Giovanna Guadalupe Pacheco Cota

Expediente 1126/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1126/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
12/12/2022

Partes del expediente

  • Giovanna Guadalupe Pacheco Cota

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto recurso de queja en contra del proveído de veinticinco de julio de dos mil veintidós; en consecuencia, se declara que dicho proveído que se desechó la demanda de amparo promovida por *********..., queda firme para los efectos legales a que haya lugar. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo y en la carátula de este expediente y archívese como asunto totalmente concluido... De igual forma, se asienta que no existen documentos originales exhibidos por las partes, como se precisó en la certificación que antecede.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada por Giovanna Guadalupe Pacheco Cota, Denisse Celeste Mejía Lizárraga y Angélica Alcalá Herrera, fórmese expediente, regístrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo, con el número 1126/2022-7. -Representación - Por otra parte, toda vez que la presente demanda se encuentra interpuesta por tres quejosos, se les requiere para que dentro del término de tres días, señalen representante común, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, en el entendido que de no hacer manifestación alguna, este juzgado realizará tal designación. -Desechamiento- Ahora bien, del análisis de la demanda de mérito, conduce a estimar que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, que determina el desechamiento de la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad de la Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En cuanto a la interpretación de los términos "manifiesta" e "indudable", cobra aplicación la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." En la especie, el suscrito Juzgador, hace notar que se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 5 fracción I y 6, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, que a continuación se transcriben para una mejor comprensión. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". "Artículo 6. El Juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos por esta Ley. (.)". Del primer numeral se desprende que el juicio de amparo es improcedente, cuando de alguna disposición de la Ley de la Materia, se advierta alguna causa de improcedencia. Asimismo, del análisis relacionado de los preceptos legales 5 y 6, se advierte que señalan que tiene el carácter de quejoso, quien alega que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, y por tanto, el juicio el amparo puede promoverse por éste quien puede ser persona física o moral. De los referidos numerales, al interpretarlos en sentido contrario podemos establecer que, quien no reúne las características aludidas referentes al quejoso, carece de legitimación para instar a la justicia federal. Ahora bien, se afirma que se materializa tal supuesto (carencia de legitimación), ya que la presente demanda carece de firma autógrafa. En efecto, toda vez que el escrito de demanda se recibió a través del buzón judicial, la cual no fue presentada con firma original por Giovanna Guadalupe Pacheco Cota, Denisse Celeste Mejía Lizárraga y Angélica Alcalá Herrera, es decir, la firma que calza, está en copia; por ello, no puede tenerse por admitida la demanda que presentaron, en virtud de que la misma carece de la firma autógrafa; esto es, no está plasmada su firma original, por lo mismo su consentimiento, ya que debemos recordar que la firma es el signo inequívoco de que la persona expresa su voluntad respecto de lo plasmado en el documento. Resulta aplicable, la tesis consultable en la página 23, Volumen 35, Quinta Parte, Materia Común, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el texto y rubro siguiente: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, IMPROCEDENCIA POR FALTA DE. El artículo 107 constitucional, en su fracción I, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada; el artículo 4o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que reclama, pudiendo hacerlo por sí o por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Ahora bien, si la parte que se considera agraviada promueve juicio de amparo impugnando el acto reclamado por conducto de apoderado, aunque obren las constancias que permitan considerar a éste como tal, si el escrito que contiene la demanda de amparo carece de la firma del apoderado, formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito que contenga una promoción judicial, ya que la firma al pie del documento sirve para dar autenticidad al mismo, debe entenderse que, conforme a lo dispuesto por los artículos citados, propiamente no existe agraviado, por lo que conforme a lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, la demanda de garantías es improcedente y debe sobreseerse en el juicio conforme a lo ordenado por la fracción III del artículo 74 de la misma ley". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior -analógicamente- la jurisprudencia 230, emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 247, tomo II, perteneciente a la Séptima Época, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, con rubro: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." Lo resaltado es propio. Lo anterior es así, porque en términos del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley Reglamentaria, el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, que atendiendo a su naturaleza tuteladora de los derechos humanos de los gobernados y de las garantías para su protección y efectividad, se erige como una herramienta jurídica de buena fe, al servicio del gobernado, única y estrictamente cuando la actuación de la autoridad lesione los derechos fundamentales de los quejosos, consagrados en la Carta Magna y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por las autoridades facultadas del Estado Mexicano: de ahí que si no hay voluntad de las partes no hay instancia de parte. En este contexto, es de concluirse que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, los dos últimos interpretados en sentido contrario, por lo que se impone desechar la presente demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el precepto 113 de la legislación en consulta. No obstante, lo determinado con anterioridad, se considera pertinente ordenar la notificación del presente auto en el domicilio que se desprende del contenido de la demanda, ello, a fin de que la parte promovente tenga conocimiento de lo aquí resuelto y tenga oportunidad, de así considerarlo, de hacer valer los medios de impugnación que le otorga la ley de amparo. -Autorizados- Se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Víctor Acosta Cid, Angélica Peña Viera, Irenia Berenice Ortíz Molina y César Alberto Ames Núñez, por estar inscritos en el registro único a que se refiere el Título Octavo denominado "Registro Único de Profesionales del Derecho", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, el cual fue reformado por diverso publicado en ese medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce. De conformidad con el segundo párrafo del ordinal 12, en relación con el segundo párrafo del diverso 24, ambos de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones a lo Pasantes de Derecho Yulissa Aralhy Gutiérrez Gómez, Rocío de los Angeles Chávez Chávez, Guadalupe Melchor Gallegos, Pedro Melchor Gallegos, Michel Yeleny Barceló Silva, Ileana Jiménez Hernández, Dayana Gissel García López y María José Lardin Carrillo. Como lo solicita, se autoriza la consulta vía electrónica del presente sumario a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el usuario "victoracostacid" y con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, en concordancia con los numerales 35, 36 y 40 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, únicamente por lo que hace al presente juicio de amparo. De igual forma, por así haberlo solicitado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con los artículos 55 y 62 del Acuerdo General 12/2020 en cita, se le autoriza la notificación de las resoluciones del presente asunto vía electrónica, por lo que están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III, del artículo 31 de la Ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir del envío que haga ese órgano jurisdiccional; con el apercibimiento que de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrá por hecha la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la última parte de la fracción II, del artículo 30 ya citado. Para lo cual, se comisiona al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito, realice la autorización respectiva en el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. -Domicilio- De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan en la demanda. -Habilitación- En aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos de lo que ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo en vigor, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente incidente de suspensión; lo anterior, cuando no sea posible practicarlas en días y horas hábiles y previa razón que asiente el actuario de dicha imposibilidad.

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