Giovanni Hernández Genchi
Expediente 588/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 588/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Giovanni Hernández Genchi
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de cinco de enero del dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hiciera; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un expediente en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía o documentos, toda vez que no se ordenó la apertura de incidente de suspensión por no haberlo solicitado y los segundos no fueron ofrecidos. Toda vez que del sumario se aprecia que el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, adjuntó a su informe justificado copia certificada de las constancias de donde emana el acto reclamado, con el cual se formó un tomo de prueba; consecuentemente, en razón de que resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta súplica del acuse de su recibo, en la inteligencia de que de no hacerlo en el plazo de tres días se tendrá como recibido a su entera satisfacción. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de uno de diciembre del año en curso, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; mismo que fue notificado a las partes el cuatro siguiente (foja 76). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, debe decirse que por sentencia terminada de engrosar el once de octubre de dos mil diecisiete (fojas 27 a 35), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional al quejoso ********************, para los efectos que se reproducen: "[.] que la sala responsable, deje insubsistente la resolución reclamada, en otra que dicte reitere las consideraciones emitidas y además ordene reponer el procedimiento en el incidente de liquidación de gastos y costas para que, de oficio, se desahogue la prueba pericial a que se refiere el artículo 141 del código adjetivo civil de ese Estado, luego de lo cual se emita la resolución que en derecho corresponda". [.]" Esto es, en la sentencia de amparo se determinó que de conformidad con la jurisprudencia de rubro COSTAS. PARA SU CUANTIFICACIÓN EL JUEZ DEBE ACORDAR DE OFICIO EL DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL PARA QUE SE DETERMINE EL VALOR DEL NEGOCIO CUANDO ÉSTE NO CONSISTE EN UNA CANTIDAD PRECISA EN DINERO, CONFORME AL ARTÍCULO 140 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, que dilucidó un numeral igual al de la codificación adjetiva civil del Estado de Michoacán -141-, resultaba aplicable a la cuestión de costas regulada en ésta, pues ambas coincidían en el sistema previsto relativo a que se llevara a cabo un incidente brevísimo sin período de pruebas y derivara en una resolución de índole jurisdiccional y, por tanto, requería contar con elementos objetivos que permitieran al juzgador valorar el importe económico debatido para evitar una condena desproporcionada por exceder el límite previsto en el propio código. De ahí que, -continúo diciendo- si la Sala responsable consideró que las costas resultaron de cuantía indeterminada -aspecto que en modo alguno fue impugnado y, por tanto, debía permanecer incólume-, le resultaban aplicables los preceptos 141 y 142 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, así como 8 de la Ley de Arancel de Abogados de esta entidad federativa, entonces era necesario el desahogo de una prueba pericial para efecto de valuar el total del negocio, de manera que las costas no excedieran del veinte por ciento del interés del juicio, la cual de acuerdo a la jurisprudencia invocada, debía ser ordenada de oficio; circunstancias anteriores por las que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Sentencia que causó ejecutoria el catorce de noviembre dos mil diecisiete y se requirió su cumplimiento (fojas 52-53). Ahora bien, en acatamiento a la sentencia de amparo, el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante oficio 3193 hizo del conocimiento de este juzgado que el quince de noviembre del año en curso, dejó insubsistente la resolución reclamada de veintitrés de mayo de la presente anualidad (foja 55). Luego, por medio de la misiva 1439, allegó copia de la resolución de veintisiete de noviembre del año en curso (fojas 58 a 71), en la cual, realizó lo siguiente: Reiteró las consideraciones emitidas, en la resolución reclamada. Después, -una vez que fundó su determinación acorde con los argumentos vertidos en la ejecutoria de amparo- ordenó reponer el procedimiento en el incidente de liquidación de gastos y costas -planteado en el juicio ordinario civil ********************- para que, de oficio, el juez de origen desahogara la prueba pericial a que refiere el artículo 141 del código adjetivo civil del Estado de Michoacán, luego de lo cual, emitiera la resolución que en derecho correspondiera, en los términos que se transcriben: ".El artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, prevé que los Jueces deben acudir oficiosamente a los peritos para determinar el monto o valor del negocio, para que una vez hecho esto, puedan cuantificar las costas a partir de una base objetiva, que permita justificar que en modo alguno exceden del 20% veinte por ciento las costas, o en su caso obligue a su reducción. [.] En tales condiciones, lo procedente es revocar, como así se hace, la sentencia interlocutoria recurrida, y se ordena al juez de primera instancia, reponga el procedimiento en el incidente de liquidación de gastos y costas, para que, de oficio, se desahogue la prueba pericial a que se refiere el artículo 141 del código adjetivo de ese Estado, luego de lo cual se emita resolución que en derecho corresponda. [.] PUNTOS RESOLUTIVOS: [.] QUINTO. En cumplimiento de la ejecutoria de amparo indirecto civil referida, se revoca la sentencia interlocutoria recurrida, y se ordena al juez de primera instancia, reponga el procedimiento en el incidente de liquidación de gastos y costas, para que, de oficio, se desahogue la prueba pericial a que se refiere el artículo 141 del código adjetivo de ese Estado, luego de lo cual se emita la resolución que en derecho corresponda". Ahora, del examen de las documentales transcritas con antelación, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, hacen patente que la responsable Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, cumplió con el fallo protector, pues llevó el acto correspondiente para el acatamiento de la ejecutoria de amparo, como fue dejar insubsistente la resolución reclamada -veintitrés de mayo de dos mil diecisiete-, emitida en el toca ********************. Después, en su lugar, emitió otra -veintisiete de noviembre del año en curso-, en la que de conformidad con las consideraciones plasmadas en la sentencia de amparo, reiteró las reflexiones emitidas y que no fueron materia de la concesiva, y además ordenó -al juez natural- reponer el procedimiento en el incidente de liquidación de gastos y costas, planteado en el juicio ordinario civil ********************, para que, de oficio, desahogara la prueba pericial a que refiere el artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, luego de lo cual emitiera la resolución que en derecho correspondiera. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por lo contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues dejó insubsistente la resolución de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, emitida en el toca ******************** de su índice. Después, en su lugar, dictó otra -veintisiete de noviembre del presente año- determinación en la cual reiteró las consideraciones emitidas y además, ordenó reponer el procedimiento en el incidente de liquidación de gastos y costas para que, de oficio -el juez de origen-, desahogara la prueba pericial a que refiere el artículo 141 del código adjetivo civil el Estado, luego de lo cual emitiera la resolución que en derecho correspondiera. Lo cual, muestra que no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue dejar insubsistente una resolución, en su lugar, emitir otra en la que reiterara las consideraciones expresadas y que no fueron materia de la concesión del amparo, reponer el procedimiento en el incidente de liquidación de gastos y costas para que, de oficio, desahogara una prueba pericial a que refiere un articulo de la codificación adjetiva civil del estado, luego, emitiera la resolución que en derecho correspondiera. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, así como la devolución de las constancias de donde emana el acto reclamado que remitió la responsable en apoyo al informe justificado, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Antes de culminar, toda vez que es un hecho notorio para este juzgador que diversas autoridades están gozando del segundo periodo vacacional correspondiente a este año; en consecuencia, se reserva la entrega de los comunicados que para tal efecto se giren hasta en tanto reanuden sus labores. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: GIVANNI HERNÁNDEZ GENCHI. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de uno de diciembre del año en curso, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; mismo que fue notificado a las partes el cuatro siguiente (foja 76). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, debe decirse que por sentencia terminada de engrosar el once de octubre de dos mil diecisiete (fojas 27 a 35), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional al quejoso ********************, para los efectos que se reproducen: "[.] que la sala responsable, deje insubsistente la resolución reclamada, en otra que dicte reitere las consideraciones emitidas y además ordene reponer el procedimiento en el incidente de liquidación de gastos y costas para que, de oficio, se desahogue la prueba pericial a que se refiere el artículo 141 del código adjetivo civil de ese Estado, luego de lo cual se emita la resolución que en derecho corresponda". [.]" Esto es, en la sentencia de amparo se determinó que de conformidad con la jurisprudencia de rubro COSTAS. PARA SU CUANTIFICACIÓN EL JUEZ DEBE ACORDAR DE OFICIO EL DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL PARA QUE SE DETERMINE EL VALOR DEL NEGOCIO CUANDO ÉSTE NO CONSISTE EN UNA CANTIDAD PRECISA EN DINERO, CONFORME AL ARTÍCULO 140 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, que dilucidó un numeral igual al de la codificación adjetiva civil del Estado de Michoacán -141-, resultaba aplicable a la cuestión de costas regulada en ésta, pues ambas coincidían en el sistema previsto relativo a que se llevara a cabo un incidente brevísimo sin período de pruebas y derivara en una resolución de índole jurisdiccional y, por tanto, requería contar con elementos objetivos que permitieran al juzgador valorar el importe económico debatido para evitar una condena desproporcionada por exceder el límite previsto en el propio código. De ahí que, -continúo diciendo- si la Sala responsable consideró que las costas resultaron de cuantía indeterminada -aspecto que en modo alguno fue impugnado y, por tanto, debía permanecer incólume-, le resultaban aplicables los preceptos 141 y 142 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, así como 8 de la Ley de Arancel de Abogados de esta entidad federativa, entonces era necesario el desahogo de una prueba pericial para efecto de valuar el total del negocio, de manera que las costas no excedieran del veinte por ciento del interés del juicio, la cual de acuerdo a la jurisprudencia invocada, debía ser ordenada de oficio; circunstancias anteriores por las que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Sentencia que causó ejecutoria el catorce de noviembre dos mil diecisiete y se requirió su cumplimiento (fojas 52-53). Ahora bien, en acatamiento a la sentencia de amparo, el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante oficio 3193 hizo del conocimiento de este juzgado que el quince de noviembre del año en curso, dejó insubsistente la resolución reclamada de veintitrés de mayo de la presente anualidad (foja 55). Luego, por medio de la misiva 1439, allegó copia de la resolución de veintisiete de noviembre del año en curso (fojas 58 a 71), en la cual, realizó lo siguiente: Reiteró las consideraciones emitidas, en la resolución reclamada. Después, -una vez que fundó su determinación acorde con los argumentos vertidos en la ejecutoria de amparo- ordenó reponer el procedimiento en el incidente de liquidación de gastos y costas -planteado en el juicio ordinario civil ********************- para que, de oficio, el juez de origen desahogara la prueba pericial a que refiere el artículo 141 del código adjetivo civil del Estado de Michoacán, luego de lo cual, emitiera la resolución que en derecho correspondiera, en los términos que se transcriben: ".El artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, prevé que los Jueces deben acudir oficiosamente a los peritos para determinar el monto o valor del negocio, para que una vez hecho esto, puedan cuantificar las costas a partir de una base objetiva, que permita justificar que en modo alguno exceden del 20% veinte por ciento las costas, o en su caso obligue a su reducción. [.] En tales condiciones, lo procedente es revocar, como así se hace, la sentencia interlocutoria recurrida, y se ordena al juez de primera instancia, reponga el procedimiento en el incidente de liquidación de gastos y costas, para que, de oficio, se desahogue la prueba pericial a que se refiere el artículo 141 del código adjetivo de ese Estado, luego de lo cual se emita resolución que en derecho corresponda. [.] PUNTOS RESOLUTIVOS: [.] QUINTO. En cumplimiento de la ejecutoria de amparo indirecto civil referida, se revoca la sentencia interlocutoria recurrida, y se ordena al juez de primera instancia, reponga el procedimiento en el incidente de liquidación de gastos y costas, para que, de oficio, se desahogue la prueba pericial a que se refiere el artículo 141 del código adjetivo de ese Estado, luego de lo cual se emita la resolución que en derecho corresponda". Ahora, del examen de las documentales transcritas con antelación, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, hacen patente que la responsable Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, cumplió con el fallo protector, pues llevó el acto correspondiente para el acatamiento de la ejecutoria de amparo, como fue dejar insubsistente la resolución reclamada -veintitrés de mayo de dos mil diecisiete-, emitida en el toca ********************. Después, en su lugar, emitió otra -veintisiete de noviembre del año en curso-, en la que de conformidad con las consideraciones plasmadas en la sentencia de amparo, reiteró las reflexiones emitidas y que no fueron materia de la concesiva, y además ordenó -al juez natural- reponer el procedimiento en el incidente de liquidación de gastos y costas, planteado en el juicio ordinario civil ********************, para que, de oficio, desahogara la prueba pericial a que refiere el artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, luego de lo cual emitiera la resolución que en derecho correspondiera. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por lo contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues dejó insubsistente la resolución de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, emitida en el toca ******************** de su índice. Después, en su lugar, dictó otra -veintisiete de noviembre del presente año- determinación en la cual reiteró las consideraciones emitidas y además, ordenó reponer el procedimiento en el incidente de liquidación de gastos y costas para que, de oficio -el juez de origen-, desahogara la prueba pericial a que refiere el artículo 141 del código adjetivo civil el Estado, luego de lo cual emitiera la resolución que en derecho correspondiera. Lo cual, muestra que no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue dejar insubsistente una resolución, en su lugar, emitir otra en la que reiterara las consideraciones expresadas y que no fueron materia de la concesión del amparo, reponer el procedimiento en el incidente de liquidación de gastos y costas para que, de oficio, desahogara una prueba pericial a que refiere un articulo de la codificación adjetiva civil del estado, luego, emitiera la resolución que en derecho correspondiera. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, así como la devolución de las constancias de donde emana el acto reclamado que remitió la responsable en apoyo al informe justificado, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Antes de culminar, toda vez que es un hecho notorio para este juzgador que diversas autoridades están gozando del segundo periodo vacacional correspondiente a este año; en consecuencia, se reserva la entrega de los comunicados que para tal efecto se giren hasta en tanto reanuden sus labores. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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