Gina Jhasive Tager Gamboa
Expediente 49/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 49/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- GINA JHASIVE TAGER GAMBOA y Otros.
- Gina Jhasive Tager Gamboa
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se desechó la demanda de amparo; por tanto, el presente asunto carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que desechó la demanda estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; ocho de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito presentado vía electrónica, con evidencia criptográfica que autentifica la firma de ****, en su carácter de apoderado legal1 de ***** y *****, por el que desahoga la prevención formulada en autos. Desechamiento. Ahora, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Causales de improcedencia. En ese sentido, esta juzgadora considera que surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 17 del mismo ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. ---Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;..." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." La causa de improcedencia que prevé el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la Ley de Amparo, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el término para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Ahora, en el caso concreto, la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad de los artículos 149 y 150 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, que prevén que en toda autorización de fusión, división, fraccionamiento, condominio, conjunto urbano, o su modificación, otorgadas por la autoridad estatal o municipal, se destinará un área de donación en favor del municipio correspondiente al 10% (diez por ciento) del área vendible o tratándose de condominios el 10% de la superficie total del predio, la cual puede ser cubierta de forma pecuniaria en los predios menores de diez mil metros cuadrados, así como la aplicación de dichos preceptos legales, que se tradujo en el pago de una donación de *******. En ese sentido, es inconcuso que los actos reclamados no se encuentran contemplados dentro de los supuestos de excepción del plazo genérico para presentar la demanda de amparo, a los que se hizo alusión con anterioridad, toda vez que los preceptos legales que se combaten, tienen el carácter de heteroaplicativos, ya que para estar en condiciones de impugnarlos es necesario un acto de aplicación que afecte la esfera jurídica de los justiciables, por tanto, la demanda de amparo debió ser presentada dentro del término de quince días y si en el caso esto no aconteció, se actualiza la causal de improcedencia antes precisada. Para dar mayor claridad a lo anterior, y a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe traerse a contexto el artículo 18 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. El precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previene se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", la que de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española Larousse, Ediciones Larousse, Primera Edición, página 465, significa "exclusión, alternativa o contraposición", de lo que válidamente se advierte que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido, el legislador hubiese señalado su orden de prelación. De acuerdo a lo dispuesto en los preceptos invocados, si no se acude en demanda de la protección federal dentro del término legal establecido, resulta improcedente el juicio de amparo que en su caso se promueva con posterioridad. Toca destacar que el conocimiento del acto reclamado por la parte quejosa, para iniciar el cómputo del referido plazo, debe acreditarse fehacientemente, como se sigue de la tesis sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, en su anterior integración, publicada en la página 136, del tomo XCIV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL. De acuerdo con el espíritu que informa el artículo 21 de la Ley Reglamentaria del juicio de Amparo, el conocimiento del acto reclamado por el quejoso, que sirve de base para el cómputo del término que establece dicho precepto, para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo, no inferirse a base de presunciones." La premisa fundamental que se deriva del anterior criterio, es que la fecha del conocimiento del acto reclamado debe constar probada y se precisa que debe ser evidenciada de modo directo; forma ésta que connota la existencia en autos de pruebas legalmente idóneas y excluye la inferencia de tal conocimiento, a base de presunciones; de modo que la afirmación de la fecha del conocimiento del acto reclamado, debe estar soportada en constancias y circunstancias legalmente idóneas, que permitan establecer que la fecha que se afirma fue del conocimiento, efectivamente lo sea. Lo anterior es así, porque tanto la procedencia del juicio de amparo, que atañe al impetrante, como parte interesada directa en ella y en un ulterior fallo favorable, como la improcedencia de dicho juicio, son de orden público y es en observancia del principio de buena fe, que rige la tercera hipótesis para el cómputo del término; esto es, aquella a partir de que la parte quejosa se ostenta sabedora, que recae en éste, la responsabilidad de hacer tal manifestación soportada en afirmaciones que en un contexto procesal y fáctico revelen de inicio verosimilitud; principio de buena fe que con motivo del actuar procesal del quejoso recientemente ha sido evocado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 13/2014 (10a), porque si bien, a los tribunales de amparo les atañe el control de la constitucionalidad de los actos de autoridad y la salvaguarda de los derechos fundamentales del individuo, también existe la obligación correlativa de éste, al instar el aparato jurisdiccional garantista, de conducirse con probidad; de modo que la premisa de certeza de la fecha que se afirma se tuvo conocimiento del acto reclamado, se direcciona en dos sentidos, no tan sólo en el de la obligación del juez de garantías de cerciorarse que en autos obran las constancias que demuestren tal afirmación, sino también en el de la obligación del quejoso de probar su afirmación; sin perder de vista que el juzgador de amparo, además atenderá a los datos que al efecto puedan derivarse de las diversas constancias aportadas por el resto de las partes, o incluso, recabadas por el tribunal mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 83/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2020056, Décima Época, Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, página 1964, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA CONTRA LAS NORMAS QUE REGULAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN REALIZADA POR UN NOTARIO PÚBLICO, INICIA A PARTIR DE QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE CONOCIMIENTO DE LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL RESPECTIVA. Si se pretende impugnar en amparo la constitucionalidad de las normas generales que regulan esas contribuciones con motivo de su pago realizado por conducto de un notario público, debe tomarse en cuenta que el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial respectiva desde el momento en el que decide entregar a éste los recursos económicos para cubrir los montos correspondientes y, por ende, el plazo de 15 días para presentar la demanda, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, inicia al día siguiente a aquel en que tuvo lugar esa afectación, ya que esas erogaciones se realizaron con base en recursos que se encuentran a disposición del quejoso, de donde se sigue que desde ese momento conoce la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación de la normativa que la sustenta y, además, se encuentra en la posición jurídica y material de realizar su pago sólo si el tercero que actúa en auxilio de la administración hace de su conocimiento la fuente jurídica de esa afectación; en la inteligencia de que la circunstancia de que en el documento en el que conste el acto de pago al notario público o la formalización del acto jurídico que lo genera, no se citen las normas generales que rigen el o los tributos respectivos, no modifica el conocimiento cierto que el quejoso tiene de la afectación patrimonial que se le causa, en primer lugar, porque dentro del margen legal para ello decide erogar los recursos correspondientes y, en segundo, porque la participación del fedatario que recibe el pago de los tributos en auxilio de la administración no se da en una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que este último no impone su voluntad al contribuyente; sin que esta conclusión se oponga a lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 47/2013 (10a.), de rubro: "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN.", pues de la lectura de la sentencia respectiva se advierte que el punto de contradicción materia de análisis y la conclusión a la que se arribó se refiere a la fecha de inicio del plazo para impugnar el artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, no a la del plazo para controvertir su acto de aplicación, es decir, la afectación patrimonial que tiene origen en la entrega de recursos realizada por el contribuyente, ante lo cual se concluyó, lógicamente, que el cómputo del plazo para impugnar el precepto de mérito sólo puede comenzar cuando se tiene conocimiento de su aplicación expresa, lo que constituye un aspecto procesal diferente a determinar cuándo inicia el plazo para impugnar en amparo la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación del numeral indicado y que tiene lugar con la entrega de los recursos que tiene a su disposición el contribuyente." Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto por los transcritos preceptos legales, debe decirse que el gobernado consiente el acto de autoridad cuando no promueve oportunamente en su contra, la acción de amparo, resultando improcedente el juicio que en todo caso se interponga una vez que feneció el plazo reconocido por la ley para intentarlo. Por ende, cuando una persona sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, y deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, tal conducta se tiene como manifestación de conformidad con la mencionada actuación lesiva de sus derechos. En esa virtud, debe tomarse en cuenta que dicho plazo inicia, necesariamente, al día siguiente al en que el quejoso realiza el pago del tributo respectivo, dado que al tener bajo su resguardo los recursos a erogar, es él quien decide -dentro del margen legal para ello- llevar a cabo el pago y, por ende, a generar en su perjuicio la afectación patrimonial correspondiente, por lo que en términos de lo previsto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, es indudable que a partir del momento de la erogación del tributo el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial y si es su intención controvertir las normas generales que lo vinculan a realizar ese pago y que, por ende, sirven de base a ese perjuicio, resulta indudable que en términos de lo previsto en el último precepto citado, al realizar el entero se tiene noticia tanto del perjuicio sufrido como del origen de éste, y, por consiguiente, conocer plenamente tanto la afectación patrimonial como su fundamento. En ese sentido, conviene destacar que en el escrito aclaratorio que se provee, el apoderado legal de los peticionarios del amparo manifestó expresamente y bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de la donación que debía realizar en favor del municipio de Cuernavaca, Morelos, el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno y que en esa misma fecha realizó el pago correspondiente, manifestación que hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Pues incluso manifestó de manera textual: "(.) Con base en la exposición anterior, podemos concluir que los artículos 149 y 150 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, son de naturaleza heteroaplicativa, puesto que por su sola vigencia no causan perjuicio a la parte quejosa, sino que es necesario un acto posterior de aplicación para que se acredite el agravio personal y directo. En el caso que nos ocupa, el Director de Uso de Suelo, Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos requirieron a mis representados donación forzosa a favor del Municipio de Cuernavaca Morelos de la cantidad pecuniaria de $3,387,764.70 (tres millones, trescientos ochenta y siete mil, setecientos sesenta y cuatro pesos y setenta centavos, M.N.), señalando como fundamento de su exigencia, los artículos 149 y 150 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos. Lo anterior, para la aprobación del proyecto inmobiliario denominado "LA TOSCANA". Máxime que, lo manifestado por el promovente se corrobora con las documentales que fueron allegadas como complemento a la demanda de amparo, de las que se desprende un comprobante de transferencia electrónica, expedido por BBVA México, S.A., Institución de BANCA Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, en el que se hace constar que el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, a las quince horas con treinta y tres minutos, con cincuenta y tres segundos, la parte quejosa realizó un deposito por *******) a la cuenta bancaria con numero de CLABE *******, la cual se asentó que pertenece al Municipio de Cuernavaca, Morelos. Por lo que es inconcuso, que en dicha fecha -veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno- se debe realizar el cómputo del término de presentación de la demanda, a partir del día siguiente. En lo conducente tiene aplicación, la tesis visible en la página 652, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, sección segunda, precedentes del Tribunal Pleno, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 21 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías es de quince días que se computarán desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Por ende, el plazo de quince días que refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la interposición de la demanda de derechos, transcurrió del veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno al diecisiete de enero de dos mil veintidós, sin considerar en el cómputo los días uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis del mes inmediato anterior, por corresponder a días inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo, tal y como se desprende del siguiente cuadro ilustrativo: D L M M J V S Diciembre 2021 26 Inhábil 27 Pago 28 Día 1 29 Día 2 30 Día 3 31 Día 4 1 Enero 2022 1 Inhábil 2 Inhábil 3 Día 5 4 Día 6 5 Día 7 6 Día 8 7 Día 9 8 Inhábil 9 Inhábil 10 Día 10 11 Día 11 12 Día 12 13 Día 12 14 Día 14 15 Inhábil 16 Inhábil 17 Día 15 De ahí que, si la demanda de amparo se presentó hasta el dieciocho de enero de dos mil veintidós, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, resulta evidente que el plazo de quince días ya había fenecido para esa fecha, con lo cual queda acreditada la extemporaneidad de dicha promoción, así como la consecuente actualización de la aludida causa de improcedencia. Por tanto, implica que el plazo para impugnar ese acto de aplicación de la norma general respectiva, necesariamente, inicia desde que el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial en la cual se concreta aquélla y, de no promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al día en el que por su propia voluntad se colocó en el supuesto de esa normativa, se deberá estimar que decidió no impugnarla a través de dicho medio de control constitucional y, por ende, si posteriormente pretende controvertirla, con motivo del acto de aplicación que él decidió realizar, el juicio resultará extemporáneo, pues el plazo de quince días necesariamente habrá comenzado desde el momento en el que decidió cumplir con la obligación tributaria que le genera la respectiva afectación patrimonial. Dicho en otras palabras, tuvo conocimiento pleno del acto de aplicación, a través de la afectación patrimonial que le causó perjuicio, es decir, desde el momento en el que realizó el pago respectivo, máxime que fue su voluntad la que determinó llevarlo a cabo en ese preciso momento para cumplir con la respectiva obligación tributaria. Finalmente, cabe destacar que en el juicio de amparo que ahora se resuelve no se surte ninguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla contenida en el propio artículo 17, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado carece de un contenido o efecto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento penal; tampoco se trata de incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército; como tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta la causa de improcedencia del juicio de amparo previstas en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 17 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente.
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Cuernavaca, Morelos; dos de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito con evidencia criptográfica que autentifica la firma electrónica del signante ***********, apoderado legal de la parte quejosa, por el que pretende subsanar la prevención formulada en autos. Sin embargo, no ha lugar a tener por satisfecho el requerimiento realizado en proveído de veinte de enero del año en curso, en virtud de que no cumple en sus términos lo ordenado, ya que en ese acuerdo se le requirió para el efecto de que: "(.) prevéngase al promovente para que, en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente acuerdo, por escrito, bajo protesta de decir verdad, aclare su escrito de demanda en los siguientes términos: Único. En vía de antecedente de los actos reclamados, exponga de manera clara la forma en que se le requirió la donación forzosa del numerario que refiere se pagó ante la autoridad recaudadora municipal, esto es, si le fue notificado o exigido mediante algún documento en específico en el que se le haya precisado tal cantidad y de ser así, de estar en posibilidades lo exhiba o transcriba; debiendo en su caso exponer cuando le fue notificado o tuvo conocimiento del mismo." Luego, del ocurso de cuenta se advierte que la parte quejosa, si bien refiere lo siguiente: "(.) 2) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD manifiesto que derivado de la demora en obtener respuesta por parte de la autoridad municipal, me constituí en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para verificar el motivo de la demora en el trámite, donde el personal detecto que la autorización de proyecto de condominio se encontraba bajo el expediente número **************, informando al suscrito que el expediente contaba con resolución, pero para poder ser notificados de la aprobación era necesario realizar la donación forzosa a favor del Municipio por 966.64 m2, mismo que tendría que ser pagado por la cantidad de *********** con fundamento en lo dispuesto por los artículos 149 y 150 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, además de cumplir con el pago de derechos por la cantidad de ***********, en varias ocasiones consultando si era obligatorio para la emisión de la aprobación, siendo informado que no nos sería realizada la entrega de la determinación hasta en tanto no se cumpliera con dichos pagos." Es decir, el ocursante continúa sin expresar la forma en que se le requirió la donación forzosa del numerario que refiere se pagó ante la autoridad recaudadora municipal, esto es, si le fue notificado o exigido mediante algún documento en específico en el que se le haya precisado tal cantidad como le fue requerido en auto de veinte de enero del presente año; pues como se advierte de la transcripción, únicamente refiere que se le requirió el numerario, a efecto de que le fuera entregada la determinación de aprobación, la que incluso refiere que le fue notificada el treinta de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el oficio ************. Por lo que se reitera, no especifica la cómo le fue exigido el pago del que se duele, pues aduce que ante la exigencia de la donación forzosa, realizó el pago correspondiente el día veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, sin detallar en qué consiste la "exigencia"; pues incluso adujo: "(.) informando al suscrito que el expediente contaba con resolución, pero para poder ser notificados de la aprobación era necesario realizar la donación forzosa a favor del Municipio (.)"; de lo que no se desprende la manera en que le fue informado dicho requerimiento. Por ello, como se indicó en el auto de prevención, de igual forma, deberá exponer cuando le fue notificado o tuvo conocimiento del mismo (requerimiento de la donación). Por ende, no ha lugar a tener por satisfecho el requerimiento formulado por auto de veinte de enero de este año; sin embargo, en observancia al lineamiento jurisprudencial 1a./J. 39/2012, continua transcurriendo el plazo de cinco días que para tal efecto se le otorgó, en la inteligencia de que el mismo se interrumpió con la presentación del ocurso que se provee; por lo que, si a la parte quejosa se le notificó el mencionado requerimiento el veintiuno de enero, dicho término deberá transcurrir del veinticinco al treinta y uno del mismo mes y año, y si la promoción en trato la presentó ante este Juzgado el veintiocho de enero, cuenta con un día, para dar cumplimiento a lo exigido, contable a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de esta determinación, a efecto de no dejarla en estado de indefensión. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veinte de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por ***********, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, y otras autoridades responsables. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 49/2022 y fórmese expediente. Prevención Del estudio integral de la demanda que se provee, se advierte una irregularidad que requiere ser subsanada, a efecto de estar en posibilidad de proveer lo conducente en relación a su escrito de demanda, por lo que con fundamento en el artículo 112, en relación con los ordinales 108 fracciones IV y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que, en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente acuerdo, por escrito, bajo protesta de decir verdad, aclare su escrito de demanda en los siguientes términos: Único. En vía de antecedente de los actos reclamados, exponga de manera clara la forma en que se le requirió la donación forzosa del numerario que refiere se pagó ante la autoridad recaudadora municipal, esto es, si le fue notificado o exigido mediante algún documento en específico en el que se le haya precisado tal cantidad y de ser así, de estar en posibilidades lo exhiba o transcriba; debiendo en su caso exponer cuando le fue notificado o tuvo conocimiento del mismo. Apercibimiento. En consecuencia, se apercibe al promovente que en caso de no dar cabal cumplimiento a la prevención formulada en la vía, forma y términos establecidos, se procederá de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo; es decir, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Consulta de autos mediante cita. Por otro lado, si es deseo del justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. Notificación vía electrónica y consulta del expediente electrónico. Como lo solicita y en virtud de que los usuarios "*********" y "***********", se encuentran registrados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se le autoriza consultar vía electrónica las actuaciones del presente juicio de amparo, así como que las notificaciones se efectúen de manera electrónica únicamente al primero de los usuarios citados, por tanto, instrúyase a la Oficial Judicial "A" de la adscripción, a efecto de que realice las gestiones necesarias y se habilite la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones electrónicas. Con la precisión de que no ha lugar a tener por señalado el distinto domicilio que indica para oír y recibir notificaciones, en virtud de que solicita de manera expresa que las notificaciones se realicen de manera electrónica a través del usuario que proporciona. Autorizados. Se tiene como por autorizados en los términos amplios a los que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo a ***********, pues cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a ********, por así haberlo solicitado expresamente. ******* Notifíquese personalmente a la parte quejosa vía electrónica.
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