Giovanni Gabriel Gamboa Manzanero
Expediente 90/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 90/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 12/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Giovanni Gabriel Gamboa Manzanero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de mayo de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el oficio de cuenta, en el que se transcribe el contenido del acuerdo de presidencia dictado el once del actual mes, en autos del toca 253/2023, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en el juicio de amparo 90/2023-VII-B. Acuerdo del cual se advierte que la Superioridad comunica a este Juzgado que la tercero interesada Ileana Pamela Ruiz Solís por sí y en representación de su menor hijo, se adhirió oportunamente al aludido medio de impugnación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a este expediente el escrito de cuenta del quejoso ********************, con el que interpone recurso de revisión contra la sentencia firmada el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés; al respecto, SE ACUERDA: Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e) 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, córrase traslado a la autoridad responsable, la parte tercero interesada y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese el escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Asimismo, desde este momento se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente, con independencia que de igual forma se le remite el original de estos autos junto con sus dos anexos que obran en la secretaría bajo su resgurado. Lo anterior, sin que haya lugar de formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la agente el Ministerio Público de la Federación adscrita, tercero interesada y cúmplase.
- Principal
Vistos para resolver el juicio de amparo 90/2023-VII-B, promovido por ********************, contra el acto que reclama de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; Las constancias de autos denotaron que por escrito presentado el cuatro de octubre del año dos mil doce, ******************** y ******************** solicitaron modificar la base "OCTAVA" del convenio de divorcio, para que ********************, fuera la encargada de pasar a buscar al menor al predio de la madre custodia, lo cual fue acordado en forma favorable. Empero, en la junta de avenio de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, ******************** manifestó que el obligado alimentista desde el año dos mil once no había cumplido con depositar la pensión alimenticia de su hijo, proponiendo que ahora la convivencia fuera en la modalidad de entrega-recepción en el "CADY", siendo modificada nuevamente la base "OCTAVA" del convenio de divorcio bajo esos términos. Asimismo, en el informe rendido por la Coordinadora del Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán, en su oficio DIF/PRODEMEFA/CECOFAY No. 021/2018, de treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, quedó plasmado que del periodo del veintisiete de mayo de dos mil diecisiete al veinticuatro de febrero del dos mil dieciocho, las partes no asistieron a las convivencias, y de los diversos informes rendidos por el Coordinador del Centro de Entrega Recepción del Consejo de la Judicatura del Estado, se acreditó que cuando el menor asistía a dicho centro para que se efectuará la convivencia con su progenitor no custodio, la persona que lo llevaba era ******************** (no la abuela paterna, tercero de emergencia ********************). De ahí que las declaraciones de los indicados atestes ******************** y ********************, no podían tener alcance probatorio al carecer de veracidad. Pues, reiteró, no obstante hubiesen sido coincidentes en el modo, tiempo y lugar de sus dichos, quedó acreditado que no resulta cierto que hasta el dos mil diecinueve, la ateste ******************** hubiese entregado la pensión alimenticia con sus incrementos en el domicilio de ********************, cuando iba por el menor para que conviviera con ella y su padre; pues desde el año dos mil diecisiete dejó de hacerlo al haberse modificado la convivencia bajo la modalidad de entrega-recepción en el "CADY". Y si bien, ******************** fue designada como tercero emergente por parte de la madre custodia para efectos de la convivencia, quedó también probado en los autos que la propia madre del menor era quien lo llevaba a las convivencias. Así, las indicadas testimoniales no demostraron que el incidentista no adeudaba cantidad alguna en concepto de pensión alimenticia y de sus actualizaciones, al carecer de todo alcance probatorio por falta de veracidad. - Finalmente en lo concerniente a la prueba de confesión a cargo de ********************, carecía de alcance probatorio para acreditar que ******************** no adeudaba la pensión alimenticia y sus aumentos, puesto que únicamente acreditó que cuando entregaba al menor para la convivencia, recibió en su domicilio algunas cantidades en concepto de pensión alimenticia suscribiendo los recibos correspondientes, con un monto total de veintisiete mil pesos, moneda nacional. Así, concluyó la Sala responsable, que la juez de primer grado realizó una correcta valoración de los medios de prueba citados, los cuales no tuvieron el alcance probatorio para acreditar que estaba al corriente en el pago de la pensión alimenticia y sus actualizaciones, a favor de su hijo menor de edad, y por ello, no existió violación alguna a su derecho humano de seguridad jurídica y de legalidad. Al respecto, del análisis de los conceptos de violación, se advierte que el accionante manifiesta que la resolución reclamada vulnera en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, con base en los siguientes argumentos: 1. Vulneración a su derecho a una adecuada defensa, pues su asesor jurídico no estuvo presente en la audiencia verificada el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se desahogaron pruebas, esto es, contar con un profesional del derecho que lo asesorara y orientara en el desahogo de dichas pruebas, a efecto de preguntar y repreguntar. Pues aun cuando se desahogaron e incluso repreguntó y formuló nuevas posiciones, no se desahogaron adecuadamente por desconocer el proceso, no ser un profesional del derecho, pues no se trata de que simplemente se desahoguen, sino de que todo gobernado debe tener y contar con una defensa, con asesor, supuesto ante el cual, la juez de origen debió nombrarle uno de oficio, por lo que al habérsele negado ese derecho se violó el procedimiento. 2. Violación al debido proceso, derivado de restarle validez a las pruebas que ofreció, consistentes en la confesión de ******************** ********************y las declaraciones testimoniales a cargo de ******************** y ********************, en cuanto a que durante el procedimiento como en la incidencia planteada, se demostró con las pruebas ofertadas la falsedad de ******************** ********************, relativo al motivo del levantamiento del embargo trabado a su favor en concepto de adeudo de pensión y en lo concerniente a la recepción de cantidades de dinero bajo ese concepto, donde incluso firmó los correspondiente recibos, por lo que a sus afirmaciones no debió dársele valor legal alguno. Y en cambio, con tales probanzas e incluso la prueba tecnológica consistente en la grabación del audio y video de la audiencia de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, en los autos del expediente ******************** del índice del Juzgado Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, donde aquélla reconoció que desde el año dos mil once hasta el año dos mil dieciocho, se demuestra que había recibido cantidades en concepto de pensión alimenticia en su domicilio bajo un acuerdo verbal entre las partes para recibirla de dicha forma y no en el Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado e incluso suscribió los recibos por ese concepto. Por lo que no debió declararse como inverosímil y falso lo declarado por sus testigos, bajo el argumento de que desde el año dos mil diecisiete, ya no siguió dejando la pensión en el domicilio ni pudo entregárselo a la madre del menor, cuando existe un recibo de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciocho, reconocido por la madre del menor en la prueba tecnológica y en su confesión en el incidente, donde confesó que recibió en su domicilio la pensión alimenticia del mes de diciembre del dos mil dieciocho, incluso reconoció que suscribió el recibo correspondiente. Agregando, que lo manifestado por los testigos concatenado a las demás pruebas que ofreció en el incidente, demostraron que dejó de llevar el dinero de la pensión alimenticia de su hijo al domicilio de la madre, con motivo del embargo a su salario, lo cual fue ordenado en diciembre de dos mil dieciocho, que coincide con la fecha del último recibo que firmó y recibió personalmente. Todo lo cual inadvirtió la Sala responsable, y en contrario plasmó conjeturas sin fundamento de hechos que no le constan, demeritando la testimonial cuando señalaron que entregaban la cantidad de pensión alimenticia no precisamente en la convivencia en el centro de convivencia familiar del Estado, que llevaban la pensión al domicilio, y si dejó de hacerlo es porque ya se había embargado su salario, desconociendo además, el recibo del mes de diciembre del dos mil dieciocho, reconocido plenamente por la madre del menor en concepto de pensión alimenticia. Por lo que, a su decir, concatenadas todas las pruebas ofrecidas, quedó probado que hizo pago total de las pensiones alimenticias y no sólo por la cantidad de veintisiete mil pesos, moneda nacional, como erróneamente afirmó la Sala responsable al confirmar la determinación apelada. Ahora bien, los motivos de inconformidad del quejoso, al ser confrontados con las consideraciones que sustentan la resolución reclamada de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, por una parte son inoperantes, y, por otra, infundados, sin que este juzgado de Distrito advierta alguna cuestión que deba ser examinada en suplencia de la deficiencia de la queja para conceder el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción II, de la ley de la materia. Asimismo, dichos motivos de inconformidad se analizarán en orden diverso al propuesto, sin que ello importe infracción a las prerrogativas de exhaustividad y congruencia tuteladas por el artículo 17 Constitucional. Esto, en la medida que el derecho subjetivo público de "acceso a la jurisdicción", que paralelamente instituye la diversa prerrogativa de exhaustividad y congruencia de los fallos emitidos por los órganos encargados para decidir el derecho, no llega al extremo de vincular a las autoridades judiciales a dictar resoluciones en las que se respondan todos los disentimientos, uno a uno, a pesar de que fueran repetitivos o lleven a una misma conclusión, o bien, que se analicen en la forma como se plantearon. Lo anterior, ya que lo trascendente es que se resuelva la cuestión planteada, desde luego, sin perjuicio de la obligación de decidir el problema jurídico expuesto en sus aristas esenciales y no meramente accidentales; dicho de otro modo, el juzgador está obligado a atender los argumentos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste al impetrante, pues así lo refleja el artículo 76 de la Ley de Amparo. A título ilustrativo se invoca la tesis de clave I.11o.C.14 K, consultable en la página 1710, tomo XVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de agosto de dos mil trece, intitulada: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU ANÁLISIS PUEDE HACERSE DE MANERA CONJUNTA, SIEMPRE QUE EL JUZGADOR SE OCUPE DE TODOS LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, el análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso puede hacerse de manera conjunta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada; en donde resulta que no interesa la forma en que se emprenda el examen de tales argumentos, esto es, de manera individual, conjunta, o por grupos, o bien, en el propio orden de su exposición o en uno diverso, sino el hecho de que el juzgador se ocupe de todos esos argumentos, es decir, que no deje alguno sin estudiar, independientemente de la forma que utilice; por lo que ningún perjuicio irroga al quejoso la circunstancia de que el Juez Federal no haya hecho un estudio concreto de cada uno de los conceptos de violación contenidos en la demanda de garantías, si del estudio conjunto se advierte que sí se observó el punto cuestionado." Son inoperantes los argumentos identificados con el numeral 1, por ser en parte novedosos, en la medida que las alegaciones que vierte el quejoso no formaron parte de las consideraciones que estimó la Sala responsable para resolver el recurso de apelación, toda vez que no fueron aducidas en los agravios que formuló y que motivó la resolución aquí combatida. En efecto, como antes ya se vio, la responsable calificó en parte de inoperantes y en otra de intrascendentes, sus agravios en los que hizo valer violación a su derecho de defensa, por tratarse de simples manifestaciones unilaterales carentes de sustento legal, ya que no había medio de convicción que los justificara, puesto que todas sus pruebas se desahogaron, y en cuanto a la prueba documental tecnológica, si bien fue declarada desierta, ello no trascendió al resultado del fallo, ya que la juez natural la valoró de oficio en su determinación recurrida. Además de que, en cuanto a lo plasmado en el párrafo precedente por la responsable, igualmente es inoperante el alegato del quejoso, porque no combate de manera alguna dicha consideración. De ahí, que si el quejoso no controvirtió tales motivos, para declarar la inoperancia e intrascendencia de la violación a su derecho de defensa, éstos deben permanecer incólumes. Pues si lejos de controvertir eficazmente tales consideraciones, emite por una parte argumentos novedosos orientados a que en el desahogo de las pruebas testimonial y de confesión, quien debió formular las preguntas y nuevas posiciones, según el caso, era un profesional del derecho, esto es, su asesor jurídico, por desconocer el proceso. Y, por otra parte, manifiesta que en todo caso la juez de primera instancia debió nombrarle oficiosamente un asesor. Todo lo cual no hizo valer en sus agravios en la apelación. Omitiendo, desde luego, externar por qué lo incorrecto de la responsable de declararlos como inoperantes e intrascendentes. Entonces, este órgano de control constitucional no se encuentra en aptitud de emprender su estudio, en tanto que esas cuestiones que ahora hace valer no formaron parte de la litis del recurso de apelación de mérito, de lo contrario, implicaría sustituirse en el conocimiento de aspectos que son inherentes a la esfera jurídica de tal autoridad; puesto que, se reitera, del escrito por el cual esgrimió los agravios, no se advierte que lo anterior lo haya argumentado en esa forma, y en contrario, no los enfocó a controvertir lo que sí plasmó la responsable. Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2o.C. J/218, del Segundo Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Sexto Circuito, visible en la página 1238, del Tomo XV, Enero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 187909, la cual establece: "SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA APELACIÓN. El principio de congruencia en una sentencia de primer grado consiste en que debe dictarse en concordancia con lo reclamado en la demanda y la contestación, y en la de segunda instancia, en atender exclusivamente los agravios expresados por el apelante, o los apelantes, en caso de adherirse al mismo la parte que obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo todo lo que pidió, porque de lo contrario se desnaturalizaría la esencia del recurso. Por ende, existe incongruencia en una resolución cuando se introducen en ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación no reclamada, una condena no solicitada), o bien, cuando el tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no planteadas en la demanda, o en la contestación de ella, o que no fueron materia de la apelación porque el que obtuvo no apeló adhesivamente para que dicho tribunal de alzada estuviere en aptitud de estudiar las cuestiones omitidas por el inferior." Resulta aplicable, la Jurisprudencia 1a./J. 12/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, del Tomo XXVII, Abril de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 169923, la cual establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESTA CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO ADUCIDAS EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE DEJÓ SIN DEFENSA AL APELANTE. En atención a los principios dispositivo, de igualdad de las partes y de congruencia que rigen en el proceso civil, y en virtud de que el objetivo del recurso de apelación es que el tribunal de segunda instancia examine la sentencia recurrida en función de los agravios propuestos por el apelante, resulta inconcuso que aquél no debe modificar o ampliar los agravios en beneficio de éste; de ahí que si en ellos no se invoca una violación cometida por el a quo, se estimará consentida y quedará convalidada, con la consecuente pérdida del derecho a impugnarla posteriormente, a causa de la preclusión, por lo cual la parte quejosa en el juicio de amparo directo no debe impugnar una irregularidad consentida tácitamente con anterioridad. Sin que obste a lo anterior que con el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo se haya ampliado la figura de la suplencia de la queja deficiente al especificar las hipótesis en que opera, pues el juicio de garantías sigue rigiéndose por el principio de estricto derecho contenido en el artículo 2o. de dicha Ley, y no es un instrumento de revisión de las sentencias de primera instancia impugnables mediante algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, en acatamiento del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Por tanto la falta de expresión de agravios imputable al apelante no actualiza el supuesto de la fracción VI del indicado artículo 76 Bis, que permite a los tribunales federales suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, inclusive en la materia civil, excepto cuando se advierta que contra el quejoso o el particular recurrente ha habido una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. En este orden de ideas, se concluye que deben declararse inoperantes los conceptos de violación cuando se refieren a cuestiones no aducidas en los agravios del recurso de apelación si contra el recurrente no existió una violación manifiesta de la ley que lo hubiere dejado sin defensa, sino que voluntariamente o por negligencia no expresó los agravios relativos, cuya circunstancia no es atribuible a la autoridad responsable que pronunció la sentencia de segunda instancia reclamada; de manera que es improcedente examinar los conceptos de violación o conceder el amparo por estimarse que la sentencia que resolvió la apelación es violatoria de garantías sobre una cuestión que de oficio no podía analizar la autoridad responsable, ante la ausencia de agravios." Ahora bien, los restantes conceptos de violación son infundados. En dichos disensos el quejoso señala que los razonamientos expuestos por la Sala responsable que la llevaron a confirmar en sus términos la valoración efectuada por la juez de primer grado, en cuanto a las pruebas testimoniales a cargo de ******************** y ********************, y la de confesión de ******************** ********************, es violatoria del debido proceso. Para abordar lo anterior se realiza el pronunciamiento correspondiente, primeramente en cuanto a la prueba de testigos. En este aspecto la parte quejosa externó: - No debió declararse como inverosímil y falso lo declarado por sus testigos, bajo el argumento de que desde el año dos mil diecisiete, ya no siguió dejando la pensión en el domicilio ni pudo entregárselo a la madre del menor (******************** ********************), cuando existe un recibo de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciocho, reconocido por la madre del menor en la prueba tecnológica y en su confesión en el incidente, donde confesó que recibió en su domicilio la pensión alimenticia del mes de diciembre del dos mil dieciocho, incluso reconoció que suscribió el recibo correspondiente. - Por lo que lo manifestado por los testigos concatenado a las demás pruebas que ofreció en el incidente, demostraron que dejó de llevar el dinero de la pensión alimenticia de su hijo al domicilio de la madre con motivo del embargo a su salario, lo cual fue ordenado en diciembre de dos mil dieciocho, que coincide con la fecha del último recibo que firmó y recibió personalmente. - Todo lo cual inadvirtió la Sala responsable, y en contrario plasmó conjeturas sin fundamento de hechos que no le constan, demeritando la testimonial cuando señalaron que entregaban la cantidad de pensión alimenticia no precisamente en la convivencia en el centro de convivencia familiar del Estado, que llevaban la pensión al domicilio, y si dejaron de hacerlo es porque ya se había embargado su salario, desconociendo además, el recibo del mes de diciembre del dos mil dieciocho, reconocido plenamente por la madre del menor en concepto de pensión alimenticia. Al respecto, no se advierte una indebida valoración por parte de la Sala responsable, ya que como bien señaló en su determinación analizada, los datos que obran en los autos y que justipreció la juez natural, permiten concluir su falta de veracidad y en consecuencia, de su alcance probatorio. En efecto, los hechos declarados por los testigos no resultó coincidente con los que obran en los autos de origen ********************, puesto que aun cuando ambos testificantes ******************** y ********************, fueron contestes en afirmar que la primera (********************) entregaba la pensión alimenticia a ******************** en el domicilio de ésta durante el periodo de dos mil trece a dos mil diecinueve. La propia ateste en su prueba declaró que ello acontecía cuando iba por el menor para efectos de convivencia con ella y su padre (hijo). Empero, en los autos obra un escrito presentado el cuatro de octubre del año dos mil doce por parte de ******************** y el aquí quejoso con el que modificaron una de las bases de su convenio de divorcio, esto, para que la propia Gladys Noemi ********************, fuera la encargada de pasar a buscar al menor de edad al predio de la madre custodia, lo cual fue acordado de conformidad el veinte de febrero de dos mil trece. Asimismo, en fecha veintidós de mayo de dos mil diecisiete, de nueva cuenta se modificó dicha base, ante las manifestaciones de la madre del menor de que el obligado alimentista desde el dos mil once no cumplía con depositar dicha pensión, por lo que propuso que ahora las visitas con el padre se llevaran a cabo en la modalidad de entrega-recepción en el CADY, y que la ateste Gladys Noemi ********************, sería la encargada para la entrega-recepción del menor. También se contó con la información rendida por la Coordinadora del Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán, datado el treinta y uno de marzo del dos mil dieciocho, respecto a que en el periodo del veintisiete de mayo dos mil diecisiete al veinticuatro de febrero de dos mil dieciocho, las partes no asistieron a las convivencias. Y que cuando el menor asistía a dicho centro para que se efectuara la convivencia con su progenitor no custodio (quejoso), la persona que lo llevaba era la propia ********************. Así, como también plasmó la responsable, que aun cuando las declaraciones de los atestes ******************** y ********************, coincidieron en el modo, tiempo y lugar de sus dichos, no acreditaron que hasta el año de dos mil diecinueve, la ateste entregara la pensión alimenticia con sus incrementos en el domicilio de ********************. Pues como se vio, y bien lo confirmó la responsable, durante el plazo que declaró el aquí quejoso entregaba por conducto de la testigo ******************** la pensión alimenticia para su menor hijo, esto es, del dos mil trece a dos mil diecinueve, no resultó verosímil, por cuanto en el año dos mil diecisiete, aquélla ya no acudía al domicilio de la progenitora por el menor, sino que se estableció sería en la modalidad de entrega-recepción en el CADY. De ahí que lo antes declarado no tuviere el alcance probatorio para el que fue ofertado, derivado de su falta de veracidad, no acreditando en consecuencia que el quejoso cumplió con el pago de la pensión alimenticia y sus actualizaciones. Finalmente, en cuanto a la prueba de confesión de ******************** ********************, estuvo en lo correcto la Sala responsable en confirmar la valoración que se le otorgó en la determinación de que conoció vía apelación, esto es, que carecía de alcance probatorio para acreditar que el quejoso no adeudaba cantidad alguna en concepto de pensión alimenticia y sus aumentos. En efecto, de lo declarado por la confesante tanto en su prueba respectiva desahogada en la incidencia de origen como de la prueba tecnológica que ofreció consistente en la grabación del audio y video contenida en un disco digital de la audiencia celebrada el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, en el expediente ******************** del índice del Juzgado Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, relativo al juicio ordinario oral familiar promovido en su contra por ********************. Solamente quedó acreditado que la declarante reconoció haber firmado dieciocho recibos de pago cuando entregaba al menor en su domicilio, por la suma total de $27,000.00 (veintisiete mil pesos, sin centavos, moneda nacional), así como que sí se desistió del embargo del predio número ********************, de la calle ********************, del fraccionamiento ******************** de esta ciudad, lo que obedeció a que temía por su seguridad a consecuencia del acosamiento por parte de aquél, e incluso en la junta de avenio de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, la declarante manifestó que el deudor desde el año dos mil once no había cumplido con depositar la pensión alimenticia de su hijo. De ahí que, como bien lo estimó la responsable, no tuvo el alcance de probar que el deudor alimentista cubrió el pago de las pensiones adeudadas. En este contexto, la Ad quem concluyó debidamente que la juez de primer grado realizó una correcta valoración de los medios de prueba ofertados por el quejoso, sin que tuvieran el alcance probatorio pretendido por el incidentista quejoso para acreditar que estaba al corriente en el pago de la pensión alimenticia y sus actualizaciones a favor de su hijo menor de edad, y por ello, no existió violación alguna a su derecho humano de seguridad jurídica y de legalidad. En esas condiciones, al resultar en parte inoperantes e infundados por otra, los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por el quejoso ********************. Por último, no causa agravio a la parte tercero interesada el que el suscrito no se ocupe de sus alegatos vertidos en el presente juicio constitucional por memorial presentado el veintisiete de enero del año en curso, ya que los mismos no forman parte de la litis del juicio de amparo, que se integra con la demanda de amparo y el informe con justificación de la autoridad responsable. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia por contradicción de tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, de la gaceta número 80, materia común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." SEXTA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVA. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ******************** en contra del acto reclamado a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en la consideración quinta de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración sexta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la séptima consideración de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el alegato ministerial de cuenta de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; reservándose para ser tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otra parte, en relación a su solicitud de copias certificadas, estése a lo acordado en el auto de radicación dictado en este juicio de amparo el veintitrés de enero del año en curso. Notifíquese y cúmplase.
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