Giselle Medina López

Expediente 184/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 25 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
184/2020
Año
2020
Actuaciones
25
Última actuación
02/07/2021

Partes del expediente

  • Giselle Medina López
  • GISELLE MEDINA LÓPEZ y Otros.
  • Juliana Yiseel Contreras González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Incidental

    Visto el estado de los autos, se advierte como hecho notorio que en esta fecha, se ordenó archivar como asunto definitivamente concluido el juicio de amparo 184/2020-IV-1, del cual deriva este incidente; en consecuencia, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, procede hacer la indicación en el sentido de que el cuaderno original del incidente de suspensión en que se actúa es depurable, toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional como la suspensión definitiva del acto reclamado, según lo dispone el artículo 18, fracción I, inciso a) del acuerdo general en cita. De igual forma, en atención al dispositivo jurídico 20, fracción II, inciso a), el duplicado del incidente en mención deberá ser destruido, una vez que cuente con más de seis meses de haberse ordenado el archivo del juicio de amparo indirecto del que deriva.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron el acuerdo dictado por este juzgado el catorce de junio dos mil veintiuno, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que éstas fueron notificadas el quince siguiente, quedando comprendido dicho plazo del dieciséis al treinta de junio del año en curso. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Por otra parte, no es óbice a lo anterior que no obre en autos constancia de notificación a la autoridad señalada como responsable Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con sede en La Cruz, Elota, Sinaloa, ya que ésta sólo podrá interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo que en el caso no sucede, pues por cuanto hace a los actos atribuidos a dicha autoridad, se sobreseyó en el juicio; lo anterior con fundamento en el numeral 87 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa en acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veinte, mismo que fue notificado el seis de mayo del año en curso, por lo que el plazo de veinte días otorgado transcurrió del diez de mayo al cuatro de junio en curso, plazo que se otorgó a fin de que la parte quejosa compareciera a este órgano jurisdiccional a recoger los edictos de emplazamiento de los terceros interesados Ricardo Torres Ruiz, Cad Anshmeip, Sociedad Anónima de Capital Variable y Uricam Cad y Cae 3d, Sociedad Anónima de Capital Variable; por lo que el suscrito estima que en el caso se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se expresan: Para una mejor comprensión del asunto, este órgano de control constitucional considera necesario hacer referencia de las constancias de autos, siendo como sigue: En acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo promovida por Juliana Yiseel Contreras González y Giselle Medina López, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Luego, en proveído de once de marzo de dos mil veinte, se ordenó el emplazamiento de Ricardo Torres Ruiz, mediante exhorto E-043/2020-IV-1, que se giró al Juez de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León en Turno, con sede en la Ciudad de Monterrey, mismo que fue devuelto sin diligenciar a través del oficio 9448/2020, proveniente del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, con sede en la Ciudad de Monterrey. El tres de noviembre de dos mil veinte, se ordenó a través del exhorto 043/2020-IV-1, el emplazamiento a juicio de Cad Anshmeip, Sociedad Anónima de Capital Variable y Uricam Cad y Cae 3d, Sociedad Anónima de Capital Variable, el que fue devuelto sin diligenciar a través del oficio 842, proveniente del Juzgado Primero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, con sede en la Ciudad de Monterrey. El veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se inició el procedimiento de localización de los terceros interesados, sin que las autoridades requeridas proporcionan domicilio diverso en donde pudieran ser llamados a juicio. En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 315 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordenó el llamado a juicio de los terceros interesados por medio de edictos a costa de la parte quejosa, para lo cual se le concedió el improrrogable plazo de veinte días, a fin de que compareciera ante este órgano jurisdiccional a recoger los edictos de mérito y acreditara su publicación o, en su defecto, demostrara su imposibilidad económica para sufragar dicho trámite; determinación de la que tuvo conocimiento por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional el seis de mayo de dos mil veintiuno, por lo que el anotado cómputo inició a partir del diez de mayo de dos mil veintiuno al cuatro de junio del año en curso. Asimismo, como ya se dijo, se precisó que correspondía a la parte quejosa, de ser el supuesto, demostrar su imposibilidad económica para sufragar los gastos que origina la citada publicación de edictos, y al suscrito, ponderar las particularidades del caso y la existencia en autos de indicios suficientes que demostraran esa consideración, sin que transcurrido dicho lapso hiciera lo propio; motivo por el cual, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, resulta imperativo el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se provee. Para mejor comprensión de la determinación hasta aquí asumida, es oportuno citar el contenido del referido artículo 63, fracción II, así como el de los diversos 5, fracción III, 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, todos de la ley de la materia, y 14, segundo párrafo, de la Norma Fundamental, que a la letra establecen: Ley de Amparo. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: (..) b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; (...)" "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: b) (.) Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó" Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 14.- (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." La interpretación sistemática de lo dispuesto en el citado artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 5, fracción III, y 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, del mismo ordenamiento, así como en el precepto 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conduce a concluir que la contumacia en que incurrió la parte promovente del amparo de no recoger los edictos que nos ocupan, ni haber expresado su imposibilidad económica para sufragar su publicación dentro del lapso concedido para ello, no obstante haber sido debidamente notificada del apercibimiento contenido en el acuerdo de cuatro de mayo del año en curso, impide que este juzgador de amparo pueda pronunciarse sobre el fondo de la controversia planteada en el presente juicio constitucional, actualizándose en consecuencia la invocada causa de sobreseimiento. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente lo rigen, y considerando que las determinaciones que se adopten en dicho procedimiento pueden llegar a afectar la esfera jurídica de los referidos terceros interesados, debe estimarse que su emplazamiento al presente asunto constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento es atribuible a la parte promovente del amparo por la falta de publicidad de los edictos, circunstancia ésta que impide a este órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente la acción deducida, toda vez que constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la falta de publicación de los edictos, a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento de los terceros interesados Ricardo Torres Ruiz, Cad Anshmeip, Sociedad Anónima de Capital Variable y Uricam Cad y Cae 3d, Sociedad Anónima de Capital Variable, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino al propio solicitante del amparo, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso, de la parte inconforme, ya que con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. Cabe precisar que aunado a que la parte quejosa no justificó estar imposibilitada para cubrir un gasto de esa naturaleza, (la publicación de los edictos), no obstante habérsele solicitado acreditara dicha circunstancia, de los elementos que constan en autos no existen indicios suficientes que demuestren que la citada parte procesal no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, para que este juzgador considere, en todo caso, solicitar al Consejo de la Judicatura Federal, que dicha publicación sea a su costa; situación que hace presumir que cuenta con solvencia económica, al menos, para hacer frente a las obligaciones o cargas derivadas del propio litigio; razones éstas que llevan a determinar, como se adelantó, el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, de conformidad con los artículos 63, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, y 5, fracción III, del propio ordenamiento legal. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXVI, noviembre de 2013, tomo 2, materia constitucional, página 1320, del tenor literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ (INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA). No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad." De igual forma, es aplicable la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Décimo Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 11, octubre de 2014, tomo III, materia común, página 2846, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. LA OMISIÓN INJUSTIFICADA DEL QUEJOSO DE DILIGENCIARLOS NO CONSTITUYE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SINO UNA HIPÓTESIS AUTÓNOMA DE SOBRESEIMIENTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En la ejecutoria de la que se derivó la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 416, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la omisión del quejoso de recoger los edictos para el emplazamiento del tercero perjudicado, pagar su publicación y exhibirla podría configurar la causa de improcedencia del amparo prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los numerales 30, fracción II, y 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, este criterio no puede aplicarse analógicamente a los asuntos regidos por la ley de la materia vigente a partir del 3 de abril de 2013, para integrar una causa de improcedencia y sobreseer con base en ésta en términos del artículo 63, fracción V, de dicha ley. Ello es así, porque la fracción II de ese mismo precepto incorporó expresamente como una causa autónoma de sobreseimiento la omisión injustificada del quejoso de acreditar la entrega de los edictos para su publicación, cuando deba emplazarse por ese medio al tercero interesado." Por tanto, lo que procede en la especie es sobreseer en el presente juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se dejan sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la celebración de la audiencia de ley. Sustenta lo anterior, la tesis por contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil trece, página trescientos ochenta y siete, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Los criterios citados en la presente determinación, no son contrarios al actual texto de la Ley de Amparo y pueden ser aplicables al caso, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que ésta se expidió.

  4. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de veinte días, concedido a la parte quejosa en auto de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, a fin de que efectúe las acciones encaminadas a publicar los edictos para emplazar a la parte tercero interesada Ricardo Torres Ruiz, Cad Anshmeip, sociedad anónima******************** y Uricam Cad Yy Cae 3d, sociedad anónima********************, en términos del artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo de la Ley de Amparo. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional programada para hoy, y se señalan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Lo expuesto, se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.

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