Giovanni Francisco Araujo Sánchez

Expediente 240/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
240/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
15/03/2022

Partes del expediente

  • Giovanni Francisco Araujo Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación dictada el veintitrés de febrero del año en curso, dentro del término de cinco días que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, la resolución por la que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ***; para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 25/03/2020 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que es destruible. Por tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda signado por ***, contra actos de la Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 240/2022-III, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DETERMINACIÓN JUDICIAL Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare una causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el término "manifiesto" debe entenderse como lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. El criterio que informa, se contiene en la jurisprudencia P./J. 128/2001, con registro número 188643, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Octubre de 2001, página 803, que dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." De la lectura de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso reclama el acuerdo de once de febrero de dos mil veintidós, dictado en los autos del expediente 1000/2021, mediante el cual el Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, declinó su competencia por razón de territorio para conocer del asunto y lo remitió al Juez Familiar competente en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico. En ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no le causa una afectación personal y directa al quejoso. Los artículos 5, fracción I, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". Del análisis sistemático de los artículos transcritos, en la parte que interesa, se advierte que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, que no afecten de manera personal y directa un derecho subjetivo de la parte quejosa. Esa afectación que genera la procedencia del juicio de amparo, se refiere a lo que se conoce como interés jurídico que implica la existencia de un derecho subjetivo a favor del quejoso y que sea vulnerado de manera personal y directa por un acto de autoridad, elementos constitutivos como requisitos para promover el juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), con registro número 2019456, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima, Época, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Por otra parte, el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y [.]" El artículo transcrito establece que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia en la que interpretó dicho precepto legal, estableciendo que el hecho de que el legislador introdujera expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, esa disposición no podía atenderse a su literalidad y estimar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo es procedente, cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad. Por lo tanto, la superioridad consideró que de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe concluirse que los actos susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto con apoyó en ese precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. El criterio que informa, se contiene en la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), con registro número 2009721, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." En ese orden de ideas, como se dijo, el acuerdo reclamado no causa afectación a un derecho subjetivo del quejoso, pues según lo manifestado bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, en dicho proveído el juez responsable declinó su competencia por razón de territorio para conocer del asunto y lo remitió al Juzgado Familiar competente en el Estado de Tamaulipas con sede en Tampico, sin que por el momento exista un pronunciamiento por parte de este último en cuanto a si aceptó o no la competencia, tanto es así que el propio impetrante refiere expresamente que el acto reclamado lo constituye el acuerdo en el que se declina la competencia. Esa circunstancia, permite corroborar que la decisión relativa a la declinatoria de competencia no ha adquirido definitividad, en virtud de que se encuentra en suspenso la decisión del juez familiar con sede en Tampico, que puede ser en el sentido de aceptarla o rechazarla. Por lo tanto, la declinatoria de competencia contenida en el acuerdo reclamado, por el momento, no afecta de manera personal y directa un derecho subjetivo de la parte quejosa, precisamente, porque no se han consumado en su totalidad sus efectos jurídicos, tal como se establece en la jurisprudencia previamente transcrita. No es óbice a lo anterior, que el acto reclamado derive de un juicio familiar en el que se está controvirtiendo la custodia y la convivencia de una menor, lo cual lleva implícito el interés superior del menor, pues esa circunstancia es insuficiente para estimar procedente el juicio de amparo en contra de un acto que no afecta de manera personal y directa de un derecho subjetivo de la parte quejosa, más aún si se considera que la procedencia del juicio de amparo es de orden público y de estudio preferente, incluso, frente a temas relacionados con el interés superior del menor. Igualmente, se estima que tampoco representa un obstáculo para arribar a la conclusión anterior, el hecho de que en este proveído se realice un estudio sobre la afectación a un derecho subjetivo de la parte quejosa, pues si bien existen criterios que por regla general el interés jurídico no puede ser motivo suficiente para desechar la demanda, lo cierto es que existen casos de excepción, como sucede en la especie, en los que es posible desechar la demanda de amparo, más aún cuando existe jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que resuelve el tema planteado en la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), con registro número 2014433, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1078, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." En consecuencia, lo que procede es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se señala en el escrito de demanda y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas autorizadas para tal efecto, y en términos restringidos a ***, toda vez que no cuentan con el registro de su cédula profesional en el Sistema Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo del año en curso, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente.

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