Giuseppe D' Amico
Expediente 1045/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1045/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/07/2022
Partes del expediente
- Giuseppe D' Amico
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, once de julio de dos mil veintidós. I. Estado de autos. En atención a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que de las actuaciones que integran el presente juicio de amparo, en veinte de junio de dos mil veintidós, se desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa. Determinación que fue notificada vía electrónica el veinticuatro de junio del año en curso, tal y como se advierte del acuse de generación de notificación del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. II. Causa estado. En ese sentido, atendiendo a lo asentado en párrafos presentes y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que del veintisiete de junio al uno de julio de dos mil veintidós, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos del cuerpo de leyes aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de diez de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia. III. Orden de archivo. Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, este asunto con fundamento en el canon 196 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. IV. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente asunto se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, toda vez que se desechó la demanda, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por el secretario Héctor Hugo Ordaz Arredondo, que autoriza y da fe.
- Principal
Tomando en consideración el contenido de la certificación secretarial que antecede, en la que se asentó que, de una consulta realizada al expediente electrónico dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se advierte que no obra la constancia de notificación por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público Federal, adscrito a este Juzgado, respecto de la sentencia de diecisiete de marzo de dos mil veintidós; por tanto, en aras de lograr la correcta integración del presente juicio de amparo y en obvio de evitar mayores dilaciones, se comisiona al actuario de la adscripción para que, inmediatamente realice la notificación referida o de haberla realizado, integre las constancias al expediente electrónico.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a tres de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio que signan los delegados de las autoridades señaladas como responsables correspondientes al Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, mediante el cual hacen manifestaciones e informan los trámites que están realizando a fin de cumplimentar la ejecutoria de amparo, para acreditar exhiben el oficio 404/A/2022/268, suscrito por el Director de Integración y Dictaminación del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, en donde destaca en el punto identificado como número 3 que la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos ya convocó a sesión de trabajo el diecisiete de mayo de dos mil veintidós bajo punto 4.22 para revisar un proyecto de dictamen que resuelve cumplimentar la sentencia dictada en este juicio de amparo. Asimismo, señalan que en dicha sesión (diecisiete de mayo de dos mil veintidós) se votó el dictamen de la citada Comisión y que la sesión se encuentra visible en el link https://livestream.com/zapopangob/events/10413406. Y continúa informando que a la data de dicho comunicado (veinte de mayo del año en curso), se está en espera de que sesiónela Comisión Edilicia de Servicios Públicos con el expediente 70/22 y que una vez que lo revise y vote, se presentará a la sesión del Ayuntamiento en Pleno siguiente. Pues bien, como lo que solicita, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo se concede una prórroga de diez días, para que remitan copia certificada de las constancias con las que acrediten el cumplimiento al fallo protector, o en su defecto, informe la imposibilidad que tenga para ello. Cabe precisar que en proveídos de: Diez de febrero de dos mil veintidós; Veintiuno de febrero de dos mil veintidós; Catorce de marzo de dos mil veintidós; Cuatro de abril de dos mil veintidós; Veintiséis de abril de dos mil veintidós; y, Dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Se ha estado requiriendo por el cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entonces, debe precisarse que las ejecutorias al ser de orden público deben de acatarse sin trámites burocráticos, ni retardos, esto es, cumplirse de inmediato, sin retardos, luego, este juzgado federal recuerda a las autoridades que es deber de las responsables cumplir con la ejecutoria de amparo sin demora. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá a cada responsable que desobedezca este mandato judicial federal, una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, según valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós; ello con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que corresponde a dicho Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Diana Ulloa Hernández, secretaria que autoriza y da fe. RAAG/DUH/hmre
- Principal
De la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia de doce de abril de dos mil veintidós, se concedió el amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. II. Efectos de la sentencia de amparo. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que los efectos de la concesión del amparo son: [.] la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, tiene el carácter de autoridad vinculada con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, porque es quien dentro del ámbito de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 76, 94 y 96 del Código Fiscal del Estado de Jalisco y 52, 53, fracción XIV, 73, fracción VI, 79, fracción III, 80, 87, fracción XXXIX del Reglamento Interno de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, habrá de realizar lo siguiente: 1. Desincorporar de la esfera jurídica del quejoso el precepto en cita, esto es, que no se le aplique en lo presente y en lo futuro las normas declaradas inconstitucionales; y, 2. Devolver a Francisco Javier Estrada González, la cantidad de la manera siguiente: [.] III. Requerimiento a la autoridad responsable. Por otra parte, toda vez que el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y el Congreso del Estado de Jalisco, tienen imposibilidad jurídica para efectuar actos de cumplimiento, en razón de las funciones legislativas que desempeñaron; y, dado que al carecer el juicio de amparo, de fuerza vinculatoria para obligar a las autoridades que intervinieron en dicho proceso, a efecto de derogar o dejar sin efectos dicho ordenamiento, resulta ocioso exigirles su cumplimiento en ese sentido, así como el acto de aplicación por no ser autoridades ejecutoras, por lo que no se les requiere cumplimiento alguno. Sirve de apoyo, la tesis ejecutoria 2ª. CXV/97, aplicada por analogía, visible en la página 414 del tomo VI, Octubre de 1997, novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del Presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que versa la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (REFRENDO Y PUBLICACIÓN), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulta inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". En tal virtud, se requiere a la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo, para que dentro de tres días contados a partir de que de que reciba la notificación del presente auto, cumpla con el fallo protector y lo acredite con las constancias conducentes, o bien, informe las gestiones que se encuentra realizando para tal fin, a efecto de calificar el cumplimiento a la sentencia de amparo. Tienen aplicación al caso las siguientes tesis: "SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN DE LAS. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que por razón de sus funciones deba de intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del artículo 107 de la Ley de Amparo, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la ejecutoria de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de ese fallo." "AUTORIDADES VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. NO TIENEN EL CARÁCTER DE TERCERAS INTERESADAS NI SE EQUIPARAN A LAS RESPONSABLES, POR ENDE, ES INNECESARIO EMPLAZARLAS AL JUICIO, AL NO TENER LA CALIDAD DE PARTE. El artículo 197 de la Ley de Amparo dispone que todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para tal fin. Ahora bien, como lo señala Ignacio Burgoa Orihuela en su libro "El Juicio de Amparo", cuadragésima edición, Editorial Porrúa, México, 2005, página 553 "la obligatoriedad para acatar una sentencia de amparo (impuesta) a cualquier autoridad del Estado, aunque no haya sido responsable en el juicio correspondiente, se funda en el principio que establece que el cumplimiento del fallo constitucional es una cuestión de orden público", por lo que puede afirmarse que los conceptos: autoridades vinculadas al cumplimiento y autoridades responsables, no son sinónimos, pues aquéllas no se equiparan a éstas ni tienen el carácter de terceras interesadas, ya que su eventual intervención en el acatamiento de la ejecutoria de amparo no las hace titulares de un interés jurídico en que subsista el acto reclamado que les resulta ajeno. Además, cualquier cuestión que puedan invocar respecto al cumplimiento de la ejecutoria, podrán plantearla en la fase de ejecución del juicio; por ende, es innecesario emplazarlas en el amparo, al no tener la calidad de parte." IV. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de ser omiso a lo anterior, se hará acreedor a las sanciones previstas en el numeral 193 de la Ley de la materia.
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