Gisela Villamil Alvarez
Expediente 840/2019 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 840/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Gisela Villamil Alvarez
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el oficio 2801/2019, del Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, registrado en oficialía de partes con el número 7641/2019, con el que remite cuaderno de amparo, mismo que contiene: demanda de amparo promovida por *** y ***, certificación, dos copias simples de credencial para votar con fotografía, copia certificada de acta de matrimonio, copia autógrafa de sentencia de doce de mayo de dos mil catorce, certificación, auto de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, y constancias de emplazamiento; dos copias de la citada demanda, oficio 2801/2019 y expediente 704/2015; regístrese en el libro de gobierno correspondiente, fórmese expediente y acúsese recibo. Luego, en el caso a estudio el suscrito estima carecer de competencia por razón de la vía para conocer y resolver sobre el juicio constitucional intentado. Para evidenciar lo antes afirmado resulta necesario precisar que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el solicitante del amparo, señala como autoridades responsables y acto reclamado, los siguientes: "(.) III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Pachuca de Soto, Hidalgo, C. Juez Cuarto Civil de esta ciudad. - - - IV. ACTO RECLAMADO: entre otras cosas, la sentencia de diecinueve de septiembre e dos mil dieciséis, relativa al juicio ordinario civil, promovido por ***en contra de ***y ***; la ejecución de la sentencia definitiva dictada en el juicio seguido por ***, en contra de los suscritos, en el expediente 704/2015; del C. Juez Cuarto de lo Civil de Pachuca de Soto, Hidalgo, se reclaman las violaciones de nuestras garantías y derechos humanos, en virtud de que no se les emplazó de la demanda en su contra, de la cual nunca fueron notificados, en virtud de que nos encontrábamos en el Centro de Reinserción Social de Pachuca, Hidalgo." . "(.)" Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, así como de la demanda de garantías tomada como un todo, anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se dictó sentencia definitiva en el juicio ordinario civil 704/2015, promovido por ***, en contra de ***y ***, en el sentido de condenar a los demandados (ahora quejosos) al pago de las prestaciones reclamadas. Inconforme con dicha resolución ***y ***, promueven juicio constitucional en la vía directa, reclamando la el ilegal emplazamiento al juicio de origen; cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. En ese tenor, vista la demanda de amparo como un todo, se advierte que los impetrantes de garantías se duelen de que no fueron emplazados al juicio ordinario civil de origen; luego entonces, el conocimiento del amparo en este supuesto, corresponde a un juez de distrito y no a los tribunales colegiados de circuito, toda vez que los quejosos en el amparo indirecto tiene la posibilidad de aportar ante el juzgado federal las pruebas necesarias para demostrar tal circunstancia, o que el llamamiento que se le hizo al juicio se realizó en forma distinta a la prevenida por la ley; en cambio, dada la naturaleza del juicio de amparo directo, por regla general, las pruebas sólo pueden consistir en las constancias del expediente formado por la autoridad responsable, por tanto, se le dejaría en estado de indefensión porque no se le daría oportunidad de comprobar la violación alegada, y por ende, nos lleva a la exigencia de aplicar la hipótesis fáctica establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a) y b) de la ley de la materia. No es óbice a lo así determinado que los artículos 34 y 172, fracción I, de la ley de la materia, establezcan como violación procesal atacable en amparo directo la ausencia o ilegalidad de emplazamiento, ya que no es posible aplicar tales dispositivos cuando el quejoso es persona extraña al juicio por equiparación, y de hacerlo, se le dejaría en estado de indefensión, porque no se le daría oportunidad de acreditar la irregularidad del llamamiento a juicio. Sirve de apoyo a lo así resuelto, el criterio jurisprudencial sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, tomo XIII, correspondiente al mes de abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "Se transcribe".-De ahí que si no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de amparo, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y remítanse los originales al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Hidalgo; y, en su oportunidad, archívese como totalmente concluido el presente asunto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.
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