Giovanni Josue David Coy Ortega
Expediente 487/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 487/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/04/2023
Partes del expediente
- Giovanni Josue David Coy Ortega
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado criptográficamente por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, mediante el cual devuelve debidamente diligenciada la comunicación oficial enviada 38/2023-II (número de orden 43/2022), derivada del presente juicio de amparo en la que se solicitó notificar de manera personal al quejoso ********************el auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés. Por tanto, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE y con fundamento el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene por notificado al quejoso del proveído de referencia. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; catorce de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado criptográficamente el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, a través del cual hace del conocimiento el proveído de doce de abril de dos mil veintidós, emitido en el juicio de amparo 256/2023-VIII, de su índice, del que se advierte que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, por lo que, avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de México Atento a lo anterior, esta Juzgadora toma conocimiento de lo expuesto por el juzgado oficiante para los efectos legales procedentes. En tal virtud y toda vez que no existe diligencia pendiente en el presente cuadernillo, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto definitivamente concluido. ... - El presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, pues este juzgado se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo; (artículo 21, inciso j) del acuerdo en cita). ... De igual forma, se comunica a las partes que de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 18 del Acuerdo en comento, se procederá a su destrucción conforme al acuerdo general aludido. ... Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; cuatro de abril de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE AUTOS POR INCOMPETENCIA. Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, por medio del cual, remite el expediente original del juicio de amparo indirecto 256/2023, de su estadística, el cual fue promovido por Giovanni Josué David Coy Ortega, por propio derecho, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de México. Asimismo, hace del conocimiento el contenido del proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, por la cual determinó carecer de competencia para seguir conociendo de la demanda promovida. En tales condiciones, fórmese el expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número de juicio de amparo 487/2023-II. JUICIO EN LÍNEA. Ahora bien, en términos de la fracción II del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, exhórtese a la partes para que de ser posible continúen con la tramitación del "juicio en línea", para tal efecto deberá proporcionar a este juzgado el nombre del usuario para que se le proporcione la autorización correspondiente, en el entendido que deberá manifestar si es su deseo ser notificada vía electrónica de las determinaciones que se adopten en el presente sumario constitucional. En caso de continuar con la tramitación del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se sugiere a las partes que al consultar el expediente electrónico, verifiquen en todos los campos que aparecen en el referido portal; es decir, tanto en el campo de persona física o en su caso como persona jurídica, pues el sistema puede identificar al usuario en alguno de los apartados referidos. NO SE ACEPTA COMPETENCIA. En ese orden de ideas, visto el contenido de la determinación de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, dictada por el Juez oficiante, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, este Juzgado no comparte las consideraciones ahí vertidas por el homólogo y, por ende, no se acepta la competencia declinada. En efecto, a fin de sustentar tal determinación, resulta pertinente destacar que el Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo 256/2023, de su índice, en esencia, bajo los siguientes argumentos: "(.) En la inteligencia de que contrario a lo afirmado por la parte quejosa, los actos que reclama, no implican la actualización de alguno de los actos previstos en el artículo 22 Constitucional; por ende, no se satisface el requisito previsto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, para ordenar la suspensión de plano. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que este órgano jurisdiccional con residencia en Tepic, Nayarit, carece de competencia por razón de territorio para conocer de la misma. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se desprende que corresponde a los Jueces de Distrito conocer de los juicios de amparo promovidos contra actos de cualquier autoridad, siempre y cuando dichos actos deban tener ejecución, traten de ejecutarse o se hayan ejecutado dentro del lugar en que se ejerce jurisdicción; por lo que, cuando ante un Juez de Distrito se promueva una demanda de amparo de la que otro deba conocer, debe declararse legalmente incompetente y comunicar su resolución al juez que, en su concepto, debe conocer de dicho juicio, acompañándole copia del escrito de demanda, para que decida si acepta o no la competencia declinada. En el presente caso, se surte la hipótesis prevista en el párrafo primero del citado numeral, debido a que los actos reclamados consisten en una omisión con ejecución material dentro de una carpeta de investigación del conocimiento de una autoridad dentro de la jurisdicción de distinto juzgado de Distrito, por lo que el Juez competente será el del sitio en donde tenga lugar el incumplimiento de esa obligación. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual, en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva, lo cual repercute en el proceso, toda vez que el quejoso solicita información para acceder a algún beneficio para obtener su libertad. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario. Al respecto resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de identificación, rubros y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2023548 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 24/2021 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1873 Tipo: Jurisprudencia OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud /a resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penaL Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario." En consecuencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 37, párrafo primero y 48, primera parte, de la Ley de Amparo, remítase la demanda al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, en turno, quien se estima, es legalmente competente, por razón de territorio, con la atenta petición de acusar el recibo correspondiente e informar acerca de lo que provea, es decir, si acepta o no la competencia declinada. (.)" Al respecto, este Juzgado de Distrito no comparte el criterio sustentado por la autoridad Judicial Federal declinante y estima que no es competente para conocer del juicio de amparo de cuenta, en razón de las consideraciones siguientes: En cuestiones de competencia los Juzgados de Distrito para conocer de las demandas de amparo se rigen por el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de dicho precepto, se aprecian tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio: La primera hipótesis consiste en que para determinar la competencia del Juez de Distrito, lo que se debe tomar en consideración es que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo que significa que este tipo de actos es de aquéllos que después de su emisión, requieren de una ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora, o sea, una autoridad ejecutora. En la segunda regla se establece el caso de cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. La tercera regla consiste en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera ejecución material, resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Establecido lo anterior, como ya se adelantó el suscrito no comparte las consideraciones realizadas por el Juez declinante pues contrario a lo que se afirma, el acto reclamado en esta instancia constituye un acto omisivo que no conlleva ejecución material, y no admite interpretación alguna en términos del citado artículo 37 de la Ley de Amparo, pues representa una conducta negativa que no trae consigo algún efecto distinto a la citada abstención, ni tampoco requiere de ejecución material alguna. En abundamiento, para determinar la competencia por territorio en el caso, resulta necesario acudir a la naturaleza del acto reclamado. En ese sentido, resulta necesario precisar que Giovanni Josué David Coy Ortega, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el Fiscal General de Justicia del Estado de México y señaló como acto reclamado esencialmente lo siguiente: "La omisión de dar contestación al escrito presentado en la carpeta de investigación 201740840010611". Ahora, se estima que en el caso, quien debe conocer de la demanda de amparo promovida es el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en virtud de que la omisión por parte de la autoridad responsable no dar contestación al escrito del quejoso presentado en la carpeta de investigación 201740840010611, a efecto de que le expida copias simples del pliego de consignación o ejercicio de acción penal en su contra, es un acto negativo que no trae consigo algún efecto distinto a la citada omisión, ni tampoco requiere ejecución material alguna, pues al no expedir las copias solicitadas, dicha autoridad adopta una conducta omisiva, por lo que en términos del artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; dicho texto debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Sirven de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Materia Común, página 500, Décima Época, con registro 2006529, que establece: .... Así como la tesis I.3o.P.23 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Materia Común, página 1694, Décima Época, con registro 2008962, que dispone: ... De igual forma, es aplicable la tesis VII.2o.T.5 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 20, Julio de 2015, Tomo II, Materia Común, página 1663, Décima Época, con registro 2009622, que dispone: ... Sin que sea óbice la tesis de jurisprudencia en la cual sustenta sus argumentos; sin embargo, la misma como bien lo precisa, habla en relación a las sentencias en el proceso penal, las cuales sí conllevan a una ejecución por lo cual trata de actos omisivos con efectos positivos, lo que en el caso no acontece, toda vez que es un acto omisivo simple que como ya se dijo carece de ejecución material. Por ende, el suscrito considera que el Juez declinante es quien deberá realizar el trámite correspondiente, lo cual es acorde con el principio establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la impartición de justicia pronta y expedita, además de otorgar al promovente mayor seguridad jurídica y efectivo acceso a la justicia. En tal virtud, acorde a lo previsto en el párrafo tercero del artículo 37 de la ley de la materia, se ordena devolver la demanda de amparo promovida por Giovanni Josué David Coy Ortega, por propio derecho, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de México, al Juez declinante para que proceda conforme a derecho corresponda, solicitándole de la manera más atenta tenga a bien acusar el recibo de estilo correspondiente. DOMICILIO PROCESAL. En otro orden, de conformidad con lo señalado en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar de reclusión del quejoso. Ahora, dado que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste", con fundamento en lo establecido en los artículos 26, fracción I, inciso c) y 27, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, así como 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese exhorto al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en Turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, inclusive en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el artículo 21 de la ley de la materia, comisione a cualquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a ese órgano jurisdiccional, a fin de que notifique personalmente la presente determinación al quejoso en dicho centro carcelario. Por lo que, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y con la finalidad de evitar dilaciones procesales ociosas e innecesarias, se hace la indicación que la comunicación oficial de mérito, así como sus anexos, deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta a la Secretaria adscrita a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese; y, a la parte quejosa en términos del presente auto.
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