se desprende que el Director de Auditoría Fiscal de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, citó las disposiciones relativas a la facultad para acudir directamente al contribuyente, con el propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a las que está afecta, como sujeto directo de la contribución federal denominada impuesto al valor agregado mensual y respecto de pagos provisionales, en materia de la contribución federal relativa al impuesto sobre la renta, así como retenedor de las contribuciones antes mencionadas; entre ellos, los artículos 42, párrafo primero, fracciones III, y párrafo segundo; 43, 44, 45 y 46, todos del Código Fiscal de la Federación. Por otra parte, resultan infundados los conceptos de violación sintetizados en los incisos b) y e), en el que aduce que la orden de visita vulneró en su perjuicio el contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que carece de la debida fundamentación y motivación, como se verá a continuación A fin de sustentar lo anterior, resulta necesario establecer que el artículo 16 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Estado la facultad de control y fiscalización para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes, mediante un procedimiento administrativo que inicia con una orden de visita y concluye con su calificación, en la cual puede llegar a determinarse un crédito a cargo del visitado o la imposición de sanciones. Para ello, en la visita domiciliaria la autoridad hacendaria puede exigir al gobernado la exhibición de libros y papeles necesarios para comprobar el cumplimiento a las disposiciones fiscales, lo que podría ocasionar una molestia en sus derechos sustantivos -domicilio, persona, familia, papeles o posesiones-. Por otra parte, del precepto constitucional en análisis se obtiene que las visitas domiciliarias son una excepción al derecho de inviolabilidad del domicilio de los gobernados, por lo que deben cumplir con determinadas formalidades y requisitos, los cuales se contemplan básicamente en los numerales 38 y 43 del Código Fiscal de la Federación. Como son, constar en mandamiento escrito, por parte de autoridad competente, en el que se exprese el nombre del visitado (excepto cuando se trate de órdenes de verificación en materia de comercio exterior y se ignore el nombre del mismo), el domicilio en el que debe llevarse a cabo la visita, los fundamentos y motivos de la orden, su objeto y alcance temporal, y levantarse un acta debidamente circunstanciada en presencia de dos testigos. Los artículos 38 y 43 del código invocado disponen: "Artículo 38. Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener, por lo menos, los siguientes requisitos: I. Constar por escrito en documento impreso o digital. Tratándose de actos administrativos que consten en documentos digitales y deban ser notificados personalmente o por medio del buzón tributario, deberán transmitirse codificados a los destinatarios. II. Señalar la autoridad que lo emite. III. Señalar lugar y fecha de emisión. IV. Estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate. V. Ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación. En el caso de resoluciones administrativas que consten en documentos digitales, deberán contener la firma electrónica avanzada del funcionario competente, la que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa. [.]" "Artículo 43.- En la orden de visita, además de los requisitos a que se refiere el artículo 38 de este Código, se deberá indicar: I. El lugar o lugares donde debe efectuarse la visita. El aumento de lugares a visitar deberá notificarse al visitado. II. El nombre de la persona o personas que deban efectuar la visita las cuales podrán ser sustituidas, aumentadas o reducidas en su número, en cualquier tiempo por la autoridad competente. La sustitución o aumento de las personas que deban efectuar la visita se notificará al visitado. Las personas designadas para efectuar la visita la podrán hacer conjunta o separadamente. III. Tratándose de las visitas domiciliarias a que se refiere el artículo 44 de este Código, las órdenes de visita deberán contener impreso el nombre del visitado excepto cuando se trate de órdenes de verificación en materia de comercio exterior y se ignore el nombre del mismo. En estos supuestos, deberán señalarse los datos que permitan su identificación, los cuales podrán ser obtenidos, al momento de efectuarse la visita domiciliaria, por el personal actuante en la visita de que se trate." En comunión con lo anterior, resulta necesario trascribir el contenido de los artículos 42 y 49 del Código Fiscal de la Federación, que a la letra establecen: "Artículo 42.- Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para: [.] II. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos, en las oficinas de las propias autoridades o dentro del buzón tributario, dependiendo de la forma en que se efectuó el requerimiento, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran a efecto de llevar a cabo su revisión. III. Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías. [.] V. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar que cumplan con las siguientes obligaciones: a) Las relativas a la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet y de presentación de solicitudes o avisos en materia del registro federal de contribuyentes; b) Las relativas a la operación de las máquinas, sistemas y registros electrónicos, que estén obligados a llevar conforme lo establecen las disposiciones fiscales; c) La consistente en que los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas cuenten con el marbete o precinto correspondiente o, en su caso, que los envases que contenían dichas bebidas hayan sido destruidos; d) La relativa a que las cajetillas de cigarros para su venta en México contengan impreso el código de seguridad o, en su caso, que éste sea auténtico; e) La de contar con la documentación o comprobantes que acrediten la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de las mercancías de procedencia extranjera, debiéndola exhibir a la autoridad durante la visita, y f) Las inherentes y derivadas de autorizaciones, concesiones, padrones, registros o patentes establecidos en la Ley Aduanera, su Reglamento y las Reglas Generales de Comercio Exterior que emita el Servicio de Administración Tributaria. La visita domiciliaria que tenga por objeto verificar todos o cualquiera de las obligaciones referidas en los incisos anteriores, deberá realizarse conforme al procedimiento previsto en el artículo 49 de este Código y demás formalidades que resulten aplicables, en términos de la Ley Aduanera. Las autoridades fiscales podrán solicitar a los contribuyentes la información necesaria para su inscripción y actualización de sus datos en el citado registro e inscribir a quienes de conformidad con las disposiciones fiscales deban estarlo y no cumplan con este requisito. [.]" "Artículo 49.- Para los efectos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 42 de este Código, las visitas domiciliarias se realizarán conforme a lo siguiente: I. Se llevará a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos y semifijos en la vía pública, de los contribuyentes, siempre que se encuentren abiertos al público en general, donde se realicen enajenaciones, presten servicios o contraten el uso o goce temporal de bienes, así como en los lugares donde se almacenen las mercancías o en donde se realicen las actividades relacionadas con las concesiones o autorizaciones o de cualquier padrón o registro en materia aduanera. II. Al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, entregarán la orden de verificación al visitado, a su representante legal, al encargado o a quien se encuentre al frente del lugar visitado, indistintamente, y con dicha persona se entenderá la visita de inspección. III. Los visitadores se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos; si éstos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide los resultados de la inspección. IV. En toda visita domiciliaria se levantará acta en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones conocidos por los visitadores, en los términos de este Código y su Reglamento o, en su caso, las irregularidades detectadas durante la inspección. V. Si al cierre del acta de visita domiciliaria el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos se niegan a firmar el acta, o el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia se niega a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se asentará en la propia acta, sin que esto afecte la validez y valor probatorio de la misma; dándose por concluida la visita domiciliaria. VI. Si con motivo de la visita domiciliaria a que se refiere este artículo, las autoridades conocieron incumplimientos a las disposiciones fiscales, se procederá a la formulación de la resolución correspondiente. Previamente se deberá conceder al contribuyente un plazo de tres días hábiles para desvirtuar la comisión de la infracción presentando las pruebas y formulando los alegatos correspondientes. Si se observa que el visitado no se encuentra inscrito en el registro federal de contribuyentes, la autoridad requerirá los datos necesarios para su inscripción, sin perjuicio de las sanciones y demás consecuencias legales derivadas de dicha omisión. La resolución a que se refiere el párrafo anterior deberá emitirse en un plazo que no excederá de seis meses contados a partir del vencimiento del plazo señalado en el párrafo que antecede." Del contenido de los numerales que anteceden, se obtiene que con el fin de verificar si los gobernados cumplen con sus obligaciones fiscales, la autoridad hacendaria tiene a su alcance el ejercicio de las facultades de comprobación previstas en los artículos supratranscritos, las cuales se desarrollan a manera de procedimientos de fiscalización a efecto de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido cabalmente con lo que establecen las diversas disposiciones fiscales. Esto es así, pues entre los medios con que cuenta la autoridad hacendaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los gobernados en ejercicio de sus facultades de comprobación, se pueden destacar en lo que interesan los siguientes: - Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran. - Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de obligaciones en materia fiscal derivadas de autorizaciones o concesiones o de cualquier padrón o registro establecidos en las disposiciones relativas a dicha materia; así como para solicitar la exhibición de la documentación o los comprobantes que amparen la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de las mercancías. De lo expuesto se colige, fundamentalmente, que aun cuando los procedimientos de fiscalización previstos en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación se encuentren regulados por diversos numerales, lo común a todos ellos resulta ser la facultad de las autoridades fiscales de comprobar que los gobernados hayan cumplido con sus obligaciones fiscales, lo que se logra a través del ejercicio del procedimiento fiscalizador, el cual debe cumplir con las formalidades que establecen tanto la propia Constitución como las leyes ordinarias aplicables, y que concluye con una resolución que determina, en su caso, omisiones en el cumplimiento de las obligaciones fiscales o créditos fiscales a cargo de los contribuyentes. Ahora, en la orden de visita de veintidós de octubre de dos mil veinte, que se giró bajo oficio AAFY/DAF/PC/3109/2020, dentro del expediente RIM310044/2020, en lo que interesa, se estableció lo siguiente: "C. REPRESENTANTE LEGAL DE: PROESUR, S.A. DE C.V. CALLE 11 NÚMERO EXTERIOR: 583, NÚMERO INTERIOR: INTERIOR 2, ENTRE CALLE 28 Y 30, COLONIA MAYA. MÉRIDA, YUCATÁN. C.P. 97134. Esta Dirección de Auditoria Fiscal de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, en el ejercicio de sus facultades, le ordena la presente visita domiciliaria, con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, a que está afecta (o) como sujeto directo en materia de la siguiente contribución federal: Impuesto al Valor Agregado mensual y respecto de pago provisionales, en materia de la siguiente contribución federal: Impuesto Sobre la Renta y como retenedor en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta. De acuerdo a lo anterior, y a efecto de ejercer las facultades de comprobación previstas en los artículos 42, párrafo primero, fracción III, y segundo, 43, 44, 45 y 46, del Código Fiscal de la Federación; se expide la presente orden de visita domiciliaria, con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; Cláusulas Segunda, párrafo primero, fracciones I y II, Tercera; Cuarta, párrafos primero, segundo y cuarto; Octava, párrafos primero, fracción I, incisos b) y d); Novena, párrafo primero; Décima, párrafo primero, fracción II, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Yucatán, de veintitrés de julio de dos mil quince, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de agosto de dos mil quince, y en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el veinticuatro de agosto de dos mil quince, modificado mediante acuerdo publicado en el Diario oficial de la federación, el diecinueve de mayo de dos mil veinte, y en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el seis de julio de dos mil veinte; y en los artículos 1, 2, 3, fracción I, 12, 13, 14, 15, 57 y 76, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Yucatán; artículos 1, 2, 3, párrafos primero y tercero, 4, 5, 7, fracciones II, IV, V, VI, IX, inciso a), b) y h), XII, XL y XLIII, 8, párrafo primero, fracciones II y III, inciso c), y segundo, 13, primer párrafo, y 14, fracciones I, II, III, V, VIII, primer párrafo, incisos e), k), l), y segundo párrafo, XVII, XX, XXII, XXIII y XXXII, de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, publicado en el suplemento al Diario oficial del Gobierno del Estado de Yucatán en fecha seis de diciembre dos mil doce; artículos 1, 2, 3, Apartado A. Facultades Indelegables, fracciones I, II, IX y XVI, Apartado B. Facultades Delegables, fracciones I, VIII, XI, XII, XIX, XXVIII y XLI, 5, párrafo primero, fracciones I y III, inciso a), segundo y tercero, 6, párrafos primero, fracciones VI, XIII, XV y XXVI, y segundo, 7, 14, párrafo primero, fracciones I, II, III, IX, XIV, XVIII, XIX y XXXVII, y segundo, del Reglamento de la Ley de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, publicado en el suplemento al Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán en fecha uno de enero de dos mil trece, reformado mediante Decretos publicado el doce de febrero de dos mil quince y veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, dieciocho de junio de dos mil diecinueve y catorce de febrero de dos mil veinte, en el señalado órgano oficial de difusión; artículos 1, 8, numeral 50, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán de fecha veinticinco de enero de dos mil seis, reformado mediante Decreto publicado en fechas veinticinco de mayo de dos mil seis, diez de febrero de dos mil nueve, dieciséis de diciembre de dos mil diez, diecisiete de agosto de dos once, tres de enero de dos mil doce, veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete y veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, veintidós de abril de dos mil diecinueve y nueve de junio de dos mil veinte, en el indicado Órgano Oficial de difusión estatal; autorizando para que la lleven a cabo a los CC. María Fernanda Azarcoya Moguel, César Abraham Espadas Barrera, Omar Ramírez Cruz, Luis Alberto Pérez González, Nicolás David López, Wilbert Melquíades Sánchez Gómez, Ermilo de Jesús Solís Blanco, Claudia Ileana Cetina Cetina, María Yolanda Sánchez Mérida, Francisco Isaac Castro Vela, Oscar Alejandro Gómez Cervera, Lizbeth Carolina Albornoz Cruz, Miguel Ángel Casanova Arrazola, Santiago Francisco Nah Aguilar, Luis Antonio Burgos Couoh, visitadores adscritos a esta Dirección de Auditoría Fiscal de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán; quienes podrán actuar en el desarrollo de la diligencia, en forma conjunta o separadamente, de conformidad con el artículo 43, fracción II, del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, se deberán presentar en forma inmediata y mantener a disposición del personal autorizado en la presente orden, todos los elementos que integran la contabilidad, como son, entre otros, libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y método de valuación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatorios de los asientos respectivos, así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones, y la que obliguen otras leyes, y proporcionarles todos los datos e informes que el mencionado personal requiera durante la diligencia y que tengan relación con el cumplimiento de las disposiciones fiscales objeto de la revisión. Asimismo, se les deberá permitir el acceso al establecimiento, oficinas, locales, instalaciones, talleres, fábricas, bodegas y cajas de valores, que se localicen dentro del mismo domicilio señalado en el primer rubro de esta orden. La revisión abarcara el período fiscal comprendido del 1 DE ENERO DE 2019 al 31 DE DICIEMBRE DE 2019, por el que se hubieren presentado o debieron haber sido presentadas las declaraciones provisionales y/o mensuales, correspondientes a las contribuciones antes señaladas. Conforme lo previsto en la fracción I del artículo 43 del Código Fiscal de la Federación, la visita se llevará a cabo en el lugar señalado en esta orden. De conformidad con lo establecido por el artículo 45 del Código Fiscal de Federación, se le solicita dar a los visitadores las facilidades necesarias para el cumplimiento de la presente orden, en virtud de que el oponerse a la práctica de la vista o a su desarrollo, y no poner a su disposición todos los elementos que integran su contabilidad, no proporcionar al personal autorizado en forma completa, correcta y oportuna, los informes, datos y documentos que soliciten para el ejercicio de las facultades de comprobación, constituye una infracción en términos del artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, la cual se sanciona de conformidad con lo señalado en el artículo 86, fracción I, del propio Código Fiscal de la Federación, asimismo, se le informa que en caso de impedimento en el inicio o desarrollo de las facultades de comprobación esta autoridad podrá aplicar las medidas de apremio contenidas en el artículo 40 del referido Código. Asimismo, a fin de que esta autoridad este en posibilidad de dar cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 42, párrafo quinto, del Código Fiscal de la Federación, se solicita que proporcione la siguiente información: 1.- Nombre, Registro Federal de Contribuyentes, correo electrónico y teléfono fijo y/o móvil de las siguientes personas: a) Representante legal, nombrado en términos del artículo 19 del Código Fiscal de la Federación. b) Administrador Único en su caso. 2.- Instrumentos notariales en los que se haya modificado la escritura constitutiva, en caso de que así haya sucedido. Finalmente, de conformidad con el artículo 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, se le informa del derecho que tiene para corregir su situación fiscal, en las distintas contribuciones objeto de la presente revisión y que los beneficios de ejercer el derecho citado se encuentran señalados en la Carta de Derechos del Contribuyente Auditado, la cual se entrega junto con la presente orden de revisión, de acuerdo con lo previsto en la fracción XII del artículo 2 de la Ley mencionada. A t e n t a m e n t e. C.P. ROLANDO HERRERA CASTILLO, M.I. DIRECTOR DE AUDITORIA FISCAL DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN. (.)" De lo transcrito se advierte que en el acto reclamado se precisó debidamente el objeto de la orden, es decir, el propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, a que está afecta la empresa hoy quejosa, con relación al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta, así como los períodos que comprendían del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. Luego, contrario a lo señalado por la peticionaria en sus motivos de disenso, la orden de visita se encuentra debidamente fundamentada y motivada, es así puesto que se estima que la autoridad fiscal cumplió con los requisitos esenciales en la medida que: Consta por escrito en documento impreso. Se estableció la autoridad que lo emitió, en este caso, el Director de Auditoria Fiscal de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. Se precisó el lugar y fecha de emisión, esto es, en la ciudad de Mérida, Yucatán, el veintidós de octubre de dos mil veinte. Esta impreso el nombre del visitado, en la especie PROESUR, SOCIEDAD, ANÓNIMA, DE CAPITAL, VARIABLE; por conducto de su representante legal. Se expresaron los fundamentos legales de la autoridad. Se especificó el lugar donde se efectuará la visita domiciliaria. Se ostentó la firma del funcionario competente. Se indicó el nombre de las personas efectuarían la visita, Lizbeth Carolina Albornoz Cruz y Santiago Francisco Nah Aguilar, entre otros. Todo ello, evidencia que contrario a lo sostenido por la quejosa, el acto reclamado consistente en la orden de visita impugnada sí cumple con los mandamientos que señala el Pacto Federal en su artículo 16. Es así, pues, basta que en la orden de visita se hayan citado como fundamento las porciones normativas invocadas, para que se estime que se fundaron suficientemente las facultades de la autoridad, no sólo para introducirse al domicilio del gobernado, sino también para realizar la verificación de que se trata y requerir al visitado los datos, informes o documentos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones materia de la visita, en la especie, para verificar el domicilio fiscal y comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, a que está afecta la empresa hoy quejosa, con relación al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta, en los períodos que comprendían del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. Se aplica a lo anterior por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 47/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 431, del Tomo XXXI, Abril de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 164741, que precisa lo siguiente: "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA AUTORIDAD NO ESTÁ OBLIGADA A CITAR EL ARTÍCULO 43, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, COMO FUNDAMENTO DE SU COMPETENCIA PARA EMITIRLA, PUES EL SUPUESTO AHÍ PREVISTO, DE INDICAR EL LUGAR O LUGARES DONDE DEBE EFECTUARSE LA VISITA, CONSTITUYE UN REQUISITO FORMAL DE LA PROPIA ORDEN. Conforme a las jurisprudencias 2a./J. 57/2001 y 2a./J. 115/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO.", y "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.", para cumplir con la garantía de fundamentación prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a la competencia de la autoridad emisora del acto de molestia, es necesario que en el documento donde se contenga se invoque la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando el apartado, fracción, inciso o subinciso, en su caso, y si se trata de una norma compleja, deberá transcribirse la parte correspondiente. Entonces, si el artículo 43, fracción I, del Código Fiscal de la Federación establece que en la orden de visita domiciliaria debe indicarse el lugar o lugares donde ha de efectuarse aquélla, la cual es una especie del género de los actos administrativos a que se refiere el artículo 38 del aludido ordenamiento que prevé los requisitos que deben contener tales actos, es evidente que la autoridad emisora de la orden no está obligada a citar el artículo 43, fracción I, del Código Fiscal de la Federación como fundamento de su competencia, toda vez que el supuesto ahí previsto constituye un requisito formal de la propia orden de visita, si se considera, además, que dicho fundamento se establece, en todo caso, entre otros preceptos, en el artículo 42 del citado ordenamiento." La tesis I.13o.A.54 A, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1338, del Tomo XVI, Agosto de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 186201, que indica: "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ES SUFICIENTE PARA CONSIDERAR FUNDADA Y MOTIVADA SU EMISIÓN. Para considerar que una orden de visita domiciliaria está debidamente fundada y motivada no se requiere que establezca en forma expresa que la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales se realizará de conformidad con las reglas que para las visitas domiciliarias establecen los artículos 44 y 46 del Código Fiscal de la Federación, ya que con independencia de que se asiente como motivación las facultades y obligaciones que establecen esas disposiciones, las autoridades se encuentran constreñidas a cumplir con las reglas que para las visitas domiciliarias prevé la ley de la materia, cuando la diligencia sea de esa naturaleza, de tal manera que si en la orden se precisa que el objeto de la visita es verificar el cumplimiento de determinados impuestos y no que se trate de otro tipo de diligencia, es suficiente que se funde la orden en relación con el objeto específico de la misma, sin que se requiera que se señalen todas y cada una de las facultades que tiene la autoridad fiscal en el desarrollo de la visita." Además, la tesis II.1o.A.175 A (9a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, visible en la foja 930, del Libro IX, Junio de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 160049, que dice: "VISITA DOMICILIARIA. LA SOLA OMISIÓN DE CITAR EN LA ORDEN RELATIVA EL ARTÍCULO 53, SEGUNDO PÁRRAFO, INCISO A), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA QUE EL VISITADO PROPORCIONE "DE INMEDIATO" SU CONTABILIDAD, NO LA HACE ILEGAL. Atento a los requisitos que la orden de visita domiciliaria debe satisfacer, a saber: constar en mandamiento escrito emitido por autoridad competente, fundado y motivado, en el que se señale lugar y fecha de expedición y se exprese el nombre de la persona a la que se dirige o, en su caso, proporcionar datos suficientes que permitan su identificación, así como el lugar o lugares que deben inspeccionarse, el objeto de la visita y el nombre de los visitadores, aquélla no debe suscitar duda alguna al contribuyente sobre la facultad de comprobación que la autoridad fiscal ha decidido ejercer, lo que inclusive debe ser señalado así en el citatorio que se le deje en caso de que no se encuentre al presentarse los visitadores en el lugar donde deba practicarse la revisión. En consecuencia, la sola omisión de citar en la orden de visita el artículo 53, segundo párrafo, inciso a), del Código Fiscal de la Federación para que el visitado proporcione "de inmediato" su contabilidad, no la hace ilegal, si se fundamentó en los artículos 42, fracción III y 45 del propio ordenamiento, que establecen la facultad de la autoridad para practicar visitas domiciliarias para revisar la contabilidad y la obligación del visitado para que la exhiba." De igual manera, es que resulta infundado el concepto de violación identificado en el inciso f), consistente en que la orden de visita impugnada transgrede el artículo 16 Constitucional, pues no se señala de manera precisa la hora ni el lugar o lugares en donde se llevará a cabo la referida orden de visita. Lo anterior se explica, pues contrario a lo que aduce la parte quejosa, en la visita domiciliaria reclamada sí se hizo mención del lugar donde se efectuará la referida visita, expresándose en el acto reclamado de la siguiente manera: "Conforme lo previsto en la fracción I del artículo 43 del Código Fiscal de la Federación, la visita se llevará a cabo en el lugar señalado en esta orden"; además, se advierte que cuando se le hizo entrega del citatorio a Ivonne Amairani Ricalde Pat, (quien dijo se secretaria de la contribuyente, aquí quejosa), se le hizo del conocimiento que dicha visita domiciliaria se efectuaría el día "23 de octubre de 2020, a las 10:30 horas"; de ahí, que contrario a lo argumentado por la parte quejosa, la autoridad fiscal sí le hizo del conocimiento el lugar y la hora en donde se llevaría a cabo la referida orden de visita. Por otra parte, resulta infundado el concepto de violación identificado en el inciso d), en el que aduce que la responsable se equivocó en citar la fracción III del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, cuando lo correcto era la fracción II, la cual es la que faculta a la autoridad responsable a llevar a cabo el requerimiento de información y documentos. Lo anterior, toda vez que contrario a lo que aduce la parte quejosa, la autoridad fiscal actuó correctamente al invocar la fracción III del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, pues es la que faculta a la práctica de visitas domiciliarias a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, para revisar la contabilidad, bienes y mercancías, como en el caso concreto. Y por el contrario, en la fracción II se faculta a dichas autoridades a realización una revisión de gabinete, requiriendo a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos, en las oficinas de las propias autoridades o dentro del buzón tributario, dependiendo de la forma en que se efectuó el requerimiento, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran a efecto de llevar a cabo su revisión. Por ende, se advierte que la autoridad fiscal responsable adecuadamente fundó en la fracción II del precepto invocado la orden de vista domiciliaria reclamada. Finalmente, resulta inoperante el concepto de violación identificado con el inciso c), en el que aduce que la autoridad responsable se equivocó en la cita de la fracción del artículo 17 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, la cual faculta a la responsable para solicitar a los contribuyentes visitados la información y documentos contenidos en la orden de visita reclamada; pues, aduce la quejosa, que la responsable citó la fracción III, siendo que la correcta era la fracción X del precepto antes invocado. Sin embargo, dicho disenso es inoperante en razón de que en la orden de visita reclamada no se invoca dicho artículo 17 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la foja 1605, del Libro 14, Enero de 2015, Tomo II, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2008226, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su estudio pues, al partir de una suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida; principio que aplica a los conceptos de violación cuyo sustento es un postulado que resultó no verídico; de ahí que sea ocioso su análisis y, por ende, merecen el calificativo de inoperantes." En consecuencia, al resultar por una parte infundados, y por otra inoperantes, los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, lo que legalmente procede es negar la protección de la Justicia Federal que solicita. OCTAVO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. NOVENO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. DÉCIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado ***, contra los actos que reclama del Gobernador del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, por los motivos señalados en el considerando sexto de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado ***, contra los actos que reclama del Director de Auditoría Fiscal de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando séptimo de la presente resolución. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando octavo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando noveno de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese.

  3. Principal

    SE NOTFIICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMDIAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE Mérida, Yucatán, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la razón actuarial levantada el día de hoy por la actuaria judicial adscrita a este Juzgado Federal, de la que se advierte que la directa quejosa Gladis ***no ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por ***. En consecuencia, haciendo efectivo el apercibimiento contenido en el anterior proveído dictado este propio día, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo en cuestión, quedando sin efectos las providencias dictadas en autos. Por otra parte, en atención a la diversa ratificación que realiza con relación a la prevención contenida en el aludido auto de veintiséis de los corrientes, téngase como su autorizado a ***, con las limitantes que establece la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta que no acredite ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se le otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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