Giovanna Alejandra González López
Expediente 2089/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2089/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/04/2022
Partes del expediente
- Giovanna Alejandra González López
Actuaciones
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- Principal
Agréguese a los autos el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por el cual devuelve el expediente en que se actúa y remite testimonio de la ejecutoria pronunciada dentro del recurso de queja *** de la estadística del citado Tribunal, en la que se determinó declarar infundado dicho medio de impugnación planteado por la parte quejosa y consecuentemente desechar la demanda de amparo origen de este asunto. En ese sentido, acúsese recibo del expediente y testimonio adjuntos al oficio de cuenta, glósense al juicio que se recibe las constancias originales del expedientillo de antecedentes que obra en este juzgado, anótese lo procedente en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 21, inciso d) de dicho acuerdo, el presente asunto es susceptible de destrucción en atención a que carece de relevancia documental, y al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo.
- Principal
Agréguese el oficio de la actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual, informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto que desechó su demanda de amparo; medio de impugnación que se registró bajo el número *** de su estadística, de lo cual este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar.
- Principal
Con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida en su totalidad la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, sin que se advierta que la responsable haya incurrido en exceso o defecto; por lo que se ordena el archivo del expediente, una vez que adquiera firmeza el presente proveído.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones el escrito de cuenta, por el cual la parte quejosa, da cumplimiento a la prevención que se le hizo en auto de radicación de demanda, pues efectuó una relación estructurada de los antecedentes de los actos reclamados, en función a lo precisado en el citado auto preventivo. En esas condiciones, en tiempo se tiene por desahogada dicha prevención, para los efectos legales procedentes. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que ésta se examine y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Así, del análisis de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La resolución interlocutoria dictada el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del incidente de impugnación de firma de la abogada *** interpuesto en el juicio ordinario civil de rescisión de contrato *** del índice del Juzgado Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla. Luego, como preámbulo a la conclusión a la que se llegará más adelante, debe señalarse que a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente, un "acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, es aquel que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia definitiva favorable a su interés. En los actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga sólo de las leyes adjetivas. Entonces, la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y tales derechos deben afectar en lo material a aquéllos de naturaleza sustantiva; expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De lo anterior se concluye que, contra los citados actos reclamados, la demanda de amparo es notoria e indudablemente improcedente, de acuerdo con la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la ley de la materia, lo que lleva a desecharla. En principio, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, señala que el juicio biinstancial será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la misma ley; esto es, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, que opera cuando resultare de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los que señala el invocado artículo. Por su parte, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. En tanto que, la fracción V del numeral 107 de la ley de la materia, indica que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, es evidente que el juicio de amparo será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo, lo que significa que de conformidad con los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de la Materia, en los actos reclamados que no sean de imposible reparación, el Juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo. En la especie, la parte quejosa -en su escrito aclaratorio- que el juicio que se ventila en el expediente *** se trata de un "juicio ordinario civil de rescisión de contrato de compraventa de vehículo usado, e incumplimiento y pago de cláusulas y penalizaciones pactadas por incumplimiento por parte del comprador", el cual manifestó, bajo protesta de decir verdad, que se encuentra en etapa de recepción de pruebas, alegatos y citación para sentencia. Además, señaló que el escrito de seis de mayo de dos mil veintiuno, presentado ante dicho juzgado el siete del mismo mes y año se trata de una contestación a la vista otorgada en auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, por el cual objetó diversas probanzas ofrecidas por el demandado. De ahí que, tras analizar la ampliación de los hechos y antecedentes del acto reclamado, se llega a la conclusión de que la resolución interlocutoria dictada el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del incidente de impugnación de firma de la abogada ***, interpuesto en el expediente *** del índice del Juzgado Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla (en la que se decretó que el actor incidental probó la acción deducida, y se declaró que la firma estampada en el escrito de seis de mayo de dos mil veintiuno, no corresponde a la de la abogada ***); no afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa y por ende, no trae como consecuencia una ejecución irreparable para el quejoso, que es contra los actos respecto de los que procede el juicio de amparo biinstancial, ya que no implica una afectación directa y material a sus derechos fundamentales y que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es así, pues si los autos reclamados se dictaron durante el trámite del juicio natural; ello constituye en todo caso, una eventual violación de carácter adjetiva sin que afecte derechos sustantivos, por lo que, aún la parte quejosa pueda seguir haciendo uso de sus derechos como parte demandada para obtener sentencia a su favor. De ahí que, de serle adversa la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de origen, las posibles violaciones podrá reclamarlas mediante el juicio de amparo directo que se promueva en su contra, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Federal y 170 de la Ley de Amparo; y ahí se podrán argumentar todas y cada una de las irregularidades de tipo procesal que se hubiesen cometido en el procedimiento en las que considere haya incurrido el juez responsable, como lo es la que por esta vía impugna. Sin que obste para este juzgador lo manifestado por la parte quejosa en el sentido de que los acuerdos reclamados resultan infundados y sin motivación; pues esas circunstancias no constituyen un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que no produce la afectación a algún derecho fundamental contenido en los derechos humanos, sino sólo la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, que pueden ser reparados como se detalló. De ahí que, los derechos que el quejoso estima le fueron violados, no tienen el carácter de fundamentales, ya que se reducen a cuestiones netamente procesales, no a cuestiones sustantivas cuya ejecución sea irreparable para los efectos del amparo indirecto, el cual únicamente es procedente cuando verdaderamente se afecten los llamados derechos fundamentales. Sostener un criterio contrario, propiciaría la promoción de diversos juicios de amparo, haciendo nugatorio las reglas de procedencia que consagra el artículo 107 de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir que el acto reclamado es de imposible reparación para hacer procedente la acción constitucional. Además, esta determinación obedece a la prontitud y expedites que impone el artículo 17 Constitucional, pues aun cuando se llegara a admitir la demanda y se tramitara el presente juicio, no podría dejarse de observar las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, al no tener el acto que hoy se reclama la naturaleza de irreparable; con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción V, interpretado a contrario sentido y 113, de la misma Ley, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda de amparo origen de este juicio
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