Giovanni Gabriel Gamboa Manzanero
Expediente 415/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 415/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Giovanni Gabriel Gamboa Manzanero
- Ileana Pamela Ruíz Solís
Actuaciones
- Principal
MESA VIII.- Mérida, Yucatán, nueve de junio de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO: Vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo dictado el ocho de abril de dos mil veintiuno dictado por este Juzgado, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, no interpuso el recurso de revisión; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, al ser un juicio de amparo que se sobreseyó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de garantías. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACION EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACION DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCION". Notifíquese.
- Principal
MESA VIII.- Mérida, Yucatán, ocho de abril de dos mil veintiuno. Para los efectos legales correspondientes, agréguese a estos autos el oficio signado por la autoridad responsable, Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, anexando copia certificada de diversas constancias. Ahora bien, vista las constancias que anexó a su informe justificado la citada autoridad responsable, y el estado procesal que guardan los presentes autos, SE ACUERDA: toda vez que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa a la autoridad responsable por esta vía extraordinaria de defensa, lo hace consistir en la falta de respuesta dada a su solicitud hecha el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, respecto a la excepción de reconvención interpuesta; y del informe rendido por la responsable se advierte que el doce de marzo del año en curso, acordó respecto a sus solicitudes, lo que le fue notificado personalmente el dieciocho de marzo siguiente, como se advierte de las constancias remitidas; por lo que resulta inconcuso que en la especie han cesado los efectos del acto que por esta vía jurisdiccional se impugna, a la autoridad responsable, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de amparo. Se afirma lo anterior, porque la responsable el doce de marzo del año en curso, acordó respecto a las solicitudes hechas el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, lo que le fue notificado personalmente el dieciocho de marzo siguiente (posterior al diez de marzo del año en curso, fecha en la presentación de esta demanda de amparo); de tal modo que ya ha sido restituida en el goce de sus derechos fundamentales violados, puesto que la abstención imputada a la responsable, dejó de existir, restableciéndose la situación que se tenía antes de los actos que dieron origen a la promoción del juicio constitucional, pues con ello se satisfizo el derecho tutelado por la norma constitucional que consideró como violada. Cabe agregar que el no sobreseer en este procedimiento de amparo, implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes de la creación del acto reclamado, pues resultaría contrario a la naturaleza del mismo que fuese seguido sin ninguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de la Nación, publicado en la página 86, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Sala, Volumen LXVIII, Tercera parte, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que establezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia siguiente: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Contradicción de tesis 26/2002-PL. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 7 de febrero de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 10/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del catorce de febrero de dos mil tres. En consecuencia con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61 fracción XXI ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; sin necesidad de esperar la audiencia constitucional que fue fijada para el día nueve de abril del año en curso, a las doce horas con veinte minutos. Notifíquese personalmente.
- Principal
CITATORIO.- MESA VIII.- Mérida, Yucatán, ocho de abril de dos mil veintiuno. Para los efectos legales correspondientes, agréguese a estos autos el oficio signado por la autoridad responsable, Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, anexando copia certificada de diversas constancias. Ahora bien, vista las constancias que anexó a su informe justificado la citada autoridad responsable, y el estado procesal que guardan los presentes autos, SE ACUERDA: toda vez que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa a la autoridad responsable por esta vía extraordinaria de defensa, lo hace consistir en la falta de respuesta dada a su solicitud hecha el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, respecto a la excepción de reconvención interpuesta; y del informe rendido por la responsable se advierte que el doce de marzo del año en curso, acordó respecto a sus solicitudes, lo que le fue notificado personalmente el dieciocho de marzo siguiente, como se advierte de las constancias remitidas; por lo que resulta inconcuso que en la especie han cesado los efectos del acto que por esta vía jurisdiccional se impugna, a la autoridad responsable, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de amparo. Se afirma lo anterior, porque la responsable el doce de marzo del año en curso, acordó respecto a las solicitudes hechas el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, lo que le fue notificado personalmente el dieciocho de marzo siguiente (posterior al diez de marzo del año en curso, fecha en la presentación de esta demanda de amparo); de tal modo que ya ha sido restituida en el goce de sus derechos fundamentales violados, puesto que la abstención imputada a la responsable, dejó de existir, restableciéndose la situación que se tenía antes de los actos que dieron origen a la promoción del juicio constitucional, pues con ello se satisfizo el derecho tutelado por la norma constitucional que consideró como violada. Cabe agregar que el no sobreseer en este procedimiento de amparo, implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes de la creación del acto reclamado, pues resultaría contrario a la naturaleza del mismo que fuese seguido sin ninguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de la Nación, publicado en la página 86, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Sala, Volumen LXVIII, Tercera parte, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que establezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia siguiente: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Contradicción de tesis 26/2002-PL. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 7 de febrero de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 10/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del catorce de febrero de dos mil tres. En consecuencia con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61 fracción XXI ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; sin necesidad de esperar la audiencia constitucional que fue fijada para el día nueve de abril del año en curso, a las doce horas con veinte minutos. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA V.- Vista la certificación que antecede, en la que se asentó que mediante proveído diecinueve de febrero del año en curso, se dio vista a las partes, con el cumplimiento dado a la sentencia ejecutoria en este juicio y se apercibió a las partes que en caso de que no hicieran manifestación alguna en el término de tres días, este Tribunal acordaría lo que en derecho procediera; por tanto, conforme al artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo vigente, se procede a resolver si dicha sentencia se encuentra cumplida o no. En ese tenor debe decirse que en el presente asunto se AMPARÓ Y PROTEGIÓ a Hugo Enrique Castillo Gil, para el efecto de que la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, Turno Vespertino, de oficio realice todas las diligencias necesarias, en el Juicio Ordinario Oral Familiar de días y horas de visitas 297/2016, a fin de que esté debidamente integrado, y en el término de veinte días hábiles, reanude la audiencia principal y dicte la sentencia correspondiente. En cumplimiento a la sentencia dictada en autos, la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, Turno Vespertino, mediante oficio 337/2021 de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, informó que el once de febrero de dos mil veintiuno, dictó sentencia definitiva en el Juicio Ordinario Oral Familiar de días y horas de visitas 297/2016, sentencia que fue notificada de manera personal al hoy quejoso, el día siguiente. Por tanto, es evidente que con ello se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo y protección de la justicia federal y se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, por lo que debe concluirse que resulta procedente declarar que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente. Notifíquese personalmente.
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