Gioberti Tochimani Vázquez
Expediente 742/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 742/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Gioberti Tochimani Vázquez
Actuaciones
- Principal
alapa de Enríquez, Veracruz, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. En términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el oficio de cuenta recibido en línea, constará únicamente en el expediente electrónico de este juicio.Atento a su contenido, únicamente agréguese sin mayor proveer, en virtud que dicho comunicado se recibió previamente y se acordó el veintitrés de agosto del año en curso...
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, se tiene al Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, informando que la titular de dicho órgano jurisdiccional no insistió en la competencia planteada dentro del juicio de amparo 742/2023 de su índice y se avocó a su conocimiento. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), así como en la carátula del expediente y archívese este asunto como concluido. Conforme con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el, en el Diario Oficial de la Federación, se establece que este cuaderno carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos previstos en el artículo primeramente citado, además, no obran documentos originales. Por lo anterior, en términos del artículo 19, fracción I, inciso a), del aludido Acuerdo General, el presente expediente al tratarse de un cuaderno de antecedentes es considerado "expediente auxiliar" y por lo tanto es susceptible de destrucción, la que deberá realizarse por este juzgado transcurridos seis meses a partir de la en que se ordenó el archivo en este asunto, previa visita de inspección que corresponda, debiendo realizar la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.)...
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, siete de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, informa que en auto de veinte de julio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo 701/2023 de su índice, se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Enrique Rentería Zavaleta, quien se ostenta como defensor particular de ***** En tal virtud, se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y registrarlo en el Libro de Gobierno con el número de juicio 742/2023 que le corresponde. NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA Con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, respetuosamente NO COMPARTE las consideraciones vertidas por el referido juzgado en el auto indicado, y por ende, NO ACEPTA la competencia declinada, por las consideraciones que se expondrán a continuación. HIPÓTESIS NORMATIVA En primer término, se resalta que acorde con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto transcrito, se desprenden tres supuestos conforme a los cuales debe fijarse la competencia de los jueces de Distrito para el conocimiento de los juicios de amparo, a saber: El primero, en favor del juez que resida en el lugar donde el acto reclamado vaya a tener ejecución, se trate de ejecutar, se esté ejecutando o ya se haya ejecutado. - El segundo, se refiere a los casos en que el acto puede tener ejecución en más de un Distrito o ha empezado a ejecutarse en uno y continúa ejecutándose en otro, hipótesis en la que el competente será aquél en que se presente la demanda. - Y el tercero, se actualiza cuando el acto no requiera ejecución material, caso en que será competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Los referidos supuestos permiten determinar a qué Juez de Distrito le corresponde conocer de un asunto, atendiendo a si el acto tiene o no una ejecución material; esto es, establecen la competencia por territorio. Para ello, es necesario tener en cuenta que por "ejecución" debe entenderse aquella actividad que implica o produce un cambio en el mundo físico, proyectada hacía terceros, mientras que la omisión constituye un acto que no tiene ejecución material, ya que se trata de una abstención, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, de ahí que sólo permanece ese estado de inejecución. HECHOS De la lectura integral a la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados por **** quien se ostenta como defensor particular de ***** consisten en: 1. La resolución de doce de abril de dos mil veintitrés, dictada por la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Estado, dentro del toca *** de su índice, que declaró sin materia el recurso de apelación que interpuso contra el auto de nueve de diciembre de dos mil veintidós, pronunciado por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XXI Distrito Judicial con sede en Coatzacoalcos, que declaró legal y se convalido el traslado involuntario de los directos quejosos ***** del ****, al diverso Centro de Reinserción Social Zona I Xalapa. Veracruz Ubicado en la Congregación de Pacho Viejo, Veracruz. 2. La omisión de la Sala responsable de notificarle de la resolución antes referida. 3. La omisión de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Estado de acordar el escrito de fecha veintitrés de julio de dos mil veintitrés, presentado en los autos del toca ***de su índice, a través del cual **** quien se ostenta como defensor particular de ***** solicitó se fijara fecha y hora para que ser notificado de la resolución antes aludida. Al respecto el Juez declinante consideró que los actos marcados en los puntos 2 y 3, se tratan de actos omisivos con efectos positivos cuyas consecuencias trascienden a un plano fáctico y por tanto conllevan ejecución, ocasionando una afectación que no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado. Y respecto de la resolución a que se refiere el punto 1, estableció que se trata de un acto ejecutado en su totalidad, porque el traslado respecto del que se inconformaron los quejosos ya se materializó y por ello estimó competente al Juez en donde se materializó dicho acto. CONCLUSIÓN En atención a lo expuesto, el suscrito difiere de las consideraciones expuestas por el Juzgado declinante, pues atento a las reglas de competencia establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, por lo cual resulta competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda Atento a ello, es evidente que los actos reclamados precisados en los puntos 1 y 2 son meramente omisivos, ya que la omisión de la autoridad responsable de notificar al defensor de los quejosos y fijar fecha para que sea notificado de la resolución pronunciada en el toca 236/2023, de modo alguno se traduce en un acto que conlleve ejecución o que tenga algún efecto positivo. Además, del artículo 37 de la Ley de Amparo, no se obtiene la factibilidad que para determinar la competencia por razón de territorio, el acto reclamado pueda considerarse atendiendo a la posibilidad de su resultado, como lo plantea el Juzgado declinante al establecer que dichos actos generan una afectación hasta en tanto no se cumpla con el deber señalado, por lo cual el suscrito respetuosamente difiere del criterio sustentado, debido a que como ya se explicó, los actos reclamados que nos ocupan consisten en meras omisiones de la autoridad responsable, que no tienen ejecución material, ni efecto positivo alguno. Es pertinente añadir que si el acto en sí mismo considerado es una omisión que como tal carece de ejecución material alguna, no es menester hacer interpretaciones adicionales para determinar si es posible que tenga efectos positivos, pues en el caso y a guisa de ejemplo, se llegaría al extremo de considerar que si se otorga a la parte quejosa el amparo solicitado y con motivo de ello se obliga a la responsable a acordar el escrito presentado por el promovente y notificarle la resolución de la que se duele, entonces ese sería el elemento ejecutivo de los actos primigenios. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció al respecto en la jurisprudencia: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2006529 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 17/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 500 Tipo: Jurisprudencia "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo. Con base en dicho marco normativo, es indudable que las reglas de competencia deben interpretarse de manera literal, es decir, los jueces de Distrito deben procurar interpretar y aplicar textualmente el precepto analizado, con el fin de evitar la existencia de conflictos competenciales, lográndose de ese modo una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de acceso expedito a la administración de justicia y de audiencia, los cuales implican la posibilidad de que los justiciables puedan acudir a la tutela jurisdiccional con el mínimo de obstáculos para ser oídos en su defensa, cumpliendo siempre los requisitos constitucionales y legales de procedencia; así como la prontitud en la emisión de la determinación jurisdiccional a través de la cual se soluciona el pleito sometido a su jurisdicción. Consecuentemente, en el caso, respecto de los actos consistentes en: 1. La omisión de la Sala responsable de notificar la resolución de doce de abril de dos mil veintitrés, dictada por la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Estado, dentro del toca 236/2023 de su índice. 2. La omisión de dicha autoridad de acordar el escrito de fecha veintitrés de julio de dos mil veintitrés, presentado en los autos del toca aludido, en el que se solicitas fijar fecha y hora para que el defensor particular de los directos quejosos pueda ser notificado de la resolución antes aludida. Se actualiza la hipótesis prevista en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que cuando los actos no requieren ejecución material, resulta competente el Juez de Distrito ante el que se presenta la demanda. Es aplicable al caso, por sus consideraciones, la tesis siguiente Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2021783 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: VII.2o.T. J/63 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II, página 700 Tipo: Jurisprudencia "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN EJECUCIÓN MATERIAL PARA SURTIR SUS EFECTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO." Por otra, parte, por cuanto hace al diverso acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: 3. La resolución de doce de abril de dos mil veintitrés, dictada por la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Estado, dentro del toca 236/2023 de su índice, que declaró sin materia el recurso de apelación que interpuso contra el auto de nueve de diciembre de dos mil veintidós, pronunciado por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XXI Distrito Judicial con sede en Coatzacoalcos, que declaró legal y se convalido el traslado involuntario de los directos quejosos ***** del *****al diverso *****Veracruz Ubicado en la Congregación de Pacho Viejo, Veracruz. Se advierte que se trata de un acto declarativo que igualmente no conlleva ejecución material, dado que en dicha resolución se declaró sin materia el recurso de apelación interpuesto por el defensor particular de **** contra la diversa determinación emitida por el Juez de primer grado que determinó la legalidad del traslado involuntario ejecutado en perjuicio de los antes citados, por lo que no genera cambio alguno en relación con el traslado materializado. Y aún considerando que la citada resolución implicara algún efecto por cuanto al traslado ejecutado y convalidado, combatido a través del recurso de apelación, en dicho caso tampoco recaería la competencia en este Juzgado de Distrito, toda vez que la orden de traslado de que se duelen los impetrantes comenzó su ejecución en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, pues es ahí donde se encontraban internos en el centro de reclusión de dicha ciudad, por lo cual rige la hipótesis de competencia a que se refiere el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, referente a que cuando el acto reclamado comenzó su ejecución en un distrito y continúa en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presenta la demanda, a prevención. Máxime que si bien con motivo de dicho traslado fueron recluidos en el centro de reinserción social de Pacho Viejo, Veracruz, lo cierto es que de la lectura integral a la demanda se advierte que los directos quejosos actualmente están internos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece con sede en Oaxaca, con motivo de diverso traslado del que fueron objeto. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2020829 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 63/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 933 Tipo: Jurisprudencia "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA LA ORDEN PARA TRASLADAR A UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SU EJECUCIÓN NO HA INICIADO, O BIEN, HA CONCLUIDO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, cuando se reclama una orden de traslado cuya ejecución aún no inicia, para esta Primera Sala esa circunstancia de ningún modo le quita la naturaleza jurídica de acto de tracto sucesivo, pues su ejecución se caracteriza porque se lleva a cabo en momentos subsecuentes, encaminados a un mismo fin. Esta condición, relacionada con la esencia del acto reclamado, es el factor que permite fijar, de manera objetiva, la competencia territorial de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos en su contra, sin importar si la ejecución del traslado aún no inicia, o bien ha concluido, pues ello puede variar con el transcurso del tiempo y, por consiguiente, esa circunstancia cambiante, ajena a la naturaleza del acto, no podría operar como dato decisivo para fijar la mencionada competencia, pues de ser así, se provocaría incertidumbre jurídica y retardo en la pronta impartición de la justicia. Tampoco debe confundirse la indicada naturaleza jurídica del traslado con su eventual inexistencia, pues de llegarse a resolver en el momento procesal oportuno que no es cierta, tal situación no daría lugar a la incompetencia territorial del órgano de control constitucional ante el cual se estuviera tramitando el asunto, sino al sobreseimiento en el juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la ley de la materia." Por las razones expuestas, este juzgado NO ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, por lo cual devuélvase por mensajería acelerada el juicio de amparo en que se actúa, formado con motivo del diverso 701/2023 de su índice para los efectos legales procedentes, solicitándole atentamente se sirva acusar el recibo correspondiente vía interconexión e informar si insiste en declinar su competencia. CUADERNO DE ANTECEDENTES Con copia de la demanda y del presente acuerdo, fórmese cuaderno de antecedentes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) AUTORIZADOS Se autorizan con las facultades amplias a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a ***** debido a que los tres primeros tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República, mientras que los restantes cuentan con cédula profesional registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública para ejercer la profesión en derecho. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia consultable con el Juicio de Amparo 742/2023 registro electrónico 2021840, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO" Por otra parte, se autoriza en términos del artículo 24 de la Ley en cita a Rafael de Jesús Pineda Muñoz, por así haberlo solicitado expresamente el promovente. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con apoyo en los artículo 3 de la Ley de Amparo; 14, 16 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a ***** con los usuarios ***** y **** respectivamente, la consulta del expediente electrónico, la recepción de notificaciones y presentar promociones vía electrónica, con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas, sin perjuicio que el expediente físico estará a disposición de las partes en este órgano jurisdiccional los días y horas hábiles para su consulta. Atento a lo anterior, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.IS.E.), para que realice el trámite correspondiente en ese Sistema. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe judicial del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo y el diverso 22 del Acuerdo General 12/2022 antes invocado, digitalícense las promociones que se reciban en forma física en la oficialía de partes de este Juzgado, para su integración al expediente electrónico de este juicio. FIRMAS ELECTRÓNICAS El acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 ya invocado
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