Gisela Ornelas Nuñez
Expediente 76/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 76/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Gisela Ornelas Nuñez
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 1249/2023, procedente del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, por medio del cual acusa recibo del juicio del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes e informa que aceptó la competencia declinada por este juzgado de Distrito y que se avocó a su conocimiento. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, inciso b), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se dio por concluido el juicio sin decidirlo en lo principal. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema integral de seguimiento de expedientes Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de la Secretaria de Juzgado Diana Karen López Castillo, que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, trece de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Gisela Ornelas Núñez, contra actos del Actuario Notificador y Ministro Ejecutor adscrito en funciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez, Chihuahua, y otras autoridades; en tal virtud fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 76/2023-I, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Bien, en principio debe tenerse en consideración que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es oficioso, por lo cual procede establecer si este órgano jurisdiccional, tiene competencia o no, para conocer del presente asunto. Lo anterior, dado que la competencia de toda autoridad jurisdiccional es de suma importancia, de previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16 Constitucional, que en el juicio de amparo se concreta con la disposición contenida en el numeral 48 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Carta Magna, al establecer como obligación de todo Juez de Distrito, la contenida en su primer párrafo, que es del tenor siguiente: "Artículo 48 Cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal colegiado de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva.". Como se desprende de la transcripción anterior, cuando un Juez de Distrito se estime incompetente para conocer de determinada controversia, deberá comunicar su resolución a aquél en cuyo favor considere se surte la competencia, por lo que el Juez requerido deberá decidir de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Ahora, del estudio integral de la demanda que se atiende se estima que este Juzgado de Distrito, carece de competencia legal para conocer de la misma. En relación con lo anterior, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este precepto, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación en el orden siguiente: a). En el primer párrafo del señalado numeral, se establece la regla que se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, acorde con su naturaleza jurídica, requieren de ejecución por parte de una autoridad. b). La segunda regla normativa que se contiene en el aquí comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de Distrito ante el que se haya presentado la demanda. c). En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Sentado lo anterior, del análisis de la demanda de amparo es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Con base en lo expuesto, se advierte que la parte quejosa se duele de todo lo actuado en el juicio laboral 3/19/1692, y como acto principal, el emplazamiento practicado en el mismo. Ahora de la demanda de amparo, se desprende que el juicio laboral de origen, fue promovido y radicado ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, en el cual se dictó el laudo condenatorio y, posteriormente a ello, el tres de octubre de dos mil veintidós, emitió el auto de requerimiento de pago y embargo, con motivo de la condena impuesta a la parte quejosa. Respecto de lo anterior, debe decirse que las actuaciones reclamadas por la parte quejosa se llevaron a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua, dado que es donde se tramitó el juicio laboral de origen, así como el procedimiento de ejecución, ello, tomando en consideración las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad que vertió la quejosa. Por tanto, atento a lo establecido en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda, es aquél en cuya jurisdicción se ejecutaron los actos reclamados, es decir, en Ciudad Juárez, Chihuahua; por lo que al no ejercer jurisdicción en esa ciudad este órgano de control constitucional, se pone de manifiesto que no tiene competencia legal para conocer y resolver el presente asunto. Así es, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y a la especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; este órgano de legalidad ejerce jurisdicción en los municipios de Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Reynosa y Río Bravo, pero no en Ciudad Juárez, Chihuahua, lugar en el que se tramitó el juicio natural, y se llevó a cabo el emplazamiento reclamado por la parte quejosa como acto principal, dado que se lo atribuye al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, párrafo primero, y 48 ambos de la Ley de Amparo, se insiste, este juzgado no tiene competencia legal para conocer y resolver del juicio de amparo en que se actúa, estimando que debe remitirse el presente juicio al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, en turno. Sirve de apoyo la tesis 1a. II/92, visible a página 94, tomo IX, Instancia: Primera Sala, del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1992, bajo el rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." Fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el sistema integral de seguimiento de expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas Daniel Alberto Álvarez Calderón y Alfonso Becerra Allen, por así solicitarlo. Asimismo, se autoriza la consulta del presente expediente de manera electrónica, lo cual se podrá efectuar en la página de internet www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, a través del usuario "alvinac01", instrúyase a la oficial judicial "A" para que realice las gestiones administrativas relativas para que dicho usuario tenga acceso total al expediente electrónico correspondiente. En la inteligencia de que la autorización antes otorgada es en términos del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; lo anterior, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo. En tal virtud, se autoriza que las notificaciones personales se le practiquen vía electrónica, de conformidad con la fracción IV del artículo 26 de la Ley de Amparo, tomando en consideración que el domicilio que se proporciona se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado de distrito. Se toma nota de la cuenta de correo electrónico y número telefónico que proporciona el ocursante, para los efectos legales a que haya lugar. En la inteligencia que se comisiona al Actuario de la adscripción habilite los campos correspondientes en el sistema respectivo, a fin de que dicha consulta electrónica pueda efectuarse desde el inicio de este asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Finalmente, atento a lo dispuesto por los artículos 3, fracción II, 8, 13 y 18, fracción II, de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XXII, 5, 6, 7, 8 y 9, títulos Primero y Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos segundo y tercero transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, salvo la reservada y la confidencial, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado; sin embargo las partes pueden manifestar expresamente su conformidad con la publicación de sus datos personales, si así lo estiman conveniente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de la Secretaria de Juzgado Diana Karen López Castillo, que autoriza y da fe.
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