Giovanni Ernesto Silva Olascoaga

Expediente 31/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
31/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
22/01/2021

Partes del expediente

  • Giovanni Ernesto Silva Olascoaga

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta con evidencia criptográfica de firma de la Actuaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, que contiene el acuerdo de veinte de enero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 7/2021-III-A, de su índice, por el que informa que dicho órgano aceptó la competencia del juicio en que se actúa mediante auto de veinte de enero de dos mil veintiuno. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y archívese el presente asunto como asunto concluido. En ese sentido, se advierte que el presente cuaderno de antecedentes, encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso j), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir del presente proveído, toda vez que NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios firmados por el Subdirector Jurídico del Reclusorio Preventivo Varonil Norte por ausencia del Director, Presidente y Representante del Comité Técnico, así como por la Subdirectora de Apoyo Técnico del Reclusorio antes mencionado, por medio de los cuales informan el cumplimiento dado a la suspensión de plano en el presente asunto. Atento a lo anterior, atendiendo a los párrafos que anteceden, remítanse los oficios de cuenta al Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 7/2021-III-A, de su índice, toda vez que es el juzgado federal que se avocó al conocimiento del asunto, a efecto de que provea lo que en derecho corresponda, previa copia simple que se deje en autos, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea necesario el acuse respectivo de la documental que se remite, ya que la constancia de recepción hace las veces de acuse y en ella se asentará el anexo remitido. Cabe precisar que, conforme a la Circular SECNO/29/2020, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentran suspendidos los plazos y términos de los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, por lo que aquéllos comenzarán a transcurrir, una vez que se normalicen las actividades.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veinte de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se conoce que el cuatro de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad Covid-19 en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México", por el periodo del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en los órganos jurisdiccionales en el Primer Circuito, regresando al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo que implica que se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Posteriormente, en sesión de ocho de enero del año en curso, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", en el cual se adoptó tomar medidas especiales del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, en el sentido de que se continúa con el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, citado líneas arriba. Asimismo, en sesión de dieciséis de enero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", en el cual se adoptó tomar medidas especiales del diecinueve al veinticinco de enero de veintiuno, en los órganos jurisdiccionales en el Primer Circuito, regresando al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo que implica que se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. En ese sentido, se recibirán y tramitarán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Para los casos restantes, se suspenden los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia. Debe precisarse que en términos de la circular SECNO/7/2020, de seis de mayo de dos mil veinte, al abordar el tópico relativo a juicios en línea en la interrogante 8, se preció en síntesis que un expediente tramitado "en línea" es aquel en el que las partes tienen personas autorizadas para consultar, notificarse y actuar electrónicamente desde el Portal; por lo que la tramitación y resolución de casos a que alude el capítulo III del AG 8/2020 ("juicio en línea"), se refiere a aquellos juicios donde sea factible su desarrollo total por medios electrónicos, sin que sea posible la presentación de promociones físicas o la práctica de notificaciones personales o por oficio, pues de lo contrario se suspenderá la tramitación del asunto. De igual modo, al responder el cuestionamiento aludido en dicha circular, se precisó que el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de ordenarse que la notificación a las autoridades responsables se realice por cualquier medio oficial (como podría ser el correo electrónico), lo cual podría hacerse en caso de que aquellas continúen laborando y no cuenten con firma electrónica y, que el artículo 30 del mismo ordenamiento indica las reglas para las notificaciones por vía electrónica, o las partes podrían solicitar la notificación por la lista, aún de las notificaciones personales. Precisado lo anterior, téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Giovanni Ernesto Silva Olascoaga, por propio derecho; fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número de expediente 31/2021 y dese de alta en el sistema correspondiente. Del análisis integral de la demanda, se advierte que este órgano de control constitucional carece de competencia legal, por razón de materia, para conocer del presente asunto. Es menester mencionar que la cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, tal circunstancia debe ser analizada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen el juicio de amparo, se procede al análisis correspondiente. Es aplicable al caso la Contradicción de tesis 25/2007-PL, que originó la Jurisprudencia P./J. 21/20093, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, constitucionales, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que aquella competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los citados órganos jurisdiccionales al resolver un juicio de amparo sin tener competencia por razón de materia, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, de la del legislador que la desarrolla, lo que ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve un juicio específico sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas. De igual forma, se destaca que, en materia jurisdiccional, la competencia es la facultad que tiene un Juez para conocer de ciertos negocios y esa facultad debe serle atribuida por la Ley o puede derivarse de la voluntad de las partes. En el caso del amparo, las reglas de competencia se sitúan en tres ámbitos a saber: a) La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo indirecto o directo). En el amparo indirecto, conforme a lo que establece el artículo 107, el órgano competente es un Juzgado de Distrito. b) La materia (civil, penal, laboral y administrativa). En el amparo indirecto, la materia para conocer de un amparo está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en sus artículos 51 a 55. c) El territorio, el cual está regulado por el artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación. En ese orden de ideas, esta Juzgadora de Control Constitucional estima carecer de competencia legal, debido a la materia, para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, al establecer en la parte conducente que: Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Resulta aplicable, la jurisprudencia 1824, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA "ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda. En apoyo de lo anterior, conviene tener presente el contenido del artículo 51, fracción I en relación con la diversa III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el que se lee: Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [.] III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo. Como se aprecia del numeral trascrito, la competencia para conocer de un juicio de amparo se surte a favor de un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, entre otros supuestos, cuando el acto impugnado sea de esa materia. De una lectura a la demanda, se observa que los actos reclamados consisten en la omisión de las autoridades señaladas como responsables de proporcionarle atención médica al quejoso con motivo de la peritonitis intestinal por salmonelosis que sufrió, así como la reubicación de su dormitorio con la demás población penitenciaria, siendo que dados los padecimientos que sufre, el cambio en comento pondría en riesgo su integridad física e inclusive su vida, lo cual, pone de manifiesto que el presente asunto se encuentra inmerso en la materia penal. Es aplicable al caso concreto, la Jurisprudencia XXIV.2o. J/1 (10a.)5, emitida por Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, rubro y texto al tenor siguiente: FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AÚN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO. Conforme lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. CLXVI/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 824, de título y subtítulo: "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL.", la prisión preventiva también forma parte de la pena, y todos los eventos sucedidos durante el cumplimiento de las sentencias, así como las decisiones que sobre su ejecución adopte la administración penitenciaria, deben ser del conocimiento de las autoridades jurisdiccionales en materia penal, incluidas las que ejercen el control de constitucionalidad de los actos de autoridad. En congruencia con dicho criterio, cuando en un juicio de amparo indirecto se reclamen actos que incidan en la falta de atención médica adecuada de un interno en un centro de reclusión, la competencia para conocer de aquél se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia Penal, de conformidad con los artículos 35 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, aun cuando dicho acto reclamado provenga de una autoridad formalmente administrativa (penitenciaria), y con independencia de que el interno tenga la calidad de procesado o sentenciado. Además, también es aplicable por identidad de razón la tesis I.14o.C.8 K6, del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dispone: JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. La competencia para conocer de una demanda de garantías por razón de la materia deriva de la naturaleza del acto reclamado, pero no de la autoridad que sea señalada como responsable; por ello, si la parte quejosa señaló en la demanda de amparo como responsables a autoridades de distinta materia, como lo son el Juez de lo Civil y el tribunal administrativo, y si a la primera le atribuyó actos de naturaleza civil como lo es todo lo actuado en el juicio de restitución de parcela, el cual ha concluido con sentencia y está en la etapa de ejecución, y por otra parte, a la segunda de ellas que tiene naturaleza administrativa le atribuyó como acto reclamado el auto por cuya virtud declaró carecer de competencia legal para conocer del procedimiento de restitución de parcela, y si de las constancias de autos se pone de manifiesto que la autoridad del orden civil aceptó y sustanció el procedimiento respecto del cual la autoridad administrativa adujo no tener competencia para ello, es evidente que lo actuado por la autoridad administrativa se subsumió en la aceptación de competencia de la autoridad del orden civil, por lo que deberá estarse, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo, a que la naturaleza del acto y su ejecución corresponden a un Juez de Distrito en esta materia, puesto que al aceptarse la competencia del procedimiento administrativo declinado por esta autoridad, los actos de ella quedaron inmersos en el actuar de la autoridad del orden civil. Asimismo, como ya se dijo, para determinar la competencia, sobre los actos que se reclaman en el presente juicio de amparo por el quejoso, también se atiende a que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio que en tratándose de conflictos competenciales por razón de materia, es decir, aquéllos que se susciten entre distintos órganos jurisdiccionales en virtud de su especialización, deben resolverse atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia por reiteración 2a./J. 24/20097, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado. Lo anterior, conlleva a que un Juez de Distrito en Materia Administrativa no podría examinar la legalidad de la omisión en la prestación de servicios médicos penitenciarios, ni la legalidad de la determinación de cambio de dormitorio dentro de un centro penitenciario, ya que las condiciones lógica y legal de procedibilidad para efectos del juicio de amparo, tiene soporte en la ley especial que tutela el orden penitenciario, es decir, la Ley Nacional de Ejecución Penal que dispone un instrumento de comunicación especializado entre los internos y las autoridades. Es aplicable la Jurisprudencia (V Región) 2o. J/3 (10a.)8, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, cuyo rubro y texto son: OMISIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PENITENCIARIOS. CONDICIONES LÓGICA Y LEGAL DE PROCEDIBILIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 110 A 114 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Para que se actualice la existencia de la negativa u omisión en la prestación de servicios médicos penitenciarios, para efectos del juicio de amparo es indispensable que se desarrolle previamente el proceso de petición establecido en los artículos 110 al 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que las condiciones lógica y legal de la omisión, radica en la mediación de una petición, para que las autoridades puedan ejercer sus atribuciones, mediante el instrumento legislativo especializado, estas condiciones son necesarias por razones de orden: a) lógico, ante la imposibilidad material e inmediata de la autoridad para conocer cada enfermedad, necesidad material, de estudio, trabajo, deporte de cada interno y, por ese motivo, no puede exigirse su actuar o constituirse como omisivo para efectos del juicio de amparo y, b) legal, que tiene soporte en la ley especial que tutela el orden penitenciario, es decir, la Ley Nacional de Ejecución Penal que dispone un instrumento de comunicación especializado entre los internos y las autoridades, llamado proceso administrativo de petición que reviste las características de adecuación en favor de los reos. Se exceptúan de estas condiciones: 1) los casos en que la autoridad penitenciaria ya ha prescrito u ordenado la atención médica, ya que en estos casos la omisión de ejecución es del conocimiento directo de la autoridad y, 2) los hechos o situaciones de conocimiento inexcusable por su notoria y necesaria atención como los accidentes, epidemias o enfermedades cuya apreciación es indiscutible. Por consiguiente, si el quejoso no ha instado el proceso de petición administrativo mencionado, por el cual, las autoridades conozcan el acto o hecho material que reclama en amparo, es inconcuso que no existe el acto omisivo atribuido a las autoridades penitenciarias y, por tanto no están obligadas a ejercer sus atribuciones competenciales. La omisión en los centros penitenciarios debe ser de previo conocimiento de éstas, porque la prelación, distribución y satisfacción de los servicios debe partir de las necesidades apremiantes de la comunidad, como colectivo y no sólo de un interno, que al obtener una concesión de amparo fuera de ese contexto, obtiene una prelación de su atención sobre las necesidades de su comunidad. Ello es así, pues al determinar si dicho acto se emitió con arreglo a las leyes aplicables, se afectaría la seguridad jurídica de las partes y se incursionaría indebidamente en el campo del derecho penal. Por tanto, se concluye que este órgano de control constitucional es legalmente incompetente para conocer del presente asunto por cuestión de materia, y que debe de conocer un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. En esa medida y de la narrativa expuesta en el escrito inicial de demanda, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO al quejoso Giovanni Ernesto Silva Olascoaga, para el efecto de que cesen de inmediato las omisiones de las que se duele. Lo que involucra que las autoridades responsables están obligadas a realizar lo siguiente: 1. Proporcionar al quejoso los medicamentos y atención médica necesarios para atender su padecimiento, lo cual, implica realizar todas las acciones necesarias para promover, proteger y restaurar su salud, entre otras: la atención médica integral que comprende el carácter preventivo, acciones curativas, quirúrgicas y de rehabilitación a la quejosa.

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