Giovanni Flores Terrones

Expediente 317/2020 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
317/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
04/07/2022

Partes del expediente

  • Giovanni Flores Terrones

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la constancia secretarial que antecede, de la cual se advierte que el quejoso no impugnó la sentencia dictada en el presente juicio de amparo en la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, se declara que ha causado ejecutoria. De igual forma no es necesario notificar a las autoridades responsables el presente proveído para remitir el presente expediente al archivo, con motivo de que se sobreseyó en el juicio de amparo y únicamente a la parte quejosa es a quien le pudo causar afectación el sentido del proveído en cuestión; y por consecuencia, el único legitimado para recurrirlo, no así las autoridades responsables, conforme lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo. Desprendiéndose de autos que este juicio de amparo en el que se sobreseyó, se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el mismo, ...

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tijuana, Baja California, a las nueve horas con treinta y seis minutos del siete de octubre de dos mil veinte, hora y fecha señalados para la práctica de la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 317/2020-VI, promovido por ********************en favor de********************, contra actos del agente del Ministerio Público del Orden Común titular de la Unidad Estatal de Atención al Delito de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Baja California y otras autoridades; Alfonso Javier Flores Padilla, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido de Laura Daniela López Jacal, secretaria de juzgado con quien actúa y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Juez la declara abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran: a) Escrito inicial de demanda; b) Auto de prevención en el que se requirió al quejoso para que ratificará la demanda promovida a su favor y se concedió la suspensión de plano; c) Ratificación de la demanda de amparo, mediante comparecencia de veintiuno de mayo del año en curso; d) Auto admisorio de veintidós de mayo de dos mil veinte, en el que entre otras cuestiones, se requirió el informe justificado; y, e) Informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Asimismo, da cuenta con el estado de autos, de lo que se advierte que mediante proveídos de veintiséis de junio y veinticuatro de agosto, ambos de la presente anualidad, se requirió a las autoridades responsables titular de la Comandancia Zona Tijuana Agencia Estatal de Investigación y al agente del Ministerio Público del orden común titular de la Unidad Estatal de Atención al Delito de Narcomenudeo, ambos de la Fiscalía General del Estado de Baja California, para que remitieran las constancias relativas al acto reclamado; sin embargo, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se regulariza el procedimiento, toda vez que las responsable rindieron sus respectivos informes justificados, por lo que las constancias requeridas resultan innecesarias. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que hace la Secretaria, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo de pruebas, la Secretaria hace constar que las partes no ofrecieron medio probatorio alguno. El Juez acuerda: Téngase por precluido tal derecho; se cierra el periodo correspondiente. En el período de alegatos, la Secretaria hace constar que no se formularon alegatos. El Juez acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes; por lo que se cierra el presente periodo. Al no existir diligencias pendientes de desahogo, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponde. VISTOS los autos, el expediente número 317/2020-VI, a fin de resolver en sentencia lo relativo al juicio de amparo promovido por ********************en favor de********************, contra actos del agente del Ministerio Público del orden común titular de la Unidad Estatal de Atención al Delito de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Baja California y otras autoridades; RESULTANDO PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito que se presentó el veintiuno de mayo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales, con residencia en esta ciudad, ********************en favor de********************, promovió la demanda de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos que a continuación se enuncian: AUTORIDADES RESPONSABLES: ".1. EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ESPECIALIZADO EN NARCOMENUDEO, DEL FRACCIONAMIENTO ALAMAR . 2. EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CON DETENIDO, CON DOMICILIO EN EL FRACCIONAMIENTO ALAMAR . 1. COMANDANTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO."(SIC) ACTO RECLAMADO: ". INCOMUNICACIÓN Y MALOS TRATOS EN QUE SE MANTIENE A MI REPRESENTADO." SEGUNDO. Derechos fundamentales cuya violación se reclama. La parte quejosa estimó vulnerados los derechos fundamentales establecidos en los artículos 14, 16, 17, 18 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, narró en la demanda que dio origen al presente juicio, los antecedentes de los actos que reclama y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes. TERCERO. Prevención y admisión de la demanda de amparo. Por auto de veintiuno de mayo de dos mil veinte, se previno al quejoso, para que manifestara si ratificaba el escrito de demanda que se promovió a su favor; mediante comparecencia de esa data, se ratificó la demanda y por auto de veintidós de mayo del año en curso, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo; solicitó a las autoridades responsables los respectivos informes justificados; dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; y, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual dio inicio en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; y; CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución; 1, 2, 37, 107, y demás relativos de la Ley de Amparo, así como 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdos Generales 3/2013 y 38/2013 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tal efecto es menester efectuar un análisis conjunto de la demanda, por ser un todo considerado, en términos de la tesis P.VI/2004, con registro 181810, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIX, abril de 2004, materia común, novena época, página 255; cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis de la demanda de amparo y de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables (en su denominación correcta y actual) y actos reclamados los siguientes: Titular de la Comandancia Zona Tijuana Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California. Agente del Ministerio Público del Orden Común titular de la Unidad Estatal de Atención al Delito de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Baja California. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación con detenido adscrito a la Fiscalía Regional Tijuana de la Fiscalía General del Estado de Baja California. A quienes les reclama: La incomunicación y malos tratos. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables titular de la Comandancia Zona Tijuana Agencia Estatal de Investigación, agente del Ministerio Público del Orden Común titular de la Unidad Estatal de Atención al Delito de Narcomenudeo y agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación con Detenido adscrito a la Fiscalía Regional Tijuana, todos de la Fiscalía General del Estado de Baja California, consistente en la incomunicación y malos tratos contra el quejoso; toda vez que, así lo manifestaron al rendir los informes justificados; sin que en el caso, el peticionario de amparo haya aportado medios de pruebas, tendentes a desvirtuar la negativa de las autoridades. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número VI. 2º. J/308, publicada en la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo ochenta, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, página setenta y siete, cuyo tenor literal es el siguiente: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL, CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, ésta obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". En las relatadas condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados que se imputó a las autoridades responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. Tiene apoyo en la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 284, en la página 236, tomo VI, común, del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". También es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 167, en la página 180, tomo III, administrativa, sección jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS. No afecta jurídicamente al informe en que las autoridades responsables se limitan a exponer que no son ciertos los actos que de cada una de ellas se reclaman, que en él no se haga mención del nombre y domicilio del tercero perjudicado ni se manifieste si se han realizado actos similares o distintos de los reclamados que afecten o puedan afectar los derechos agrarios de los quejosos, ni, en su caso, los fundamentos legales de aquéllos; sin que, asimismo, se informe sobre los actos en virtud de los cuales los quejosos adquirieron los derechos agrarios que aducen, ni se remitan las constancias necesarias para precisar tales derechos. Dichas omisiones no bastan para invalidar la negativa de los actos reclamados por parte de las autoridades responsables, al no encontrarse desvirtuada por prueba alguna en contrario, ni existir disposición legal que determine que las repetidas omisiones acarreen como consecuencia la presunción de ser ciertos los actos reclamados, procediendo el sobreseimiento del juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Esta resolución se firma de manera electrónica por el suscrito juzgador y el secretario que da fe, al tener el mismo valor de firma autógrafa y se instruye al personal correspondiente para que, en su oportunidad, se incluya la evidencia criptográfica de la firma para la actualización de los expedientes físicos, en términos de los artículos 3, fracciones I, V y VII, 22 35 Y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencias de los ´órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 63, fracción V, 73, 74, 75, 77, fracción II y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: Único. Se sobresee el juicio de amparo promovido por ...en favor de..., en relación con los actos y autoridades precisados en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos y fundamentos expresados en el considerando último de este fallo. Notifíquese.

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