Giovanni León Huerta

Expediente 1092/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1092/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Giovanni León Huerta

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que el auto a través del cual se desechó la demanda ha causado estado.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por ********** por propio derecho. Fórmese expediente. Regístrese con el número 1092/2019-II en el Libro Uno de Juzgado relativo al índice de juicios de amparo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De la lectura de la demanda de amparo se advierte el acto reclamado consiste en: "EL ILEGAL TRASLADO DEL HOY QUEJOSO A OTRO RECLUSORIO FUERA DE ESTA CIUDAD Y FUERA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE VERACRUZ, VERACRUZ." Del relato de antecedentes se desprende se encuentra actualmente recluido en el Módulo Preventivo de las Setenta y dos horas del (Penalito) en Veracruz, Veracruz, con motivo del proceso penal 609/2019 del índice del Juzgado de Control de Procedimiento Penal Oral de dicha localidad, seguido en su contra. -DESECHAMIENTO- De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, el suscrito advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. [.], se obtiene que el precepto 49 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé las consideraciones que se deben tomar para determinar los lugares de reclusión en que las personas sujetas a prisión preventiva y sentenciadas deben cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad. Por su parte, los diversos 50 y 51 del ordenamiento invocado, disponen los requisitos legales para los traslados voluntarios e involuntarios, respectivamente. En el primer caso -traslado voluntario-, establece que para que opere un traslado voluntario de una persona privada de la libertad, debe existir un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino. O, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. Así también, como requisito, el Juez de Ejecución debe requerir el consentimiento expreso de la persona sentenciada en presencia de la persona que sea su defensora. Sin que opere el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. El segundo supuesto -traslado involuntario-, instituye que éste deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Contra esa resolución, otorga a la persona privada de la libertad o sentenciada, la posibilidad de impugnarla a través del recurso de apelación Por su parte, también el diverso 52, luego de disponer que la Autoridad Penitenciaria podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, bajo la condición de que en todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, permite impugnar la aludida resolución judicial a través de la interposición del recurso de apelación en los términos previstos en esa Ley. Asimismo, el dispositivo 117, fracción III del ordenamiento antes invocado, otorga a la persona privada de su libertad, en materia de traslados el derecho de interponer acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, dentro de los diez días siguientes a la notificación del traslado o, en su caso, de no haber sido notificado, lo puede hacer en el plazo posterior a la ejecución. En ese orden de ideas, una interpretación funcional y extensiva de los preceptos 49, 50, 51, 52 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permiten concluir que en materia de traslados, las determinaciones de las autoridades administrativas deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Asimismo, la persona privada de su libertad o sentenciada, tiene a su alcance la posibilidad de revocar las determinaciones del Juez de Control o Ejecución, según corresponda, ya sea contra traslados voluntarios o involuntarios, a través del recurso de apelación, previsto por los diversos 131 y 132, fracción VII de esa normativa. En ese orden de ideas, en la especie, se advierte actualizada la causal de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 49, 50, 51, 52 117, fracción III, 131 y 132, fracción VIII, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el numeral 61, fracción XX de la Ley de Amparo. Ello es así, pues no pasa desapercibido que en el caso, la parte quejosa manifestó encontrarse a disposición del Juez de Control de Procedimiento Penal Oral con residencia en Veracruz, Veracruz. Sin embargo, la orden de traslado combatida la atribuye directamente a dos autoridades administrativas. Es decir, al Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa y Encargado del Módulo Preventivo (penalito) de Veracruz, Veracruz, como lo indicó en el capítulo de autoridades responsables. De ahí que la causa de improcedencia actualizada en este asunto es la contemplada por el arábigo 61, fracción XX de la Ley de la materia, [.] Así, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional para promover la demanda en comento, la parte quejosa debe agotar la instancia ordinaria necesaria, en este caso, ante el Juez de Control de Procedimiento Penal Oral con residencia en Veracruz, Veracruz, que le instruye el proceso penal 609/2019 la sala "E", para que la orden de traslado atribuida a las autoridades responsables administrativas, sea recurrida, y en su caso confirmada o revocada. En caso de ser emitida la orden de traslado por autoridad administrativa, recurrirla ante el aludido Juez de Control, que le instruye la causa penal 609/2019, para que, en su caso, sea confirmada, modificada o revocada, en términos del artículo 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal aplicable tanto al sistema penal acusatorio como al tradicional. Como se desprende de los artículos tercero y cuarto transitorios de ese ordenamiento. En consecuencia, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de cuenta por su notoria improcedencia contra el acto reclamado consistente en la orden de traslado, pues se actualiza la causal a que se hizo referencia en el cuerpo de este auto, esto es, la prevista por el arábigo 61, fracción XX de la Ley de la materia.

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