Giovanni Gallardo Vázquez

Expediente 602/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
602/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
13/06/2022

Partes del expediente

  • Giovanni Gallardo Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a trece de junio de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO, VALORACIÓN Y ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de diecinueve de mayo dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su ARCHIVO judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con catorce minutos del siete de junio de dos mil veintidós, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la reanudación de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 714/2020, promovido por Juana Moreno Flores, por derecho propio, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Ernesto Argüello Melgar, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, el Secretario certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentran escrito de la tercera interesada con el que realiza manifestaciones, diligencia de ejercicios caligráficos consistentes en la muestra de firmas a cargo de la quejosa, oficio de la perito oficial, con el que hace del conocimiento que no le era posible emitir dictamen pericial en virtud de que de un análisis realizado a los documentos señalados por la quejosa como dubitables, siendo estos: "el emplazamiento realizado de fecha quince de junio del año dos mil quince, actas que fueron realizadas por los diligenciarios adscritos al Honorable Juzgado Civil y Familiar de Calpulalpan. y el auto de fecha doce de febrero de dos mil veinte..."; mismos que carecen de firmas a nombre de la C. Juana Moreno Flores, por tal motivo, no era posible emitir el dictamen solicitado, puesto que no existían elementos dubitables para el estudio correspondiente, aunado a que el emplazamiento existente en el expediente 520/2015, es de fecha quince de julio de dos mil quince, lo que dista de lo señalado por la quejosa, así mismo dentro de este documento se manifiesta que: firman los que en ella intervienen "a excepción de la demandada quien dijo no firma por no considerarlo necesario"; acuerdo de dieciséis de mayo del año en curso, con el que se le dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifestara sobre el particular (la imposibilidad de emitir dictamen pericial por parte de la perito oficial), con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento se acordaría lo que en derecho procediera. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: téngase por hecha la relación de constancias, sin perjuicio de tomarlas en consideración en el momento procesal oportuno. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las pruebas que ofreció la quejosa consistentes en la pericial en grafoscopía. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 y 122 de la Ley de Amparo, no ha lugar de tener por desahogada la prueba pericial en grafoscopía, ante la imposibilidad que tuvo la perito oficial de emitir su dictamen; consecuentemente, y ante la omisión por parte de la quejosa de cumplir con el requerimiento formulado mediante proveído de dieciséis de mayo del presente año; se declara por perdido su derecho a desahogarse la prueba pericial en cuestión; ante su falta de interés; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Abierta la fase de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no formularon alegatos; a lo que la Juez acuerda: téngase por hecha la constancia que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. En tal virtud, se concluye esta audiencia, de la que se levanta acta para constancia, y enseguida procédase a dictar la siguiente S E N T E N C I A Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 714/2020, promovido por Juana Moreno Flores, por derecho propio, contra actos del Juez y Diligenciario Par adscritos al Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo; y, R E S U L T A N D O S : PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito recibido el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Juana Moreno Flores, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos reclamados del Juez y Diligenciario Par adscritos al Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, consistente sustancialmente en el emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 520/2015, y todo lo actuado en el referido juicio. SEGUNDO. SEGUNDO. Radicación, admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno tocó conocer a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien por acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veinte lo admitió a trámite, se ordenó emplazar a juicio a la parte tercera interesada, se solicitaron los informes con justificación a las autoridades responsables y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, quien no formuló pedimento, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; por materia es de naturaleza civil; y, porque las autoridades a quien se les reprochan tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del Acto Reclamado. Los actos reclamados por la quejoso consisten sustancialmente en: El emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 520/2015, y todo lo actuado en el referido juicio. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables, Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo y Diligenciario de los Expedientes Pares adscrito al juzgado mencionado; al rendir sus informes con justificación aceptaron la existencia de los actos reclamados; por tanto, deben tenerse por ciertos dichos actos (fojas 39 a 42). Es aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, debe precisarse que la certeza de los actos reclamados se corrobora con el juicio de origen, que obran en autos, documentales a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de acuerdo con su numeral 2o., párrafo segundo, por ser expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causal de improcedencia del juicio. Determinada la certeza del acto reclamado y previamente al estudio de fondo del asunto, se debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que ello constituye una cuestión de orden público y estudio preferente y además porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. La tercera interesada aduce que procede decretar el sobreseimiento en virtud de que no es cierto el acto reclamado y porque la quejosa siempre ha sido notificada de la tramitación del juicio ejecutivo mercantil de donde derivan los actos reclamados. Dichos argumentos son infundados, tomando en consideración que en primer lugar, si existen los actos reclamados, tal como quedó precisado; y en segundo lugar, respecto si la quejosa ha sido notificada o no, es una cuestión que involucra el fondo del asunto. No existiendo diversa causal de improcedencia, lo procedente será analizar los conceptos de violación que se hicieron valer en la demanda de amparo. QUINTO. Innecesaria transcripción de los conceptos de violación. Es pertinente aclarar que no existe obligación de transcribir en la sentencia los conceptos de violación expresados por el impetrante del amparo, dado que tal omisión no infringe disposición legal alguna y toda vez que los mismos serán tomados en cuenta al resolver el presente juicio, resulta innecesario su trascripción. Al caso resulta aplicable la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, materia común, registro 164618, Novena Época, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente narrar los antecedentes que originaron el acto reclamado, los cuales son los siguientes: María Ligia Avelar Espinosa y Alfredo Torres Cova, endosatarios en propiedad de Verónica Espinoza Castro, promovieron juicio ejecutivo mercantil en contra de Juana Moreno Flores y Manuel Ávila Rojas, reclamando entre otras prestaciones, el pago de la cantidad de $83,000.00 (ochenta y tres mil pesos 00/100 moneda nacional) (fojas 1 a 5 del tomo de pruebas). El juez responsable mediante acuerdo de tres de julio de dos mil quince, dictó auto de ejecución y ordenó emplazar a juicio a los demandados (foja 7 del tomo de prueba). El quince de julio de dos mil quince, se llevó a cabo el emplazamiento a juicio de la hoy quejosa, en la cual en lo conducente se asentó: "(...) En la Colonia el Mirador Tlaxcala, municipio de Calpulalpan, Estado de Tlaxcala, siendo las doce horas con diez minutos del día quince de julio del año dos mil quince, el suscrito licenciado Raúl L. Rodríguez García, diligenciario Par del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, con residencia oficial en la Ciudad de Calpulalpan, en mi carácter de ministro ejecutor y asociado de la parte actora María Ligia Avelar Espinosa y Alfredo Torres Cova, nos constituimos en el domicilio de la parte demandada Juana Moreno Flores, ubicado en Calle Tres Oriente, número Cinco, de la Colonia El Mirador de Calpulalpan, para lo cual procedo a describir dicho domicilio, es una casa de una planta (o) y cerciorado previamente de ser el domicilio señalado en autos, por así constar en la nomenclatura de dicha Comunidad y por informes de la propia demandada Juana Moreno Flores, a quien le solicito su identificación personal y la misma dijo se identificaba con su credencial para votar con fotografía expedida a su favor por el IFE la cual se anexa a la presente en copia fotostática para constancia y efectos legales.. .Finalmente, y en cumplimiento a lo ordenado en el auto que se ejecuta y con las copias simples de la demanda y los documentos anexos debidamente sellados y cotejados con sus originales, constantes de nueve fojas, así como de la cédula de notificación, le corro traslado y lo emplazo para que dentro del término de ocho días a partir de que surta efectos la presente notificación comparezca ante el Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, Tlaxcala, a hacer pago llano del a cantidad demandada o en su caso a oponer excepciones que tuviere para ello, siempre y cuando se refiera a las que señala el artículo 1403 del Código de Comercio y tratándose de títulos de crédito los del artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y además señale domicilio en el centro de la Ciudad de Calpulalpan, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacer lo anterior, se tendrá por perdido el derecho que pudo ejercitar y todas las notificaciones y citaciones aún las de carácter personal se le harán por cédula que se fijarán en los estrados del juzgado del conocimiento, así también procedo a entregar al citado demandado cédula que contiene la orden de embargo decretada en su contra, copia de la demanda, así como copia de la presente diligencia, recibiendo a su entera satisfacción los documentos indicados con lo que se da por terminada la presente diligencia levantando en acta correspondiente para constancia y firmando las que en ella intervinieron, a excepción de la demandada quien dijo que no firma por no considerarlo necesario. Doy fe (.)". (foja 9 del tomo de prueba). Seguida la secuela procesal, se dictó sentencia el doce de febrero de dos mil dieciséis, en la que se condenó a los demandados a pagar la suerte principal y diversas prestaciones (fojas 53 a 56 del tomo de prueba). Mediante auto de veintiséis de abril de dos mil dieciséis se facultó a la Diligenciaria Par adscrita al juzgado responsable, para que se constituyera en el domicilio de la parte demandada y la requiriera para que en el término de cinco días contado a partir del día siguiente en que fuera legalmente requerida, hiciera pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas y que fue condenado por sentencia definitiva, con el apercibimiento que de no hacerlo se procedería al remate del bien embargado en autos (fojas 59 vuelta y 60 del tomo de prueba). SÉPTIMO. Análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados. Los conceptos de violación que se hacen valer son fundados y suficientes para conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitadas, de conformidad con las consideraciones siguientes. En apoyo a la conclusión apuntada, se cita la jurisprudencia P./J. 149/2000, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable a foja 22, Tomo XII, correspondiente al mes de diciembre de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón.". Para estudiar la legalidad del emplazamiento que se reclamó, conviene analizar el contenido de los artículos 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio, que rigen el emplazamiento del juicio ejecutivo mercantil, numerales que establecen: "Artículo. 1393. No encontrándose el demandado a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin girar oficios para la localización del domicilio". "Artículo. 1394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al demandado sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor entregará también al ejecutante copia del acta que se levante o constancia firmada por él, en que conste los bienes que hayan sido embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado. La copia o constancia que se entregue al ejecutante podrá servir para el caso de haberse embargado bienes inmuebles, para que la misma se presente al Registro Público de la Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres días siguientes, para su inscripción preventiva, la cual tendrá los mismos efectos que se señalan para los avisos de los notarios en los términos de la parte final del artículo 3016 del Código Civil, y el juez, dentro de un término máximo de cinco días, deberá poner a disposición del interesado el oficio respectivo junto con copia certificada de la diligencia de embargo para su inscripción. El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores". "Artículo. 1396. Hecho el embargo, acto continuo se notificará al demandado, o a la persona con quien se haya practicado la diligencia para que dentro del término de ocho días, el que se computará en términos del artículo 1075 de este Código, comparezca la parte demandada ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad reclamada y las costas, o a oponer las excepciones que tuviere para ello." De los preceptos legales transcritos, se advierte que en los juicios ejecutivos mercantiles tratándose de la primera notificación personal, el funcionario encargado de realizarla, tiene la obligación ineludible de cerciorarse por medios bastantes y convincentes que la persona que va a emplazar o notificar tiene su domicilio en el local o casa señalados en autos para ese efecto, debiendo expresar en forma precisa los elementos en que apoye la diligencia que realice, es decir, es indispensable que el funcionario judicial asiente con claridad si se cumplen tales requisitos, haciendo constar los medios de convicción que lo lleven a concluir si efectivamente la persona a emplazar habita o tiene su domicilio en el lugar que se señaló en autos y que fue éste donde se constituyó para realizar la diligencia de mérito. Asimismo, que la diligencia de emplazamiento iniciará con el requerimiento de pago al deudor y que de no hacerse el pago se le requerirá para que señale bienes suficientes a garantizar las prestaciones reclamadas, y finalmente se emplazará al demandado. En el mismo sentido, se advierte que en todos los casos el funcionario que practique el emplazamiento entregará al demandado cédula que contenga la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con copia de la demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061 de la citada legislación, notificándole que tiene el plazo de ocho días, para ocurrir ante el juzgado a hacer pago de la cantidad reclamada o a oponer las excepciones que tuviere para ello. En este contexto, debe decirse que las reglas citadas tienen por objeto que se tenga plena certeza de que la parte demandada en el juicio natural atenderá al llamado de la autoridad, lo que implica que el funcionario judicial debe cerciorarse, por un lado, que el domicilio en que se constituyó es el señalado en autos y, por otro, que en el mismo puede ser localizado el demandado, lo cual debe realizar a través de medios bastantes y convincentes, debiendo expresar en forma precisa los elementos en que apoye la diligencia, esto es, que asiente con claridad si se cumplen esos requisitos, haciendo constar los medios de convicción que lo llevaron a concluir si efectivamente el demandado habita, trabaja o tiene el principal asiento de sus negocios en el domicilio que se señaló en autos y que fue en él donde se constituyó para realizar la diligencia encomendada. Luego, de las constancias que integran el juicio natural, las cuales tienen pleno valor probatorio por tratarse de documentales públicas, lo anterior, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se observa que en la diligencia de emplazamiento realizada a la solicitante de amparo Juana Moreno Flores, se precisó que siendo las doce horas con diez minutos del día quince de julio de dos mil quince, el Diligenciario Par del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, quien asociado de la parte actora, se constituyeron en el domicilio de la parte demandada mencionada, asentando que encontraron a la referida demandada y en cumplimiento a lo ordenado en el auto que se ejecutó y con las copias simples de la demanda y los documentos anexos debidamente sellados y cotejados con sus originales, constantes de nueve fojas, así como de la cédula de notificación, le corrió traslado y la emplazo para que dentro del término de ocho días a partir de que surtiera efectos la notificación compareciera ante el Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, Tlaxcala, a hacer pago llano del a cantidad demandada o en su caso a oponer excepciones que tuviere para ello. Ahora bien, la quejosa señala sustancialmente en sus conceptos de violación que le irroga perjuicio el emplazamiento practicado en el juicio de origen, porque contrario a lo afirmado por el diligenciario responsable, el emplazamiento practicado no se llevó personalmente con ella. Al respecto debe señalarse en suplencia de la deficiencia de la queja, que el aludido emplazamiento que reclama la quejosa es violatorio de sus derechos humanos como lo aduce, pues la fedataria que practicó el emplazamiento judicial no cumplió cabalmente con la disposición plasmada en el artículo 1394 del Código de Comercio transcrito anteriormente, ya que como se advierte de las constancias que fueron remitidas por el Juez responsable en su informe justificado, a las que ya se les otorgó pleno valor probatorio, ésta se constituyó en el domicilio de la quejosa, cerciorándose de que el domicilio donde actuaba era el de la parte demandada, y en el auto que se ejecutó y con las copias simples de la demanda y los documentos anexos debidamente sellados y cotejados con sus originales, constantes de nueve fojas, así como de la cédula de notificación, le corrió traslado y la emplazo para que dentro del término de ocho días a partir de que surtiera efectos la notificación compareciera ante el Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, Tlaxcala, a hacer pago llano de la cantidad demandada o en su caso a oponer excepciones; sin embargo, el fedatario no describió en el acta de emplazamiento cada uno de los documentos que fueron entregados a la persona con quien se entendió la diligencia respectiva. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 107/2020 al examinar el enunciado normativo contenido tanto en el artículo 1394 del Código de Comercio como en el artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, relativo a que el actuario o notificador, al efectuar el emplazamiento, deberá correr traslado con la demanda y demás documentos, consideró que tal enunciado normativo debía interpretarse de conformidad con el artículo 14 Constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando, al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, precisa o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Por tal motivo expuso que el actuario debe describir en el acta de emplazamiento qué documentos fueron los que se entregaron a la persona con quien se entendió la diligencia respectiva, por lo que, de no satisfacerse tal requisito, ello ocasionará la ilegalidad en el emplazamiento. Así, señaló que la finalidad que se persigue con la diligencia del emplazamiento en todo juicio, es que el demandado tenga conocimiento íntegro de la pretensión deducida en su contra por la parte actora; así como de las actuaciones de inicio y trámite previos al primer llamamiento a juicio. De igual forma señaló que esa Primera Sala ya ha establecido en jurisprudencia firme que uno de los requisitos de validez del emplazamiento es el relativo a que el actuario o notificador, en el acta de emplazamiento, certifique que entregó las copias de la demanda (debidamente selladas y cotejadas); de modo que, al no hacerlo así, ello traerá como consecuencia la nulidad de la diligencia respectiva. Así, señaló que, es cierto que el enunciado normativo que analizó (relativo a que el actuario o notificador, al efectuar el emplazamiento, deberá correr traslado con la "demanda y demás documentos" que se adjuntan a ésta) no contiene la orden expresa de que el fedatario público encargado de practicar el emplazamiento describa en el acta de emplazamiento cuáles son esos anexos documentales con los que corrió traslado, sin embargo, no debe interpretarse sólo de manera literal o gramatical; pues los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretase de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, de debido proceso y de certeza jurídica, pues es mediante el emplazamiento que las autoridades cumplen en un proceso jurisdiccional con el derecho de audiencia y de debido proceso, reconocidos en el artículo 14 de nuestra Constitución. Por lo que el derecho de audiencia y debido proceso implica que nadie puede ser privado de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que deberán de ser observadas las formalidades esenciales del procedimiento. Así, las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que se han identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integran la "garantía de audiencia"; las cuales permiten que los gobernados ejerzan plenamente su derecho a la defensa antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica en forma definitiva. Luego concluyó que cuando una ley procesal establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, ello implica que, a través de la exigencia de tal formalidad (entrega de copias de los documentos que se adjuntan a la demanda), la legislación procesal busca que se observen las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, de debido proceso y de certeza jurídica. Así es, la finalidad de que, al practicarse el emplazamiento se corra traslado con la copia de los documentos que la parte actora adjuntó a su demanda, no es otra que la de garantizar que la persona emplazada tenga conocimiento cierto y completo, no sólo de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción; a fin de estar en condiciones de contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. En consecuencia, si, por ejemplo, el notificador no corriera traslado con copia del contrato base de la acción o con algún convenio modificatorio de éste que se adjuntó a la demanda, la parte enjuiciada no podría establecer con la certeza suficiente para formular excepciones y defensas si existe legitimación en la causa, si operó o no la prescripción de la acción, si el derecho procede en menor medida que lo reclamado o si el órgano jurisdiccional es competente o no. De igual modo, si el actuario no corriera traslado con copias de otras documentales que también se adjuntan al ocurso inicial, como son aquellas con las cuales el promovente acredita la representación (personalidad) que aduce tener, el enjuiciado no estaría en aptitud de oponer una excepción de falta de legitimación en el proceso. Por tanto, estimó que si al practicar el emplazamiento el actuario no certifica que corrió traslado con las copias de los documentos que el actor adjuntó a la demanda, o bien, en la certificación que asienta en el acta relativa no se establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado, no es factible concluir que la diligencia de emplazamiento cumplió su objetivo constitucional de hacer saber de manera cierta al demandado aquella información que le permitirá ejercer adecuadamente su derecho a la defensa. Es por estas razones que se determinó que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando, al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, precisa o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento (consistente en que el actuario certifique en el acta que entregó copias de traslado de los documentos que se adjuntaron a la demanda y describa, precise o indique cuáles son tales documentos) no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado. Además, por encima de la comodidad del fedatario público que practica el emplazamiento se encuentra la obligación de los órganos jurisdiccionales de respetar y garantizar los derechos de audiencia, defensa, debido proceso, legalidad y certeza jurídica de las partes del proceso judicial. Tales consideraciones dieron lugar a la tesis de jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 2022118 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 39/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 204 Tipo: Jurisprudencia EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO. Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del emplazamiento, el actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado." Como se observa para lo que aquí interesa, en la diligencia de emplazamiento reclamada, la diligenciaria responsable no indicó, precisó o estableció cuáles fueron los anexos documentales con los que corrió traslado a la demandada, aquí quejosa, en contravención a lo dispuesto por el arábigo 1394 del Código de Comercio, interpretado de conformidad con el artículo 14 constitucional, acorde a la jurisprudencia antes citada, misma que, resulta obligatoria para este Juzgado de Distrito en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Por tanto, al no habérsele otorgado a la quejosa la oportunidad de defensa y ante la omisión del cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, se violó en su perjuicio el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que al resultar fundados los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa en suplencia de la deficiencia de la queja, impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. EFECTO: El Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo adscrito a dicho juzgado, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo; 1.- Deje insubsistente la diligencia de requerimiento de pago, embargo y el emplazamiento de quince de julio de dos mil quince, llevado a cabo en el juicio ejecutivo mercantil 520/2015, y todo lo actuado con posterioridad (incluyendo la sentencia y el procedimiento de ejecución). 2.- En su lugar, a fin de salvaguardar el derecho de audiencia de la quejosa, ordene que se lleve a cabo el emplazamiento al juicio de origen de la demandada siendo particularmente enfático en constreñir al Diligenciario para que practique el emplazamiento cumpliendo con el debido cercioramiento y se realice la certificación en el acta respectiva describiendo a detalle los documentos con los cuales habrá de correr traslado al emplazarla para ejercer su derecho de defensa. Atenta la conclusión alcanzada resulta innecesario realizar un análisis exhaustivo de las pruebas ofrecidas por la tercera interesada, ya que en nada cambiaría el sentido del presente fallo. No es obstáculo a la conclusión alcanzada la circunstancia de que del juicio ejecutivo mercantil de donde derivan los actos reclamados, se advierta un citatorio de espera a favor del diverso demandado Manuel Ávila Rojas para las diez horas del día treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, en la cual la Diligenciaria Par del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, Calpulalpan, Tlaxcala, hizo constar que lo entendió con la hoy quejosa Juana Moreno Flores, y en dicha diligencia se asentó que sí firmaba. Lo anterior, es así, ya que en dicho citatorio se asentó: "Siendo las treinta horas mayo minutos del día diez de quince de dos mil dieciséis, dejo en poder de Juana Moreno Flores, quien dijo ser su esposa de la persona buscada y quien sí firma por su recibo". Y en el acta citatorio que obran en el expediente mercantil de donde derivan los actos reclamados se advierte que se practicó a las diez horas con quince minutos del día treinta del mes de mayo de dos mil quince; de ahí que al no coincidir las fechas de estas diligencias; no se tiene la certeza de que la demandada hoy quejosa, hubiera tenido conocimiento pleno del juicio en cuestión. Por otro lado, ha de señalarse que la concesión del amparo beneficia de igual forma al codemandado Manuel Ávila Rojas, no obstante que no acudió a esta instancia constitucional a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, ello atento a que en el juicio natural se actualiza un litisconsorcio pasivo necesario. Dicho litisconsorcio se define como el caso en que el derecho litigioso afecta a varias personas, ya sea en forma activa (parte actora) o pasiva (parte demandada), de tal manera que la decisión que se dicte en forma ineludible afectará a todas aquéllas. Ahora, ese litisconsorcio es necesario, cuando dos o más personas ejercen la misma acción u opongan la misma excepción, es decir, que la acción o la excepción provengan de una causa que es común a todos en forma indisoluble. Así, tenemos que las características principales del litisconsorcio pasivo necesario son: que necesariamente ha de demandarse conjuntamente a todos los litisconsortes, y que en el juicio respectivo sólo puede haber un tipo de sentencia para ellos (o a todos se les absuelve o a todos se les condena). En el caso, tanto la hoy quejosa como el codemandado Manuel Ávila Rojas, en el juicio del que derivan los actos reclamados, se les demandó el pago de una cantidad determinada, derivado de un pagaré de veinte de mayo de dos mil catorce, suscrito por los enjuiciados, y por ello, se encuentran en una comunidad jurídica, por lo que de no hacer extensivo los beneficios del amparo, se estaría en la imposibilidad de sentenciar por separado una situación jurídica que afecta a varias personas. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia número P./J. 9/96, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Novena Época, página 78, del rubro y contenido siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ESTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. Los efectos de la sentencia de amparo que concede la Protección Federal solicitada, deben extenderse a los codemandados del quejoso, quienes no ejercitaron la acción constitucional correspondiente, cuando se encuentre acreditado en autos que entre dichos codemandados existe litisconsorcio pasivo necesario o que la situación de los litisconsortes sea idéntica, afín o común a la de quien sí promovió el juicio de garantías, pues los efectos del citado litisconsorcio pasivo sólo se producen dentro del proceso correspondiente, por lo que sí pueden trasladarse al procedimiento constitucional. Por lo tanto, si se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se deje insubsistente todo lo actuado en un juicio ejecutivo mercantil, a partir de su ilegal emplazamiento, las consecuencias de dicha resolución sí deben alcanzar o beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio natural, en tanto que constituye un acto necesario para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, ya que en el caso contrario, se haría nugatoria la concesión de la Protección Constitucional, sin que esto implique infracción al principio de relatividad de las sentencias de amparo previsto en los artículos 107, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la Ley de Amparo, habida cuenta de que no se está en la hipótesis de que una sentencia de amparo se hubiese ocupado de individuos particulares o de personas morales diversas a quienes hubieren solicitado la Protección Federal." Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 2/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, Novena Época, tomo XI, enero de 2000, página 40, que establece: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA JURISPRUDENCIA PLENARIA 9/96 OBLIGA AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN LA SENTENCIA CONCESORIA, ASÍ COMO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La tesis jurisprudencial 9/96, publicada en la página 78 del Tomo III, febrero de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, establece que cuando las sentencias de amparo ordenen reponer el procedimiento, sus efectos deben hacerse extensivos a los codemandados del quejoso, siempre que entre éstos exista litisconsorcio pasivo necesario; por tanto, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo, al otorgar la protección al quejoso, está obligado a establecer que los alcances del amparo benefician a los codemandados del quejoso aun cuando no hayan intentado la acción constitucional siempre que haya litisconsorcio pasivo necesario, pero si no lo hace, el tribunal responsable, al cumplir la ejecutoria, debe acatar la jurisprudencia." En el entendido que lo anterior no implica que Manuel Ávila Rojas, se le tenga que emplazar nuevamente al juicio de origen, ni que tengan una nueva oportunidad para contestar la demanda, ofrecer pruebas o alegar, pues el beneficio referido a éste, es sólo para que se pueda emitir de nueva cuenta una sentencia respecto de la totalidad de demandados, una vez satisfecha la garantía de audiencia de la aquí quejosa. Atenta la conclusión alcanzada resulta innecesario ocuparse de los demás motivos de queja, ya que en nada cambiaría el sentido de la determinación aquí alcanzada; lo anterior, al haberse advertido las irregularidades del emplazamiento practicado al hoy quejoso. Por otra parte, cabe precisar que los alegatos vertidos por la tercero interesado, no se tomarán en consideración en virtud de que no forman parte de la litis. Por otro lado, al no tener plena certeza de que el impetrante del amparo tuvo conocimiento exacto y completo del juicio seguido en su contra, es procedente otorgar la protección de la Justicia Federal solicitada. OCTAVO. Calificación de la concesión. El análisis realizado para la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, atendió a un estudio de fondo del acto que constituyó la litis en el presente juicio. NOVENO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. DÉCIMO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que la parte interesada esté en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de la presente sentencia, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquesele que deberá ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional y al horario de labores del centro de foto copiado (hasta las doce horas), deberá generar un Código QR que le permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas; ello, con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención puede, en caso de no tenerlo, solicitar la continuación del juicio en línea, desde el portal de servicios en línea de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica y solicitar notificaciones por medios electrónicos así como su nombre de usuario (lo cual incluye el acceso al expediente electrónico), en términos de los artículos 36 y 55 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y así estar en aptitud de imprimir desde el Sistema Integral de Seguimiento del Expedientes las actuaciones que requiera ya que se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del citado Acuerdo General, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 74, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E LV E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juana Moreno Flores, contra actos del Juez y Diligenciario Par adscritos al Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo; precisados en el resultando primero de esta sentencia, en términos del considerando séptimo de la misma. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, ante el Licenciado Ernesto Argüello Melgar, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veinte de mayo de dos mil veintidós. Agréguense a los autos del juicio de amparo en que se actúa, para que consten como correspondan y surtan los efectos legales conducentes, los informes justificados que rinden el Subjefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en representación del Secretario de la Defensa Nacional y del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; en consecuencia, dese vista a las partes de conformidad con el artículo 117, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a sus intereses legales convengan. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las responsables a las personas que menciona y como domicilio el que señala para tales efectos. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, se informa a la autoridad oficiante que los acuerdos y resoluciones que se dicten en este juicio se le notificarán a través de oficio digitalizado con firma electrónica del actuario judicial, que se le enviará al correo electrónico institucional secamparos@sedena.gob.mx, para lo cual deberá acusar recibo, por el mismo medio o por comunicación telefónica con el actuario judicial, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que se le envíe la comunicación respectiva y, en caso de no hacerlo, con apoyo en la fracción I, párrafo segundo, del mencionado artículo 28 de la ley de la materia, se tendrá por hecha la notificación. En la inteligencia de que la anterior determinación se sustenta también en lo dispuesto por el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate a la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid 19), emitido el diecisiete de abril de dos mil veinte, por la Secretaría de la Función Pública. Finalmente, se le informa que el número telefónico 555 626 5927 extensiones 1213, 1214 y 1215 que proporciona, solo servirá de medio de contacto para para agilizar el trámite y notificación de los acuerdos que se tomen en el presente juicio, mientras subsista el período de la contingencia sanitaria que actualmente acontece en el territorio nacional. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la audiencia constitucional está programada para este día; sin embargo, no es posible celebrarla, toda vez que de autos se advierte que están señaladas las diez horas de esta misma fecha para la celebración de la primera junta de herederos y nombramiento de albacea provisional, dentro del expediente 19/2022 del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Efigenia Vega Mazatzi, tercera interesada en el presente juicio de amparo. Por tanto, requiérase a dicha autoridad judicial para que en el término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado de Distrito el resultado de dicha junta e informe la persona sobre la cual recayó el cargo de albacea provisional o representante de la sucesión intestamentaria a bienes de la referida tercera interesada y remita copia certificada de las constancias conducentes. Se apercibe a dicha autoridad que de no dar cumplimiento a lo ordenado o de no informar por escrito el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización con valor a la fecha de emisión de este acuerdo, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo En tal virtud, para dar margen a lo anterior, y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional programada para este día y se señalan las diez horas con veinte minutos del dos de junio de dos mil veintidós, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.

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