Gisela Lilia Pérez García

Expediente 582/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
582/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
23/09/2019

Partes del expediente

  • Gisela Lilia Pérez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose de los mismos, que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, y al advertirse que se concedió la medida cautelar a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido, este juzgador estima que carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Respecto al original, en su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico la demanda de amparo, así como la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar, y procédase a su digitalización. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no se promovió incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, y no existen documentos originales exhibidos por las partes, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido el auto de veintiocho de agosto del año en curso, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado, para los efectos legales correspondientes Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    PREVIO AVISO... Número de expediente: 582/2019 Acuerdo: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos y advirtiéndose de la certificación de cuenta, que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, en proveído de veintiséis de julio del año en curso, sin que haya dado cumplimiento a lo solicitado; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminada en dicho auto, por lo que el presente asunto se resolverá en los términos planteados en la demanda de amparo. Ahora bien, del informe justificado rendido por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en representación del Titular, el cual tiene pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados en forma supletoria a la Ley de la materia, conforme a lo previsto por el diverso numeral 2º de este último ordenamiento legal, se advierte negó la existencia de los actos reclamados, agregando que el arresto reclamado fue ordenado mediante oficio TEEO/SG/A/2794/2019, dictado por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, en el expediente JDC/259/2018. En la especie, quien resuelve considera se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de este Ley. "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. ." Lo anterior es así, pues la parte quejosa reclama del Secretario de Seguridad Pública y otras autoridades, la orden de arresto o detención dictada en su contra. Empero, debe estimarse que el suscrito se encuentra impedido para analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, toda vez que de las copias certificadas remitidas por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en representación del Titular, se advierte, el citado arresto administrativo fue impuesto por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, en el expediente JDC/259/2018; por tanto, el impetrante debió necesariamente, al margen de la autoridad que señala en su escrito de demanda, nombrar a al citado Tribunal, a fin de llamarla a la controversia constitucional, oírla y estar en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Debe tomarse en cuenta, que mediante proveído de veintiséis de julio del año en curso, este juzgado requirió Gisela Lilia Pérez García, para que manifestara si ampliaba su demanda por cuanto hace al Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, con el apercibimiento que de no hacerlo, el presente juicio se resolvería en los términos planteados en la demanda de amparo, requerimiento que no desahogó dentro del plazo concedido. Ahora bien, conforme al artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; en ese orden queda comprendido el ya citado Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, pues conforme a las constancias que obran en autos, se desprende fue dicho tribunal quien impuso a la hoy quejosa un arresto. Conforme a esto, el acto reclamado es exclusivamente responsabilidad del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, se itera, la quejosa en su demanda de amparo o durante la secuela del procedimiento debió señalarla como autoridad responsable. Esto es así, debido a que resulta esencial precisar el acto reclamado en relación con la autoridad a la que se le atribuye, porque la protección constitucional sólo puede concederse en función de ese acto y por cuanto a tal autoridad. Luego, al haberse actualizado la causal de improcedencia aducida, conlleva sobreseer fuera de audiencia el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En ese sentido, déjese sin efecto la audiencia constitucional señalada en proveído de siete de agosto último, en la medida de que no es necesario esperar para sobreseer el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. Se cita en apoyo, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, páginas 386 y 387, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando con la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Hágase del conocimiento de las partes, lo determinado en el presente proveído para los efectos legales consiguientes. No impide resolver en el sentido apuntado, la circunstancia que además de la autoridad aludida, el quejoso haya señalado como autoridad ejecutora al Comisionado de la Policía Estatal, pues el sobreseimiento decretado se debe hacer extensivo a dicha autoridad ya que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto de ejecución, puesto que no se reclamó por vicios propios, sino como consecuencia de la inconstitucionalidad atribuida al acto de ordenamiento. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose de la certificación de cuenta, que ha fenecido el término concedido al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, con sede en esta localidad, en proveído de veintidós de julio último, a fin de vincular el presente juicio de amparo con el diverso 523/2019, de su índice; por tanto, se ordena cancelar la vinculación de que se trata. Por otra parte, y toda vez que no ha transcurrido el término de quince días otorgado a la parte quejosa en proveído de veintiséis de julio último; resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere y se fijan para su verificativo las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Por otra parte, agréguese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, con sede en esta localidad, mediante el cual solicita se haga disponible el expediente electrónico del presente juicio de amparo para estar en aptitud de vincularlo con el diverso 522/2019, de su índice; al respecto se provee: De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, como lo solicita la autoridad oficiante, realícese la vinculación del presente juicio de amparo al diverso 522/2019, del inventario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, únicamente por el plazo de cinco días, contados a partir de la fecha en que dicha autoridad quede legalmente notificada del presente acuerdo; realizado lo anterior, realícese la certificación correspondiente y una vez transcurrido dicho término, acuérdese como en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE.

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