Giovanni Alatorre Flores
Expediente 953/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 17 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 953/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 18/12/2020
Partes del expediente
- Giovanni Alatorre Flores
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que el Delegado de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de amparo, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de veinte de agosto de la presente anualidad, se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el doce de junio de dos mil diecinueve (fojas 39 a 55), se determinó por una parte sobreseer y por otra conceder al quejoso Giovanni Alatorre Flores, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "a) Los artículos 24, fracción VII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el pago del refrendo por depósito de bebidas alcohólicas y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por la amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en la constancia de pago exhibida por las autoridades de referencia en su informe justificado, cuyo pago fue realizado el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho a la parte quejosa; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente. . Luego, a través del oficio número DCJ/2951/2019, de diecinueve de agosto de la presente anualidad, recibido en la Oficialía de partes de este Juzgado, al día siguiente (fojas 80 a 81), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su Delegada, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, adjuntó copia de la transferencia realizada al quejoso y del que se advierte que devolvió la cantidad de ********************, que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva." Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $19,796.44 (diecinueve mil setecientos noventa y seis pesos 44/100 moneda nacional), misma sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. En ese tenor, tenemos que el monto de ********************$3.00 pesos (por el pago de la comisión bancaria, esto es ******************** es el numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veinticinco de abril de dos mil diecinueve y el quince de agosto de dos mil diecinueve, se efectúo la devolución mediante transferencia bancaria a la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo de dos mil diecinueve a julio de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de julio de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil diecinueve fue de 103.476; y para el mes de julio de la presente anualidad fue de 103.687. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0020391. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de ********************; por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $40.36 (cuarenta pesos 36/100 moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis no se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de ********************, toda vez que a la cantidad que pago en su oportunidad de ********************$3.00 pesos (por el pago de la comisión bancaria, esto es ******************** lo que pone en evidencia un faltante de pago en favor de la parte quejosa, equivalente a $74.22 (setenta y cuatro pesos 22/100, moneda nacional). No obstante, lo anterior, la autoridad responsable informó que dejó a disposición de la parte quejosa el cheque de caja número 1531 valioso por la cantidad faltante referida; sin embargo, pese a las notificaciones realizada el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve y veinte de enero de dos mil veinte, a dicha parte procesal, esta no compareció a las instalaciones de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, a recoger el título de crédito en comento. Así, de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio por una parte se sobreseyó y por la otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tienen por recibidos el oficio y anexos de cuenta presentados por la delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones realizadas con el propósito de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, agréguense el oficio y anexos de mérito en vías de cumplimiento al fallo protector, para que surtan sus efectos legales procedentes; en la inteligencia, de que este órgano jurisdiccional quedará en la espera del cumplimiento total a la ejecutoria dictada en autos. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, suscrito por la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas, con sede en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento al fallo protector, lo que acredita con el anexo que acompaña; en consecuencia, agréguense a sus autos la citada comunicación y adjunto, para que obren como corresponda, únicamente en vías de cumplimiento al fallo protector concedido a la parte quejosa, en términos de los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto de su Delegada (fojas 80 a 81), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de veintiuno de agosto de la presente anualidad (foja 82), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "**Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el doce de junio de dos mil diecinueve (fojas 39 a 55), se determinó por una parte sobreseer y por otra conceder al quejoso Giovanni Alatorre Flores, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: **Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $19,796.44 (diecinueve mil setecientos noventa y seis pesos 44/100 moneda nacional), misma sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. En ese tenor, tenemos que el monto de $19,796.44 (diecinueve mil setecientos noventa y seis pesos 44/100 moneda nacional) menos $3.00 pesos (por el pago de la comisión bancaria, esto es $19,793.44 (diecinueve mil setecientos noventa y tres pesos 44/100 moneda nacional), es el numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veinticinco de abril de dos mil diecinueve y el quince de agosto de la presente anualidad, se efectúo la devolución mediante transferencia bancaria a la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo de dos mil diecinueve a julio de este año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de julio de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil diecinueve fue de 103.476; y para el mes de julio de la presente anualidad fue de 103.687. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0020391. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $19,833.80 (diecinueve mil ochocientos treinta y tres pesos 80/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $40.36 (cuarenta pesos 36/100 moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis no se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $19,759.58 (diecinueve mil setecientos cincuenta y nueve pesos 58/100 moneda nacional), toda vez que a la cantidad que pago en su oportunidad de $19,796.44 (diecinueve mil setecientos noventa y seis pesos 44/100 moneda nacional) menos $3.00 pesos (por el pago de la comisión bancaria, esto es $19,793.44 (diecinueve mil setecientos noventa y tres pesos 44/100 moneda nacional), lo que pone en evidencia un faltante de pago en favor de la parte quejosa, equivalente a $74.22 (setenta y cuatro pesos 22/100, moneda nacional). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciba el comunicado, informe sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; esto es, acredite haber devuelto a la parte quejosa la cantidad indicada en el párrafo que antecede, en relación a la actualización indicada. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado b, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo), de conformidad con el dispositivo 258 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora denominada Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. **
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