Giovanni Vargas Zárate (privado de la libertad)
Expediente 672/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 672/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Giovanni Vargas Zárate (privado de la libertad)
Actuaciones
- Principal
Vista la razón de cuenta, mediante la cual el Actuario Judicial adscrito a este juzgado manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa de manera personal, respecto del auto de cuatro de diciembre del año en curso -en el que causó estado el diverso por el que se desechó la demanda de amparo-, por los motivos que expone; atento a ello, notifíquese a la parte quejosa el proveído en alusión y todas las determinaciones subsecuentes a través de listas electrónicas, en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a lo ordenado en este auto, procedo a notificar a la parte quejosa, el auto de fecha cuatro de diciembre de dos mil veinte, que a la letra dice: "...Toda vez que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de diecinueve de noviembre del año actual, consecuentemente, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora, el presente expediente carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas dicho artículo, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. De igual forma, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, procédase a la destrucción de este expediente. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción. ."
- Principal
Toda vez que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de diecinueve de noviembre del año actual, consecuentemente, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora, el presente expediente carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas dicho artículo, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. De igual forma, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, procédase a la destrucción de este expediente. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ***, contra actos del Juez Quinto de Control y Juicio Oral y Especializado del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 672/2020-G. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis aislada LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO"1. En ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De los numerales expuestos se advierte, en lo que interesa, que el juicio de amparo solo es procedente a instancia de parte agraviada, esto es, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés, el cual se ve afectado con motivo de algún acto de autoridad. En ese sentido, debe precisarse que la firma constituye una formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito que contenga una promoción judicial, pues además de dar autenticidad al mismo, pone de manifiesto la voluntad del promovente. Establecido lo anterior, cabe destacar que el presente juicio de amparo se promovió a través de los servicios tecnológicos previstos en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; sin embargo, dicha demanda carece de la firma electrónica de la parte quejosa -lo cual produce los mismos efectos jurídicos que la signatura autógrafa- es decir, no se desprende que hubieren colocado en este el signo expreso e inequívoco de su voluntad, por lo que no se satisface el principio de instancia de parte agraviada. Al respecto, debe señalarse que de conformidad con el artículo 107, fracción I, Constitucional, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada; por su parte, el artículo 6 de la Ley de Amparo, previene en lo conducente, que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, pudiendo hacerlo por sí o por su representante y solo podrá seguirse por el agraviado y por su representante legal. Sin embargo, como quedó expuesto, la parte quejosa fue omisa en manifestar su voluntad a efecto de promover el presente juicio de amparo, en virtud de que no suscribió electrónicamente el escrito relativo. Además, el acto que reclama no es de los considerados como urgentes por el artículo 15 de la Ley de Amparo, para que sea prescindible el uso de la firma electrónica. No pasa inadvertido que el ocurso de demanda fue suscrito de manera electrónica por *** a quien se le autorizó en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Empero, de dicha demanda no se desprende que tal persona tenga la calidad de defensor particular del directo quejoso, debidamente reconocida en los autos de la causa penal de la que deriva el auto de vinculación reclamado, por lo que no surte la hipótesis prevista en el numeral 11 de la ley de la materia. En esos términos, si el escrito de demanda no contiene la firma electrónica de la persona que aparece como promovente ni el acto reclamado encuadra a los establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercido, pues como quedó expuesto, a través de la firma las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento. Por consiguiente, la ausencia de firma en el escrito de demanda equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo y, entonces, no es procedente ni siquiera prevenir a la persona señalada como promovente para que estampe su firma, por no entrañar uno de los requisitos de forma previstos en el artículo 108 de la legislación de la materia, que pueda regularizarse en términos del diverso 114, sino que se trata de un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia conduce a desechar por improcedente la demanda, ante la falta de expresión de la voluntad de quien aparece como promovente. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.) 2, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE". En consecuencia, ante la carencia de firma electrónica, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, de conformidad en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, respecto al correo electrónico que proporciona para recibir notificaciones, no ha lugar a acordar de conformidad, dado que la ley de la materia no lo prevé como medio de notificación; por tanto, háganse las notificaciones de éste y los subsecuentes proveídos en la lista electrónica de acuerdos que se fije en los estrados, aun las de carácter personal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo. Asimismo, ténganse como autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a *** y ***, toda vez que cuentan con registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. En diverso aspecto, en virtud de que en la demanda de amparo el promovente manifestó que el directo quejoso actualmente se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar personalmente el presente proveído y los subsecuentes, en el lugar de reclusión del quejoso. De conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción II3, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por señalado el correo electrónico y el número de teléfono precisados en el ocurso de cuenta, a efecto de entablar comunicaciones no procesales. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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