Gisela Mazón Gómez

Expediente 409/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
409/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
09/05/2016

Partes del expediente

  • Gisela Mazón Gómez
  • Gisela Mazón Gómez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con sede en Iguala, Guerrero; mediante el cual informa que aquel órgano acepta la competencia planteada del juicio de amparo 409/2016, promovido por Gisela Mazón Gómez, por propio derecho y en representación de los menores Hugo Imanol y Haziel Tonatihu, Delgado Mazón. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se DESTRUIRÁ en su totalidad. En términos de los punto 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental histórica ni jurídica. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Estela Platero Salado, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Visto el escrito de cuenta, téngase a la promovente por desahogando el requerimiento formulado en autos, mismo que se encuentra recibido dentro del término otorgado para ello. Ahora bien, primeramente resulta preciso destacar que la competencia constitucional de los jueces de distrito se encuentra prevista en el artículo 107, fracción VII, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: . VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. . b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; y.". Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Como se desprende de la trascripción anterior, el artículo 37, de la Ley de Amparo, establece tres hipótesis para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito: Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De esta manera, se advierte que el caso concreto encuadra en la primera hipótesis del artículo 37, de la Ley de Amparo, que alude que es competente el Juez de Distrito residente en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Luego, en la demanda de amparo, la parte quejosa señala como acto reclamado en esencia el siguiente: ".El auto de fecha once de marzo de dos mil dieciséis, dictado en el Toca No. 132/2016, pronunciado por la Lic. Olga Iris Alarcón Nájera Magistrada Presidenta de la Sala Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero.". Asimismo, del escrito de cuenta se aprecia que la parte quejosa en el capítulo de los antecedentes del acto reclamado, manifiesta lo siguiente: ".una vez analizadas las medidas provisionales decretadas por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en la ciudad de Iguala, Guerrero; en el auto de radicación de fecha nueve de octubre de dos mil quince, se concluyó que estas causaban un notorio perjuicio a los derechos humanos de la hoy quejosa y a mis menores hijos. 5.- Inconforme con tal circunstancia, con fecha veintiséis de octubre de dos mil quince, la suscrita interpuse recurso de apelación por propio derecho y en representación de mis menores hijos; recayendo a tal recurso en definitiva, el auto de once de marzo de dos mil dieciséis.". Y en el capítulo de conceptos de violación, aduce que: ".la apelante, esencia se duele en contra de la parte relativa del auto de nueve de octubre de dos mil quince, que decreta las medidas provisionales de guarda y custodia, convivencia y alimentos de los menores de edad Hugo Imanol y Haziel Tonatuhu, de apellidos Delgado Mazón." Establecido lo anterior, se advierte que la parte quejosa reclama en esta vía el auto de once de marzo de dos mil dieciséis, dictado en el toca familiar 132/2016, en el cual declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa, por no ser el recurso idóneo para impugnar el auto de nueve de octubre de dos mil quince, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en Iguala de la Independencia, en el expediente 387/2015-III, que decreta las medidas provisionales de guarda y custodia, convivencia y alimentos de los menores de edad Hugo Imanol y Haziel Tonatuhu, de apellidos Delgado Mazón. En ese sentido, la determinación que reclama improcedente el recurso de apelación interpuesto contra el auto de radicación génesis de las medidas provisionales relativas a los alimentos y guarda y custodia se llevará a cabo por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, pues al haberse declarado improcedente el recurso, traerá como consecuencia la ejecución de las aludidas medidas provisionales. Con base en lo expuesto, se utiliza en forma ilustrativa la tesis aislada número IX.2o.19 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la Novena Época, con el registro 178027, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, julio de 2005, página 1400, cuyo contenido es el siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO QUE DEBA CONOCER DEL NEGOCIO JURÍDICO. La interlocutoria que resuelve la excepción de incompetencia por declinatoria y la declara improcedente, ordenando que el Juez ante quien se presentó la demanda de origen continúe conociendo del contradictorio, no constituye una resolución de mera declaración, sino que tiene el efecto positivo de remitir los autos al Juez considerado legalmente competente, a fin de que continúe conociendo del procedimiento de origen; es decir, esa clase de resolución conlleva una orden inmediata al Juez del proceso para proceder en determinado sentido: seguir conociendo del negocio jurídico. Bajo ese contexto, si la Sala responsable que resolvió la excepción de incompetencia, radica en la ciudad capital del Estado y el Juez de origen al cual estimó competente y le ordenó continúe conociendo del juicio natural, reside en algún Municipio del propio Estado, en términos del artículo 36 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del juicio de garantías promovido contra esa interlocutoria, corresponde al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar de residencia del órgano jurisdiccional declarado competente quien estará a cargo de la tramitación del juicio de origen." En esas condiciones, se actualiza lo dispuesto en el primer párrafo del citado numeral 37 de la ley de la materia, es decir, la génesis del acto reclamado por la parte quejosa no contiene ejecución material dentro de la jurisdicción de este juzgado federal; por tanto, resulta competente para conocer de dicha demanda el Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia, en turno. En consecuencia, este juzgado federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia, en turno. Solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente y copia certificada de la determinación que se dicte. En razón de lo anterior, fórmese por separado cuaderno de antecedentes en lugar del juicio principal para constancia legal.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta, téngase a la promovente por desahogando el requerimiento formulado en autos, mismo que se encuentra recibido dentro del término otorgado para ello. Ahora bien, primeramente resulta preciso destacar que la competencia constitucional de los jueces de distrito se encuentra prevista en el artículo 107, fracción VII, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: . VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. . b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; y.". Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Como se desprende de la trascripción anterior, el artículo 37, de la Ley de Amparo, establece tres hipótesis para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito: Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De esta manera, se advierte que el caso concreto encuadra en la primera hipótesis del artículo 37, de la Ley de Amparo, que alude que es competente el Juez de Distrito residente en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Luego, en la demanda de amparo, la parte quejosa señala como acto reclamado en esencia el siguiente: ".El auto de fecha once de marzo de dos mil dieciséis, dictado en el Toca No. 132/2016, pronunciado por la Lic. Olga Iris Alarcón Nájera Magistrada Presidenta de la Sala Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero.". Asimismo, del escrito de cuenta se aprecia que la parte quejosa en el capítulo de los antecedentes del acto reclamado, manifiesta lo siguiente: ".una vez analizadas las medidas provisionales decretadas por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en la ciudad de Iguala, Guerrero; en el auto de radicación de fecha nueve de octubre de dos mil quince, se concluyó que estas causaban un notorio perjuicio a los derechos humanos de la hoy quejosa y a mis menores hijos. 5.- Inconforme con tal circunstancia, con fecha veintiséis de octubre de dos mil quince, la suscrita interpuse recurso de apelación por propio derecho y en representación de mis menores hijos; recayendo a tal recurso en definitiva, el auto de once de marzo de dos mil dieciséis.". Y en el capítulo de conceptos de violación, aduce que: ".la apelante, esencia se duele en contra de la parte relativa del auto de nueve de octubre de dos mil quince, que decreta las medidas provisionales de guarda y custodia, convivencia y alimentos de los menores de edad Hugo Imanol y Haziel Tonatuhu, de apellidos Delgado Mazón." Establecido lo anterior, se advierte que la parte quejosa reclama en esta vía el auto de once de marzo de dos mil dieciséis, dictado en el toca familiar 132/2016, en el cual declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa, por no ser el recurso idóneo para impugnar el auto de nueve de octubre de dos mil quince, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en Iguala de la Independencia, en el expediente 387/2015-III, que decreta las medidas provisionales de guarda y custodia, convivencia y alimentos de los menores de edad Hugo Imanol y Haziel Tonatuhu, de apellidos Delgado Mazón. En ese sentido, la determinación que reclama improcedente el recurso de apelación interpuesto contra el auto de radicación génesis de las medidas provisionales relativas a los alimentos y guarda y custodia se llevará a cabo por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, pues al haberse declarado improcedente el recurso, traerá como consecuencia la ejecución de las aludidas medidas provisionales. Con base en lo expuesto, se utiliza en forma ilustrativa la tesis aislada número IX.2o.19 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la Novena Época, con el registro 178027, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, julio de 2005, página 1400, cuyo contenido es el siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO QUE DEBA CONOCER DEL NEGOCIO JURÍDICO. La interlocutoria que resuelve la excepción de incompetencia por declinatoria y la declara improcedente, ordenando que el Juez ante quien se presentó la demanda de origen continúe conociendo del contradictorio, no constituye una resolución de mera declaración, sino que tiene el efecto positivo de remitir los autos al Juez considerado legalmente competente, a fin de que continúe conociendo del procedimiento de origen; es decir, esa clase de resolución conlleva una orden inmediata al Juez del proceso para proceder en determinado sentido: seguir conociendo del negocio jurídico. Bajo ese contexto, si la Sala responsable que resolvió la excepción de incompetencia, radica en la ciudad capital del Estado y el Juez de origen al cual estimó competente y le ordenó continúe conociendo del juicio natural, reside en algún Municipio del propio Estado, en términos del artículo 36 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del juicio de garantías promovido contra esa interlocutoria, corresponde al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar de residencia del órgano jurisdiccional declarado competente quien estará a cargo de la tramitación del juicio de origen." En esas condiciones, se actualiza lo dispuesto en el primer párrafo del citado numeral 37 de la ley de la materia, es decir, la génesis del acto reclamado por la parte quejosa no contiene ejecución material dentro de la jurisdicción de este juzgado federal; por tanto, resulta competente para conocer de dicha demanda el Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia, en turno. En consecuencia, este juzgado federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia, en turno. Solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente y copia certificada de la determinación que se dicte. En razón de lo anterior, fórmese por separado cuaderno de antecedentes en lugar del juicio principal para constancia legal.

  4. Principal

    Visto la demanda de amparo promovida por Gisela Mazón Gómez, por propio derecho y como representante de los menores Hugo Imanol y Haziel Tonatihu de apellidos Delgado Mazón, contra actos de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 409/2016 y fórmese expediente. Ahora, antes de proveer sobre la procedencia de su admisión, es necesario precisar lo establecido por los artículos 108, fracción I, en relación con el diverso 114, fracción II y III, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente;." Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, 114, fracción III y 108, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días siguientes al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, exhiba las constancias con que acredite fehacientemente la personalidad con la que se ostenta, es decir la de madre de los menores Hugo Imanol y Haziel Tonatihu de apellidos Delgado Mazón; o bien demuestre que tiene la calidad con la que se ostenta ante la autoridad responsable, dado que en términos de los artículos 6 y 11 de la Ley de la Materia, corresponde a las partes acreditar esa circunstancia con las constancias respectivas. Por las razones que informa, sirve de apoyo la Jurisprudencia P./J. 43/96, con registro 200084, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, julio de 1996, Tomo IV, materia común, página 48, que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Así como la diversa tesis visible a página 315, Tomo: LVIII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación que dice: "MENORES, SU PERSONALIDAD EN EL AMPARO. El acta de nacimiento de un menor debe regirse por las leyes del lugar donde tuvo verificativo el acto de estado civil que contiene, y si conforme a estas, el que ejerce la patria potestad, es el representante legítimo de los que están bajo de ella, y los hijos menores de edad no emancipados, están bajo la patria potestad, mientras exista alguno de los ascendientes a quienes corresponde aquella, según la ley, es claro que como la patria potestad se ejerce por el padre, sin distinción alguna, dicha acta de nacimiento prueba plenamente que quien representa al menor en un juicio de amparo, es su padre, toda vez que la designación del ascendiente que presenta al nacido, es real, dado que debe hacerse constar en el acta de nacimiento, de conformidad con las disposiciones legales respectivas; en esa virtud, e independientemente de la filiación legítima o natural que en realidad pueda corresponder al menor, esta fuera de duda la calidad de padre de quien a su nombre promueve, lo que basta para tener por bien admitida la representación con que aquel promueve el juicio a nombre de su hijo menor." Bajo el apercibimiento, que de no cumplir con la prevención señalada, dentro del lapso indicado, se admitirá la demanda únicamente por su propio derecho. Por último, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista que señala, en virtud de tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y sólo para oír y recibir notificaciones a la demás personas por no estar registradas en el aludido sistema.

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