Giovanna Franzoni Acevedo
Expediente 1045/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1045/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Giovanna Franzoni Acevedo
Actuaciones
- Principal
V. Mérida, Yucatán, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del auto de tres de abril del año en curso. Por tanto, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso b), del artículo 21, del Capítulo Octavo, del citado acuerdo general, por lo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. [...]
- Principal
V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 222/2023-II, promovido por Nicodemo Pech González contra actos del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. El veinte de septiembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, se depositó demanda de amparo presentada por Nicodemo Pech González contra una omisión atribuida al Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, con residencia en esta ciudad, por considerarla violatoria de los derechos fundamentales que precisó. SEGUNDO. Trámite del juicio. Admisión de demanda. El propio veinte de septiembre, por razón de turno, se recibió la demanda en el Juzgado Quinto de Distrito; por lo cual, en auto de veintiuno siguiente, se ordenó formar expediente que se registró bajo el número 2268/2022-I; se admitió a trámite; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirió el informe con justificación, el cual se recibió el dieciocho de octubre de dos mil veintidós (fojas 19 y 20 del juicio de amparo); y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ampliación de demanda. El once de noviembre siguiente, se recibió ampliación de demanda de amparo, la que se admitió en la propia fecha; y, se requirió el informe con justificación, el cual se rindió el seis de diciembre de dos mil veintidós (foja 44 del juicio de amparo). Audiencia constitucional. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo el seis de enero de dos mil veintitrés. TERCERO. Remisión de los autos a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con motivo de su apertura. Posteriormente, en cumplimiento a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en observancia al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, contenida en el punto de acuerdo 219/2022 aprobado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, remitió el presente juicio de amparo para que este Juzgado de Distrito dicte la resolución, y continúe con la eventual cumplimentación y archivo definitivo. Así, mediante auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, se recibió el juicio amparo 2268/2022-I del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, por lo que se formó expediente 222/2023-II, y se turnó para dictar sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se reclaman actos en materia administrativa generados dentro del ámbito de competencia territorial asignada a este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda en su integridad, para determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado a la demanda de amparo, su ampliación, y demás constancias, se hacen consistir en: AUTORIDAD RESPONSABLE ACTOS RECLAMADOS Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, con residencia en esta ciudad - Omisión de contestar la solicitud de trece de junio de dos mil veintidós, con folio 001141/2022. - Oficio RAN/YUC/SR/5118/2022, de catorce de octubre de dos mil veintidós. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir sus informes justificados (fojas 19, 20 y 44 del juicio de amparo), la autoridad responsable ya precisada, en principio acepto parcialmente la omisión de contestar la solicitud de trece de junio de dos mil veintidós, con folio 001141/2022, y aportó el documento con el que acreditó la notificación de la respuesta. En ese sentido, a pesar de que dicha aceptación se realizó en forma parcial, ello es suficiente para tener por acreditada su existencia, en virtud que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que lo fue el veinte de septiembre de dos mil veintidós, no se había notificado dicha contestación, dado que tal como lo informó la propia responsable fue hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós la notificación. Ahora, por lo que hace a la existencia del oficio reclamado en la ampliación de demanda, ésta de igual modo se acreditó porque la autoridad responsable remitió el oficio RAN/YUC/SR/5118/2022, lo que es suficiente para tenerlo por existente en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dado que se remitió en copia certificada. CUARTO. Oportunidad para ejercer la acción constitucional. La demanda de amparo se presentó dentro del plazo legal. Ello, pues al reclamarse una omisión, el juicio de amparo se puede promover en cualquier momento, por tratarse de un acto de tracto sucesivo cuyos efectos se prolongan mientras no cese la omisión reclamada. Por otra parte, la ampliación de demanda de amparo se hizo dentro del plazo de quince días hábiles establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el oficio RAN/YUC/SR/5118/2022, se notificó el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós (foja 29 del juicio de amparo); notificación que surtió sus efectos al día siguiente de conformidad con el artículo 65 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional; por tanto, la demanda se depositó el cuarto día del plazo; esto es, el diez de noviembre de dos mil veintidós; ello sin tomar en cuenta los sábados y domingos, así como el uno y dos de noviembre, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo y la CIRCULAR 5/2022 de 30 de marzo de 2022, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tal como se corrobora en la siguiente gráfica. Octubre 2022 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 30 (inhábil) 31 Se notificó Noviembre 2022 1 (Día inhábil) 2 (Día inhábil) 3 Surtió sus efectos 4 (día 1) 5 (inhábil) 7 (inhábil) 8 (día 2) 9 (día 3) 10 (día 4) Se presentó ampliación 11 (día 5) 12 (día 6) 13 (inhábil) QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, resulta procedente el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto de la omisión de contestar la solicitud de trece de junio de dos mil veintidós, con folio 001141/2022, la autoridad responsable alegó que se actualiza la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos. Dicha causa de improcedencia es fundada. Al respecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: «Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]». De dicho precepto se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos u omisiones cuyos efectos han cesado, para lo cual no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior es así, porque al cesar los efectos del acto reclamado, las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido la protección constitucional solicitada como lo dispone el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección constitucional pedida. En el entendido que, tratándose de vulneraciones al derecho de petición, se considera que éstas cesan en el momento en el que se les da la respuesta correspondiente, como en el caso aconteció con la emisión del oficio RAN/YUC/SR/5118/2022. Se afirma lo anterior, porque al haberse emitido una respuesta por parte de la responsable, cesó la omisión que se le atribuyó. Resulta aplicable, por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia con registro 193758, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL». Ello, con independencia de que en la ampliación se hayan formulado conceptos de violación contra la respuesta aludida, pues ellos serán materia de análisis en el fondo del asunto, pero respecto del citado oficio y no de la omisión, dado que esta última ha cesado. En tales condiciones, ante la actualización de la causa de improcedencia precisada, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación respecto de la omisión de contestar la solicitud de trece de junio de dos mil veintidós, con folio 001141/2022 y se impone sobreseer en el presente juicio respecto de la omisión ya referida, conforme dispone el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SEXTO. Procedencia del juicio de amparo, respecto del oficio RAN/YUC/SR/5118/2022. En otro rubro, el juicio de amparo promovido contra el oficio RAN/YUC/SR/5118/2022 es procedente, en virtud que se actualiza la hipótesis de procedencia contemplada en el artículo 107, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que el citado oficio es un acto emitido por una autoridad administrativa y la parte quejosa no estaba obligada a instar algún recurso ordinario, dado que se le notificó en el transcurso del juicio, por lo que en atención al artículo 17 constitucional, por economía procesal, estaba en aptitud de ampliar su demanda de amparo. Ello, tal como se determinó en la jurisprudencia con registro 2021401, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: «AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. SI EL QUEJOSO OPTÓ POR AMPLIAR SU DEMANDA EN CONTRA DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO, ES INNECESARIO AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD RESPECTO DE DICHO ACTO. Si en el juicio de amparo promovido originalmente por violación al derecho de petición la autoridad responsable emite respuesta durante su trámite y el quejoso opta por ampliar su demanda, derivado de la vista que el juzgador de amparo le dio con el informe con justificación, es innecesario agotar el principio de definitividad respecto de dicha respuesta, pues válidamente se pueden controvertir las violaciones a derechos humanos que el quejoso considere le causa el nuevo acto, las cuales deben analizarse como integrantes de la litis constitucional bajo los principios de concentración y economía procesal, previstos en el artículo 17 de la Constitución Federal. Este criterio halla su racionalidad en que, al tratarse de una ampliación de la demanda, el acto en contra del cual se extiende la acción de amparo era desconocido por el quejoso cuando promovió el juicio constitucional, máxime que la respuesta de la autoridad surge durante su trámite y tuvo conocimiento de ella con motivo de la exhibición del informe con justificación. De ahí que obligar a que se agote el principio de definitividad redundaría en un retardo injustificado en la impartición de justicia, porque el juzgador federal ya cuenta con los elementos necesarios para verificar la regularidad constitucional del nuevo acto reclamado; sin que lo anterior implique que el tribunal de amparo se encuentre impedido para decretar el sobreseimiento con base en la existencia de alguna otra causal de improcedencia del juicio distinta a la de no agotar el principio de definitividad, máxime cuando el estudio sobre la procedencia de la acción de amparo es de orden público». Por lo anterior, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia que impida entrar al análisis del fondo del asunto; en ese orden de ideas, al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia las consideraciones y razones por las que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, el suscrito no tiene obligación de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de improcedencia del juicio de derechos fundamentales. Sirve de apoyo a lo anterior, al no oponerse al texto de la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia con registro 205800, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO». SÉPTIMO. Antecedentes del acto reclamado. Recepción de escrito. El trece de junio de dos mil veintidós, la parte quejosa presentó su petición inicial en donde precisó que con los documentos que anexó, acreditó que: A. El de cujus Hernán Pech y/o Hernán Pech Chan (su padre) fue ejidatario del poblado de Chicxulub, puerto del municipio de Progreso, de Yucatán, de mil novecientos ochenta y nueve a mil novecientos noventa y uno -reverso foja 6 del juicio de amparo-; B. Que el veintiséis de marzo de dos mil ocho, un año después del fallecimiento de su padre, acudió al Registro Agrario Nacional, para abrir el sobre número 7547, y que fue ahí donde se enteró que tenía como orden de preferencia el número uno, respecto de los derechos ejidales de su fallecido padre -reverso foja 6 del juicio de amparo-; C. Que el dos de febrero de dos mil diez, se le remitió una constancia suscrita por el Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, en donde se le informó que su padre fue dado de alta el veintiocho de julo de mil novecientos veintisiete, y que no existía registro de la fecha en que se dio de baja -reverso foja 6 del juicio de amparo-; D. El quince de mayo de dos mil doce, el Registrador Integral en el Estado de Yucatán le informó que conforme el padrón ejidal y el acta de asamblea de dieciocho de noviembre de dos mil tres, no existe ejidatario con el nombre de su fallecido padre; E. Que en diversas ocasiones ha tratado de obtener la asamblea de veinte de julio de dos mil tres y se le ha respondido que no consta inscrita en los registros. F. Que en dos mil diez, al solicitar copia certificada de los ejidatarios con derechos vigentes, se le proporcionó una constancia expedida el ocho de agosto de dos mil tres, en donde sí aparecía el nombre de su padre. Así, finalmente, con base en los puntos anteriores, en donde en un principio se dijo que sí existía registro de su padre y posteriormente se negó, la parte quejosa solicitó que se le informara la fecha en la que su padre perdió sus derechos vigentes como ejidatario; esto es, el día, mes y año de la asamblea celebrada y su fecha de inscripción ante el Registro Agrario Nacional. Lo anterior, en virtud que en diversas ocasiones había intentado realizar la transmisión de los derechos ejidales de su padre en su favor y se le ha negado porque no se encontró registro de sus derechos ejidales. Contestación a dicho escrito (acto reclamado). Dicho escrito fue atendido mediante oficio RAN/YUC/SR/5118/2022, de catorce de octubre de dos mil veintidós, en el que la autoridad responsable contestó lo siguiente: 1) Que los asientos e inscripciones del Registro Agrario Nacional, son públicos en términos del artículo 151 de la Ley Agraria; 2) Que hasta el momento en el que se emitió la respuesta, no se localizó antecedente registral de inscripción que acredite la renuncia y/o pérdida de derechos del fallecido padre de la parte quejosa; sin embargo, se precisó que con base en el acta de asamblea celebrada el dieciocho de noviembre de dos mil tres, relativa a la delimitación, destino y asignación de tierras ejidales del núcleo agrario en comento, en el listado de nombres de los ejidatarios no se advirtió el nombre del fallecido padre de la parte quejosa; asimismo, que en dicho listado aparecía una certificación en la que se indicó que se tomó como base el acta de asamblea general de renuncias, reconocimiento de avecindados y aceptación de ejidatarios de veinte de julio de dos mil tres, la cual se precisó que no obra inscrita en los archivos de la Delegación del Registro Agrario Nacional; y, 3) Finalmente, se le informó a la parte quejosa que en caso de tener alguna controversia podría acudir ante la Procuraduría Agraria, que es la autoridad encargada de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios, etcétera. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. OCTAVO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación aducidos son los visibles en el capítulo correspondiente de la ampliación de la demanda, y de su contenido se extrae que sustancialmente se hacen valer los siguientes argumentos: a) Que debido a la falta de certeza en los registros de la autoridad responsable se le está privando de que se le transmitan los derechos ejidales de su fallecido padre, lo cual debió acontecer desde dos mil ocho. b) Que la autoridad responsable le debió proporcionar una respuesta certera, dado que es la autoridad encargada de llevar los registros correspondientes. c) Que no se motivó ni fundamentó adecuadamente, dado que no se debió tomar en cuenta la lista de ejidatarios de la asamblea de dieciocho de noviembre de dos mil tres, porque se basó en una asamblea de veinte de julio de dos mil tres que nunca fue inscrita, por lo que debió tomarse como oficial la investigación general de usufructo parcelario de treinta de noviembre de mil novecientos noventa y uno, y resolución de Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, de once de marzo de mil novecientos noventa y tres, dictada en autos del juicio agrario TUA-34 100/92. Ello, en virtud que si un acta de asamblea no se inscribe, sólo puede surtir sus efectos entre los intervinientes y no contra terceros, en términos del artículo 150 de la Ley Agraria. d) Que al no encontrarse el registro de la pérdida de derechos ejidales de su fallecido padre, la responsable no puede negarle la transmisión de esos derechos en su favor. A manera de preámbulo se precisa que dado que en el caso se reclama la violación al derecho de petición contemplado en el artículo 8° constitucional, en principio se analizará el concepto de violación enderezado contra la falta de congruencia en la contestación realizada por la responsable, pues sólo ante la existencia de una respuesta congruente, se podrán analizar los restantes conceptos de violación contra los aspectos de fondo de la respuesta realizada. En ese orden de ideas, en el concepto de violación sintetizado en el inciso b), la parte quejosa hace valer que la autoridad responsable le debió proporcionar una respuesta certera, dado que es la autoridad encargada de llevar los registros correspondientes. Dicho concepto de violación es sustancialmente fundado. Se afirma lo anterior, porque en la contradicción de criterios 77/2022, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha precisado que ".el derecho contenido en el artículo 8 constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleva una petición deba emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado y la consecuente notificación.". En ese orden de ideas, dado que el artículo 8 constitucional exige que la respuesta se emita en forma congruente, de un simple contraste entre lo solicitado por la parte quejosa y lo respondido por la responsable, se advierte que se ha omitido responder cuál es la fecha en la perdió los derechos ejidales el fallecido padre de la parte quejosa. Esto es así, dado que la parte quejosa acudió al juicio de amparo reclamando la violación al derecho de petición, en virtud que la responsable no había atendido su escrito presentado el trece de junio de dos mil veintidós, que generó el folio 001141/2022. En dicho escrito -como ya se relató en antecedentes-, dado que en un principio se le dijo que sí existía registro de los derechos ejidales de su fallecido padre y posteriormente se negó, la parte quejosa solicitó que se le indicara la fecha en la que su padre perdió sus derechos vigentes como ejidatario; esto es, el día, mes y año de la asamblea celebrada y su fecha de inscripción ante el Registro Agrario Nacional. En respuesta a ello, la autoridad responsable emitió oficio RAN/YUC/SR/5118/2022, de catorce de octubre de dos mil veintidós, en el que sustancialmente le respondió que la lista de ejidatarios con derechos vigentes se tomó de la asamblea de dieciocho de noviembre de dos mil tres y que luego de realizar una búsqueda en sus registros no se advirtió registro de inscripción que acredite la renuncia y/o pérdida de derechos. Lo anterior, en los siguientes términos: «En virtud de lo anterior, se informa que si bien es cierto después de una búsqueda exhaustiva, hasta la fecha, no se ha localizado antecedente registral de inscripción que acredite la renuncia y/o pérdida de derechos del C. HERNÁN PECH y/o HERNÁN PECH PECH, en el ejido denominado Chicxulub Puerto, municipio de Progreso, estado de Yucatán; también lo es que, con base en el Acta de Asamblea General de ejidatarios celebrada en fecha 18 de noviembre del año 2003, relativa a la Delimitación, Destino y Asignación de las tierras ejidales del núcleo agrario en comento, en el listado que contiene los nombres de cada uno de los ejidatarios con derechos, NO FIGURA EL NOMBRE del C. HERNAN PECH y/o HERNAN PECH PECH; asimismo, se constató que dicho listado contiene una leyenda, que a la letra dice: "...SE HACE CONSTAR QUE SE TOMÓ COMO BASE EL PADRÓN EJIDAL EXPEDIDO POR EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL Y EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE RENUNCIAS, RECONOCIMIENTO DE AVECINDADOS Y ACEPTACIÓN DE EJIDATARIOS DE FECHA 20 DE JULIO DEL 2003 DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO INTERNO DEL EJIDO EL CUAL FUE ABROBADO EL 10 DE MAYO DEL 2003 Y QUE SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL." (sic); documento que no obra inscrito en los archivos de esta Delegación del Registro». De lo recién transcrito, se tiene que la responsable ha sido omisa en informar cuál es la fecha en la que el padre de la parte quejosa perdió sus derechos ejidales. Ello, pues si bien es cierto que ha referido que no ha localizado la inscripción registral de dicha pérdida de derechos y que transcribió una porción de la que se extrae que el veinte de julio de dos mil tres se llevó a cabo una ASAMBLEA GENERAL DE RENUNCIAS, RECONOCIMIENTO DE AVECINDADOS Y ACEPTACIÓN DE EJIDATARIOS, no menos cierto es que con dicha información no ha respondido expresamente si en esa fecha perdió los derechos el fallecido padre de la parte quejosa; o bien, si no cuenta con la información solicitada y las razones de ello; de ahí lo fundado del concepto de violación. Por otra parte, los conceptos de violación sintetizados en los puntos a), c) y d), son inoperantes. Se afirma ello, porque la parte quejosa endereza dichos conceptos de violación como si lo que se estuviera analizando fuera la negativa de la responsable a realizar la transmisión de derechos ejidales, pues proporciona los fundamentos y motivos por los que considera que es procedente realizar esa transmisión de derechos en su favor, cuando dicha cuestión no formó parte de su petición. Es así, porque con independencia del alcance jurídico de dichas afirmaciones, lo inoperante de sus argumentos deriva de que la parte quejosa acudió al juicio de amparo reclamando en un primer momento la violación al derecho de petición contemplado en el artículo 8° constitucional, en virtud que la responsable no había atendido su escrito presentado el trece de junio de dos mil veintidós, que generó el folio 001141/2022, en donde solicitó que se le informara la fecha en la que su padre perdió sus derechos vigentes como ejidatario; esto es, el día, mes y año de la asamblea celebrada y su fecha de inscripción ante el Registro Agrario Nacional. Ello, pues literalmente se solicitó: «Por lo que la solicitud clara y precisa de este suscrito es, que este REGISTRO AGRARIO NACIONAL me proporcione total certeza del día, mes, años de asamblea celebrada y fecha de inscripción ante esta institución del momento en el que el de cujus pierde sus derechos agrarios». En consecuencia, de todo lo anterior, se puede concluir que la parte quejosa no solicitó que se realizara la transmisión de los derechos ejidales de su fallecido padre en su favor, sino que sólo pidió que se informara lo ya precisado; de ahí que la responsable no estuviere obligada a pronunciarse sobre la transmisión de derechos, pues no formó parte de la petición que atendió. Con base en ello, es que se resultan inoperantes los conceptos de violación sintetizados en los puntos a), c) y d), puesto que buscan combatir una cuestión que no formó parte de la petición inicial y, por ende, que tampoco consta en el oficio reclamado. Por todo lo anterior, ante lo fundado de uno de los conceptos de violación y sin que se advierta algún aspecto adicional para suplir en su deficiencia, lo que procede es conceder el amparo, para los efectos que se precisan en el siguiente considerando. NOVENO. Efectos de la protección constitucional. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos correspondientes. En ese tenor, la concesión de amparo será para el efecto de que el Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, realice lo siguiente: I) Deje sin efectos el oficio RAN/YUC/SR/5118/2022, de catorce de octubre de dos mil veintidós; y, II) Emita uno nuevo en el que deberá: a) Reiterar lo que no fue objeto de la concesión del amparo; y, b) Emitir una respuesta en la que se dé una contestación en términos del artículo 8° constitucional, en forma congruente. Esto es, deberá responderse expresamente la fecha en la que Hernán Pech y/o Hernán Pech Chan -fallecido padre de la parte quejosa-, perdió sus derechos vigentes como ejidatario; esto es, el día, mes y año de la asamblea celebrada para tal efecto y su fecha de inscripción ante el Registro Agrario Nacional, sin que esto signifique necesariamente que dicha autoridad tenga que resolver favorablemente a los intereses del solicitante, pues sólo implica dar una contestación congruente con lo solicitado; o bien, exponer razones pormenorizadas por las que no se pueda proporcionar la información solicitada. Por lo expuesto fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Nicodemo Pech González, contra el acto atribuido al Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, consistente en la omisión de contestar la solicitud de trece de junio de dos mil veintidós, con folio 001141/2022, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Nicodemo Pech González, contra el acto reclamado al Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, consistente en el oficio RAN/YUC/SR/5118/2022, de catorce de octubre de dos mil veintidós, por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, hoy, tres de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Ulises Flores Luna, Secretario de Juzgado, que autoriza y da fe. Dos Firmas electrónicas con evidencia criptográfica.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · 2,237 expedientes
- Gilberto Francisco Andrade Diaz1626/2023
- Gilberto Xeque Carrillo840/2023
- Gilda Damiana Vela2074/2023
- Gilda Mariza Bastarrachea Álvarez1282/2023
- Gilmer Alberto Nah Chan1727/2023
- Gina Beatriz Fernádez López1685/2023
- Giovanni Torres Banda1553/2023
- Gisella Jazbeth Chan Reyes93/2022
- Giselle Andrea Colmenares Rivera1717/2023
- Gladis Elizabeth Améndola Polanco1412/2023
- Glendy Noemi Farfan Castro1362/2023
- Gloria Antonia May Patron1170/2023