Giovany Verde García
Expediente 164/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 164/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Giovany Verde García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, quien sería la única legitimada, interpusiera recurso de revisión contra del auto dictado el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis (fojas 53 a 56), dictado en el juicio en que se actúa, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales. Por otra parte, toda vez que de la segunda de las certificaciones de cuenta, se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el cuatro de abril de la anualidad que transcurre; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de treinta y uno de marzo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, así como el anexo que acompaña, mediante el cual rinde informe justificado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. De igual forma, a dicha constancias se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Una vez establecido lo anterior, cabe precisar que el análisis de las causales de improcedencia y sobreseimiento, al ser de orden público, es de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubor y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. [.]" En el presente asunto, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la causal de improcedencia que alude la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, los que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo al sobrevenir alguna de las causales de improcedencia, entre otras, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado en el juicio accionado. Lo anterior es así, debido a que cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionante de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior, no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. [.] En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Ahora, toda vez que el acto reclamado por la parte quejosa se hizo consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad responsable se reclama el siguiente acto: La omisión de DICTAR SENTENCIA dentro de la CAUSA PENAL 09/2012, LO QUE CONLLEVA DENEGACIÓN DE JUSTICIA." Del análisis de las copias certificadas enviadas por la autoridad responsable en apoyo al informe justificado, se advierte que el diecisiete de marzo del presente año, dictó la sentencia siguiente: "JUZGADO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA. Chetumal, Quintana Roo, a diecisiete de marzo de dos mil dieciséis. (.) R E S U E L V E PRIMERO.- GIOVANI VERDE GARCÍA Y/O GEOVANNY VERDE GARCÍA, de generales conocidas en el inicio de esta sentencia, ES PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión del delito de ROBO, previsto y sancionado con pena privativa de libertad por el artículos (sic) 142, Párrafo Único Segundo Fracción II, vigente en la época de los hechos en relación al 14 Párrafo Segundo y 16 Fracción I, todos del Código Penal vigente para el Estado, cometido en agravio de KARINA ROSAS DELGADO, ilícito por el cual lo incriminó la Representación Social del Fuero Común. SEGUNDO.- Por la comisión del expresado ilícito y sus circunstancia exteriores de ejecución, se le impone al sentenciado GIOVANI VERDE GARCÍA Y/O GEOVANNY VERDE GARCÍA, la pena DOS AÑOS DE PRISIÓN y MULTA de $283.50 M.N. (SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL, equivalente a CINCO días, de salario mínimo general vigente en el entidad en la época en que ocurrieron los hechos y que era de cincuenta y seis pesos con setenta centavos diarios; pena privativa de la libertad que deberán de compurgar en el lugar que para tal efecto le designe el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, bajo un régimen de trabajo o superación intelectual, debiéndosele computar a su favor los días que hayan permanecido privados de su libertad con motivo de este asunto. TERCERO.- En términos del considerando CINCO de esta sentencia, SE ABSUELVE a los sentenciados GIOVANI VERDE GARCÍA Y/O GEOVANNY VERDE GARCÍA, del pago de la reparación del Daño Moral y Material ocasionado con su misma conducta dolosa. CUARTO.- Como quedó señalado en el considerando SEIS de esta propia definitiva, se le concede al sentenciado GIOVANI VERDE GARCÍA Y/O GEOVANNY VERDE GARCÍA, el beneficio de la CONMUTACIÓN de su respectiva pena de prisión impuesta por el pago de la cantidad de: $13,110.68 M.N. (SON: TRECE MIL CIENTO DIEZ PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), previo pago de la multa por el delito cometido, a cual deberá hacer efectiva en la Dirección Financiera del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia del Estado.- (.)" En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada. Ello es así, porque en primer lugar queda demostrado que la autoridad responsable dejó insubsistente la omisión reclamada al haber dictado la sentencia de diecisiete de marzo de la presente anualidad, y haberle notificado de la misma al quejoso el veintiocho siguiente, en segundo lugar, al quedar insubsistente la omisión reclamada, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional; por tanto, cesaron los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión de la autoridad responsable de dictar sentencia dentro de la causa penal 09/2012, como se aprecia de la resolutivos transcritos líneas precedentes. Bajo esas circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita en párrafos precedentes. Por tanto, cuando la causal de improcedencia que se actualiza es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Lo anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. [.] Por todo lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis noventa y siete, visible en la página setenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de mil novecientos noventa y siete, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.-[..]" Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, visible en la página 210, Novena Época, Materia Común, cuyo rubro y texto a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.[.]." Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las nueve horas con diez minutos del once de abril de dos mil dieciséis.
- Principal
Agréguense a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta signado por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento realizado en auto de diez de marzo de dos mil dieciséis, remite constancias certificadas en las cuales se advierte el domicilio de la parte tercero interesada, en consecuencia, con fundamento el artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, proceda el ciudadano actuario adscrito a este juzgado federal a realizar el emplazamiento ordenado en el referido acuerdo de diez de los actuales en el domicilio proporcionado por la autoridad responsable.
- Principal
(CITATORIO) Toda vez que la parte tercero interesada, no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de dieciocho de dos mil dieciséis, recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifican los proveídos de diez y diecisiete de marzo, ambos del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, en vía de emplazamiento, los cuales en lo conducente señalan: (10/03/2016)Vista la demanda de amparo promovida por Giovany Verde García en la que solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Juez Penal de Primera Instancia de esta ciudad; con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se manda formar expediente, registrarlo en el Libro de Gobierno bajo número 164/2016, y se admite en sus términos la demanda de amparo de que se trata, sin tramitarse el incidente de suspensión al no haberlo solicitado expresamente. Ahora, el quejoso señala como acto reclamado en su escrito de demanda el siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad responsable se reclama el siguiente acto: La omisión de DICTAR SENTENCIA dentro de la CAUSA PENAL 09/2012, LO QUE CONLLEVA DENEGACIÓN DE JUSTICIA." Dése la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5, fracción IV, de la ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan las nueve horas con diez minutos del once de abril de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto en artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable que deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, acompañando en su caso, copia certificada, legible, completa y ordenada de las constancias y actuaciones que tomó en consideración para emitirlo, o bien, manifieste el impedimento que tuviere para ello, apercibida que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción II, de la ley de la materia. Asimismo, se requiere a la autoridad señalada como responsable, para que al momento de rendir su informe justificado, informe si la parte quejosa con anterioridad a la presentación de la demanda de que se trata, promovió algún medio ordinario de defensa, o bien, diverso juicio de amparo en contra de los actos que por esta vía constitucional reclama, en el entendido que de no hacerlo se le hará efectivo el apercibimiento citado en el párrafo que antecede. Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable que la notificación que se le haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negare a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. Lo anterior, en el entendido que el actuario correspondiente, deberá hacer cumplir lo previsto por la última parte de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo. De acuerdo a lo previsto en el numeral 64 de la ley de la materia, se hace saber a las partes, que en caso de que cesen los efectos del acto reclamado o tenga conocimiento de una causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten; apercibidas que, en caso de no hacerlo, se les impondrá multa de treinta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 251 de la ley de la materia. Por otro lado, del libelo de demanda se observa que la parte quejosa señala que como tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de origen; en tal virtud, con fundamento en el numeral 5°, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado al citado. Además, en términos del artículo y fracción citada en el párrafo que antecede, inciso c), de la ley de la materia, también se tiene como tercero interesada en este juicio de amparo a Karina Rosas Delgado, por lo que se ordena su emplazamiento. En ese sentido, con fundamento en el numeral 26, fracción II, inciso b), de la ley de la materia, se ordena el emplazamiento del Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de origen, a través de oficio, con transcripción de este proveído, al cual deberá anexarse copia de la demanda de amparo. Ahora bien, por cuanto al emplazamiento de la tercero interesada Karina Rosas Delgado, toda vez que la parte quejosa manifiesta desconocer el domicilio de la antes citada, en consecuencia, se requiere a la autoridad responsable Juez Penal de Primera Instancia de esta ciudad, para que en el término de tres días contado a partir del momento al en que reciba la notificación del presente proveído, remita copia certificada de alguna constancia en el cual se advierta el domicilio de la tercero interesada, a fin de realizar el emplazamiento ordenado líneas arriba. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito de demanda y como autorizados en amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Minelia Raquel Avilés Pérez y Eréndira María Zavala López, por así haberlo solicitado en la demanda. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). (17/03/2016) Agréguense a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta signado por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento realizado en auto de diez de marzo de dos mil dieciséis, remite constancias certificadas en las cuales se advierte el domicilio de la parte tercero interesada, en consecuencia, con fundamento el artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, proceda el ciudadano actuario adscrito a este juzgado federal a realizar el emplazamiento ordenado en el referido acuerdo de diez de los actuales en el domicilio proporcionado por la autoridad responsable.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · 9,407 expedientes
- Giovani O Geovanny Verde García497/2013
- Giovani O Geovanny Verde García502/2013
- Giovani Verde García801/2012
- Giovanna del Pilar Calan Cahun944/2018
- Giovanni Islas Román127/2021
- Giovanni Jonathan Gómez Gómez356/2020
- Gisela Margarita Herrera Azcorra561/2014
- Gisela Margarita Herrera Azcorra563/2014
- Gisela Margarita Herrera Azcorra562/2014
- Giselle Barrios Villegas605/2023
- Giselle Minguez Venero583/2017
- Gisely Madelyn González Fajardo792/2017