Giselle Alvarado Méndez

Expediente 112/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
112/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
21/02/2023

Partes del expediente

  • Giselle Alvarado Méndez

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO AUTO DE DESECHAMIENTO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DE EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE, de conformidad con el diverso 21, inciso d), del acuerdo general citado, porque se desechó la demanda de amparo, en la que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACIONES EN LA CARÁTULA Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DATOS PERSONALES Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en el domicilio indicado en la demanda.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO AUTO DE DESECHAMIENTO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DE EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE, de conformidad con el diverso 21, inciso d), del acuerdo general citado, porque se desechó la demanda de amparo, en la que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACIONES EN LA CARÁTULA Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DATOS PERSONALES Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en el domicilio indicado en la demanda.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, dos de febrero de dos mil veintitrés. RADICACIÓN DE LA DEMANDA Agréguese la demanda de amparo promovida por Giselle Alvarado Méndez e Itzel Solís Jiménez, contra actos del Gobernador del Estado de Puebla y otras autoridades; por tanto, regístrese en el libro de gobierno con el número 112/2023 y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO Ahora bien, el juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, las promoventes reclaman a las autoridades señaladas como autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras: GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA. SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. SUBSECRETARÍA DE CENTROS PENITENCIARIOS. DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL HUEJOTZINGO, PUEBLA. CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL CIUDAD SERDÁN, PUEBLA. De quienes reclaman: En su carácter de autoridades ordenadoras y ejecutoras reclamo el ilegal e infundado TRASLADO en el mes de Enero del presente año, de nuestra persona del CENTRO DE REINSERCION SOCIAL "HUEJOTZINGO, PUEBLA", en el que nos encontrábamos internas al CENTRO DE REINSERCION SOCIAL "CIUDAD SERDAN, PUEBLA", en el que nos encontramos actualmente. Traslado que, según refieren, se llevó a cabo del Centro Penitenciario de Huejotzingo, Puebla, al diverso con sede en Ciudad Serdán, Centro Federal de Reinserción Social Número 15 CPS Chiapas, el diecisiete de enero de este año, sin que les fuera notificado con anticipación. De lo cual se observa que la orden de traslado y su ejecución combatida es meramente administrativa, supuesto en el que el juicio de amparo es improcedente contra dicha orden de traslado, pues antes de acudir en demanda de amparo debieron agotar el medio ordinario de impugnación previsto en la ley penal aplicable, pues el incumplimiento tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige la procedencia del juicio. Ello, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa, cuya finalidad es mantener el orden constitucional; de ahí que no pueda acudirse a esa instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un medio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada. Además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. Entonces, contra la orden de traslado atribuida a las autoridades administrativas, sin intervención de la autoridad judicial, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que a la letra señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (...) En tal fracción se establece que contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, es necesario agotar el medio ordinario de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Lo cual acontece en el caso, porque contra la orden de traslado sin intervención judicial procede la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que a la letra prevé: "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada. Conforme a lo anterior, uno de los supuestos contra los cuales procede la controversia referida, es en materia de traslados, la cual puede ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente; por ende, previo a la promoción del juicio de amparo en su contra, debe agotarse ese medio de defensa ordinario y, al no hacerlo, se actualiza el motivo de improcedencia referido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto: Registro digital: 2023736 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Penal, Común Tesis: 1a./J. 27/2021 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II, página 1513. Tipo: Jurisprudencia ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo. De ahí, que contra la orden de traslado sin intervención judicial, el juicio de amparo es improcedente, por lo que procede desechar la demanda de amparo. Sin que obste lo anterior, que las quejosas en la demanda señale a diversas autoridades administrativas pertenecientes al ramo Ejecutivo del Estado de Puebla; en virtud de que se advierte que su señalamiento obedece únicamente a la intervención que les resulta -legalmente- como autoridades encargadas o responsables de los Centros Penitenciarios del Estado. REPRESENTANTE COMÚN Conforme lo establecido en el artículo 13 de la ley de la materia, se tiene con el carácter de representante común de los quejosos a Giselle Alvarado Méndez, sin perjuicio de ser sustituido con posterioridad. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, así como autorizados con el cúmulo de facultades previstas en el artículo 12 de la ley de la materia a Lorena Castillo Rojas y Jaime Morales Novoa, por tener registrada su cédula en el Registro Nacional de Profesionistas, lo que se constató por este juzgado. MEDIOS DE CONTACTO No se tiene señalado para recibir notificaciones el correo electrónico personal y los números telefónicos que refiere en su demanda de amparo, en virtud que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, no autoriza la comunicación por ese medio, e impone a las partes el tránsito hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. SE GIRA DESPACHO Ahora bien, toda vez que las quejosas Giselle Alvarado Méndez e Itzel Solís Jiménez, se encuentran internas, en el Centro Penitenciario de Ciudad Serdán, Puebla, se ordena girar despacho, vía electrónica, al juez de lo Penal del Distrito Judicial de Chalchicomula de Sesma, con cabecera en Ciudad Serdán, Puebla, a fin de que ordene al diligenciario del juzgado a su cargo, para que de inmediato: 1.- Se constituyan en las instalaciones del centro de reclusión de ese Distrito Judicial y localice a las quejosas Giselle Alvarado Méndez e Itzel Solís Jiménez. 2.- Les notifique el contenido íntegro del el presente auto y les corra traslado con la copia del mismo. Concluida la diligencia encomendada se solicita al diligenciario encargado de desahogarla asiente la razón correspondiente. Se solicita al aludido juez de lo penal que de no tener inconveniente legal alguno, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite al diligenciario encargado de practicar la notificación que nos ocupa, para que de ser necesario se pueda constituir en el domicilio proporcionado en distintos días y horas inhábiles. Se requiere al citado juez de lo penal, a fin de que tan luego se desahogue las diligencias ordenadas en el presente acuerdo, remita la correspondiente constancia a través de correo electrónico 5jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx, debiendo confirmar su recepción al número telefónico 22 22 37 7660; ello, con la finalidad de agilizar la comunicación procesal; apercibido que de incumplir con lo ordenado se impondrá una multa equivalente a CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES A fin de que se agilice el adecuado despacho del presente asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilita al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que practique las notificaciones personales que se originen en el expediente de amparo en que se actúa en días y horas inhábiles, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese; vía despacho a la parte quejosa en el lugar de su reclusión y personalmente en el domicilio indicado en la demanda, a través de sus autorizados.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, dos de febrero de dos mil veintitrés. RADICACIÓN DE LA DEMANDA Agréguese la demanda de amparo promovida por Giselle Alvarado Méndez e Itzel Solís Jiménez, contra actos del Gobernador del Estado de Puebla y otras autoridades; por tanto, regístrese en el libro de gobierno con el número 112/2023 y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO Ahora bien, el juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, las promoventes reclaman a las autoridades señaladas como autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras: GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA. SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. SUBSECRETARÍA DE CENTROS PENITENCIARIOS. DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL HUEJOTZINGO, PUEBLA. CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL CIUDAD SERDÁN, PUEBLA. De quienes reclaman: En su carácter de autoridades ordenadoras y ejecutoras reclamo el ilegal e infundado TRASLADO en el mes de Enero del presente año, de nuestra persona del CENTRO DE REINSERCION SOCIAL "HUEJOTZINGO, PUEBLA", en el que nos encontrábamos internas al CENTRO DE REINSERCION SOCIAL "CIUDAD SERDAN, PUEBLA", en el que nos encontramos actualmente. Traslado que, según refieren, se llevó a cabo del Centro Penitenciario de Huejotzingo, Puebla, al diverso con sede en Ciudad Serdán, Centro Federal de Reinserción Social Número 15 CPS Chiapas, el diecisiete de enero de este año, sin que les fuera notificado con anticipación. De lo cual se observa que la orden de traslado y su ejecución combatida es meramente administrativa, supuesto en el que el juicio de amparo es improcedente contra dicha orden de traslado, pues antes de acudir en demanda de amparo debieron agotar el medio ordinario de impugnación previsto en la ley penal aplicable, pues el incumplimiento tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige la procedencia del juicio. Ello, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa, cuya finalidad es mantener el orden constitucional; de ahí que no pueda acudirse a esa instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un medio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada. Además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. Entonces, contra la orden de traslado atribuida a las autoridades administrativas, sin intervención de la autoridad judicial, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que a la letra señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (...) En tal fracción se establece que contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, es necesario agotar el medio ordinario de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Lo cual acontece en el caso, porque contra la orden de traslado sin intervención judicial procede la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que a la letra prevé: "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada. Conforme a lo anterior, uno de los supuestos contra los cuales procede la controversia referida, es en materia de traslados, la cual puede ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente; por ende, previo a la promoción del juicio de amparo en su contra, debe agotarse ese medio de defensa ordinario y, al no hacerlo, se actualiza el motivo de improcedencia referido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto: Registro digital: 2023736 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Penal, Común Tesis: 1a./J. 27/2021 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II, página 1513. Tipo: Jurisprudencia ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo. De ahí, que contra la orden de traslado sin intervención judicial, el juicio de amparo es improcedente, por lo que procede desechar la demanda de amparo. Sin que obste lo anterior, que las quejosas en la demanda señale a diversas autoridades administrativas pertenecientes al ramo Ejecutivo del Estado de Puebla; en virtud de que se advierte que su señalamiento obedece únicamente a la intervención que les resulta -legalmente- como autoridades encargadas o responsables de los Centros Penitenciarios del Estado. REPRESENTANTE COMÚN Conforme lo establecido en el artículo 13 de la ley de la materia, se tiene con el carácter de representante común de los quejosos a Giselle Alvarado Méndez, sin perjuicio de ser sustituido con posterioridad. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, así como autorizados con el cúmulo de facultades previstas en el artículo 12 de la ley de la materia a Lorena Castillo Rojas y Jaime Morales Novoa, por tener registrada su cédula en el Registro Nacional de Profesionistas, lo que se constató por este juzgado. MEDIOS DE CONTACTO No se tiene señalado para recibir notificaciones el correo electrónico personal y los números telefónicos que refiere en su demanda de amparo, en virtud que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, no autoriza la comunicación por ese medio, e impone a las partes el tránsito hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. SE GIRA DESPACHO Ahora bien, toda vez que las quejosas Giselle Alvarado Méndez e Itzel Solís Jiménez, se encuentran internas, en el Centro Penitenciario de Ciudad Serdán, Puebla, se ordena girar despacho, vía electrónica, al juez de lo Penal del Distrito Judicial de Chalchicomula de Sesma, con cabecera en Ciudad Serdán, Puebla, a fin de que ordene al diligenciario del juzgado a su cargo, para que de inmediato: 1.- Se constituyan en las instalaciones del centro de reclusión de ese Distrito Judicial y localice a las quejosas Giselle Alvarado Méndez e Itzel Solís Jiménez. 2.- Les notifique el contenido íntegro del el presente auto y les corra traslado con la copia del mismo. Concluida la diligencia encomendada se solicita al diligenciario encargado de desahogarla asiente la razón correspondiente. Se solicita al aludido juez de lo penal que de no tener inconveniente legal alguno, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite al diligenciario encargado de practicar la notificación que nos ocupa, para que de ser necesario se pueda constituir en el domicilio proporcionado en distintos días y horas inhábiles. Se requiere al citado juez de lo penal, a fin de que tan luego se desahogue las diligencias ordenadas en el presente acuerdo, remita la correspondiente constancia a través de correo electrónico 5jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx, debiendo confirmar su recepción al número telefónico 22 22 37 7660; ello, con la finalidad de agilizar la comunicación procesal; apercibido que de incumplir con lo ordenado se impondrá una multa equivalente a CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES A fin de que se agilice el adecuado despacho del presente asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilita al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que practique las notificaciones personales que se originen en el expediente de amparo en que se actúa en días y horas inhábiles, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese; vía despacho a la parte quejosa en el lugar de su reclusión y personalmente en el domicilio indicado en la demanda, a través de sus autorizados.

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