Giovanni Olguín Torres
Expediente 62/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 62/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Giovanni Olguín Torres
- Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
"... Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia de doce de abril de dos mil veintidós, dictada en este juicio de amparo, por la cual se sobreseyó el presente juicio, dentro del plazo legal de diez días, establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria. Por lo anterior, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido; y, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo; este asunto se clasifica como destruible, pues se sobreseyó el amparo respecto del acto reclamado. Por otro lado, el presente expediente no se considera de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Y, como lo dispone el artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar la valoración asignada, en la carátula del expediente. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.)..."
- Principal
"... R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia del Poder Judicial de la Federación SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por *****, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, en términos del considerando D, apartado 7, así como del diverso E, apartado 8, de la presente sentencia..."
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, ocho de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito de ********************, autorizado en términos amplios del quejoso ********************, en atención a su contenido, se acuerda: Con fundamento en lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por formuladas las manifestaciones que en vía de alegatos realiza, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que la audiencia constitucional del juicio se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo, no es posible su desahogo en virtud que, no existe constancia de que el tercero interesado Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, haya sido emplazado, en virtud de que el catorce de los cursantes se ordenó el mismo. Es aplicable a lo anterior, la tesis 467, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Apéndice 2000, consultable en la página 404, tomo VI, cuyo epígrafe y sinopsis son: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, EMPLAZAMIENTO. El Juez de Distrito debe emplazar a las partes con la oportunidad necesaria para que puedan rendir las pruebas que estimen conducentes, puesto que existen algunas que deberán ser anunciadas con la anticipación de cinco días hábiles al señalado para la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para su celebración, como precisa específicamente el segundo párrafo del artículo 151 de la Ley de Amparo, por lo cual, de emplazarse a las partes dentro de cualquiera de los días comprendidos en el término antes indicado, quedan en estado de indefensión al no contar con el tiempo necesario para anunciar las pruebas que consideraran pertinentes, como lo podrían ser: la testimonial, de inspección ocular y la pericial, ello de conformidad con lo dispuesto en el numeral en comento; lo cual conlleva con fundamento en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, a revocar la sentencia impugnada y ordenar la reposición del procedimiento, para el efecto de que se emplace a las partes con el tiempo suficiente para que ofrezcan los instrumentos probatorios que consideren pertinentes." Asimismo, en proveído de catorce de marzo del presente año, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, por lo que el término de ocho días con el que cuentan las partes para que se impongan de su contenido y estén en aptitud legal de preparar una adecuada defensa de sus intereses, se encuentra transcurriendo; por tanto, no se saldan los extremos del artículo 117 de la Ley de Amparo, conforme al cual los informes justificados deben ser rendidos por lo menos con ocho días de anticipación a la audiencia. La finalidad de lo anterior, es equilibrar procesalmente a las partes, pues el diferimiento de la audiencia constitucional persigue que las partes se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes; por lo que, debe considerarse que entre la fecha inicialmente prevista para la audiencia constitucional y la nueva que llegue a señalarse con motivo de su diferimiento para el indicado efecto, deben mediar, cuando menos, ocho días hábiles y continuos, dado que sólo así pueden el quejoso o el tercero interesado ajustarse a los términos del segundo párrafo del artículo 119 de la Ley de Amparo. Toda vez que la oportunidad otorgada a las partes para probar los hechos en que sustentan su pretensión, constituye una formalidad esencial del procedimiento y la garantía de celeridad en la impartición de justicia encuentra su límite cuando se impide a los justiciables acceder a ella en forma suficiente. Sirve de apoyo a los anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Novena Época, Tomo XI, página 5, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Asimismo, se aplica al caso por las razones jurídicas que informa, la tesis XXX.1o. 2K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2010, Novena Época, Tomo XXXI, página 1926, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL AMPARO INDIRECTO. PARA FIJAR LA FECHA DE SU CELEBRACIÓN DEBEN CONSIDERARSE AL MENOS LOS CINCO DÍAS HÁBILES QUE TIENE LA AUTORIDAD PARA RENDIR EL INFORME JUSTIFICADO Y OCHO PARA QUE EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO SE IMPONGA DE ÉSTE. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se DIFIERE la audiencia de mérito y se fijan las ONCE HORAS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Por otro lado, a fin de limitar la propagación de la pandemia generada por el Coronavirus (COVID-19), y evitar el eventual contagio de los servidores públicos que laboran esta institución, así como de los justiciables y ciudadanos en general, a más de proteger el derecho humano a la salud; toda vez, que conforme al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, subsisten las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia, así como la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones y el trabajo a distancia; por lo que, el presente proveído será firmado electrónicamente, en términos del artículo 3, de la Ley de Amparo, que establece que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa.
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