Gizeth Zitlalli Cantor Montes y Otros.

Expediente 1325/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 22 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1325/2017
Año
2017
Actuaciones
22
Última actuación
29/06/2018

Partes del expediente

  • Gizeth Zitlalli Cantor Montes y Otros.
  • Gizeth Zitlalli Cantor Montes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTESADA EL SIGUIENTE PROVEÍDO, POR ASÍ ORDENARLO EL DIVERSO DE CINCO DE MARZO DE ACTUAL AÑO, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE... Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que la autoridad responsable pretende dar a la concesión de amparo; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra o no cumplido cabalmente. Con ese propósito, conviene indicar que por resolución de doce de febrero del año en curso, y confirmada el treinta de mayo del año en curso, por el Segundo Tribunal colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, se concedió la protección constitucional a Lorena Gizet Montes Bello en representación de la menor de iniciales Y.Y.C.M., cuya identidad reservada, como medida de protección de la intimidad de la infante, a fin de que la dignidad y la honra de ésta sea preservada, en términos del artículo 76 de la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños Adolescentes y otras, para el efecto de que la autoridad responsable Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero, residente en esta ciudad, realizara lo siguiente: " Deje Insubsistente su acuerdo de cuatro de diciembre del año próximo pasado, únicamente en lo relacionado con la admisión de la prueba de inspección judicial, y con libertad de jurisdicción, emita otro, siguiendo los lineamientos antes mencionados." Una vez que ésta causó ejecutoria, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Luego, mediante oficio 465, recibido en este órgano jurisdiccional el quince de junio de este año, la autoridad responsable, remitió copia certificada del auto de doce de junio del año en curso, dictado en el expediente 53/2017; documentales que adquieren valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2º. Mediante proveído de dieciocho de los corrientes, este Órgano Jurisdiccional ordenó dar vista a la peticionaria del amparo con las constancias que remitió la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera; apercibido que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento del fallo protector, se acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo, se notificó por lista el veintidós del mes y año que transcurre, sin que oportunamente hubiera desahogado esa vista, por lo que este Juzgado Federal procede a pronunciarse sobre tal aspecto y para tal efecto se realiza el estudio de las constancias a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional a la parte quejosa, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. En ese tenor, es evidente que la autoridad responsable al emitir el acuerdo de doce de junio del año en curso, en el expediente 53/2017, dejo insubsistente el auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, únicamente por lo que respecta a la admisión de la prueba de inspección judicial, y con libertad de jurisdicción, emitió una nueva determinación en la que negó admitir la prueba pericial ofrecida por el actor, dado que los hechos objeto de inspección no tienen relación con los hechos, que son materia de controversia, restituyó totalmente a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales que se estimaron vulnerados en la sentencia impugnada; en esas condiciones, es de concluirse que se acataron los términos en que se dictó y se tiene por cumplida la misma. En consecuencia, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se determina que este expediente es susceptible de ser depurado, una vez transcurridos cinco años a partir de la notificación del presente proveído, dado que no se considera de relevancia documental y carece de valor institucional e histórico; por lo tanto transcurrido dicho término consérvese únicamente la demanda y sentencia respectivas. Por otra parte, de autos se aprecia que la parte quejosa, allegó a los autos las pruebas documentales consistentes en tres actas de nacimiento; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del indicado Acuerdo General, se deja a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlo, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose, apercibida que de no hacerlo tal documento será destruido junto con el expediente. Respecto de los cuadernos incidentales, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado, acuérdese en ellos lo conducente en relación a su archivo. En mérito de lo expuesto, y toda vez que es innecesario seguir conservando el duplicado del expediente 53/2017, que obran por separado en dos tomos de pruebas, devuélvanse a su lugar de origen. Por último, respecto al cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión del presente expediente al Tribunal Colegiado en virtud del recurso de revisión interpuesto el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, por la parte quejosa, tomando en consideración que cumplió su objetivo primordial, es decir, suplió al principal, remítase el citado cuaderno al archivo, mismo que se determina que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido seis meses contados a partir de que se notifique este proveído toda vez que carece de valor institucional, histórico o de relevancia alguna y no aporta mayores elementos al acervo archivístico, ello de conformidad con lo establecido en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito.

  2. Incidental

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos del juicio principal del que deriva el cuaderno incidental en que se actúa, se advierte que en proveído de esta fecha se declaró ejecutoriada la sentencia ahí dictada; por tanto, en observancia al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se procede a la valoración de los presentes cuadernos. Por cuanto hace al original del incidente de suspensión, toda vez que en proveído de diecinueve de enero del año en curso e interlocutoria de diecinueve de febrero del presente año, se concedió la medida cautelar solicitada, es susceptible de ser depurado, una vez transcurridos cinco años a partir de este proveído, acorde con lo dispuesto en el punto Vigésimo Primero, fracción III, párrafo segundo; y respecto al duplicado, éste deberá ser destruido una vez transcurridos seis meses de haberse resuelto la suspensión definitiva solicitada, de conformidad con lo establecido en el punto Vigésimo, fracción III, del Acuerdo General antes mencionado; en consecuencia, remítanse al archivo hasta en tanto transcurran los plazos antes señalados.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE... Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que la autoridad responsable pretende dar a la concesión de amparo; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra o no cumplido cabalmente. Con ese propósito, conviene indicar que por resolución de doce de febrero del año en curso, y confirmada el treinta de mayo del año en curso, por el Segundo Tribunal colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, se concedió la protección constitucional a Lorena Gizet Montes Bello en representación de la menor de iniciales Y.Y.C.M., cuya identidad reservada, como medida de protección de la intimidad de la infante, a fin de que la dignidad y la honra de ésta sea preservada, en términos del artículo 76 de la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños Adolescentes y otras, para el efecto de que la autoridad responsable Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero, residente en esta ciudad, realizara lo siguiente: " Deje Insubsistente su acuerdo de cuatro de diciembre del año próximo pasado, únicamente en lo relacionado con la admisión de la prueba de inspección judicial, y con libertad de jurisdicción, emita otro, siguiendo los lineamientos antes mencionados." Una vez que ésta causó ejecutoria, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Luego, mediante oficio 465, recibido en este órgano jurisdiccional el quince de junio de este año, la autoridad responsable, remitió copia certificada del auto de doce de junio del año en curso, dictado en el expediente 53/2017; documentales que adquieren valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2º. Mediante proveído de dieciocho de los corrientes, este Órgano Jurisdiccional ordenó dar vista a la peticionaria del amparo con las constancias que remitió la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera; apercibido que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento del fallo protector, se acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo, se notificó por lista el veintidós del mes y año que transcurre, sin que oportunamente hubiera desahogado esa vista, por lo que este Juzgado Federal procede a pronunciarse sobre tal aspecto y para tal efecto se realiza el estudio de las constancias a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional a la parte quejosa, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. En ese tenor, es evidente que la autoridad responsable al emitir el acuerdo de doce de junio del año en curso, en el expediente 53/2017, dejo insubsistente el auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, únicamente por lo que respecta a la admisión de la prueba de inspección judicial, y con libertad de jurisdicción, emitió una nueva determinación en la que negó admitir la prueba pericial ofrecida por el actor, dado que los hechos objeto de inspección no tienen relación con los hechos, que son materia de controversia, restituyó totalmente a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales que se estimaron vulnerados en la sentencia impugnada; en esas condiciones, es de concluirse que se acataron los términos en que se dictó y se tiene por cumplida la misma. En consecuencia, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se determina que este expediente es susceptible de ser depurado, una vez transcurridos cinco años a partir de la notificación del presente proveído, dado que no se considera de relevancia documental y carece de valor institucional e histórico; por lo tanto transcurrido dicho término consérvese únicamente la demanda y sentencia respectivas. Por otra parte, de autos se aprecia que la parte quejosa, allegó a los autos las pruebas documentales consistentes en tres actas de nacimiento; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del indicado Acuerdo General, se deja a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlo, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose, apercibida que de no hacerlo tal documento será destruido junto con el expediente. Respecto de los cuadernos incidentales, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado, acuérdese en ellos lo conducente en relación a su archivo. En mérito de lo expuesto, y toda vez que es innecesario seguir conservando el duplicado del expediente 53/2017, que obran por separado en dos tomos de pruebas, devuélvanse a su lugar de origen. Por último, respecto al cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión del presente expediente al Tribunal Colegiado en virtud del recurso de revisión interpuesto el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, por la parte quejosa, tomando en consideración que cumplió su objetivo primordial, es decir, suplió al principal, remítase el citado cuaderno al archivo, mismo que se determina que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido seis meses contados a partir de que se notifique este proveído toda vez que carece de valor institucional, histórico o de relevancia alguna y no aporta mayores elementos al acervo archivístico, ello de conformidad con lo establecido en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito.

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