Gina Mizela Vargas Ramírez

Expediente 97/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
97/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
23/04/2019

Partes del expediente

  • Gina Mizela Vargas Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de diez de abril del presente año, se dio vista a las partes quejosa y autoridad tercero interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. En tal virtud, advirtiéndose que el acuerdo se notificó a las partes quejosa y tercero interesada el once de abril de dos mil diecinueve, respectivamente, sin que a la fecha alguna de ellas desahogara la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que les fue otorgado para tal efecto, este Juzgado Federal procede a resolver de oficio si, de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia dictada el trece de marzo de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclamó a la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, para el efecto de que: ".la Sala responsable deje insubsistente la resolución de tres de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio fiscal 2355/17-16-01-5, y emita otra en la que con libertad de jurisdicción, pero sin omitir el estudio de la totalidad de los argumentos que hace valer la actora en contra del cumplimiento del fallo dictado en ese juicio, resuelva lo que en derecho corresponda." Por acuerdo de tres de abril de dos mil diecinueve, se tuvo por ejecutoriada la sentencia que amparó y protegió a la parte quejosa, y se requirió a la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, el cumplimiento de la misma. Ahora bien, por oficios 16-1-2-18961/19 y 16-1-2-18429/19, de cinco de abril de dos mil diecinueve, el Presidente de la Sala Regional Peninsular, con residencia en esta ciudad, informó y acreditó que por acuerdos de cinco de abril de dos mil diecinueve, dejó insubsistente el acuerdo de tres de diciembre de dos mil dieciocho; asimismo, procedió a dictar una nueva resolución, en la que se avocó al análisis de cada uno de los agravios hechos valer por la actora, aquí quejosa, declarándolos parcialmente fundados; ajustándose de esta manera a los lineamientos expuestos en la sentencia definitiva. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, se encontraba obligada a dejar insubsistente la resolución de tres de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio fiscal 2355/17-16-01-5, y a emitir otra con libertad de jurisdicción, en la que sin omitir el estudio de la totalidad de los argumentos que hizo valer la actora en contra del cumplimiento del fallo dictado en ese juicio, resolviera conforme a derecho; lo que efectivamente realizó. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, fracción II de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio constitucional en el que se concedió el amparo y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, toda vez que no existe motivo legal alguno para que siga al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, el anexo consistente en un legajo de copias certificadas relativas al juicio contencioso administrativo 2355/17/-16-01-5 del índice de la autoridad responsable, devuélvase el anexo de referencia a la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad. Sin que sea el caso solicitar acuse de recibo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE quejosa EL PROVEÍDO DE veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Mérida, Yucatán, veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de diez de abril del presente año, se dio vista a las partes quejosa y autoridad tercero interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. En tal virtud, advirtiéndose que el acuerdo se notificó a las partes quejosa y tercero interesada el once de abril de dos mil diecinueve, respectivamente, sin que a la fecha alguna de ellas desahogara la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que les fue otorgado para tal efecto, este Juzgado Federal procede a resolver de oficio si, de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia dictada el trece de marzo de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclamó a la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, para el efecto de que: ".la Sala responsable deje insubsistente la resolución de tres de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio fiscal 2355/17-16-01-5, y emita otra en la que con libertad de jurisdicción, pero sin omitir el estudio de la totalidad de los argumentos que hace valer la actora en contra del cumplimiento del fallo dictado en ese juicio, resuelva lo que en derecho corresponda." Por acuerdo de tres de abril de dos mil diecinueve, se tuvo por ejecutoriada la sentencia que amparó y protegió a la parte quejosa, y se requirió a la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, el cumplimiento de la misma. Ahora bien, por oficios 16-1-2-18961/19 y 16-1-2-18429/19, de cinco de abril de dos mil diecinueve, el Presidente de la Sala Regional Peninsular, con residencia en esta ciudad, informó y acreditó que por acuerdos de cinco de abril de dos mil diecinueve, dejó insubsistente el acuerdo de tres de diciembre de dos mil dieciocho; asimismo, procedió a dictar una nueva resolución, en la que se avocó al análisis de cada uno de los agravios hechos valer por la actora, aquí quejosa, declarándolos parcialmente fundados; ajustándose de esta manera a los lineamientos expuestos en la sentencia definitiva. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, se encontraba obligada a dejar insubsistente la resolución de tres de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio fiscal ..., y a emitir otra con libertad de jurisdicción, en la que sin omitir el estudio de la totalidad de los argumentos que hizo valer la actora en contra del cumplimiento del fallo dictado en ese juicio, resolviera conforme a derecho; lo que efectivamente realizó. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, fracción II de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto .... Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de abril de dos mil diecinueve. Con conocimiento de las partes, agréguense a estos autos los oficios signados por el Presidente de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, y anexos que acompañan, que remite con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y autoridad tercero interesada por el término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de la materia, se declara que la sentencia firmada el trece de marzo de dos mil diecinueve, en la que en su primer punto resolutivo, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte agraviada en el goce de los derechos fundamentales que se estimaron violados como lo dispone el artículo 77, del propio ordenamiento legal; lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acuerdo. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo, y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

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