Gisela Rocha Escobar

Expediente 952/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 10 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
952/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
05/01/2018

Partes del expediente

  • Gisela Rocha Escobar
  • Agente Investigador del Ministerio Público Mesa III, Ciudad Acuña, Coahuila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de catorce de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 74 a 77), a través del cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes, toda vez que no les produce agravio el sentido de la resolución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 81, fracción I inciso d) y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y se ordena archivar el presente juicio, como asunto concluido. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, catorce de diciembre de dos mil diecisiete. I. Presentación de la demanda de amparo indirecto. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el catorce de noviembre de este año (fojas 1 y 2), ***, en representación de ***, promovió juicio de amparo indirecto, contra las autoridades responsables y por los actos siguientes: Autoridad responsable: Comandante de la Policía Ministerial del Estado. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. Agente Investigador del Ministerio Público Mesa I. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. Agente Investigador del Ministerio Público Mesa II. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. Agente Investigador del Ministerio Público Mesa III. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. ACTO RECLAMADO: "La tortura, ilegal detención e incomunicación de mi hija de nombre GISELA ROCHA ESCOBAR, sin mediar orden de aprehensión y sin haber cometido delito alguno y menos haber flagrancia de hechos delictuosos." En la citada fecha, se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 952/2017; se requirió por conducto del Actuario de la adscripción, la ratificación de la quejosa y la notificación de la suspensión de plano a las autoridades responsables del acto reclamado. En esa tesitura, de la razón actuarial de quince de noviembre de la presente anualidad (foja 11), efectuada por el funcionario adscrito se advierte que la quejosa directa ***, ratificó la demanda de garantías instaurada a su nombre. Aunado a que el Actuario adscrito, hizo constar que la quejosa se encontraba bien, que no fue objeto de maltratos, golpes o incomunicación. De ese modo, mediante proveído de dieciséis de noviembre de este año (fojas 13 a 16), se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. II. Causal de sobreseimiento. Del informe rendido por la autoridad responsable denominada Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mesa Tres, con sede en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, y anexos (fojas 36 a 67), se advierte que el dieciséis del mes y año pasado, dentro la carpeta de investigación 01748/ACU/UIACI/2017, se ordenó dejar sin efecto la detención de la quejosa directa Gisela Rocha Escobar, obteniendo su inmediata libertad, como se aprecia en el siguiente documento: Documental que por tener el carácter de pública se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia, como en el presente caso, la prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la citada ley, la cual por ende, acarrea el sobreseimiento del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trecientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: *** En efecto, la parte quejosa primigeniamente reclamó la privación ilegal de la libertad de que fue objeto por parte de las autoridades responsables. En el caso concreto, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: *** Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: *** La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: *** Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mesa Tres, con sede en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, manifestó que la parte quejosa Gisela Rocha Escobar, el dieciséis de noviembre del año en curso, obtuvo su libertad. Lo anterior implica la desaparición total del acto reclamado y sus consecuencias, pues la autoridad de que se trata, restituyó a la quejosa en el pleno goce de sus garantías, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose así la causal que se invoca. Apoya lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina treinta y ocho, tomo IX, Junio, de mil novecientos noventa y nueve, del Seminario Judicial de la Federación, registro 193758, con rubro y contenido siguientes: *** En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento. III. Se deja sin efectos la fecha y hora de la audiencia constitucional. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del quince de diciembre del año en curso (fojas 13 a 16).

  3. Principal

    Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Vista la cuenta, agréguese a los autos el sobre devuelto por la Oficina Postal de Correos de esta ciudad, que contiene el oficio dirigido a la autoridad responsable siguiente: Oficio Autoridad Responsable: Devuelto con la leyenda: 31071/2017-JMGS Comandante de la Policía Ministerial del Estado. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. C.P. 26200 "No existe autoridad" En consecuencia a lo anterior, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efecto la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna en el plazo que se le otorga se tendrá por inexistente a dicha autoridad para los efectos del presente juicio de amparo, sin necesidad de ulterior acuerdo. Sirve de apoyo a lo anterior por lo que informa, la tesis VI.2o.C.14 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada el viernes 13 de junio de 2014 a las 09:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, con número de registro 2006688, del rubro y texto: ***

  4. Principal

    Visto lo de cuenta; agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable: Autoridad responsable: Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mesa Tres, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza y anexo. En consecuencia, póngase a la vista de las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo . A su vez, se tiene como prueba de la autoridad responsable de cuenta, la documental que acompañó a su informe de cuenta; probanza que se admite y se tiene por desahogada en atención a su propia naturaleza, sin perjuicio de hacer referencia de ella en la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia .

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